En los últimos años hemos escuchado, de boca de distintos presidentes, la frase: “no hay dinero”. En general, esa frase es pronunciada cuando se discute la necesidad de aumentar el gasto en servicios públicos o en programas sociales del Estado. Si bien Kast ha sido mucho más enfático en que el Estado chileno está “quebrado”, ya era común escuchar lo mismo de Boric.

Uno de los elementos que demostraría esa falta de dinero es el aumento de la deuda del Estado, la deuda pública. En los últimos 10 años, la deuda pública chilena pasó de los US$ 39.000 millones a los US$ 154.000 millones; es decir, de representar un 17,4% del PIB a un 43%. Así, con un Estado endeudado, no habría espacio para mayores gastos sociales. Por el contrario, sería necesario hacer recortes.

Esos recortes afectan enormemente a la población trabajadora y a la juventud, ya que se realizan en áreas como educación, salud, construcción de viviendas y muchos otros programas sociales. Por eso, entender el problema de la deuda pública es fundamental para todos los trabajadores y la juventud que luchan por un país más digno.

¿Qué es la deuda pública?

La deuda pública es la deuda del Estado con personas e instituciones. Cuando se habla de la deuda pública en Chile, en general, se considera la deuda del Gobierno Central, sus ministerios, las municipalidades y otros servicios relacionados con el gobierno. No se incluyen las empresas estatales, como Metro o Codelco, ni tampoco al Banco Central.

El mecanismo básico de la deuda es el siguiente: cuando el Estado necesita tomar préstamos para financiar sus gastos, emite bonos (títulos) que son adquiridos por personas o instituciones (acreedores). Esos bonos pueden ser emitidos en moneda local, UF o moneda extranjera, y tienen distintas duraciones, cláusulas y tasas de interés. Por ejemplo: supongamos que el Estado chileno emite bonos por un valor de 100 millones de dólares por un periodo de 10 años, con una tasa de interés del 5% anual. Esto significa que el Estado tendrá que pagar, anualmente, los intereses y podrá ir amortizando la deuda, la cual deberá ser pagada en su totalidad al final del plazo. [1]

Esa necesidad de endeudamiento surge, teóricamente, cuando los Estados gastan más de lo que recaudan. [2] Este es el argumento que utilizan todos los gobiernos para decir que no hay plata. Pero por detrás de eso se esconden varias cosas importantes que veremos a continuación.

Deuda pública y deuda externa son cosas diferentes

Antes de avanzar con la explicación de la deuda chilena, es importante entender que la deuda pública y la deuda externa son dos conceptos distintos. La deuda pública es la deuda del Estado. Esta puede ser con acreedores chilenos (deuda interna) o extranjeros (deuda externa). Sin embargo, cuando se habla de “deuda externa” también se incluyen todas las empresas públicas y privadas que tengan deudas en el extranjero. Por eso, la deuda externa de un país, en general, es superior a la deuda pública, ya que considera también al sector privado. En esta nota hablaremos centralmente de la deuda pública (interna y externa), porque es la que tiene consecuencias directas para los servicios públicos y los programas sociales.

La evolución de la deuda pública chilena

La deuda del Estado chileno ha crecido enormemente en la última década, como mencionamos al principio. Durante las décadas de 1990 y 2000, e incluso hasta 2015 aproximadamente, la deuda chilena era muy baja si se comparaba con la de los demás países latinoamericanos. Esto se explica por varios factores: los bajos gastos del Estado chileno debido a la instalación del llamado neoliberalismo; el alto precio del cobre, que permitió al Estado pagar sus gastos y crear un fondo de ahorro (Fondo Soberano); y la privatización de empresas estatales, que significó una entrada importante de dinero al fisco, entre otros.

La deuda pública empieza a crecer de manera sostenida a partir de la crisis económica global de 2009. Desde 2016, el monto de la deuda comienza a sobrepasar los ahorros del Estado, como podemos ver en el gráfico de abajo.[3] Es importante resaltar que, durante la década de 2010, debido a las luchas sociales, los gobiernos se vieron obligados a hacer concesiones a los trabajadores y a la juventud: becas de gratuidad, pilar solidario en pensiones, etc. Esto aumentó los gastos de un Estado que habían sido reducidos por la dictadura y mantenidos bajos por los primeros gobiernos democráticos, tras la destrucción de casi todo el sistema público de educación, salud, pensiones, entre otros.

El gráfico de arriba muestra el crecimiento de la deuda pública (deuda bruta) en relación con los ahorros e inversiones del Estado (deuda neta).

Con el crecimiento del monto de la deuda, empieza también a aumentar el pago de intereses. Para que se entienda, podemos comparar este mecanismo con el de una tarjeta de crédito o con el CAE. Todos sabemos que, si no logramos pagar la tarjeta de crédito (o el CAE), los bancos nos cobran enormes tasas de interés y la deuda se va agrandando. Para los acreedores (dueños de la deuda, en este caso, un banco) esta situación no es mala; por el contrario, mientras más endeudados estamos, más plata le pagamos al banco. Evidentemente eso tiene un límite, que es la capacidad de pago de las personas.

En el caso del Estado ocurre lo mismo. Mientras más se endeuda el Estado, mayores son los gastos destinados al pago de la propia deuda y de sus intereses. Así, la deuda tiende a crecer, ya que se toman nuevos préstamos para pagar los antiguos. Esto es justamente lo que está pasando en Chile y lo que ya pasa hace décadas en varios países latinoamericanos. En algunos casos, la situación llega al punto de quiebre, como ha ocurrido algunas veces en Argentina y otros países, donde el endeudamiento es tan grande que el Estado ya no puede pagar. Así se produce el famoso default o impago de parte de las deudas. Algunos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), intervienen en países con deudas muy altas y poca capacidad de pago, imponiendo condiciones a los Estados para que estos puedan seguir teniendo acceso al crédito.

            El crecimiento de la deuda chilena en la última década ha significado mayores gastos del Estado para su pago, como podemos ver en los dos gráficos de abajo:

La primera tabla (amortizaciones) corresponde al pago de la deuda en sí. La segunda considera el pago de intereses, o sea, el lucro del capital por los préstamos.

Aquí podemos ver la magnitud del problema. Si consideramos solo lo que el Estado ha gastado en el pago de intereses en los últimos 10 años, llegamos a un monto de 22,7 billones de pesos, lo que sería equivalente a 29.000 millones de dólares, considerando el tipo de cambio de cada año mencionado. Si consideramos el valor mínimo de una vivienda social como 1.500 UF (aproximadamente 60.000 dólares) [4], veremos que con el dinero gastado en intereses de la deuda se podrían haber construido más de 483.000 viviendas en la última década, lo que reduciría a la mitad el enorme déficit habitacional del país.

Otro ejemplo: si se hubiese utilizado ese dinero en educación, se podría haber casi duplicado el presupuesto actual por cerca de 2 años, aumentando sueldos, contratando profesores y personal educativo, mejorando la infraestructura de los colegios y financiando programas de salud mental para estudiantes y profesores, entre un largo etcétera. Si lo comparamos con el presupuesto de salud, ese dinero podría haber sido utilizado para construir 190 nuevos hospitales (con un costo promedio de 150 millones de dólares por hospital). Y si hablamos de pensiones, ¡se podría haber subido en $300.000 la pensión de más de 700.000 jubilados durante los últimos 10 años! Esta es la verdadera magnitud del saqueo.

La deuda pública es otro mecanismo de saqueo del pueblo trabajador

Pero al final: ¿adónde va todo ese dinero? La respuesta es simple: a la banca extranjera y nacional, a las AFP, a las compañías de seguros y a otros grandes conglomerados capitalistas. Los grandes banqueros e inversionistas son los que compran masivamente los títulos de la deuda pública y ganan con el pago de intereses. Las AFP, por ejemplo, utilizan nuestro dinero (el de todos los trabajadores) para invertir en la deuda pública. Las ganancias, sin embargo, no van a las pensiones de los cotizantes, sino a los bolsillos de los accionistas de las AFP a través de sus jugosas comisiones y el reparto de utilidades.

Un reportaje publicado por El Mercurio el 22 de mayo de 2024 aporta algunos datos sobre los dueños de la deuda:

En los gráficos podemos ver que la mayoría de los acreedores (tenedores) de la deuda son actores del mercado financiero: fondos de inversión, compañías de seguros, AFP, bancos y grandes capitalistas extranjeros. Los capitalistas extranjeros controlaban más de un 30% de la deuda; o sea, gran parte del dinero pagado en intereses va directamente fuera del país.

Esto nos demuestra que estamos frente a un gran saqueo de la plata de todos los trabajadores que es recaudada por el Estado a través de impuestos. En vez de invertir ese dinero en servicios públicos, el Estado lo pasa directamente a los empresarios. Los gobiernos de «izquierda» y de derecha han mantenido este mecanismo de saqueo del país.

No pagar la deuda pública es un acto de soberanía nacional

La deuda pública funciona como un mecanismo de subordinación de la clase trabajadora al capital financiero nacional e internacional. Por eso, es fundamental que el movimiento de trabajadores, la juventud y los movimientos sociales incorporemos en nuestro pliego de lucha la demanda de ¡NO PAGO A LA DEUDA PÚBLICA!

Al contrario de lo que puedan pensar muchos trabajadores, no pagar la deuda pública no es un problema ético o moral, como lo sería no pagarle una deuda a un familiar o a un amigo que nos prestó dinero. La deuda pública es un mecanismo para beneficiar aún más a los dueños del país y es totalmente ilegítima.

Esta demanda debe ir unida a una auditoría pública de la deuda, bajo el control de las organizaciones de trabajadores, pobladores, estudiantes y movimientos sociales. Hay que abrir los libros de la deuda: saber quiénes son los acreedores, cuánto se ha pagado en intereses, qué gobiernos garantizaron este negocio y qué grupos económicos se han beneficiado con este mecanismo.

Por otro lado, incorporar esta demanda en nuestras luchas no nos puede hacer creer que el gobierno de Kast o algún otro gobierno capitalista dejará de pagar la deuda (a no ser en casos muy extremos de crisis económica). Por eso, esta medida solo podrá ser conquistada con una enorme movilización social que conecte esta exigencia con las demandas necesarias para que la población trabajadora tenga una vida digna, tales como el fin de las AFP, el congelamiento de los precios de los servicios básicos y alimentos, la nacionalización del cobre para invertir en salud, educación pública y vivienda, el fin a la impunidad de los corruptos y violadores de DD. HH., la devolución de las tierras al pueblo mapuche, entre otras.

Notas al pie:

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