Cris — Profesor de Historia y militante del MIT

Entre el 23 de septiembre y el 14 de octubre, siete trabajadores perdieron la vida en seis accidentes ocurridos en distintas faenas mineras del país. Durante 2026 ya son trece las personas fallecidas en el sector. Los accidentes afectaron a trabajadores de Minera Escondida, Radomiro Tomic, Los Colorados, El Teniente, Nueva California y Mina Aguilucho.

No estamos ante hechos aislados ni ante una inevitable “fatalidad” propia de la minería. Esta seguidilla exige investigar las condiciones de trabajo, las decisiones empresariales, la organización de las faenas y las responsabilidades de las compañías principales y contratistas.

El Teniente: ¿por qué trabajaban en un sector detenido?

El domingo 11 de octubre, dos trabajadores contratistas murieron después de que un alud los alcanzara en el sector Rajo Sur de la División El Teniente. Pertenecían a la empresa San Lorenzo, que prestaba servicios para Aura, y realizaban labores de inspección en un área cuyas operaciones estaban suspendidas debido al mal tiempo.

La paralización provisional decretada posteriormente por Sernageomin, junto con las investigaciones de la Fiscalía y la PDI, debe esclarecer por qué se efectuaban esas labores, quién las ordenó, qué evaluaciones de riesgo existían y qué medidas se adoptaron frente a las condiciones meteorológicas. No basta con lamentar las muertes, suspender temporalmente un sector y luego continuar produciendo como antes.

También deben establecerse las responsabilidades de toda la cadena empresarial. Codelco es la empresa principal y controla la faena; Aura recibía el servicio; San Lorenzo contrataba directamente a los trabajadores. La existencia de distintas razones sociales no puede transformarse en un mecanismo para diluir las responsabilidades sobre las condiciones en que se desarrollaba el trabajo.

Crisis climática y responsabilidad capitalista

Las lluvias intensas y los eventos meteorológicos extremos no pueden analizarse separadamente de la crisis climática. El calentamiento global está alterando la frecuencia e intensidad de distintos fenómenos, generando nuevos riesgos para quienes trabajan en la minería, la construcción, el transporte y otras actividades expuestas.

Sin embargo, la crisis climática tampoco puede utilizarse como una explicación que libere de responsabilidad a las empresas. Los fenómenos naturales se convierten en desastres laborales cuando se mantienen faenas en condiciones inseguras, se realizan tareas sin una evaluación suficiente de los riesgos o se anteponen las metas productivas a la protección de la vida.

La producción capitalista trata la naturaleza y la fuerza de trabajo como recursos disponibles para aumentar las ganancias. Los costos ambientales se descargan sobre los territorios, mientras los riesgos productivos recaen principalmente sobre quienes necesitan vender su fuerza de trabajo para vivir.

Un Código del Trabajo patronal y un sistema basado en el subcontrato

La actual legislación laboral tiene su origen en el Plan Laboral impuesto durante la dictadura, que fragmentó la organización sindical, restringió la negociación colectiva y fortaleció el poder empresarial. Los gobiernos posteriores mantuvieron sus pilares fundamentales.

La Ley de Subcontratación aprobada en 2006, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, reguló esta forma de contratación, pero no terminó con ella. El subcontrato continuó extendiéndose durante los gobiernos de la Concertación, la derecha y el Frente Amplio, profundizando la división entre trabajadores de planta y contratistas dentro de una misma faena.

Esa prioridad de la rentabilidad también se expresa en cómo se organiza el trabajo, y el subcontrato es uno de sus principales mecanismos. Permite a las grandes empresas externalizar tareas y costos, mientras distintos empleadores obtienen ingresos del trabajo realizado en una misma faena. También fragmenta a los trabajadores: separa contratos, condiciones laborales y organizaciones sindicales, aunque todos sostengan la misma producción. Esa división dificulta una respuesta común frente a los abusos y los riesgos.

En este caso, la cadena Codelco–Aura–San Lorenzo obliga a identificar quién contrataba, quién dirigía las tareas y quién debía garantizar la seguridad. La existencia de varias empresas no puede servir para diluir responsabilidades. Tampoco corresponde descargar la explicación en la conducta individual de los trabajadores, dejando fuera las condiciones y las órdenes bajo las que actuaban.

Desde una perspectiva de clase, la seguridad también se disputa en la relación entre quienes compran la fuerza de trabajo y quienes necesitan venderla para vivir. La amenaza del despido, la presión por cumplir metas y la desigualdad de poder pueden limitar la posibilidad de negarse a una tarea peligrosa. Las investigaciones deberán establecer qué ocurrió en cada caso; la organización sindical debe enfrentar esas condiciones en todos los lugares de trabajo.

Mientras las mineras acumulan ganancias, los trabajadores ponen los muertos

Las grandes compañías mineras obtienen enormes ganancias mediante la explotación de los bienes naturales y del trabajo. El aumento del precio del cobre intensifica las presiones para elevar la producción, disminuir costos y cumplir metas. En ese contexto, la seguridad puede quedar subordinada a los ritmos productivos y a la rentabilidad.

Las empresas y el Gobierno hablan permanentemente de productividad, inversión y crecimiento. Sin embargo, cuando mueren trabajadores, presentan los accidentes como tragedias particulares y evitan discutir la forma en que se organiza la producción.

Las responsabilidades empresariales deben investigarse hasta el final. Si se comprueban incumplimientos, negligencias u órdenes incompatibles con la seguridad, deben existir sanciones proporcionales, responsabilidades penales cuando corresponda e indemnizaciones integrales para las familias. Ningún gerente o ejecutivo puede quedar protegido por la cadena de subcontratación.

Codelco es estatal, pero funciona con una lógica capitalista

La propiedad estatal de Codelco no ha significado que sus trabajadores y las comunidades controlen la empresa. Su administración reproduce criterios propios de una compañía privada: competencia en el mercado mundial, presión por disminuir costos, directorios designados desde arriba, altos sueldos ejecutivos y una profunda división entre trabajadores de planta y subcontratados.

Por eso no basta con defender la propiedad estatal existente. Tampoco basta con reemplazar a algunos gerentes o aumentar las fiscalizaciones manteniendo intacta la actual organización del trabajo.

Codelco debe dejar de funcionar con la lógica de una empresa privada, dirigida por ejecutivos millonarios y orientada a competir en el mercado. Para poner realmente la riqueza del cobre al servicio de las necesidades sociales, debe pasar a estar bajo control obrero y popular. Su directorio y administración deben estar integrados por representantes elegidos democráticamente y revocables de los trabajadores de planta y subcontratados, junto con representantes de las comunidades y pueblos originarios afectados por las faenas. Trabajadores y comunidades deben tener poder efectivo para decidir sobre la producción, las inversiones, la seguridad laboral, la protección ambiental, el fin del subcontrato y el destino de los excedentes del cobre.

Organicémonos para que ningún trabajador vuelva a morir por las ganancias empresariales

Desde el MIT planteamos:

• Investigación independiente de cada accidente, con participación de los sindicatos, trabajadores de base, familias afectadas, comunidades y especialistas elegidos por estas organizaciones.
• Determinación de todas las responsabilidades empresariales y ejecutivas, con sanciones, indemnizaciones integrales y responsabilidad penal cuando corresponda.
• Comités de seguridad elegidos por los trabajadores en cada faena, con acceso a toda la información y atribuciones para paralizar labores riesgosas sin descuentos ni represalias.
• Prohibición de despedir o sancionar a cualquier trabajador que se niegue a realizar una tarea insegura.
• Fin del subcontrato y paso a planta de todos los trabajadores que cumplen funciones permanentes en las faenas.
• Igualdad de salarios, beneficios y condiciones laborales entre trabajadores que realizan las mismas funciones.
• Renacionalización de la gran minería del cobre y nacionalización del litio y los demás bienes naturales estratégicos, sin indemnización a las grandes transnacionales y grupos económicos.
• Codelco y toda la gran minería bajo control de sus trabajadores y de las comunidades afectadas.
• Asambleas en cada faena y coordinación nacional de trabajadores de planta y contratistas para preparar un plan de lucha y una paralización nacional minera.

Para terminar con las muertes laborales no basta con nuevos protocolos administrados por las mismas empresas. Es necesario que quienes producen la riqueza puedan controlar las condiciones de producción y decidir democráticamente qué se produce, cómo se produce y para satisfacer qué necesidades.

¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!

¡Fin al subcontrato y paso a planta de todos los trabajadores!

¡Renacionalización del cobre bajo control obrero y popular!