Por Camila Ruz
El pueblo boliviano es conocido por tener las revoluciones más impactantes de América Latina: en 1952 derrotaron al ejército, existían milicias obreras y se conformó la Central Obrera Boliviana (COB) que estuvo a punto de tomar el poder en sus manos; en el 2003 hubo una revolución que trajo como conquistas muchos derechos democráticos a los 36 pueblos indígenas reconocidos en el país; también es común ver a los mineros protestar con dinamitas en sus manos para presionar por sus demandas; el 2019 tuvieron que resistir a un golpe de Estado que derramó sangre sobre todo en las zonas más pobres, en El Alto.
Con todo ese panorama, y sabiendo que estalló un proceso revolucionario en mayo del 2026, el CIR discutió enviar una delegación a Bolivia, y desde el MIT vimos con entusiasmo lo indispensable que era participar y conocer el proceso.
El proceso explotó por el alza de los precios de los combustibles y porque el gobierno distribuyó gasolina basura -contaminada- que dañó a más de 70 mil vehículos -un taxista nos comentaba que en algunos casos, poder reparar los autos costaba unos dos sueldos mínimos- y maquinarias pesadas de trabajo, y lo más insultante es que mientras más pobre el barrio, más contaminada recibieron la gasolina: en El Alto la gasolina parecía coca cola, en el centro de La Paz estaba un poco más limpia y en la Paz Sur (zona de mayores recursos) ni salió gasolina contaminada. Ese hecho, sumado a los decretos1 que promulgó el presidente Rodrigo Paz entre el año pasado y este 2026, hizo que los campesinos fueran parte clave de este estallido. Por su parte, los mineros pedían un alza salarial de 20% debido a la inflación. De las demandas sectoriales, pronto el movimiento pasó a exigir principalmente la renuncia de Rodrigo Paz.
El gobierno buscó negociar por separado con cada sector (primero con los maestros y luego los transportistas) para dividir y dejar aislados a los campesinos.
Como MIT llegamos el lunes 15 de junio a Bolivia, estábamos entusiasmados porque ese mismo día se supone habría un ampliado de la COB para evaluar cómo seguir en la lucha, sin embargo, se suspendió. El martes 16 de junio se realizaría el ampliado pendiente, pero nuevamente se suspendió sin justificación. Ya el miércoles 17 de junio, tras 50 días de protestas, se conoció que el presidente Rodrigo Paz Pereira había iniciado diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas. El recién reaparecido secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, condicionó inicialmente el diálogo al cese de la persecución a activistas y a la liberación de los presos políticos, aunque para entonces ya se revisaban los casos «uno por uno». Con este diálogo, la directiva de la COB dejó de lado la demanda central del pueblo boliviano: la renuncia del presidente.
En contraste, sectores de base en El Alto (Distrito 8) rechazaban cualquier negociación y exigían la renuncia de Paz, denunciando discriminación, criminalización y por sobre todo humillación: en nuestra visita a los bloqueos, nos dijeron que los tildaban de vándalos, narcotraficantes (replicando el discurso del imperialista yankee republicano Marco Rubio), cochinos, o «evistas», a una campesina hasta la escupieron en la cara.
Para entonces los bloqueos ya habían bajado de unos 100 a poco más de 40, algunos sectores insistían en radicalizar la protesta, pero corrían el riesgo de quedar aislados. Los bloqueos en un inicio fueron respaldados y pusieron en jaque al gobierno pues eran elementos de doble poder: el estatal y gubernamental, y por otro lado el poder de los bloqueos (hasta el día de hoy la burguesía boliviana llora los más de 2 mil millones de dólares perdidos a causa de los bloqueos). Si hoy, Rodrigo Paz continúa en el poder, es responsabilidad de la dirección de la COB, que una vez más abandonó a sus bases.
La noche del 19 de junio, tras una nueva sesión de diálogo, Mario Argollo llamó a levantar todos los bloqueos sin que se garantizara el cumplimiento de ninguna de las 8 exigencias que inicialmente tuvieron. Horas después, en la madrugada del 20 de junio, Rodrigo Paz declaró el Estado de Excepción y desplegó militares para desbloquear los sectores que resistían.
Algunos sectores de base (Distritos 7, 8 y 14) intentaron desmarcarse del pacto Argollo-Paz, y la Federación Túpac Katari inicialmente rechazó el acuerdo llamando a resistir, pero al día siguiente —bajo el argumento de la celebración del año nuevo aymara— convocó a un «cuarto intermedio» (receso), permitiendo que el desbloqueo militar se realizara casi sin resistencia y sin que se registrara una masacre.
Hacia el 23 de junio, a 53 días del inicio de las protestas, los nueve departamentos (regiones) amanecieron sin bloqueos según la Administradora Boliviana de Carreteras. El gobierno celebró el triunfo contra los «violentistas» y buscó un chivo expiatorio en Evo Morales -pese a que este no dirigía las protestas y peor, aclaró que “nunca planteó la renuncia del presidente”-.
Pese a que Rodrigo Paz ganó solo esta batalla, la crisis persiste: continúan las largas filas para conseguir combustible y avanza el plan de entregar los recursos naturales de Bolivia a capitales extranjeros -especialmente estadounidenses2-, con ataques mediáticos constantes a YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) que allanan el camino a su privatización.
De la ilusión de la gloriosa COB del año 1952, conocimos una dirigencia de la COB corrupta y entreguista: por más discursos rimbombantes y antiimperialistas, en los momentos más álgidos no convocó a las bases obreras y mineras a organizarse en conjunto a la población y en particular a los campesinos, pese al llamado a Paro General a inicios de mayo no lo llevó a cabo en ninguna mina o empresa, ignoró el llamado de los mineros de Huanuni a radicalizar la protesta con una marcha a La Paz (cuyos dirigentes terminaron negociando aparte con el gobierno), y postergó en reiteradas ocasiones el ampliado convocado para definir un plan de lucha. Mientras tanto, los bloqueos —única medida sostenida durante 50 días— naturalmente se fueron desgastando y generando rechazo en la población urbana afectada.
La dirigencia de la COB evitó llevar la lucha hasta la caída de Paz por temor a una crisis de gobernabilidad y a perder el control del proceso que se gestaba desde las bases, repitiendo un patrón histórico de apostar a salidas electorales antes que a la resolución del poder obrero y campesino —como ocurrió en el proceso de 2003-2005 que llevó a Evo Morales al gobierno sin romper con el capitalismo ni el imperialismo.
Es tarea de la clase obrera y campesina boliviana exigir coherencia entre el discurso y la práctica de dirigentes como Mario Argollo, y a impulsar mecanismos democráticos para renovar la dirección de la COB, evocando el precedente de 1987 cuando el dirigente Juan Lechín Oquendo fue destituido3.
En ese camino, se vuelve necesario construir un partido revolucionario internacionalista en Bolivia, que también luche por recuperar la gloriosa COB y que reivindique las Tesis de Pulacayo4 para poder conquistar la construcción de un gobierno obrero, campesino e indígena que ponga al pueblo trabajador en el poder y rompa con la burguesía y el imperialismo, y así poder garantizar que los recursos naturales de Bolivia queden en manos de su pueblo trabajador.
- Los decretos implicaban: quitar tierras a pequeños campesinos; abrir paso a la privatización de recursos naturales; eliminar consultas indígenas dando paso para una minería sin control; centralizar el poder en el ejecutivo.
- “Bolivia y Estados Unidos reanudaron la cooperación militar tras 20 años de ruptura”. Infobae.com
- En 1986 los mineros para enfrentar el cierre de minas y despidos masivos organizaron la “Marcha por la Vida” de Oruro a La Paz que fue fuertemente reprimida. Lechín, en vez de participar de la marcha se fue a París. En el congreso de 1987, ante las críticas recurrió a su característico método de presentar la renuncia para que ésta fuera rechazada. Pero fue la gota que rebalsó el vaso y la renuncia fue aceptada. Así, después de 33 años de dirigir la COB y de muchas traiciones, quedó por fuera de su dirección y nunca más pudo volver.
- Es el programa político e ideológico de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) aprobado el 8 de noviembre de 1946 en Pulacayo, Potosí. Redactada con fuerte influencia trotskista, estableció al proletariado minero como la vanguardia revolucionaria del país, marcando un hito en las luchas latinoamericanas.
