por José Villaroel
El día de ayer el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Recordemos que la Acusación Constitucional es un procedimiento que puede aplicar el Congreso en contra de altos cargos públicos, en dónde puede destituirlos o inhabilitarlos.
Piñera fue acusado debido al caso conocido como los Pandora Papers, una investigación que realizó una red internacional de periodistas, en dónde filtraron documentos ocultos de transacciones en paraísos fiscales relacionados con multimillonarios a nivel mundial. En el caso particular de Piñera, se filtró la compraventa del Proyecto minero de Dominga, realizado en las Islas Vírgenes Británicas durante diciembre del 2010, mientras el mismo era presidente del República (durante su primer gobierno). Además de la evasión de impuestos de dicha compraventa de la minera, en los documentos filtrados aparece que uno de los acuerdos de la transacción era que no hubieran cambios regulatorios que dificultaran la instalación de dicho proyecto minero, cambios que justamente dependían de la misma presidencia, es decir, del mismo Piñera. Sin embargo, a pesar de todos esos antecedentes, ayer en el Senado no se recolectaron la cantidad de votos necesarios para acusar constitucionalmente a Piñera.
Peor aún, no es la primera acusación que recibe Sebastián Piñera, la primera se ingreso en noviembre del 2019, el motivo de ese entonces fue por la violación sistemática de los derechos humanos, en lo que fue el primer mes del estallido social. Sin embargo, en diciembre de 2019 la Cámara de Diputados desestimó el continuar con la Acusación Constitucional, porque supuestamente no habrían motivos para hacerlo… cómo si la represión, asesinato y mutilación ocular de cientos de jóvenes no sea el motivo suficiente para destituir a un presidente. El fracaso de esa Acusación Constitucional solo fue posible porque Piñera fue mantenido en el gobierno tras el Acuerdo por la Paz, firmado desde la UDI hasta el Frente Amplio, con la complicidad del Partido Comunista.
Desde el MIT venimos diciendo, hace más de dos años, que Piñera debería haber renunciado cuando declaró la guerra al pueblo. Solo con la fuerza de la movilización era posible derrumbar el gobierno, pero los partidos del régimen y los militares lo salvaron. El fracaso de las dos Acusaciones Constitucionales demuestran que el Congreso es una institución que es servil de los intereses de los grandes grupos empresariales y políticos. ¿Cómo es posible que un país entero exija la renuncia del presidente por ser éste corrupto y por violar sistemáticamente los derechos humanos, sin embargo, que no se haya podido destituir porque el Parlamento, los partidos políticos tradicionales, y las Fuerzas Armadas lo defendieron con todas sus fuerzas?
Hoy queda aún más evidente el rol reaccionario que juega el Senado, institución que sin ninguna duda debe desaparecer en la próxima Constitución. También la Cámara de Diputados, con las reglas que existen hoy, no es representativa de los intereses de la mayoría del pueblo, ya que la mayoría de los diputados son financiados por campañas millonarias, corrompidos por el poder económico y después gobiernan al servicio de los dueños del país.
Es fundamental que luchemos por transformaciones profundas a la institucionalidad política y también al poder económico del gran empresariado sobre la economía nacional.
En pocos meses Piñera dejará el gobierno. Ese criminal debe ir directo a la cárcel, junto a todos los responsables políticos y militares por la represión al pueblo. Este debe ser solamente el primer paso para realizar una verdadera justicia por los asesinados y mutilados y para empezar a cambiar de fondo la realidad el país.
