A dos años del gobierno de Gabriel Boric, la situación de los trabajadores es muy mala. Es en esta coyuntura que aparece el llamado a Paro Nacional de la CUT este 11 de abril con un escenario de creciente conflictos sindicales por promesas incumplidas. Algunos datos: de acuerdo al informe “Salarios al Límite: Desposesión salarial en Chile” de la Fundación Sol, el umbral máximo de los salarios alcanzados por la mitad de los trabajadores y trabajadoras, asciende a $500 mil líquidos mensuales en el caso de los hombres y $450 mil en mujeres. Son salarios bajo la línea de la pobreza, que, según el propio INE, es de 563.000 pesos. Y estamos hablando de la mayoría de la fuerza laboral que tiene trabajo con contrato, porque existe una gran masa que tiene que llegar a la informalidad -que el capitalismo disfraza y embellece bajo el marketing del emprendimiento- o la cesantía, en un sistema laboral cada vez con menos derechos y estabilidad para las y los trabajadores y sus familias.
Por su parte, surgen crecientes conflictos sindicales, con luchas importantes, como las actuales movilizaciones en Huachipato para impedir el cierre de la siderúrgica, el paro de la educación frente a la indolencia patronal que llevó al suicidio de la profesora Katherine Yoma en Antofagasta -donde se movilizaron casi 10 mil personas-. O también, las actuales movilizaciones de los trabajadores portuarios de Coronel, quienes vienen luchando contra los intentos de la patronal del grupo Von Appen de limitar sus derechos sindicales (bajo toda la manipulación de los medios de comunicación, que distorsionan los motivos por los cuales los trabajadores se movilizan y pretenden convencer a la opinión pública que los trabajadores estarían contra la prevención de alcohol y de drogas). La movilización de las trabajadores de JUNJI contra el contenido privatizador de la educación parvularia del proyecto de sala cuna universal. Y para el próximo 17 y 18 de abril las y los trabajadores de salud están convocando a un paro. Podríamos continuar enumerando movilizaciones, sin embargo, las características que marcan la dinámica entre el momento político y estas luchas hasta ahora demuestran que son movilizaciones que responden a las promesas incumplidas por parte del gobierno de Gabriel Boric. La paciencia se agota. También estas movilizaciones aún tienen un carácter sectorial, es decir, cada sector negocia en diversas mesas con el gobierno por sus propias reivindicaciones, limitando la posibilidad de extenderlas hacia otros sectores de trabajadores. Cabe mencionar que los diversos procesos de negociación colectiva en Chile, son por empresa y fundamentalmente regulan derechos básicos como reajuste de IPC, o seguridad, por la fragmentación sindical existente, limitando las luchas por debajo de las necesidades de los trabajadores.
La política de colaboración de clases de conducción oficial PS-PC en la CUT: Manifiesto a “quebrar el empate político y el bloqueo empresarial”
El llamado a Paro del 11 de abril de la CUT surge en este marco general de descontento. La CUT junto a otras organizaciones, en su mayoría dirigida por la burocracia del PS-PC en los sindicatos, impulsaron un manifiesto con miras al Paro del 11 de abril llamando a “quebrar el empate político y el bloqueo empresarial”. Para ellos, el motivo del paro sería destrabar las reformas del gobierno, que supuestamente estarían siendo bloqueadas por la derecha. Pero no dicen la verdad, que el problema central es del propio gobierno, que mantiene la política económica de los 30 años de la Concertación y la derecha, y que llevó el país al estallido del 18 de octubre (que el “Acuerdo por la Paz” logró canalizar y desviar). Las direcciones del PS-PC en la CUT dicen que las promesas incumplidas por el gobierno se deben al bloqueo que realiza la derecha contra las reformas propuestas por el gobierno en el Parlamento. Sin embargo, no es cierto que el gobierno de Gabriel Boric con sus ministros neoliberales Mario Marcel y Nicolas Grau son víctimas de un bloqueo en el parlamento. El gobierno, junto a la derecha, se han manifestado permanentemente como defensores acérrimos de las AFP, del Código del Trabajo de la dictadura y del saqueo del país por las transnacionales. En relación a las AFPs, gobierno y derecha estuvieron en contra de los retiros previsionales, dando un duro golpe para los trabajadores en medio de una de las mayores alzas del costo de la vida en décadas. La Reforma de Pensiones propuesta por el gobierno, por otro lado, no solo mantiene las AFPs como generaría más fondos para esas instituciones. La única diferencia con la derecha es cuánto sería ese monto, si el 3 o el 6% de las imposiciones. Las reuniones de la ministra Jara (PC) con grandes empresarios de las AFPs de manera extraoficial en la casa de Pablo Zalaquett demuestran que el gobierno está totalmente al servicio de esas empresas y sus lobistas.
Hoy en día, cada una de las causas y razones de desigualdad y precarización que llevaron al 18 de octubre no sólo están intactas, sino que incluso, pandemia de por medio, se han profundizado. Por ejemplo, en la minería, en el subcontrato, diversas asignaciones que percibían los trabajadores hoy en día están por debajo de años anteriores y con muchos despidos de por medio. Por su parte, las empresas han impuesto regímenes de trabajo cada vez más intensos.
Leyes como la de 40 horas son presentadas por parte del gobierno y los partidos oficialistas (PC, PS y el FA) como avances y como resultados concretos del gobierno. Sin embargo, hay que señalar que la ley de 40 horas se aprobó en negociación con la derecha, que impuso la gradualidad, es decir que a contar del 2024 no se rebajará la jornada de trabajo a 40 horas, sino sólo a 44. Recién el año 2028 la jornada llegará a 40 horas. Sin embargo, debido a la fragmentación de regímenes laborales a honorarios, a plazo fijo, eventuales, etc., los patrones tienen mil y una forma de mantener un intenso sistema de explotación. Concretamente el plan laboral impuesto por la dictadura de Pinochet no se podrá cambiar con un solo maquillaje de reformas.
El salario mínimo, por otra parte, aún se mantiene por debajo de la línea de la pobreza. En el ámbito macroeconómico, existe pleno acuerdo con la derecha, como quedó demostrado con el acuerdo SQM-CODELCO, que no es otra cosa que la profundización del saqueo del país por grandes transnacionales y empresarios corruptos como Ponce Lerou. A esto se suma la crisis de la industria nacional, donde ni la derecha ni el gobierno están al lado de las familias trabajadores (ya vimos el cierre de la Fundición Ventanas, posteriormente de la fundición Paipote y ahora de la Siderúrgica Huachipato)
11 de abril: Es necesario un paro efectivo desde las bases que unifique las luchas, de manera independiente al gobierno. Por un pliego único de demandas de los trabajadores y trabajadoras
Desde el movimiento de Trabajadores (MIT) estamos a favor de la necesidad de un gran Paro Nacional que imponga los intereses de la clase trabajadora con sus métodos históricos de combate y llamamos a sumarse al paro de 11 de abril en cada lugar de trabajo, con asamblea y discusión; advertimos que la CUT -actualmente dirigida en su mayoría por partidos oficialistas PS-PC- le ha dado un carácter de anti-derecha al paro, como si el gobierno no fuera responsable de la situación actual de la clase trabajadora. Como ya escribimos anteriormente, no tenemos acuerdo con ese eje.
En consecuencia, insistimos en la necesidad de un Paro Nacional, pero organizado y discutido desde las bases, con paralización efectiva, poniendo en primer orden las demandas efectivas del pueblo trabajador y con total independencia del gobierno. Desde el MIT proponemos a las centrales, sindicatos y organizaciones populares, un pliego único con una plataforma de lucha que fortalezca la organización y la unidad de la clase trabajadora para enfrentar las reformas que pretende imponer el gobierno, la derecha y que sólo representan los intereses de las diez familias y las transnacionales, en desmedro de nuestra clase y nuestras familias. Ese pliego único debería contemplar:
1 – Aumento del sueldo mínimo a 700.000 pesos y reajuste automático de sueldos de acuerdo al IPC
El sueldo mínimo actual no cubre ni las necesidades más básicas de una persona. El salario mínimo actual está en 460.000 pesos. ¿Quién vive con ese dinero? Nos encantaría ver a un político o a cualquier hijo de Luksic o Matte viviendo con 460 mil pesos. Seguramente no tendrían idea de qué hacer.
Entonces, la primera medida es subir el sueldo mínimo. Con la inflación actual, no podemos hablar de un alza por debajo de 700.000. Este es el monto mínimo calculado por la Fundación Sol para que una familia de 4 personas salga de la línea de la pobreza (ese monto es calculado a partir de la línea de la pobreza fijada por el Banco Mundial y aun es totalmente insuficiente para mantener a 4 personas).
Pero no es suficiente sólo con el reajuste del salario mínimo, también es necesario que se reajusten automáticamente todos los sueldos de los trabajadores de acuerdo al IPC.
2 – Congelamiento de precios
Para contener la inflación y el alto endeudamiento que afectan a la clase trabajadora, el gobierno debe congelar inmediatamente los precios de los bienes y servicios más básicos, como alimentos, arriendos, de la UF, del transporte y cuentas de luz, gas y agua. Sabemos que la respuesta del empresariado al congelamiento de precios puede ser declarar la quiebra de empresas, fomentar el desabastecimiento o el mercado negro. Las empresas que amenacen con quiebra deben ser expropiadas y pasadas al control de la clase trabajadora.
3 – 40 horas ya, sin flexibilización laboral
Como planteamos en otro artículo, la reforma de las 40h aprobada por el Congreso está llena de ataques a los trabajadores. Es necesario reducir las horas de trabajo para que los trabajadores tengamos más tiempo libre y también para repartir las horas de trabajo, generando más empleos. Por ello, defendemos la reducción inmediata a 40h sin reducción de sueldos y sin flexibilización laboral al servicio del empresariado.
4 – Aprobación del 7 retiro y fin inmediato a las AFPs, con derecho a retiro de 100%
Las AFPs deben terminar. Esto es una necesidad que se viene siendo gritado en las calles hace casi una década. Boric también prometió acabar con el sistema de AFPs, pero hasta ahora no ha hecho nada. Su propuesta de Reforma Previsional (si es que llega a ser aprobada) mantiene el negocio de las AFPs y Aseguradoras privadas.
Defendemos el derecho de todos los afiliados a retirar su dinero de las AFPs y la creación de un sistema público tripartito de pensiones controlado por los trabajadores, y no por los empresarios.
5 – Renta mínima universal a cesantes e informales
La cesantía y el trabajo informal es una de las características más brutales del capitalismo. Con la cantidad de riqueza que se produce en Chile y en el mundo, es inconcebible que muchas familias no tengan dinero para sus necesidades básicas. Por ello, defendemos una renta mínima universal para todos los trabajadores cesantes e informales mientras no exista pleno empleo.
6 – Por un plan urgente de construcción de viviendas sociales dignas para acabar con el déficit habitacional
Hoy en Chile más de 640 mil familias no tienen derecho a la vivienda. Al mismo tiempo, para que se tenga una idea, solo en Santiago, 5 grandes bancos y compañías de Seguro (Consorcio Nacional de Seguros, Penta Vida, Banco de Chile, ¡Banco Santander y Confuturo) poseen casi 7 millones de m² de suelo! Toda esa propiedad debe ser expropiada sin indemnizaciones y puesta al servicio de la construcción de viviendas sociales y dignas. El Estado debe crear una empresa pública de construcción, bajo control de los trabajadores, para generar miles de empleos y acabar con el déficit habitacional.
7 – Basta de usura de los Bancos
Los Bancos han lucrado más de 5,5 mil millones de dólares en 2022 sin producir un solo milímetro de riqueza. Son los grandes parásitos que chupan la sangre y el sudor de cada trabajador. Por ello es necesario que se congelen los reajustes de créditos hipotecarios y se suspendan todos los remates de bienes de trabajadores. También planteamos la creación de un plan nacional de crédito blando a pequeños empresarios y la suspensión de toda la deuda CAE.
8) Para financiar todas esas medidas, confiscar las ganancias de grandes empresas y nacionalizar el cobre
Para financiar todo ese plan, es necesario confiscar las ganancias de los grandes empresarios. Solo las familias Luksic, Matte y Angelini ganaron más de 8 mil millones de dólares en 2022. Con ese dinero se podrían construir 140.000 viviendas sociales de 50 millones de pesos. Esas enormes ganancias empresariales deben estar al servicio del pueblo para financiar salud y educación.
Lo mismo en relación al cobre, la mayor riqueza producida por el país. Como planteamos en la Convención Constitucional, es necesario nacionalizar la gran minería del cobre y ponerla bajo control de trabajadores con participación de las comunidades afectadas por la gran minería. Solo así será posible determinar cuánto se produce y de qué forma, protegiendo los ecosistemas y comunidades aledañas a grandes minas. El litio también debe ser nacionalizado y se debe abrir una amplia discusión nacional sobre su explotación o no en ecosistemas tan frágiles como el Salar del Atacama.
