Por Cris – Profesor de Historia y militante MIT

El Gobierno de Kast logró dividir y desactivar el paro de transportistas. Las movilizaciones sindicales, estudiantiles y populares de estas semanas abren una oportunidad para construir un frente común contra las alzas y los recortes. Sacar las lecciones de este conflicto es necesario para preparar las próximas luchas.

Desde el martes 10, pequeños y medianos transportistas salieron a las rutas porque cada alza del combustible les encarece el trabajo y, cuando el flete queda fijo, les recorta lo que llevan a su casa. El encarecimiento internacional del petróleo se enmarca en la guerra imperialista de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las interrupciones del tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas petroleras del mundo, han vuelto más inestable el precio internacional.

En Chile, el Gobierno de Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, decidieron cuánto de ese costo se trasladaba a los precios internos. En marzo, Quiroz cambió por decreto los parámetros del MEPCO, el mecanismo que amortigua las alzas. El resultado fue un salto mayorista de $372 por litro en la bencina de 93 y de $580 en el diésel. Fue una decisión política contra los intereses de la clase trabajadora, que descargó el costo sobre quienes necesitan combustible para trabajar o dependen del transporte para llegar a fin de mes.

Hicieron falta varios días de movilización para que La Moneda cediera. El Gobierno se comprometió a revertir la última alza de $39 por litro en las bencinas y $42 en el diésel y a rebajar este último en $100 adicionales. El Congreso aprobó el 16 de noviembre el proyecto que fija un tope transitorio hasta el 7 de abril de 2027. La medida operará desde el primer decreto del MEPCO que se publique una vez que entre en vigor la ley.

El jueves 12, las grandes confederaciones de Sergio Pérez y Juan Araya, la CNTC y la CNDC, anunciaron un acuerdo con el Gobierno después de desmarcarse del paro. Más tarde, las dirigencias de Fuerza del Norte y Centro-Sur también aceptaron un entendimiento. Algunas agrupaciones rechazaron inicialmente el acuerdo, pero el viernes 13 se levantaron los bloqueos en Santiago, Rengo, La Araucanía y Antofagasta. En Santiago, el Gobierno amenazó con aplicar la Ley de Seguridad del Estado. En La Araucanía hubo un compromiso para gestionar la incorporación de los transportistas a la mesa nacional y en Antofagasta se acordó abrir una mesa con las empresas mineras.

Quién paga el diésel y quién fija el flete

La distancia entre las dirigencias patronales y los transportistas que sostuvieron el paro tiene una base material. El propio Pérez explicó que las empresas grandes suelen tener cláusulas que reajustan el flete cuando sube el diésel. Un dueño-conductor con tarifa fija tiene que poner la diferencia de su bolsillo. Araya habló de «anarquía» para desacreditar la movilización y Pérez, consultado por la Ley de Seguridad del Estado, defendió que las leyes se apliquen, en momentos en que el Ejecutivo amenazaba con usarla contra los bloqueos.

El Gobierno logró dividir el movimiento con un acuerdo por arriba y negociaciones por separado. Combinó concesiones acotadas con la amenaza de criminalizar a quienes seguían en las rutas. La rebaja comprometida muestra lo que la movilización logró arrancar. Desde el MIT rechazamos el uso de la Ley de Seguridad del Estado contra la protesta.

Podemos pelear junto a los pequeños transportistas para que los grandes mandantes paguen el costo real del viaje. Los choferes asalariados tienen, además, sus propias reivindicaciones. Si un mandante paga a la empresa por la espera en carga y descarga, ese dinero puede quedar en manos del patrón. Exigimos el pago de las esperas a los choferes, el respeto a sus jornadas y descansos y el reajuste automático de los salarios según el costo de la vida. Los choferes deben participar con delegados elegidos por sus compañeros y con sus propias demandas.

Que abran los libros los dueños del combustible

Detrás de las marcas están los mismos grupos que concentran la riqueza del país. Los Angelini controlan Copec, que declaró un 58,78% del mercado chileno de combustibles líquidos al cierre de 2025. El grupo Luksic controla Enex, que opera Shell en Chile. Y Esmax pertenece a Saudi Aramco, transnacional controlada por el Estado saudí. A septiembre, Empresas Copec declaró US$1.001 millones de utilidad consolidada, incluyendo sus negocios fuera de la distribución de combustibles. En el tercer trimestre, su EBITDA energético creció un 35,6%, en parte por el mejor margen del negocio industrial de Copec. Por su parte, Enex aportó $77.671 millones de pesos a los resultados de Quiñenco en el primer semestre, favorecida principalmente por la revalorización de inventarios. ¿Cuánto ganan por cada litro que venden en Chile? Exigimos que abran sus libros y que los sindicatos y las organizaciones de usuarios puedan fiscalizar costos, ganancias y precios. Exigimos también que los grandes mandantes abran sus contratos de flete.

Durante el paro, algunos transportistas plantearon terminar con el impuesto específico. Suprimir el cobro puede aliviar la bencina si la rebaja llega al surtidor. En el diésel, el MEPCO ya compensaba más que el impuesto base al 12 de noviembre. Si se elimina también esa compensación, se puede encarecer el litro. Nuestra exigencia es que se reviertan las alzas de los combustibles y los pasajes, que se congelen los precios de los productos básicos y que se reajusten los salarios y las pensiones según el costo de la vida.

El Gobierno pretende cerrar el conflicto con un «congelamiento» que mantiene gran parte de las alzas y vence el 7 de abril de 2027. Desde el MIT denunciamos como una estafa política presentar ese alivio transitorio como una solución al costo de la vida. La bencina retrocede al nivel previo a la última alza de noviembre; la rebaja adicional de $100 por litro se concentra en el diésel. Siguen pesando los aumentos acumulados desde marzo y, desde el 8 de abril, el funcionamiento habitual del MEPCO volverá a permitir nuevas alzas. Por eso exigimos revertir las alzas y defender de manera permanente el poder de compra de los salarios y las pensiones.

Unamos las luchas para que la crisis la paguen los ricos

Los cacerolazos en Santiago Centro, la incorporación de furgones escolares y conductores de aplicaciones en Talca y la marcha estudiantil del viernes 13 en Baquedano mostraron que el malestar iba más allá de las rutas. Tras el levantamiento del paro, el protagonismo pasa a las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares. La CUT, la Confech y la Coordinadora Feminista 8M, entre otras organizaciones, convocaron a un cacerolazo el pasado martes 17 contra el costo de la vida y los recortes. El miércoles 18 se realizaron movilizaciones convocadas por la CUT en defensa de los servicios públicos. Para el próximo martes 24, el Colegio de Profesoras y Profesores llamó a una movilización nacional en defensa de la educación pública.

Desde el MIT llamamos a participar en estas movilizaciones y a construir un frente común contra las alzas, los recortes y las reformas del Gobierno de Kast. Las jornadas aisladas permiten expresar el descontento, pero para derrotar esta ofensiva necesitamos un plan de lucha nacional, sostenido y creciente. Exigimos a la CUT y a todas las direcciones sindicales que convoquen asambleas para discutir las demandas, elegir delegados y coordinar ese plan con las organizaciones estudiantiles y territoriales. Las próximas jornadas deben preparar nuevas acciones conjuntas, con paralizaciones por sector y una perspectiva de huelga general que ponga en movimiento la fuerza de la clase trabajadora.

Los sindicatos de choferes y las agrupaciones de pequeños transportistas tienen un lugar en ese frente. Defender el salario, frenar las alzas y enfrentar los recortes en educación, salud y vivienda son parte de una misma lucha. Exigimos que las direcciones sindicales den continuidad a la movilización y organicen la fuerza necesaria para hacer retroceder al Gobierno y derrotar sus reformas.

Ante esto, desde el MIT proponemos una salida de fondo. Expropiar a las grandes distribuidoras y ponerlas bajo control obrero, integrándolas a una red pública con ENAP. Que los trabajadores del sector y las organizaciones de usuarios decidan los precios, el abastecimiento y las inversiones. Para sostener la rebaja de los pasajes, ampliar el transporte público y amortiguar el encarecimiento del petróleo importado, exigimos un impuesto a las grandes fortunas y la renacionalización del cobre bajo control de sus trabajadores. El Gobierno de Kast representa a los grupos que concentran esa riqueza. Hace falta la fuerza organizada de nuestra clase para arrancar esas medidas y disputar quién decide cómo se usa lo que producimos.

¡Fin a todas las alzas! ¡Que la crisis la paguen los ricos!

Fuentes

Mercado internacional del petróleo y estrecho de Ormuz

Decreto de Hacienda que modificó el MEPCO en marzo

Alzas mayoristas de marzo informadas por ENAP

Acuerdos del 12 de noviembre

CNTC y CNDC en La Moneda

Antofagasta y Temuco

Rengo, buses y Placilla

Declaraciones de No+TAG

Declaraciones de Sergio Pérez

Declaraciones de Juan Araya

Advertencia del Gobierno sobre la Ley de Seguridad del Estado

Propiedad de AntarChile y Copec

Cuota de mercado de Copec

Quiñenco y Enex

Control de Esmax

Resultados de Empresas Copec

Resultados de Quiñenco y Enex

Impuesto específico y MEPCO

Cacerolazos en Santiago Centro

Furgones y conductores de aplicaciones en Talca

Convocatoria estudiantil del viernes 13

Comunicaciones de la CUT

Levantamiento de los bloqueos y mesas regionales

Medidas sobre combustibles aprobadas por la Cámara

Tramitación y aprobación del proyecto sobre combustibles

Marcha estudiantil del 13 de noviembre

Cacerolazo del 17 y movilización nacional de la CUT del 18

Convocatoria del Colegio de Profesoras y Profesores para el 24

Ley 21.857 sobre topes de precios y término de la medida transitoria