Cris – Profesor de historia y militante MIT

Pérdidas de valoración por US$7.700 millones en inversiones previsionales, directores con remuneraciones promedio de hasta $28,5 millones mensuales y un ministro que recomienda esperar para jubilar. Hay que retomar la movilización para terminar con las AFP y garantizar pensiones dignas.

Durante octubre de 2026 se conocieron pérdidas de valoración por aproximadamente US$7.700 millones en inversiones de las AFP vinculadas a tasas de interés estadounidenses, con especial impacto en el fondo E, considerado el más conservador del sistema. Son recursos provenientes de los ahorros previsionales de los trabajadores, cuyo destino deciden administradoras privadas. La cifra no equivale a una pérdida definitiva ya realizada por todo ese monto, pero muestra la magnitud de la exposición de esos recursos.

La crisis motivó la apertura de procedimientos sancionatorios contra las siete AFP. A ello se sumaron las informaciones sobre las remuneraciones millonarias de sus directores y las declaraciones del ministro del Trabajo de José Antonio Kast, Tomás Rau, quien recomendó a quienes pudieran hacerlo postergar su jubilación.

Estos hechos vuelven a plantear una cuestión fundamental: quién controla los ahorros previsionales y a qué intereses sirve el sistema. Mientras las administradoras deciden dónde invertirlos, los trabajadores enfrentan la incertidumbre sobre sus futuras pensiones. Después de una vida de trabajo, incluso la posibilidad de jubilar queda condicionada por decisiones financieras que no controlan.

El gobierno pide esperar a quienes necesitan jubilar

Entre enero y septiembre de 2026, el fondo E acumuló una caída real de 10,39%. Frente a esta situación, el ministro Rau llamó a «no tomar decisiones apresuradas en la medida que se pueda postergar por unos meses» la jubilación, mientras se conocen los resultados de la investigación de la Superintendencia de Pensiones.

La recomendación expresa la distancia entre el gobierno y las condiciones materiales de la clase trabajadora. Para postergar la jubilación se necesita empleo, salud e ingresos suficientes. ¿Qué ocurre con quienes están cesantes, enfermos o agotados después de décadas de trabajo? ¿Cómo esperan quienes necesitan su pensión para pagar alimentos, medicamentos y vivienda?

El escenario laboral vuelve más grave esa respuesta. Según el INE, la desocupación nacional alcanzó 9,6% en el trimestre junio-agosto de 2026 y llegó al 10,3% entre las mujeres. En doce meses, las personas desocupadas aumentaron un 13%, mientras el empleo asalariado formal retrocedió un 2,9%. Recomendar que se siga trabajando desconoce que ni siquiera existe esa posibilidad para una parte importante de la población.

Esta respuesta se relaciona con las prioridades económicas de Kast. Su gobierno ha impulsado la reducción del impuesto de primera categoría de las empresas del régimen general, desde el 27% al 23%, presentándola como una medida para estimular la inversión. Mientras busca aliviar la carga tributaria empresarial, a los trabajadores próximos a jubilar se les recomienda esperar y soportar la incertidumbre.

Estas decisiones expresan intereses de clase: se favorecen las condiciones de acumulación y las ganancias del empresariado, mientras se descarga sobre los trabajadores la responsabilidad de sostenerse frente a la cesantía, las bajas pensiones y el deterioro de sus ahorros.

El problema de fondo son las pensiones insuficientes

Las AFP realizaron inversiones que podían beneficiarse de una baja de las tasas de interés estadounidenses y resultaron perjudicadas por el movimiento del mercado. Corresponde investigar esas decisiones y establecer responsabilidades. Pero la discusión sobre los instrumentos financieros debe vincularse con el problema central: el sistema no garantiza pensiones suficientes para vivir dignamente.

Una eventual recuperación futura no paga los medicamentos, los alimentos ni las cuentas de quien necesita jubilar ahora. La seguridad social exige garantizar ingresos durante la vejez, sin obligar a cada persona a esperar condiciones financieras más favorables.

Los resultados anteriores a esta crisis ya eran graves. Según Fundación SOL, con datos a diciembre de 2025, la mitad de las personas pensionadas por vejez recibía una pensión autofinanciada inferior a $170 mil. Incluyendo subsidios estatales, la mediana llegaba a $353 mil. Entre las mujeres, la pensión autofinanciada mediana era de apenas $119 mil.

Estos resultados se relacionan directamente con las condiciones en que trabaja y vive nuestra clase. Los bajos salarios, la cesantía, la informalidad y las interrupciones laborales por tareas de cuidado se traducen en menores ahorros. La capitalización individual reproduce esas desigualdades durante la vejez y agrega la exposición a los resultados financieros. Después, se responsabiliza a cada persona por no haber cotizado suficiente o por no poder continuar trabajando.

Al mismo tiempo, los fondos previsionales permiten financiar empresas y mercados. Esa función ayuda a comprender los intereses económicos que sostienen la continuidad de las AFP. Para los trabajadores, la prioridad es garantizar seguridad social y pensiones que permitan vivir.

Millones para los directores e incertidumbre para los trabajadores

Según la revisión de estados financieros realizada por Reportea, Óscar Spoerer, vicepresidente de AFP PlanVital, recibió $171,1 millones durante el primer semestre de 2026: un promedio de $28,5 millones mensuales. Otros integrantes de directorios registraron remuneraciones promedio superiores a $27 millones mensuales.

El contraste es vergonzoso. Los altos cargos reciben ingresos millonarios mientras los trabajadores deben preguntarse si podrán jubilar o tendrán que continuar trabajando para enfrentar el deterioro de sus ahorros.

La Superintendencia abrió procedimientos contra las siete AFP para determinar posibles incumplimientos de sus obligaciones en la gestión de los fondos D y E. Es necesario exigir transparencia, establecer responsabilidades y reparar los perjuicios que correspondan. La apertura de una investigación, sin embargo, todavía no garantiza sanciones ni restituciones.

La exigencia de que las administradoras respondan debe acompañar la lucha por reemplazar un sistema que mantiene a millones de personas bajo esta incertidumbre.

La reforma de Boric y Jara mantuvo las AFP

Los sectores que hoy se presentan como oposición también deben responder por sus decisiones. La reforma aprobada durante el gobierno de Gabriel Boric, con Jeannette Jara como ministra del Trabajo, incorporó el aumento gradual de la PGU, un beneficio por años cotizados y una compensación para mujeres por diferencias de expectativa de vida.

Pero esas mejoras tienen condiciones, límites y plazos. Por ejemplo, el beneficio por años cotizados entrega 0,1 UF mensual por año reconocido, con un máximo de 25 años. Para acceder se exige inicialmente un mínimo de diez años cotizados a las mujeres y veinte a los hombres. Quienes no cumplen esos requisitos quedan fuera de ese beneficio. El aumento de la PGU también se estableció por etapas, según la edad de sus beneficiarios.

La letra chica política del acuerdo es todavía más profunda: se negociaron mejoras manteniendo las AFP y la capitalización individual. Además, al completarse la gradualidad de las nuevas cotizaciones, 4,5 puntos porcentuales se destinarán a cuentas individuales administradas por ellas. De esta manera, el acuerdo preservó su posición en el sistema y amplió los recursos destinados a esas cuentas.

Las mejoras tienen efectos concretos para quienes las reciben, pero fueron incorporadas dentro de un acuerdo que dio continuidad al negocio cuestionado por las movilizaciones de NO+AFP. Desde una perspectiva de clase, esa decisión muestra que el gobierno de Boric y los partidos que sostuvieron la reforma también actuaron dentro de los límites impuestos por los intereses de la clase dominante: introdujeron cambios sin desplazar a las administradoras privadas.

Por eso, enfrentar a Kast exige asumir este balance. La negociación parlamentaria entre quienes preservaron las AFP mantiene a los trabajadores subordinados a los mismos intereses económicos que sostienen el sistema.

Pensiones dignas con la riqueza que producimos

Desde el MIT defendemos terminar con las AFP y construir un sistema de pensiones financiado íntegramente mediante tributos permanentes a las grandes fortunas y empresas, administrado por representantes elegidos por trabajadores activos y jubilados. Su objetivo debe ser garantizar pensiones suficientes y ajustadas al costo de la vida.

Esta lucha debe vincularse con la renacionalización de la gran minería del cobre bajo control de sus trabajadores y con participación de las comunidades. Recuperar esa riqueza permitiría ampliar los recursos públicos disponibles para derechos sociales, incluidas las pensiones, junto con los impuestos permanentes al gran capital.

La minería estatal ya muestra la importancia de esos recursos: Codelco informó aportes al fisco por US$1.778 millones durante 2025. Ese antecedente permite dimensionar el vínculo entre propiedad del cobre y financiamiento público. Nuestra propuesta es extender el control social sobre esa riqueza, destinando una parte de sus excedentes a la seguridad social y asegurando también inversión productiva, seguridad laboral y protección ambiental.

Las pensiones deben contar con financiamiento estable y diversificado. Por eso proponemos combinar tributos permanentes a grandes fortunas y empresas con recursos provenientes de una minería renacionalizada, evitando que su pago dependa de las fluctuaciones anuales del precio del cobre.

La transición debe proteger los derechos previsionales acumulados, transparentar el destino de los fondos y garantizar la continuidad del pago de las pensiones. Los trabajadores deben tener poder efectivo de decisión sobre el nuevo sistema.

Retomar la movilización y exigir una convocatoria nacional

Exigimos a la CUT, las centrales sindicales, las federaciones, los sindicatos y la Coordinadora NO+AFP que convoquen una jornada nacional de protesta y movilización por pensiones dignas y el fin de las AFP.

La convocatoria debe prepararse mediante asambleas en los lugares de trabajo y los territorios, incorporando a jubilados y organizaciones sociales. Es necesario discutir un programa común, exigir reparación para los afectados y organizar un plan de lucha con continuidad y perspectiva de paro nacional.

La indignación necesita convertirse en fuerza organizada. Los trabajadores activos y jubilados comparten una misma causa: que la riqueza producida durante toda una vida garantice condiciones dignas en la vejez.

¡Que respondan las AFP! ¡A retomar la movilización para terminar con ellas y conquistar un sistema de pensiones administrado por la clase trabajadora!