Por Luis Alvarado
La entrada de Chile a la economía abierta y globalizada, después de acallar con la dictadura militar cualquier “intento socialista” que se estaba gestando, fue la tónica de las políticas privatizadoras de las décadas de los 80, 90 y 2000 en adelante. El neoliberalismo como alternativa política se expresó con los procesos de privatizaciones, con el crecimiento del monopolio de transnacionales, y la conformación de grupo económicos empresariales.
La contrarrevolución del capitalismo en Latinoamérica entre los 70 y 80, no estuvo aislada de los planes que emanaron del FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que género que se desarrollara una clase empresarial a raíz de las políticas privatizadoras en Chile.
Desde la dictadura militar de 1973 hasta 1990 y en adelante se ha continuado profundizando con los Gobiernos de la Ex-Concertación, la derecha de Chile Vamos con Sebastián Piñera a la cabeza, y la Ex Nueva Mayoría, que tanto iniciaron como profundizaron radicalmente políticas de privatización, que incluyeron empresas productivas, agrícolas (terrenos), industriales, sino también servicios domiciliarios (telefonía, agua potable, electricidad) de previsión, la salud y la educación, la concesión de yacimientos mineros, sector forestal y portuario, del transporte público, entre otras áreas.
Es de considerar que los neoliberales cuando plantearon un cambio económico, fue también al mismo tiempo con la DINA y la CNI, de torturas, desapariciones, delitos de lesa humanidad, y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, desde la dictadura militar, incluso en los otros periodos políticos hasta la actualidad.
La política de las privatizaciones se opuso a la política económica en relación a la industrialización vía sustitución de importaciones, teniendo un gran peso de organización de la clase trabajadora en cordones industriales, experiencia de lo más avanzado de ensayos de auto organización política de los de abajo, de los del pueblo trabajador y de las grandes mayorías, experiencia que fue violentamente desarticulada y asesinada por militares (a propósito de la larga lista de detenidos desaparecidos trabajadores).
Para la década de los 70 en el país existía no un Estado Socialista donde la clase trabajadora gobernara, sino un Estado “de bienestar” (de tipo keynesiano) en convivencia con el capitalismo que venía desplegando una política desde la gran depresión de 1929. Este Estado de bienestar con un perfil en garantizar derechos democráticos, fue fruto de la movilización y organización del pueblo trabajador, y con una clase obrera organizada, pero con contradicciones en lo que se buscaba como proyecto de sociedad.
El Estado, incluso en el Gobierno de Salvador Allende tenía un control directo en los activos, un control en los precios, donde existían 593 empresas, de un 75% de participación en la minera, industrial del 40%, del transporte del 70%, del sector financiero del 85%, y comunicaciones del 70% y el 100% de los servicios públicos (salud, vivienda, educación, previsión). Todas estas políticas fueron revertidas radicalmente en periodo de dictadura militar, con los planes de privatización neoliberal, y que se profundizaron en los Gobiernos de la Ex-concertación, Chile Vamos, Ex-Nueva mayoría.
Este cambio significó otorgar al sector privado el desarrollo económico, y al Estado “jibarizado” un rol subsidiario, que fue conformando grupos económicos empresariales, donde la economía exterior se apertura para asegurar al mercado capitalista mundial.
Las privatizaciones significaron entrega gratuita de activos al sector privado, U$$1000 millones su valor libro, (1974 a 1983) a los nuevos dueños de las empresas estatales, mineras, forestales, portuarias, con acceso a crédito, creando un departamento de la administración de la CORFO que coordinó todo este proceso privatizador. Existieron otros traspasos de instituciones financieras, industriales, distribuidoras mayoristas, donde el ingreso por traspaso de empresas públicas al sector privado, que para el 1997 representó cerca de U$$ 3383 millones de dólares, o sea un 4,5% del PIB para ese año.
Para el año de 1983 existió una privatización de tierras agrícolas (que fue a parar a dueños de fundos, otros vendidos a precios subsidiados y otros por subasta pública a la CONAF), la entrada al mercado de los servicios de educación (mercantilizando escuelas a sectores particulares subvencionados, desestatizando establecimientos de la SOFOFA y la SNA, y otros colegios hacia el sector municipal creando la deuda histórica a profesores, permitiendo además la creación privada de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales), la salud (apareciendo el mercado de prestación de servicios, seguros médicos, y las ISAPRES). Las privatizaciones en los servicios públicos de la vivienda se evidenciaron en el papel privado en la urbanización, y la entrega al mercado privado de hipotecas (concediendo 370.000 títulos de dominio entre 1974-1984) y suministros de saneamiento de servicios básicos.
El pilar fundamental que dio un giro a la seguridad social, fue DL3500 a inicio de la década de los 80, a través de cuentas individuales en base un sistema de capitalización individual, manejados por las AFP.
Las privatizaciones fueron creando holding y “leverage” , desde lo que fue las Mineras de CODELCO (incluso a trasnacionales), el Banco Chile y del Estado, la Compañía de Petróleos de Chile (COPEC), la forestal Arauco y la industria forestal (INFORSA), generando una consolidación de una clase empresarial que tendría los frutos de ganancias y utilidades en base a todo el proceso de privatización también del área de la electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, ya en 1985 -1989 con el paso del 86% traspasada el sector privado de la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), un 88% de Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), LAN Chile en un 70%. Se reflejó también con holding a raíz de dueños de CAP, Compañía Metropolitana de Distribución, CHILMETRO, SOQUIMICH, y ENERSIS.
Con los Gobiernos de Alwin y Frei del 1990 al 2000, se terminaron de privatizar ENDESA, ENTEL CTC, ESVAL, Radio Nacional, FERRONOR, EDELAYSEN, EMPRESAR, MINSAL, CONBUN-MACHICURA, Empresas de Ferrocarriles del Estado, EMOS, ZOFRI, ESSBIO, ESSEL. En 1998 la Empresa Portuario de Chile (EMPORCHI) maximizando la privatización de puertos, donde con Ricardo Lagos coloco “la guinda de la torta” de las privatizaciones con las carreteras, los tags, las cárceles, entre otras áreas.
Tras el 18 de octubre en el 2019, la crisis del modelo neoliberal se evidenció notoriamente, el cuestionamiento a los grupos económicos que se conformaron en todo el proceso de privatización vivido en el país, constituyó no solo la crítica hacia los ricos, sino que evidenció que la apertura del sector privado y su política de privatización solo traería riqueza para un reducido número de familias empresariales. Estas privatizaciones conformaron a quienes han saqueado a la clase trabajadora, que significó la constitución de fortunas que llegan a los U$$15.400 millones de dólares por el grupo Luksic, (situado en el número 74 de la revista Forbes), a U$$3800 millones de dólares con Julio Ponce Lerou “considerado el rey del litio” (ocupando el numero 546 según revista Forbes), Horst Paulmann del Holding chileno de CENCOSUD, empresariado de supermercados, centros comerciales y tarjetas de crédito , su fortuna que está sobre aproximadamente los U$$3000 millones de dólares (siendo el puesto 745 de revista Forbes), a U$$3000 millones de dólares de Álvaro Saieh Bendeck (siendo el puesto 745 de3 revista Forbes), con unos U$$2800 millones de dólares se ubica Sebastián Piñera (siendo el número 804 de la revista americana), con U$$2100 se sitúa Roberto Angelini Rossi propietario de COPEC (ocupando el lugar 1057 de la revista Forbes), Jean Salata socio fundador de Baring Private Equity y Asia, con una fortuna de U$$1900 millones de dólares (siendo el número 1227 del ranking Forbes), Patricia Angelini Rossi hermano del dueño de COPEC, con una total de U$$ 1700 millones de dólares (ocupando el lugar número 1349 del rankins de Forbes), con Luis Enrique Yarur fundador de Banco Crédito Inversiones que figura con una fortuna de U$$1500 millones de dólares (siendo el puesto 1511 de Forbes), también figura el empresario Bernardo Matte con U$$1000 millones de dólares (siendo el número 2057 de Forbes), con Eliodoro Matte propietario de la CMPC extraído del negocio forestal, rubro papelero, telecomunicaciones, y la banca.
Con toda la fortuna de estas reducidas cantidades de empresarios, se podrían en primer lugar frente a la crisis sanitaria del CORONAVIRUS y de la salud pública, disponer de test de detección diagnostica gratuito para toda la población, ventiladores mecánicos para toda quien se encuentre contagiado, abastecimiento de todo los insumos médicos, como también recursos para terminar con la deuda hospitalaria, construir más de 100 hospitales con tecnología médica avanzada, contratar masivamente a técnicos, auxiliares, administrativos y profesionales a la salud pública primaria, secundaria y terciaria, terminar con las listas de espera por intervención quirúrgica y atención con especialistas, pagar licencias médicas de manera automática para trabajadores, y pagar sueldos para trabajadores por cuenta propia e informales, entre otras medias en beneficios de las grandes mayorías.
Las fortunas de las familias más ricas permitiría expropiar para colocar fin al sistema de capitalización individual de las AFP y gozar de seguridad social y pensiones dignas que cubran la canasta básica familiar y de alimentación para jubilados, condonar todo tipo de deudas bancarias, de cooperativas, por educación superior, para las mayoría de la población, hacer de la salud, la educación y el transporte que sean públicos, de calidad y gratuito, asegurar empleos estables, aumento de sueldos, y mayores garantías de organización y derecho efectivo huelga, terminar con los TAG y los peajes. En definitiva, los recursos económicos para asegurar derechos sociales lo podemos obtener si es que expropiamos las utilidades de los empresarios, la estatización de los servicios domiciliarios (telefonía celular, electricidad, agua potable y gas), nacionalización de las riquezas y recursos naturales bajo control de trabajadores, cancelando los tratados de libre comercio, rechazando el colonialismo neoliberal de las trasnacionales, y haciendo que devuelvan todo lo que han saqueado a través de la expropiación a las fortunas empresariales más ricas, sin indemnización, en beneficio de las grandes mayorías. Estamos claro que estas medidas urgentes solo se podrían lograr efectivamente cuando gobierne la clase trabajadora, a través de sus organismos de autorganizaciòn y democracia directa para perspectivar una sociedad socialista, teniendo una planificación económica según las necesidades de las grandes mayorías, teniendo un monopolio del comercio exterior, y un proceso de estatización y control obrero de la producción industrial, la banca, los puertos, la minería, entre otros rubros, en contraposición a protagonismo del sector privado de empresario en el capitalismo reproductor de pobreza y barbarie.
Referencias
- Transformación Económica en Chile, Centro de Estudios Publico, Capitulo 4; Privatizaciones, Reformas estructurales pero inconclusas. Dominique Hachette A. de la F.
- 10 hombre más ricos de Chile en 2020, Sitio Web Rankia.cl
- María Olivia Monckeberg, El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno.
