El Manifiesto de la Vocería de los Pueblos y la lucha por la Soberanía

Antes del inicio de la Convención Constitucional un grupo de 34 constituyentes electos -independientes y de pueblos originarios- firmaron un Manifiesto donde planteaban 6 garantías democráticas para el inicio de la Convención Constitucional. Después de su publicación, 600 organizaciones sociales y algunos constituyentes más se sumaron al Manifiesto, que fue conocido como Manifiesto de la Vocería de los Pueblos.

Esas 6 garantías eran: 1) Fin a la prisión política; 2) Verdad y justicia por los crímenes cometidos por el Estado; 3) Reparación a las víctimas; 4) Desmilitarización del territorio mapuche; 5) Frenar las expulsiones a extranjeros; 5) Que la Convención sea soberana para decidir sus reglas, funcionamiento y votaciones.

El Manifiesto planteaba literalmente que la Convención no  debía someterse a las reglas impuestas por el Acuerdo por la Paz (Ver Aquí).

Pues bien. La Convención inició.

En relación con el tema de los presos políticos, reparación y desmilitarización, la Convención aprobó ya en su segunda sesión una resolución emplazando el Congreso y el Ejecutivo a aprobar el proyecto de indulto que tramita en el Congreso (incorporando a los presos mapuche), a desmilitarizar el Wallmapu y a iniciar una política “robusta” de reparación a las víctimas de la represión.

Hasta ahora ninguna de las solicitudes de la Declaración ha sido cumplida. Es más, el gobierno aún mantiene intacta su política de guerra al pueblo mapuche. Más comuneros fueron detenidos, un comunero fue asesinado (Pablo Marchant) y toda la región de la Araucanía sigue militarizada. Con respecto a la reparación a las víctimas de la represión, todo sigue igual o peor. El carabinero que dejó ciega a Fabiola Campillai fue beneficiado con el arresto domiciliario, al ser revocada la prisión preventiva que se había decretado recientemente. Mientras que Fabiola ha perdido para siempre la capacidad para retomar su trabajo, el excapitán recibe su sueldo íntegro todos los meses.

Con relación al proyecto de indulto, un mes después de la Declaración de la Convención, fue aprobado en general por una comisión del Senado, iniciando recién el largo camino de la burocracia del Congreso. Y si llega a ser aprobado, Piñera anticipó que lo vetará.

Entonces, ¿qué podemos concluir de esa situación? Que las 6 garantías democráticas planteadas en el Manifiesto de los 34 no fueron consideradas y que el gobierno prácticamente ignoró la Declaración aprobada por la Convención Constitucional.

Entonces… ¿no tenemos nada qué hacer? ¿Hay que esperar las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias para seguir presionando el Ejecutivo y el Parlamento? Y si aún después de las elecciones se dilata la solución, lo que es lo más probable?

Un ejemplo de una política alternativa

Nuestra compañera María Rivera presentó una moción distinta (Ver moción) sobre el tema de los presos políticos. Esa moción no llegó a ser conocida ni votada en la Convención, ya que la Mesa Directiva, Jaime Bassa y Elisa Loncón, instalaron una regla totalmente arbitraria de que solo mociones firmadas por 30 constituyentes podrían ser votadas. ¿Dónde se discutió esa decisión? En ninguna parte. Fue una decisión de la Mesa, seguramente orientada por el Frente Amplio y los demás partidos políticos, para dejar afuera cualquier posición minoritaria (aunque nuestra posición es minoritaria al interior de la Convención, sabemos que tiene un enorme respaldo popular).

Nuestra moción incluía la exigencia al Ejecutivo y el Congreso sobre la aprobación de la Ley de Indulto, pero la ampliaba a una verdadera amnistía a todos los presos políticos de antes y después del estallido social. Todos los presos políticos actuales son presos del régimen nefasto que ha gobernado este país desde la dictadura militar, entonces todos deben ser liberados. Obviamente nosotros no tenemos ninguna ilusión de que el Congreso y el Ejecutivo (los mismos que los mantienen presos) vayan a aprobar una amnistía general (y lo más probable es que no aprueben ni el limitado proyecto de indulto que tramita hoy). Por eso, planteamos que la Convención debería dar un plazo de 15 días para la respuesta de esos poderes y si la respuesta fuese negativa, la Convención debería decretar la amnistía y convocar a una gran movilización popular para respaldar su decisión.

En Argentina, en 1973, después de la elección del gobierno Cámpora, que había prometido un indulto a todos los presos políticos de los grupos guerrilleros y demás presos políticos, una movilización de los presos en la cárcel combinada con una enorme movilización, obligó al gobierno y el Congreso a saltar los trámites legales burocráticos y decretar la inmediata liberación de todos los presos. (Sin indulto ni amnistía: cómo fue la liberación de los presos políticos del 25 de mayo de 1973, el día de la asunción de Cámpora – Infobae). Nosotros creemos que la única forma de liberar a todos los presos políticos en Chile es siguiendo el mismo camino de nuestros hermanos argentinos.

Nosotros apoyamos todas las movilizaciones de los familiares, amigos y activistas por la liberación de los presos políticos. Esas movilizaciones, sin embargo, todavía están muy lejos de la fuerza social que necesitamos para liberarlos. Por eso creemos que todas las fuerzas políticas que dicen estar a favor de su liberación –que hoy son mayoría en la Convención– deberían convocar a una movilización social para obligar al gobierno a decretar la amnistía. Sin embargo, la política de los partidos que dirigen la Convención no es la de chocar con la institucionalidad –Tribunales, Congreso y Ejecutivo- y consecuentemente con los verdaderos dueños del poder, los grandes empresarios.

El problema del quórum Hoy se discute en la Convención el quórum para la aprobación de las normas constitucionales y el Reglamento. El Frente Amplio, la derecha y la ex Concertación defienden un quórum de ⅔, para que una minoría tenga poder de veto sobre los cambios más importantes. Eso abre el camino para la victoria de los sectores que responden al gran empresariado en la Convención. Por otro lado, el PC, independientes de izquierda y pueblos originarios correctamente rechazan los ⅔, aunque algunos han defendido otros quórum que siguen dando poder a la minoría (por ejemplo, 4/7). En nuestra opinión la política correcta es defender un quórum de mayoría simple, de la misma forma que funciona cualquier asamblea de trabajadores. Sin embargo, solo es posible vencer esa votación con mucha presión popular en las calles. Por eso, invitamos a todos los constituyentes que están en contra de los ⅔ (muchos de los cuáles firmaron el Manifiesto de la Vocería) a convocar la lucha y organización para derrumbar los ⅔. Más de 600 organizaciones sociales firmaron el Manifiesto de la Vocería, ¿por qué no convocamos a un gran encuentro nacional y una movilización con esas organizaciones? Creemos que con esta política se podría realmente empezar a dar una batalla a fondo por los cambios que el pueblo exige y por la Soberanía de la Convención.