Convención Constitucional: las demandas populares pueden ser derrotadas con los 2/3

La Convención Constitucional viene funcionando a todo vapor. Estamos a meses del término del plazo para que los Constituyentes redacten una Nueva Constitución. El plazo establecido en la Ley 21.200 (Acuerdo por la Paz) es de máximo 12 meses y terminará el 4 de julio.

En la actual etapa de discusión, las Comisiones temáticas están debatiendo y votando las primeras normas constitucionales. Esas normas después deben ir al Pleno de la Convención, dónde serán debatidas y votadas por los 154 constituyentes (Rodrigo “Vade”, el constituyente que renunció no fue reemplazado). Las votaciones en las Comisiones son por mayoría absoluta, o sea, más de 50% de los votos. Las primeras votaciones en el Pleno empezarán ya esta semana.

En las últimas semanas varias votaciones en las Comisiones llamaron la atención y desencadenaron duros ataques del gran empresariado y sus representantes (políticos, periodistas, intelectuales) hacia los constituyentes. Aquí queremos mencionar cuatro Iniciativas que fueron aprobadas en la Comisión de Medioambiente, Bienes Naturales y Sistema Económico, las que se encuentran entre las que generaron más revuelo y una en la Comisión de Derechos Fundamentales.

La primera iniciativa importante fue propuesta por la constituyente Natividad Llanquileo y otros, y plantea el derecho a los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio y sus recursos y bienes naturales. La iniciativa propone la devolución de las tierras que tradicionalmente hayan ocupado los pueblos originarios. Para determinar cuáles tierras deberán ser devueltas, se formará una Comisión especial, plurinacional y paritaria que deberá encargarse del catastro y devolución de las tierras, con autorización de la Conadi. La norma también plantea la nulidad de todas las concesiones mineras, forestales, megaproyectos de energía eléctrica y otras que hayan sido otorgados sin consentimiento de las Comunidades que habitan esos territorios.

Esa iniciativa fue duramente atacada por el gran empresariado. En palabras de uno de los constituyentes de derecha en la Comisión, Roberto Fontaine, la iniciativa es totalmente “descabellada”. Ya veremos otros creativos adjetivos usados por los representantes de los dueños del país para hablar contra las demandas populares.

La segunda iniciativa muy comentada fue la que Deroga el actual Código de Aguas, haciendo caducar los Derechos de Aprovechamiento de Aguas, incluso sin indemnizaciones, en el caso de la minería, empresas forestales, agroindustria, empresas sanitarias y cualquier industria que haya hecho uso intensivo. Esa norma fue presentada por Isabel Godoy (constituyente del pueblo Colla), con patrocinio de otros constituyentes independientes, de pueblos originarios y PC. La norma también plantea que los usos de agua serán redistribuidos en el plazo de 2 años de acuerdo con la Nueva Constitución, tomando como prioridad la mantención de los ciclos naturales, la preservación de los ecosistemas y la subsistencia y bienestar de las personas.

Tal norma también generó una fuerte reacción del empresariado, en particular del sector agrícola. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes Marín, se refirió a la aprobación de la norma como una “pésima noticia”, diciendo que tal propuesta podría afectar a más de 100 mil agricultores.

La tercera y más atacada fue la Iniciativa propuesta por Ivanna Olivares, con apoyo de nuestra compañera María Rivera y otros constituyentes. Esa iniciativa plantea la Nacionalización de las empresas de la Gran Minería del cobre, litio y otros bienes estratégicos. Tal iniciativa fue trabajada a partir del proyecto de Iniciativa Popular de Norma construido entre varias organizaciones, entre ellas el MIT, que será discutido y votado en las próximas semanas.

La propuesta de nacionalización fue aprobada en la Comisión con 11 votos a favor (de los 19 convencionales) y posteriormente fue ampliamente atacada por el empresariado. Bernardo Fontaine, el creativo defensor de los dueños del país, dijo que la Convención entró en “Fantasilandia”. Ya Pablo Toloza, de la UDI, dijo que era la cosa más “loca” que había visto en la Convención. A su vez, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, dijo que esa norma era una “barbaridad”. Esos adjetivos no nos deben sorprender. Hace pocos años vimos como Cecilia Morel, esposa de Piñera, calificaba las manifestaciones populares como una “invasión alienígena”.

Otra iniciativa polémica es la que propone que el Estado chileno revise y se retire de todos los Tratados de Libre Comercio que vayan en contra de la soberanía popular. También plantea una serie de mecanismos democráticos para que la población pueda informarse y decidir sobre la aceptación o no de un TLC. De la misma forma, se prohíbe la utilización de Tribunales internacionales para solución de controversias y propone la salida de Chile del CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el principal “tribunal” internacional que protege las inversiones extranjeras en detrimento de los Estados nacionales. Esa norma ha sido calificada por Rodrigo Álvarez, constituyente de derecha, también de la Comisión de Medioambiente, como una “norma muy equivocada.”

La quinta iniciativa entre las más importantes que fueron aprobadas es la que garantiza los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos, la legalización del aborto. Esta ha sido una lucha histórica de las mujeres y ha ganado enorme fuerza en los últimos años debido al enorme movimiento de mujeres, principalmente jóvenes.

Las artimañas del empresariado: el interés particular presentado como interés general

Además de las descalificaciones, el gran empresariado ha utilizado una táctica constante para atacar las demandas populares y las iniciativas de norma que proponen cambios profundos en el país. Su táctica es sencilla: presentar sus intereses particulares como si fuesen intereses de toda la población. Así, dicen que la nacionalización de la gran minería quebrará el país debido a las altas indemnizaciones que tendremos que pagar, o que desprivatizar el agua significaría perjudicar a más de 100 mil agricultores y generar hambre, ya que eso destruiría la producción de alimentos. Y así siguen con sus descalificaciones.

Esa táctica no es nueva. La burguesía siempre la ha utilizado para defender sus intereses. A través de sus medios de comunicación, difunden esas mentiras para generar desinformación y miedo en la población. Quieren que toda la población piense que, si atacamos sus privilegios y sus intereses, estaremos atacando los intereses de toda la población. Nosotros debemos explicar a los millones de trabajadores y trabajadoras que todo eso es mentira, es falso. Esas normas aprobadas por la Comisión de Medioambiente van en el camino correcto para solucionar los problemas del país y recuperar todo lo que el gran empresariado ha saqueado: los minerales, las tierras y el agua.

Saludamos a las y los constituyentes que aprobaron tales Normas, pero… aquí empiezan los problemas.

Un paso adelante, “dos tercios” atrás

Todas las normas aprobadas por las Comisionesposteriormente deberán ser discutidas y aprobadas (o rechazadas) por el Pleno de la Convención. El mayor problema es que en el Pleno, esas normas requieren la aprobación de ⅔ de los constituyentes, o sea, una mayoría de 103 votos.

Ese quórum es una de las principales trabas impuestas por el Acuerdo del 15 de noviembre o Acuerdo por la Paz a la Constituyente. Con ese “pacto”, el gran empresariado sabía que, incluso teniendo la minoría de los representantes, podría mantener el grueso de sus intereses intactos. Eso es lo que va a pasar ahora.

El periódico El Mercurio, uno de los principales voceros de la burguesía chilena y transnacional (perteneciente a la familia Edwards), planteó en su editorial del 6 de febrero lo siguiente: “es cierto que muchas de las iniciativas más controvertidas no se ratificarán en el pleno, que exige dos tercios de los votos; sin embargo, varias de ellas podrían aprobarse y el solo hecho de que avancen en su tramitación produce ya un daño significativo a la imagen del país”. Y más abajo el editorial sigue haciendo un emplazamiento directo al futuro gobierno y a sus partidos, plateando que ellos son los que tienen la responsabilidad de conducir este proceso para que la Constituyente no “salga del rumbo”.

Al día siguiente, el convencional de la derecha Cristián Monckeberg, hizo un llamado al FA y PS a “dejarse de niñerías” y asumir el rol articulador para “cerrar el capítulo Constitucional, y cerrarlo bien”. O sea, ¿qué significa que un constituyente de derecha haga un llamado al FA y PS para articular el término de la Constituyente? Detrás de ese mensaje existe un llamado de la gran burguesía al futuro gobierno y su coalición para cerrar el proceso Constituyente sin grandes cambios sociales.

Ese mismo día la Mesa Directiva de la Convención (María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, ambos “independientes”) realizaron una reunión con los jefes de las distintas bancadas o coordinaciones de la Convención y les plantearon la necesidad de “llegar a amplios acuerdos” para cumplir los plazos de la Convención, incluso llamando a dejar de lado las normas más polémicas y que no tienen posibilidad de ser aprobadas. O sea, parece que están todos hablando la misma cosa.

Cuál es el problema de los “amplios acuerdos” para llegar a los ⅔ y cumplir los plazos? El problema es que los términos de esos acuerdos serán puestos por la alianza Frente Amplio-PS-PC, o sea, por el futuro gobierno, que está haciendo pactos con el gran empresariado. Lo que estamos viendo es la gestación de una Nueva Concertación Social, ahora apoyada en una Convención Constitucional que fue generada a partir de la protesta popular, pero que tiene enormes trabas para cumplir un rol histórico de transformación profunda del capitalismo chileno.

Evidentemente nada de eso será simple ni fácil, porque existe un enorme descontento popular que sigue vivo. La gran mayoría de la población quiere cambios reales en salud, educación, derechos laborales, acceso al agua, etc. La gente está cansada de promesas y no se conformará con un nuevo texto Constitucional y un par de “lucas” más.

Es importante que la clase trabajadora tenga la comprensión de lo que está pasando y de lo que va a pasar en los próximos meses. En la Convención Constitucional, la tendencia es que las negociaciones entre los partidos políticos y constituyentes independientes primen por sobre las demandas populares. La democracia de la “Participación Popular” probablemente será aplastada por la cocina, como siempre ha pasado en el Parlamento, si no cambiamos ese rumbo.

Solo un elemento puede barajar el juego

Solo una cosa puede cambiar esa realidad: la movilización popular. Hoy están ingresando una serie de Iniciativas Populares de Norma a la Constituyente, se están aprobando cosas importantes en las Comisiones, sin embargo, sin movilización popular nada de eso será aprobado por el Pleno. La mayoría de los constituyentes está más preocupado en cumplir el plazo del Acuerdo por la Paz y llegar a grandes acuerdos que no incomoden a los dueños del país.

Desde el MIT hacemos un amplio llamado a las y los constituyentes independientes de izquierda, organizaciones populares, sociales, territoriales y sindicatos a unificarse alrededor de un pliego de demandas y generar estrategias de movilización en los territorios, lugares de trabajo y en la Convención Constitucional. Ya sabemos cuáles son esas demandas, algunas de ellas incluso ya fueron aprobadas por las Comisiones: Derogación del Código de Aguas y redistribución de las aguas, salud pública y gratuita, nacionalización de la Gran Minería, fin a las AFPs, fin al Código Laboral y garantía del derecho a la huelga, a la negociación colectiva y fin de los despidos injustificados; derecho al aborto; devolución de las tierras al pueblo mapuche, etc.

El paso que tiene que dar el enorme movimiento social que explotó el 18 de octubre es tomar esas demandas en sus manos y organizar la movilización social para que la Convención las apruebe y el próximo gobierno sea obligado a cumplirlas. Si Boric y la Convención no realizan cambios profundos en Chile, estarán abriendo camino para el próximo estallido social.