El reciente ataque ocurrido en Calama —donde un estudiante apuñaló a tres compañeros y dejó a un inspector y una inspectora gravemente heridos, provocando posteriormente la muerte de esta última producto de las lesiones— vuelve a instalar con fuerza un fenómeno que se ha venido intensificando en los últimos años: la violencia escolar en Chile. Según reportó el Diario Antofagasta, el hecho se produjo al interior de un establecimiento educacional tras una riña, escalando a un nivel de violencia extrema que evidencia la gravedad del escenario actual.
Este caso no es un hecho aislado. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación de Chile y de la Superintendencia de Educación, desde 2024 se ha observado un aumento sostenido y acelerado en las denuncias por convivencia escolar. Solo en 2024 se registraron más de 19.000 denuncias a nivel nacional, con un alza cercana al 9% respecto al año anterior, mientras que en 2025 el fenómeno se profundizó, superando las 22.000 denuncias y creciendo cerca de un 18% respecto a 2024. Ya en el primer trimestre de 2025, las denuncias aumentaban un 14,2% interanual, con incrementos especialmente altos en agresiones hacia miembros adultos de la comunidad educativa. Más del 75% de estas denuncias se concentra en problemas de convivencia escolar, lo que evidencia el carácter estructural del fenómeno.
A ello se suma un deterioro significativo en la salud mental de las comunidades educativas, especialmente en estudiantes, donde se han incrementado los cuadros de ansiedad, depresión y conductas agresivas en el período postpandemia.
A este escenario se suma un elemento estructural muchas veces invisibilizado: las condiciones de vida de las familias trabajadoras. La intensificación de la jornada laboral, la precarización del empleo y el alto nivel de endeudamiento de los hogares en Chile han reducido significativamente el tiempo disponible para el acompañamiento educativo y afectivo de niños, niñas y jóvenes. Actualmente, la deuda de los hogares bordea entre un 70% y 75% de sus ingresos disponibles, según el Banco Central de Chile, lo que da cuenta de una vida cotidiana marcada por la presión económica constante. En este contexto, más que una “ausencia” individual de las familias, lo que se observa es una consecuencia directa de condiciones materiales que obligan a amplios sectores a sostener extensas jornadas de trabajo para garantizar su subsistencia. Así, la escuela termina absorbiendo tensiones sociales que exceden ampliamente su capacidad institucional.
El propio Colegio de Profesores de Chile ha advertido que el agobio laboral docente, la sobrecarga administrativa y las condiciones materiales deficientes en los establecimientos han alcanzado niveles críticos. En la práctica, esto se expresa en salas con entre 35 y 45 estudiantes, escasez de equipos psicosociales y programas como el PIE funcionando con recursos insuficientes para abordar problemáticas cada vez más complejas.
Casos de violencia extrema, como el ocurrido en Calama, no solo se repiten con mayor frecuencia, sino que se inscriben en un contexto de debilitamiento estructural de la escuela como espacio formativo y comunitario, agravado además por los efectos acumulados de la postpandemia: desescolarización, pérdida de hábitos y fragmentación del vínculo pedagógico.
Este escenario se desarrolla hoy bajo el gobierno de José Antonio Kast, cuya orientación en materia educativa no apunta a resolver las causas estructurales de esta crisis, sino que, por el contrario, tiende a profundizar un enfoque centrado en el control y el ajuste, sin abordar las condiciones materiales que están en la base del problema.
Lejos de tratarse de una anomalía, el caso de Calama expresa una tendencia más profunda: el deterioro estructural del sistema educativo chileno y las condiciones materiales y subjetivas en que se desarrolla el proceso educativo.
La violencia escolar, en este marco, no puede reducirse a un problema conductual individual. Es el resultado de condiciones estructurales: salas sobrepobladas, falta de equipos psicosociales suficientes, debilitamiento de los proyectos educativos, fragmentación de las comunidades escolares y un sistema que exige resultados sin garantizar condiciones materiales ni humanas para alcanzarlos. A esto se suma el deterioro de la salud mental tanto de estudiantes como de trabajadores de la educación.
Una salida desde las y los trabajadores
Frente a este escenario, se vuelve imprescindible retomar una perspectiva histórica del movimiento docente en Chile. Ante una crisis que atraviesa a toda la comunidad educativa, debemos exigir a la dirección del Colegio de Profesores de Chile que retome la tradición democrática del gremio, donde primen las asambleas desde los comunales de base, incorporando no solo a docentes del sistema público (o SLEP), sino también al conjunto de trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados. La problemática es transversal y exige avanzar hacia la máxima unidad desde abajo.
En este sentido, es necesario levantar un pliego único de demandas que enfrente las causas estructurales de esta crisis. Entre ellas: la construcción masiva de establecimientos educacionales; el aumento de la planta docente, terminando con la precariedad de los reemplazos; la reducción sustantiva de estudiantes por sala; la transformación del trabajo pedagógico hacia una proporción real de 50/50 entre horas lectivas y no lectivas; el aumento de los salarios docentes; el fin del agobio laboral y de la actual carrera docente; el fortalecimiento de los equipos PIE con financiamiento directo; y el abordaje integral de la convivencia escolar en articulación con los ministerios de Educación y Salud.
Al mismo tiempo, es fundamental avanzar hacia una democratización real del sistema educativo. Basta de sostenedores y direcciones alejadas de la realidad de las escuelas. Es necesario que sean las propias comunidades educativas —docentes, asistentes, estudiantes y apoderados— quienes decidamos democráticamente qué educación necesitamos, tanto a nivel local como nacional.
Sin embargo, la experiencia demuestra que estas transformaciones no serán posibles si quedan subordinadas a los gobiernos de turno. Los gobiernos de la ex Concertación, la derecha, el gobierno de Gabriel Boric —incluyendo su conducción educativa— y el actual gobierno de José Antonio Kast son responsables no solo de la precariedad actual, sino de su profundización, manteniendo y administrando un modelo educativo que no responde a las necesidades de las mayorías. Lejos de impulsar una transformación estructural, el gobierno de Boric dio continuidad a políticas centrales del sistema, como la implementación de los SLEP, sin resolver sus problemas de gestión y financiamiento, mantuvo intacta la carrera docente y no avanzó en cambios sustantivos en la proporción de horas lectivas y no lectivas, perpetuando así las condiciones de agobio laboral denunciadas por el profesorado.
Por ello, se vuelve necesario impulsar la construcción de un movimiento pedagógico independiente del gobierno, basado en la organización y movilización de las comunidades educativas junto al conjunto de la clase trabajadora. En este marco, el rol de la Central Unitaria de Trabajadores y de las direcciones del movimiento docente es clave para articular esta lucha a nivel nacional.
Finalmente, resolver esta crisis estructural implica también abordar el problema de fondo: el financiamiento. Para garantizar educación, salud y vivienda dignas, es necesario aumentar de manera sustantiva la inversión pública. Esto plantea la necesidad de recuperar para el pueblo trabajador las principales riquezas del país. La nacionalización del cobre y del litio bajo control de los trabajadores y las comunidades se vuelve, en este sentido, una demanda estratégica para dar solución a los graves problemas sociales que enfrenta el país.
Pero esto no es suficiente si no se modifica también la estructura tributaria. Es necesario que las grandes fortunas y los sectores más ricos paguen efectivamente los costos de esta crisis, en lugar de seguir descargándolos sobre las familias trabajadoras mediante endeudamiento y precarización. En este sentido, resulta inaceptable que el gobierno de José Antonio Kast impulse o proyecte rebajas de impuestos a las grandes empresas, profundizando un modelo que debilita la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales básicos. La salida pasa por una redistribución real de la riqueza, donde quienes concentran los mayores ingresos contribuyan de manera efectiva al financiamiento de las necesidades sociales del país.
