por Cristóbal Badilla, profesor de historia y militante del MIT
La discusión sobre el fascismo no surge en el vacío ni responde a una inquietud académica. Vuelve al centro del debate político en un momento en que, a escala internacional, se combinan tres procesos profundos:
1. una crisis estructural del capitalismo;
2. el desprestigio de las direcciones reformistas y progresistas;
3. y el crecimiento de fuerzas de derecha y ultraderecha que capitalizan la frustración social.
En este contexto, amplios sectores de la izquierda han respondido con una caracterización inflacionaria del fascismo, utilizando el término para definir fenómenos muy distintos entre sí: gobiernos autoritarios, regímenes reaccionarios, populismos de derecha o simples variantes del recambio burgués. Esta confusión no es inocente. Históricamente, ha servido para justificar políticas de conciliación de clases, alianzas con sectores “democráticos” de la burguesía y estrategias de “unidad de todos” que terminan subordinando a la clase trabajadora.
En 2026, esta discusión vuelve a ser urgente no porque el fascismo clásico esté a la vuelta de la esquina, sino porque la falta de delimitación teórica conduce a errores estratégicos concretos. Llamar fascismo a todo impide reconocer cuándo estamos frente a una amenaza real de aplastamiento del movimiento obrero y, sobre todo, cómo prepararnos para enfrentarla desde una política de independencia de
¿Qué es el fascismo? Una discusión desde el marxismo
Desde el marxismo revolucionario, el fascismo no puede ser definido como una simple forma extrema de autoritarismo ni como una ideología reaccionaria más. León Trotsky advertía ya a comienzos de la década de 1930 que, para poder combatirlo seriamente, era indispensable definir científicamente su naturaleza, distinguiéndolo de otros regímenes burgueses represivos (¿Qué es el fascismo?, 1931).
Para Trotsky, el fascismo es una forma específica de contrarrevolución burguesa, que surge cuando la democracia burguesa deja de ser funcional para la dominación capitalista. En condiciones normales, el régimen parlamentario permite a la burguesía gobernar tolerando sindicatos, partidos obreros y márgenes de organización. Pero cuando el equilibrio social se rompe y el proletariado aparece como una amenaza real, esa forma de dominación se vuelve insuficiente.
Es en ese contexto que sectores decisivos del capital monopolista se ven empujados a destruir el régimen de democracia burguesa y a reemplazarlo por una forma de poder basada en la violencia directa. Como señalaba Trotsky en La clave de la situación mundial está en Alemania (1931), el fascismo no se limita a restringir libertades: constituye “un sistema particular de Estado basado en la extirpación de todos los elementos de la democracia proletaria en la sociedad burguesa”. Esto implica un cambio cualitativo de régimen, cuyo objetivo es eliminar a la clase obrera como sujeto político independiente.
La experiencia alemana confirma con claridad este salto cualitativo: tras asumir el poder en 1933, el nazismo ilegalizó partidos obreros, disolvió sindicatos independientes y reorganizó el aparato estatal en función de la persecución política y la disciplina social. Ese proceso permite distinguir el fascismo de otros regímenes autoritarios o bonapartistas, que pueden restringir derechos o endurecer la represión sin destruir completamente la organización independiente del movimiento obrero —como ocurrió, por ejemplo, bajo la dictadura de Primo de Rivera en España (1923–1930), que mantuvo sindicatos legales pese a su carácter reaccionario—.
Otro elemento central del análisis marxista es que el fascismo no surge inicialmente como un régimen impuesto desde arriba, sino como un movimiento de masas reaccionario. Trotsky lo define como un movimiento de origen plebeyo, reclutado fundamentalmente en la pequeña burguesía arruinada por la crisis, en sectores de la nueva clase media empobrecida y en capas desclasadas del proletariado. Es, en sus palabras, “el partido de la desesperación nacional” (Trotsky, 1931).
El caso italiano ilustra este proceso: frente a la radicalización obrera del biennio rosso (1919–1920), la burguesía recurrió a las bandas fascistas como instrumento para destruir físicamente las organizaciones obreras antes de consolidar el poder estatal. Ernest Mandel subraya que este carácter plebeyo no vuelve al fascismo anticapitalista, sino que constituye precisamente el mecanismo mediante el cual el capital financiero moviliza a la pequeña burguesía como fuerza de choque contra la clase trabajadora (Mandel, 1974).
Daniel Guérin demostró que ni el fascismo italiano ni el alemán podrían haber triunfado sin el apoyo directo del gran capital. El fascismo no fue una anomalía irracional ni un simple desborde ideológico, sino una respuesta política del capital monopolista frente a la amenaza de una clase obrera organizada (Guérin, 1973). Este punto es decisivo porque sitúa el fascismo no como un fenómeno psicológico o cultural, sino como una forma específica de dominación de clase en condiciones de crisis.
Este marco teórico permite también abordar el debate contemporáneo sin caer en analogías mecánicas. No toda violencia estatal, ni todo endurecimiento autoritario, ni toda radicalización ideológica equivalen automáticamente a fascismo. La cuestión decisiva sigue siendo si existe o no un proceso orientado a destruir la organización independiente del movimiento obrero mediante una movilización reaccionaria de masas y una transformación cualitativa del régimen.
En el presente, pueden observarse situaciones en las que Estados formalmente democráticos combinan estructuras institucionales con prácticas sistemáticas de militarización social, supremacismo nacional, violencia estatal prolongada y deshumanización del enemigo. El caso del Estado de Israel respecto del pueblo palestino muestra cómo, bajo condiciones históricas específicas —coloniales, imperialistas y nacionales—, puede consolidarse una forma de dominación que articula control territorial, violencia permanente y tolerancia hacia formas de violencia paraestatal, incluyendo la acción de colonos armados en territorios ocupados. Estos procesos no constituyen necesariamente un fascismo clásico, pero sí evidencian dinámicas autoritarias profundas y elementos fascistizantes que deben ser analizados con las herramientas del marxismo sin banalizar el concepto.
Precisamente por eso Nahuel Moreno advertía en Un fascismo raro (1972) que llamar fascista a cualquier gobierno reaccionario —incluso a dictaduras brutales— conduce a errores estratégicos. No toda represión estatal implica fascismo, ni toda crisis del régimen desemboca automáticamente en una salida fascista. La precisión conceptual no es un ejercicio académico, sino una condición indispensable para una política revolucionaria correcta.
¿Cómo enfrentar al fascismo? Reacción, contrarrevolución y política de clase
Enfrentar al fascismo no es solo una cuestión de voluntad política, sino ante todo de caracterización correcta del fenómeno. La tradición marxista revolucionaria ha insistido en que no toda ofensiva de la burguesía es fascista, y que confundir reacción con contrarrevolución conduce a políticas erradas que desarman a la clase trabajadora.
Nahuel Moreno sintetizó esta distinción de forma precisa: el proceso opuesto a la revolución es la contrarrevolución; el opuesto a la reforma es la reacción. Ambas pueden darse en distintos planos y no siempre coinciden. Por eso, un endurecimiento autoritario o represivo puede ser reaccionario sin constituir una contrarrevolución en sentido estricto.
Hay contrarrevolución cuando se destruye el régimen existente y se aplasta al movimiento obrero mediante métodos de guerra civil, liquidando sus organizaciones, su legalidad y su capacidad de acción independiente. Ese fue el carácter de la dictadura de Pinochet en Chile, que no solo derrocó a un gobierno, sino que reorganizó el régimen mediante el terror estatal, la proscripción política y la destrucción sistemática del movimiento sindical y popular. No fue una simple reacción autoritaria ni un endurecimiento del régimen existente, sino una contrarrevolución en el régimen.
En cambio, cuando la burguesía busca frenar o desviar la movilización social apoyándose en el propio régimen democrático, combinando maniobras institucionales, concesiones parciales y represión selectiva, estamos ante una reacción democrático-burguesa. El Acuerdo por la Paz de 2019 puede entenderse en esta lógica: frente a un proceso revolucionario de masas que puso en cuestión al régimen heredado de la dictadura, la salida institucional permitió recomponer la gobernabilidad sin destruir formalmente el régimen democrático ni aplastar al movimiento obrero por métodos de guerra civil. Su función fue reaccionaria en el terreno político, pero no fascista.
Esta distinción es clave porque históricamente la confusión ha servido para justificar políticas de frentes populares, es decir, alianzas estratégicas con sectores de la burguesía bajo la consigna de defender la democracia frente al fascismo. La experiencia del siglo XX mostró que estas políticas no detuvieron a la reacción, sino que terminaron subordinando políticamente a la clase trabajadora y facilitando derrotas. En Chile, esta orientación se ha expresado reiteradamente en la política del Partido Comunista, que ha impulsado acuerdos de gobernabilidad y alianzas interclasistas bajo el argumento de frenar a la derecha, diluyendo la independencia política del movimiento obrero.
Por eso, desde una perspectiva marxista revolucionaria, la política frente a la reacción no puede ser la “unidad de todos”, sino el frente único obrero: unidad de acción de las organizaciones de la clase trabajadora para enfrentar a la derecha y a la ultraderecha desde la independencia política. Históricamente, esto implica también el derecho a la autodefensa obrera y popular, incluida la organización de formas de protección colectiva —incluyendo la formación de milicias obreras cuando las condiciones lo exigen— frente a la violencia reaccionaria.
En este marco, es necesario ser precisos también frente a la coyuntura chilena actual. Desde el MIT sostenemos que José Antonio Kast no es un fascista, aunque represente un proyecto profundamente reaccionario, autoritario y antipopular. Su estrategia se orienta a endurecer el régimen y reforzar el aparato represivo dentro del marco institucional existente, no a construir un movimiento de masas armado destinado a destruir el régimen democrático mediante métodos de guerra civil. Caracterizarlo erróneamente como fascista no fortalece la lucha contra su proyecto; por el contrario, favorece políticas de conciliación con sectores burgueses “democráticos” que son igualmente responsables del régimen social existente.
Enfrentar a la derecha y a la ultraderecha no significa defender el orden burgués ni la democracia capitalista como un fin en sí mismo. Significa defender las condiciones de organización, lucha y autoorganización de la clase trabajadora como base para una salida propia frente a la crisis.
Si bien existe un debate abierto sobre las formas contemporáneas del fascismo, estas definiciones buscan aportar elementos iniciales para esa discusión, partiendo de la experiencia histórica y de la realidad chilena actual. Desde el MIT consideramos que solo desde esta delimitación —y no desde el alarmismo ni la conciliación— es posible preparar una respuesta efectiva frente a las ofensivas reaccionarias del período y avanzar hacia una salida independiente de la clase trabajadora.
