Cada vez que se ha planteado en nuestro país la posibilidad de legislar sobre el aborto, salta a la palestra el discurso sobre el bien y el mal, sobre la vida y la muerte. La discusión sobre cómo garantizar el acceso a una atención segura queda sometida, en el Parlamento, a un debate moral sobre los supuestos efectos del aborto en la familia y la sociedad. Pero sabemos que el Parlamento es una institución de la democracia burguesa: allí se legisla dentro de un Estado que protege los intereses y la forma de vida de la clase que concentra el poder político y económico. En Chile, esa clase está formada por grandes empresarios y clanes familiares multimillonarios. Su desprecio por las condiciones de vida de millones de trabajadoras y trabajadores se expresa también cuando pretende decidir sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres.
En cuanto aparece la palabra aborto, se oye el frenético y cínico reclamo de sectores políticos que se presentan como «provida» y dicen defender al inocente. Grupos confesionales conservadores, católicos y evangélicos, entre ellos el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, intervienen para imponer sus creencias al conjunto de la sociedad.
Después de décadas de abortos clandestinos y de incontables sesiones de discusión valórica, en 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se aprobó la ley que autoriza la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación. Fue una conquista limitada. Despenalizar el aborto en tres causales no significa reconocer el derecho de toda mujer a decidir si continúa o no un embarazo. Esta conquista no cayó del cielo ni nació de la buena voluntad del Parlamento: sin años de organización y sin un movimiento de mujeres masivo en las calles, habría sido imposible arrancarla. Pero la ley sigue sin reconocer el derecho a decidir fuera de esas tres causales y obliga a las mujeres a acreditar que su situación se ajusta a alguna de ellas. Para una niña menor de 14 años, incluso puede requerirse la intervención de un juez si falta la autorización de su representante legal.
A poco andar del gobierno de Kast, diputados oficialistas la emprendieron otra vez. Presentaron un proyecto que, según ellos, busca mejorar las condiciones para el consentimiento informado de la mujer. Propone que, antes de interrumpir un embarazo permitido por la ley, se le ofrezca escuchar la actividad cardíaca del embrión o feto. Y el texto va más lejos: plantea que el médico se niegue a realizar la intervención si ella rechaza ese ofrecimiento. Un castigo del terror, presentado como información objetiva. No se trata de ayudarla a decidir, sino de presionarla y poner una nueva barrera frente a una atención que la propia ley autoriza.
Ante una mujer que busca interrumpir un embarazo aparecen el dedo acusador del «qué dirán», el temor a ser condenada si su situación no corresponde a alguna de las tres causales y, para muchas, la falta de recursos. No todas llegan a esa decisión en las mismas circunstancias ni deben demostrar desesperación para que se respete su voluntad. Pero las barreras tampoco afectan a todas por igual: la estudiante, la trabajadora, la mujer sin empleo o la inmigrante que depende del sistema público tiene menos posibilidades de sortearlas.
El aborto es un problema de salud pública. Lo que pone en riesgo la salud no es el aborto realizado en condiciones seguras, sino la clandestinidad, la atención insegura, el estigma y las trabas que impiden acceder a ella oportunamente. También es un problema de libertad: ninguna mujer debería verse obligada a continuar un embarazo porque no tiene dinero, porque un servicio de salud le cierra la puerta o porque sus razones no caben en las causales establecidas por el Estado.
Como bien dice la consigna feminista: «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir, aborto seguro para no morir». Esa poderosa frase recuerda que la responsabilidad no recae exclusivamente en una persona, en la pareja o en la familia.
Cuando la educación sexual todavía se enfrenta con recelo en el sistema educativo; cuando los recursos para la salud sexual y reproductiva son insuficientes; cuando las jornadas laborales y la precariedad dificultan la vida familiar y el cuidado; cuando tantas jóvenes crecen sin oportunidades reales de desarrollo, el problema del aborto es también un problema de la clase trabajadora. La imposibilidad de acceder al aborto libre, seguro y gratuito en el sistema público demuestra que esta lucha no puede separarse de las condiciones materiales de vida ni de la lucha de clases.
El derecho al aborto libre, seguro y gratuito es una importante demanda de la clase trabajadora. Dentro de ella, las mujeres trabajadoras debemos tomar la delantera, junto con el movimiento de mujeres, para exigirlo. Necesitamos presupuesto permanente para garantizar la atención en los servicios públicos, personal y establecimientos disponibles en todo el territorio, y medidas que impidan que la objeción de conciencia se convierta en una barrera de acceso.
Debemos exigir que cada sindicato defienda este derecho frente a las difamaciones moralistas de quienes representan los intereses de la clase patronal. La conquista de 2017 mostró la fuerza de la movilización; sus límites muestran por qué esa organización debe continuar de forma independiente, en los lugares de trabajo, de estudio y en las calles. Solo así podremos defender lo conquistado y luchar por el derecho pleno a decidir.
Aborto libre, seguro y gratuito en todo el sistema público de salud, ¡ya!
