Por Paz Ibarra
Luis Cordero, ministro de Justicia, ha reiterado que antes del fallo de noviembre del 2022, ya había una sentencia de agosto, en favor de los afiliados. También afirma que entre 2015 y 2022, el 65% de las causas que atendió la Corte de Apelaciones, corresponden a demandas a las ISAPRE. Si este ministro se asombra con la situación, ¿Hacia dónde miraban los ministros anteriores, en los gobiernos de Piñera y Bachelet? Es más que claro que el único interés de los gobiernos ha sido no perjudicar los grandes negocios privados.
¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS?
Existen 3 ISAPRE cerradas, derivadas de los servicios de Bienestar para trabajadores de grandes empresas públicas y sus familias: Isalud de Codelco, Fundación de BancoEstado y, Cruz del Norte de SQM (a pesar de ya no ser empresa pública, mantiene su ISAPRE cerrada)
Las ISAPRE abiertas, cuyos planes pueden ser contratados por cualquier persona, son las que adeudan más de 1.400 millones de dólares a sus afiliados por cobros excesivos. Actualmente, los dueños de las 7 ISAPRE abiertas son:
- United Health Group, de EE. UU: Banmédica y VidaTres; clínicas Dávila, Santa María, Vespucio, Alameda, Biobío, Ciudad del Mar, Iquique entre otras, red de centros médicos VidaIntegra, Help Seguros y Help Rescate. Banmédica está presente también en Colombia y Perú.
- Cámara Chilena de la Construcción: Consalud; red AChS Hospital del Trabajador, Clínica Avansalud, centros médicos RedSalud
- Bupa (British United Provident Association Limited): Cruz Blanca; Integramédica, Bupa Santiago, Reñaca y Antofagasta, clínica Sn José de Arica y red Sonorad de exámenes físicos y de laboratorio
- Corporación Chileno-alemana de Beneficencia: Esencial; red de Clínicas Alemana
- grupo Nexus Partners, de EEUU: Nueva Masvida
- Larraín Vial Salud – grupo Bethia – familia Trucco: Colmena; Colmena Seguros, red UC Christus, Clínica UC San Carlos de Apoquindo
El grupo Bethia es un holding propiedad de Liliana Solari Falabella y su hijo Carlos Heller. Su principal activo es Falabella, además participan en Mega Media (canales Mega y radios Disney, Carolina, Infinita, Romántica y Tiempo); LATAM, Aguas Andinas y varios otros negocios. No se trata de esforzados emprendedores que con los ahorros de su vida se han transformado en dueños de empresas. Cada uno de sus negocios les reportan millonarias ganancias. Estos poderosos grupos económicos, detrás de las aseguradoras, han traspasado a los usuarios los cada vez mayores costos de administración, los que incluyen por ej. remuneraciones de los trabajadores de las ISAPRE, pero también publicidad y sueldos gerenciales.
¿CÓMO ES QUE EL ESTADO SUBSIDIA LA SALUD PRIVADA?
El primer mecanismo está en el propio FONASA, con la modalidad de libre elección. El otro es la reforma estructural a la salud, del gobierno Lagos: la ley de concesiones de obras públicas, que incluye la licitación de hospitales; y el AUGE o plan GES. Con la concesión, el Estado deja en manos de un privado la construcción de proyectos hospitalarios. Hasta ahora el sector beneficiado es el de la Cámara Chilena de la Construcción, dueña de Consalud y varias clínicas. Además de endeudarse, el Estado le entrega por un plazo de 15 a 20 años la administración de servicios como lavandería, alimentación, seguridad, estacionamientos, etc. En tanto que el régimen de Garantías en Salud o Plan Auge, supuestamente para resolver las listas de espera por la falta de hospitales y profesionales, da prioridad a un listado de enfermedades. Así, el Estado se obliga a comprar a las ISAPRE las atenciones que no puede garantizar porque no hay recursos. Y los afiliados FONASA que se “benefician” al salir de las listas de espera del sistema público, en que el AUGE es pagado con el 7% obligatorio, deben pagar a las ISAPRE casi un tercio del tratamiento, porque ellas cobran una cotización adicional por el GES. Esta herencia de Lagos, implementada totalmente por Bachelet introdujo elementos de privatización: el modelo de autofinanciamiento de los hospitales es el de gestión de una empresa privada, adoptando reglas de mercado para fijar aranceles de las atenciones de salud, externalizando servicios incluyendo parte de los equipos de salud (TENS, enfermeras), etc. Los subsidios a las atenciones de salud que el sector público no puede dar a sus propios afiliados, es un mecanismo de constante traspaso de recursos y pacientes a prestadores privados. (https://radio.uchile.cl/2015/11/22/la-reforma-estructural-de-lagos-que-fraguo-la-crisis-del-sistema-de-salud/)
Entonces, la crisis de las ISAPRE es el colapso del neoliberal sistema mixto de salud. Quienes defienden la salud privada alegando que no se puede “ideologizar” el problema, mienten. Lo que está en disputa lleva implícito un problema ideológico, político. Se trata de decidir qué es más importante: el derecho a la salud o el derecho a la propiedad. Más claro, el derecho a la salud de los millones de trabajadores afiliados al sistema mixto ó el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa de los grupos económicos dueños de las ISAPRE. Esto es tan así, que los consejeros de los grandes partidos burgueses, electos para el nuevo proceso constitucional, ya anuncian un artículo que defienda el derecho a la libertad de elegir entre sistema privado y público para cubrir salud y previsión. Dicho en simple, dejar a nivel constitucional la existencia y continuidad del negocio de las ISAPRE y las AFP.
¿ES POSIBLE UNA MEJOR SALUD PÚBLICA?
Sí, absolutamente. En 2020, primer año de pandemia, las ISAPRE obtuvieron ganancias por $82.000 millones. Sus afiliados son 3,3 millones de personas, es decir, el 17, 2% de la población. Para el mismo año, en la ley de presupuesto nacional, la partida del ítem Salud fue de $16. 638 millones. De esa cantidad, un poco más de $2.537 millones son aporte del 7% de cotización obligatoria (Dirección de Presupuesto, Gob. De Chile, 2020) Los beneficiarios del FONASA son más de 15 millones 142 mil personas, el 77,8% de la población. En un año, las ganancias de las ISAPRE fueron casi 5 veces el presupuesto público en salud que atiende a la mayoría de la población del país. El gasto público en salud incluye la administración central del MINSAL, Superintendencia de Salud, servicios hospitalarios (incluyendo los hospitales de las FF.AA. y Orden) y consultorios públicos, FONASA, CENABAST (abastecimiento y medicamentos), programas nacionales como el de Alimentación Complementaria, el Ampliado de Inmunización (vacunación nacional gratuita), entre otros.
¿Podemos esperar que los partidos políticos en el parlamento y en el gobierno detengan el perverso negocio privado? Una investigación de Daniel Matamala, señala que Banmédica y VidaTres cuando eran del Grupo Penta, además de Colmena, en 2005, financiaron en forma secreta campañas políticas, partidos o institutos de formación política. https://www.ciperchile.cl/2015/04/23/la-lista-completa-la-verdad-sobre-las-1-123-empresas-que-financian-la-politica-en-chile
Debemos exigir la prohibición a las ISAPRE de retirar utilidades, para que devuelvan hasta el último peso de las familias afiliadas y del Estado. No más subsidio público a los empresarios. Las ISAPRE son sólo una parte de millonarios negocios, por lo tanto no hay pérdida real para los holdings que las controlan, pero sí para las familias afiliadas. Si alguna ISAPRE se declara en quiebra, debe ser estatizada y todos sus bienes; incluyendo clínicas, laboratorios y centros médicos; puestos bajo el control de trabajadores y afiliados para administrarlos y hacerlos funcionar.
A largo plazo, el presupuesto para la Salud es un gasto y al mismo tiempo una inversión para el bien común. La salud implica distintas acciones: promoción y educación en salud, prevención, tratamiento, rehabilitación. Implica la intervención coordinada de muchos trabajadores profesionales, técnicos, de servicios y administradores. Las necesidades en salud son distintas para los diferentes segmentos de la población: adultos mayores, adolescentes, recién nacidos y prematuros, mujeres, personas transgénero, personas con discapacidad, población urbana o rural y de zonas extremas, etc. Hay enfermedades estacionales (como la influenza) condiciones crónicas (como las alergias, diabetes, etc), enfermedades mentales y relacionadas con las condiciones de trabajo, catastróficas y terminales.
Para todas esas realidades, los trabajadores necesitamos un Sistema Único de Salud: público, solidario, eficiente, moderno y oportuno. Y dinero hay.
Ese dinero está principalmente en la gran minería del cobre y el litio, cuya explotación está en mayor parte en manos privadas. Las transnacionales que sacan del país increíbles cantidades de dinero y que pagan impuestos en sus propios países; Inglaterra, Canadá, Japón, Australia o Suiza; financian el gasto estatal de esos países del “primer mundo”. Por ese motivo, ellos pueden gozar de sistemas de salud pública de lujo. En este oasis del neoliberalismo, donde el trabajo informal y la cesantía campean, el acceso a un bien tan preciado como la salud no puede depender de la capacidad de pago ni de las cotizaciones individuales. Las dueñas de casa que trabajan gratis en el cuidado de miles de hogares en las poblaciones o las personas que son totalmente dependientes y por lo tanto no pueden trabajar, muestran la necesidad de un sistema solidario de acceso a la salud.
Si las rentas obtenidas por las 10 grandes transnacionales en la minería del cobre, descontados los impuestos, sólo entre 2005 y 2014, que llegaron a 120.000 millones de dólares (según estudio de CIPER sobre la base de estimaciones del Banco Mundial), hubieran sido ahorradas e invertidas por el Estado chileno, actualmente habría un flujo anual de dinero suficiente para duplicar el presupuesto nacional en Salud, de manera permanente. Todo ello, sin considerar el nuevo saqueo del litio.
Para implementar un sistema de salud pública de las características que el pueblo trabajador necesita y merece, se requiere construir una verdadera red nacional de asistencia en salud: nuevos centros de salud y hospitales de alta complejidad; recuperación total de la salud primaria para el sector público, aumentando su financiamiento y capacidad resolutiva, con énfasis en las zonas rurales y regiones extremas; ampliar el acceso a especialidades médicas. Para terminar con las listas de espera: ampliar la dotación médica, de funcionarios y trabajadores de la salud y así eliminar la sobrecarga laboral y turnos extenuantes. Se requiere refinanciar al Instituto de Salud Pública y modernizarlo, para que vuelva a tomar su papel histórico en la producción nacional de medicamentos y vacunas (Laboratorio Chile e Instituto Bacteriológico).
Las promesas de cambio que hace el gobierno de Boric son tan falsas como las pérdidas que lamentan los dueños de las ISAPRE. Nosotros los trabajadores, sabemos que la clase patronal (la gran burguesía nacional y extranjera) no respeta derechos ni conoce de justicia. No podemos confiar la solución de nuestros problemas a la voluntad de los empresarios ni al diálogo con los parlamentarios. El mundo real, nuestras condiciones de vida y la precariedad de nuestros trabajos, todo lo que vivimos en la reciente pandemia, nos demuestra que la lógica neoliberal sólo funciona para las necesidades y privilegios de la minoría más rica. No existe mejora posible para nuestra vida en los marcos del imperialismo capitalista. Tampoco es viable conquistar en nuestros países latinoamericanos un Estado Social de Derechos, si el Estado sigue en las manos de los capitalistas, permitiendo el saqueo de los recursos naturales no renovables de nuestro continente.
El único mecanismo para financiar una salud pública universal y gratuita es la nacionalización de la minería y el control de los trabajadores y las comunidades sobre esos recursos, pero ese mecanismo no será aceptado por la burguesía. No, si dejamos el poder del Estado en las mismas manos que nos explotan. Los capitalistas no renunciarán al negocio de la salud para que recuperemos nuestro derecho a la salud.
La tremenda experiencia de lucha en el proceso revolucionario que vivimos desde octubre de 2019, nos da importantes lecciones. La fuerza de las calles es apenas el inicio. Los trabajadores necesitamos tener una organización propia y un plan de tareas para avanzar en la conquista de nuestros derechos. Porque cada uno de esos derechos nos enfrenta a los mezquinos intereses de la burguesía en cuyas instituciones no podemos volver a confiar.
