Uno de los puntos más importantes de cualquier Constitución es el derecho de propiedad. Este derecho se refiere a la propiedad de una casa, un pequeño negocio o un automóvil. Pero también a la propiedad de edificios, minas, fábricas, puertos, bancos, empresas, cadenas de supermercado, millones de hectáreas de tierras, agua, etc. Este segundo aspecto es el más importante en la sociedad capitalista, el derecho de propiedad sobre los medios de producción y distribución de la riqueza.
A través de la propiedad de las grandes empresas, sus dueños se quedan con casi toda la riqueza producida por las y los trabajadores. Por ejemplo, la familia Luksic, la más rica de Chile, posee más de 24 mil millones de dólares. Esa enorme fortuna se acumula porque esa familia es dueña de grandes empresas, como el Banco de Chile, Antofagasta Minerals, CCU (bebidas) y muchas otras.
Veamos un ejemplo.
Una de las principales empresas del grupo Luksic es Hapag Lloyd (transporte marítimo). Esta empresa obtuvo más de 6.600 mil millones de dólares de utilidades entre enero y septiembre de 2021. El grupo Luksic controla cerca de 30% de la empresa, que tiene 14 mil trabajadores. Cada trabajador fue responsable por generar aproximadamente 471 mil dólares de utilidades en ese periodo (sólo de utilidades, no de producción total). Si sacamos las cuentas, veremos que cada trabajador proporcionó al grupo Luksic cerca de 15 millones de dólares al mes de utilidades (alrededor de 11 mil millones de pesos). Todo esto porque esa familia tiene el derecho de propiedad de parte de las acciones de Hapag Lloyd.Así, podemos entender como esa familia se hace tan rica: quedándose con el fruto del trabajo de miles de trabajadores.
Por esto, el derecho de propiedad es el nudo del sistema capitalista y de la desigualdad social. Ese derecho se complementa con otro derecho, el derecho de herencia. Así, las familias más ricas usurpan la riqueza producida colectivamente y la heredan por generaciones y generaciones. Para proteger sus propiedades, regulan y dificultan las expropiaciones, en la mayoría de los casos inviabilizando expropiaciones de grandes empresas o tierras.
Pues bien, la actual Constitución de Pinochet, mantenida por los gobiernos democráticos, protege el derecho de propiedad como uno de los derechos más importantes. La Constitución actual garantiza “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Sobre posibles “expropiaciones”, dice:
“Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad […], sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. […]
El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio. […] A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.
Así, la Constitución del 80 (mantenida en democracia) protege el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes y servicios (incorporales), además de dificultar las condiciones para eventuales expropiaciones, ya que el Estado estaría obligado a pagar enormes indemnizaciones antes de la toma de posesión de los bienes expropiados y el expropiado podría reclamar “sus derechos” ante la Justicia.
Pues bien. La Convención Constitucional votó, el 30 de marzo, el nuevo artículo que entrará a la Constitución, si es que esta se aprueba en el Plebiscito de salida. El artículo votado por amplia mayoría (132 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones) quedó así:
“Derecho de propiedad. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables.
Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica.”.
En su esencia, se mantiene la médula de la Constitución de 80, que garantiza el derecho de propiedad “en todas sus especies” y “sobre toda clase de bienes”. Así, cualquier persona, natural o jurídica (una empresa) podrá ser dueño de cualquier clase de propiedades, desde un auto hasta 50 empresas en todas las ramas de la economía, como la familia Luksic, ya citada anteriormente. Se mantiene totalmente abierta la puerta para que las 10 familias más ricas de Chile y las transnacionales sigan saqueando el país.
Sin embargo, la norma aprobada apunta a 2 posibles excepciones al derecho de propiedad. La primera, son los llamados “bienes comunes”, “los que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas”. Esa definición es bastante general y hasta ahora no hay ninguna definición de cuáles serían esos “bienes comunes”. Hace algunas semanas otra norma, que había sido aprobada por la Comisión de Medioambiente y proponía definir cuáles son los bienes comunes fue rechazada por la mayoría de los convencionales. La norma decía lo siguiente:
“Son bienes comunes naturales a lo menos: las aguas en todas sus formas e interfaces, incluyendo glaciares y criósfera; el mar territorial, la altamar y el fondo marino; las playas, dunas y el borde costero; el subsuelo; los humedales; el aire, viento y atmósfera; la radiación solar; los campos geotérmicos; la alta montaña; el cielo y el espacio; y aquellos que declare la constitución y las leyes.”
Esa norma fue rechazada y hasta ahora nadie sabe cuáles son los bienes que consagrará la Constitución. Lo mismo se aplica a la definición de “bienes inapropiables”. Lo más probable es que esas definiciones sean mínimas o muy generales, ya que ni el Frente Amplio, ni los partidos de la ex Concertación quieren tocar los intereses de los grandes empresarios (tierras, cobre, etc.). Sin esos partidos, es imposible llegar a los ⅔ de votos que requiere la Convención.
Junto a la norma de derecho de propiedad, otra norma también fue aprobada, la que se refiere a las “expropiaciones”. El texto que irá a la Nueva Constitución es el siguiente:
“Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador.”
El texto rechazado y que volverá a recibir cambios es:
“La ley determinará los criterios para definir el justo monto del pago, su forma y oportunidad, debiendo considerar tanto el interés público como el del titular.
La persona expropiada podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio y de su monto ante los tribunales que determine la ley.”
El inciso (párrafo) aprobado es prácticamente igual al de la Constitución de 1980, ya que mantiene la posibilidad de expropiaciones en manos del Parlamento (legislador) por causa de “utilidad pública” o “interés general (nacional)”. La parte más peligrosa todavía está por venir y será votada en las próximas semanas, relacionada al pago de indemnizaciones. Los mayores peligros tienen que ver con el momento de pago de indemnizaciones y quiénes definen los montos. La Constitución actual prácticamente inviabiliza las expropiaciones obligando al Estado a pagar las indemnizaciones previo al pago de toma de posesión del bien. Para ejemplificar, si se decide expropiar un terreno forestal o una empresa minera, el Estado debe pagar inmediatamente y al contado todo el valor definido en acuerdo con el empresario. Si se aprueba algo similar a esto en la Nueva Constitución, habrá mucha dificultad en expropiar empresas o terrenos para construir viviendas o devolver las tierras a los mapuche, por ejemplo.
¿Quiénes votaron a favor de mantener la gran propiedad privada en Chile?
La votación de la norma de derecho de propiedad tuvo 132 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones. Los votos favorables fueron desde la UDI, pasando por FA, ex Concertación hasta los colectivos independientes “de izquierda”, como Pueblo Constituyente o la Coordinadora Plurinacional. La mayoría de los convencionales del Partido Comunista, que ya no tiene nada de comunista, votó a favor de mantener la propiedad privada “en todas sus especies” y “sobre toda clase de bienes”. Es impresionante que un partido se diga comunista y vote a favor de la propiedad privada de grandes empresas, tierras y Bancos. La única excepción de ese partido fue el convencional Marco Barraza. Saludamos a los convencionales de izquierda que votaron en contra de ese artículo.
Tal votación es una fuerte señal de lo que será la Nueva Constitución. Es fundamental que las trabajadoras, trabajadores y la juventud aumenten la presión sobre la Constituyente, principalmente en relación a los temas más importantes como los derechos sociales – pensiones, salud, vivienda, educación, agua, tierras mapuche y también sobre temas fundamentales para cambiar la subordinación del país a las empresas transnacionales y al imperialismo, como la revisión de los Tratados de Libre Comercio y la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, litio y demás bienes minerales.
El capitalismo no solucionará los problemas de los pueblos, la juventud y la clase trabajadora
Estamos firmemente convencidos de que el capitalismo no solucionará las demandas sociales y medioambientales en Chile ni en el mundo. La propiedad privada de las grandes empresas y todo el sector financiero está en el origen de las enormes desigualdades sociales y de la destrucción de la naturaleza. Es fundamental que cada trabajador o trabajadora, poblador, joven, luchadoras feministas o ecologistas empiecen a construir un programa para superar el capitalismo y recuperar todo lo que los grandes capitalistas nos han saqueado.
Con nuestra compañera María Rivera presentamos una norma por la Socialización de todas las grandes empresas y bancos del país y la planificación económica. Esa norma fue rechazada por la mayoría de la Comisión de Medioambiente y Modelo Económico (tuvo 6 votos a favor, de 19) y no tendrá la posibilidad de ser votada en el Pleno.
Creemos que la clase trabajadora debe tomar esta tarea en sus manos y comprender que sólo la propia clase trabajadora podrá cambiar los rumbos de Chile y el mundo. Para ello, tendrá que tomar el poder político, económico y militar en sus manos, reorganizando el Estado en base a la democracia del pueblo trabajador y controlando las grandes empresas y todo lo producido por nuestro trabajo.
