Cris — Profesor de Historia y militante del MIT

A siete años del 18 de octubre de 2019, las demandas que impulsaron a millones de personas a las calles siguen sin resolverse. Continúan los salarios insuficientes, las pensiones miserables, la educación y la salud convertidas en negocios, el endeudamiento familiar, la falta de viviendas y la explotación privada de nuestros bienes naturales.

Este aniversario tiene una particularidad: es el primero bajo el gobierno de José Antonio Kast. El Presidente ha dicho que espera que en Chile “nunca más” ocurra algo como el 18 de octubre y presenta aquel proceso únicamente como una explosión de violencia y destrucción. Su condena, sin embargo, tiene un claro contenido de clase.

El “nunca más” de Kast está dirigido contra quienes se rebelaron

Kast condena la violencia de quienes se rebelaron, pero guarda silencio sobre la violencia cotidiana que ejerce el capitalismo dependiente chileno contra las mayorías: salarios que no alcanzan para vivir, pensiones miserables, familias endeudadas para estudiar o atenderse, falta de viviendas, trabajos precarios y territorios destruidos para aumentar las ganancias empresariales.

Chile ocupa una posición dependiente y semicolonial dentro del mercado mundial. Su economía se especializa en exportar cobre, litio, celulosa, productos agrícolas y otros bienes con poco procesamiento, mientras importa una gran parte de los productos industriales y tecnológicos que necesita. Las decisiones sobre la inversión, el comercio y los bienes naturales se encuentran condicionadas por las transnacionales, el capital financiero y un pequeño grupo de familias capitalistas chilenas asociadas con ellos.

Esta estructura concentra la riqueza y reproduce la dependencia. En 2025, Antofagasta PLC, controlada por el grupo Luksic, obtuvo ganancias atribuibles por aproximadamente US$1.329 millones; Quiñenco registró utilidades por $680.368 millones; Empresas Copec, ligada al grupo Angelini, alcanzó una utilidad neta cercana a US$877 millones; y CMPC, del grupo Matte, obtuvo alrededor de US$202 millones. Mientras tanto, el ingreso laboral mediano fue de apenas $680.000 mensuales: la mitad de quienes trabajan recibió esa cantidad o menos.

Esta desigualdad no es una anomalía ni el resultado de algunas malas decisiones. Es consecuencia de una economía organizada para garantizar la acumulación de los grandes grupos empresariales y entregar nuestros bienes naturales al mercado mundial, descargando sobre la clase trabajadora los bajos salarios, la precariedad, el endeudamiento y la destrucción ambiental.

Kast tampoco habla de la represión estatal que enfrentó a quienes se movilizaron. El informe más reciente de la Fiscalía contabiliza 11.500 causas por apremios ilegítimos y 464 víctimas de trauma ocular. El INDH presentó más de 3.200 querellas y calificó lo ocurrido como la crisis de derechos humanos más grave desde el fin de la dictadura. Miles de personas sufrieron lesiones, detenciones, torturas, violencia sexual y otras vulneraciones cometidas por agentes estatales.

Su “nunca más” no está dirigido contra esa violencia estructural ni contra la represión. Lo que Kast pretende impedir es que la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares vuelvan a irrumpir masivamente y pongan en cuestión el poder de los grandes empresarios y las instituciones que lo protegen.

“Reconstruir Chile” para los grandes empresarios

Por eso su discurso sobre la “reconstrucción de Chile” posee un claro contenido de clase. Busca reconstruir la autoridad del Estado capitalista, fortalecer su aparato represivo y garantizar mejores condiciones para los grandes empresarios.

Su megarreforma redujo gradualmente el impuesto de primera categoría que pagan las grandes empresas desde el 27% hasta el 23%, reintegró el sistema tributario y entregó nuevos beneficios al capital. Al mismo tiempo, su Gobierno impulsa austeridad fiscal, focalización del gasto social, mayor flexibilidad laboral y restricciones a la gratuidad.

Esta orientación económica está acompañada por una ofensiva represiva. La Ley Antibarricadas 2.0 busca aumentar las herramientas para perseguir la protesta; la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo amplía atribuciones estatales; y la Ley 21.827 de “Escuelas Protegidas” autoriza revisiones de mochilas y pertenencias, refuerza las medidas disciplinarias y traslada una lógica policial hacia los establecimientos educacionales.

No son medidas desconectadas. La rebaja de impuestos empresariales, los recortes sociales, la precarización laboral y el fortalecimiento policial forman parte de un mismo proyecto: aumentar las ganancias capitalistas y contener mediante la autoridad y la represión la respuesta de quienes deberán pagar sus costos.

El 18 de octubre fue un estallido revolucionario

El 18 de octubre no fue solamente una suma de protestas ni una reacción espontánea contra el alza de treinta pesos en el transporte. La evasión protagonizada por los estudiantes secundarios abrió una crisis nacional y permitió que millones de trabajadores, jóvenes, mujeres y pobladores irrumpieran en las calles.

Las demandas cuestionaron pilares fundamentales del capitalismo chileno: “No son treinta pesos, son treinta años”, fin de las AFP, salud y educación públicas, salarios y pensiones suficientes, derecho a la vivienda, recuperación del agua y de los bienes naturales, derechos para las mujeres y los pueblos originarios, y juicio y castigo por la represión.

Se debilitó profundamente la autoridad del Gobierno de Sebastián Piñera y de las instituciones del régimen. Millones se movilizaron, surgieron asambleas territoriales y cabildos, se levantaron coordinaciones, se enfrentó la represión y comenzó a discutirse quién debía gobernar y al servicio de qué intereses.

Por su extensión nacional, su masividad, la profundidad de la crisis política y el cuestionamiento del conjunto del régimen, caracterizamos el proceso como un estallido revolucionario. No significó que la clase trabajadora hubiera conquistado el poder ni que existiera automáticamente una dirección capaz de hacerlo. Expresó la apertura de una situación en la que millones dejaron de aceptar el orden existente y comenzaron a buscar una salida desde las calles.

El 12 de noviembre mostró la fuerza de la clase trabajadora

La huelga y jornada nacional del 12 de noviembre de 2019 mostraron concretamente la fuerza potencial de la clase trabajadora. La paralización de puertos, faenas, servicios, establecimientos educacionales y distintos centros productivos, acompañada por movilizaciones masivas, profundizó la crisis del Gobierno y golpeó directamente el funcionamiento de la economía.

Esa jornada demostró que la clase trabajadora podía intervenir no solamente como parte de las manifestaciones, sino mediante su ubicación estratégica en la producción y los servicios. Una huelga general sostenida, organizada democráticamente desde los lugares de trabajo y coordinada con las asambleas territoriales, podía haber disputado una salida al conjunto de la crisis.

Sin embargo, esa fuerza no llegó a organizarse de manera independiente ni a intervenir centralizadamente. Las direcciones de la CUT y de las principales organizaciones agrupadas en Unidad Social —conducidas políticamente por el Partido Comunista, el Frente Amplio y sus aliados— evitaron desarrollar la jornada del 12 de noviembre hacia un verdadero plan de lucha y una huelga general sostenida. Orientaron la movilización hacia una salida institucional, mientras los sectores que confiaban exclusivamente en la espontaneidad de las calles tampoco construyeron una dirección alternativa capaz de disputar esa conducción.

El desvío institucional y el papel del reformismo

La fuerza del estallido fue desviada hacia el Acuerdo del 15 de Noviembre, los procesos constitucionales y posteriormente el gobierno de Boric. El acuerdo fue firmado por los partidos del régimen, incluido el Frente Amplio, cuando el Gobierno de Piñera atravesaba su momento de mayor debilidad. Su objetivo fue trasladar la crisis desde las calles hacia instituciones controladas por esos mismos partidos y devolver estabilidad al Estado.

Los procesos constitucionales generaron enormes expectativas, pero mantuvieron la movilización subordinada a calendarios, quórums y reglas institucionales. Las demandas sociales fueron reemplazadas progresivamente por la confianza en que una nueva Constitución, sin modificar el poder económico ni organizar independientemente a la clase trabajadora, resolvería los problemas del país.

Posteriormente, el gobierno de Gabriel Boric canalizó esas expectativas. No fue simplemente un Gobierno que “fracasó” al intentar realizar grandes transformaciones. Su estrategia de conciliación de clases lo llevó conscientemente a desmovilizar a la clase trabajadora y administrar el Estado capitalista mediante acuerdos con los grandes empresarios y los partidos tradicionales.

Boric mantuvo las AFP, las Isapres, el endeudamiento educativo, la privatización de los bienes naturales y los principales pilares del modelo económico. Su Gobierno aprobó la Ley Naín-Retamal, mantuvo el estado de excepción en territorio mapuche, fortaleció a Carabineros y gobernó buscando acuerdos con la derecha. El Partido Comunista y el Frente Amplio utilizaron su influencia sobre organizaciones sindicales y sociales para frenar la movilización y proteger al Gobierno.

La institucionalización, la desmovilización consciente y la represión terminaron derrotando los objetivos inmediatos del estallido. Sin embargo, la clase trabajadora y el pueblo no sufrieron una derrota física comparable con una contrarrevolución o una dictadura. Las contradicciones sociales que originaron el 18 de octubre continúan vigentes y muchas se han profundizado.

El incumplimiento de las demandas, la frustración de las expectativas y la ausencia de una alternativa revolucionaria contribuyeron al fortalecimiento de Kast. Su ascenso no se explica solamente por el carácter reaccionario de la derecha, sino también por el papel del reformismo, que desmovilizó y desmoralizó a amplios sectores mientras administraba los mismos fundamentos capitalistas que había prometido transformar.

Las lecciones del 18 de octubre

El estallido mostró la enorme capacidad de lucha de las masas, pero también los límites de la espontaneidad. La movilización puede debilitar al Gobierno, paralizar el país y abrir una crisis revolucionaria, pero no reemplaza la necesidad de una organización política capaz de disputar la dirección y luchar por el poder.

Tampoco podemos volver a confiar en el Frente Amplio, el Partido Comunista o los sectores de la antigua Concertación. Su estrategia consiste en presionar y administrar el Estado capitalista mediante acuerdos con sectores empresariales, subordinando la movilización a elecciones, negociaciones parlamentarias y reformas compatibles con el sistema.

Frente al Gobierno de Kast necesitamos construir la unidad de acción más amplia para enfrentar cada ataque, sin depositar confianza política en quienes prepararon su ascenso. Debemos impulsar asambleas en los lugares de trabajo, estudio y territorios; coordinaciones democráticas; comités de movilización; y un plan de lucha nacional que prepare una huelga general.

Al mismo tiempo, necesitamos construir una alternativa política independiente y revolucionaria de la clase trabajadora. Sin una dirección que una las demandas inmediatas con la lucha contra el capitalismo, las próximas explosiones sociales podrán volver a ser desviadas o derrotadas.

Un programa para que la crisis la paguen los capitalistas

Desde el MIT proponemos luchar por:

• Aumento general de salarios y pensiones de acuerdo con el costo real de la vida, reajustables automáticamente según la inflación.
• Reducción de la jornada laboral sin disminución salarial ni flexibilización, repartiendo las horas de trabajo disponibles entre ocupados y desocupados.
• Fin de las AFP y creación de un sistema público de reparto, solidario y administrado por trabajadores y jubilados.
• Salud y educación públicas, gratuitas y universales, plenamente financiadas y con la infraestructura, el personal y las condiciones necesarias para atender y enseñar.
• Un plan nacional urgente de construcción de viviendas para las familias sin casa y allegadas, financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas y ganancias empresariales, bajo control de las organizaciones de pobladores y trabajadores de la construcción. Este plan debe ser parte de un programa nacional de obras públicas que garantice empleo estable y con derechos a cerca de un millón de personas que actualmente se encuentran desocupadas.
• Renacionalización de la gran minería del cobre y nacionalización del litio, el agua, la energía, la banca y las empresas estratégicas, sin indemnización a los grandes grupos económicos y bajo control de sus trabajadores y de las comunidades.
• Fin del subcontrato y paso a planta de todos quienes realizan funciones permanentes.
• Derogación de la Ley Naín-Retamal, la Ley Antibarricadas, “Escuelas Protegidas” y toda la legislación destinada a perseguir la protesta social.
• Libertad de organización y movilización; juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la represión y reparación integral para sus víctimas.
• Ruptura con los tratados e instituciones que subordinan Chile al imperialismo y recuperación de nuestros bienes naturales.
• Construcción de organismos democráticos de trabajadores y sectores populares que disputen el poder a las instituciones del Estado capitalista.
• Un gobierno de las y los trabajadores que reorganice democráticamente la economía mediante un programa socialista.

A siete años del 18 de octubre, no se trata de idealizar el pasado ni de esperar que una nueva explosión espontánea resuelva por sí sola nuestros problemas. Se trata de rescatar su fuerza revolucionaria, comprender por qué fue desviada y construir la organización que faltó.

Kast quiere que nunca más la clase trabajadora y el pueblo irrumpan. Nuestra tarea es prepararnos para volver a hacerlo, con independencia de clase, un programa socialista y una dirección revolucionaria.

¡LAS DEMANDAS DEL 18 DE OCTUBRE SIGUEN VIGENTES!

¡ABAJO EL PLAN ECONÓMICO Y REPRESIVO DE KAST!

¡POR UN PLAN DE LUCHA Y UNA HUELGA GENERAL!

¡POR UN GOBIERNO DE LAS Y LOS TRABAJADORES!