En los últimos días se han publicado varios artículos sobre el Gabinete del futuro presidente Gabriel Boric. En este artículo no pretendemos hacer un análisis pormenorizado de su gabinete, ya que eso puede encontrarse fácilmente en otros reportajes. Nuestro objetivo acá es discutir, en base a los elementos que ya están sobre la mesa, qué podemos esperar del futuro gobierno Boric.
La Nueva Concertación
La composición del gabinete llamó la atención, en primer lugar, por la cantidad de mujeres en cargos importantes, destacando a Izkia Siches en el Ministerio del Interior y Camila Vallejos en la vocería del gobierno. En total, 14 mujeres y 10 hombres ocuparán los Ministerios. Esa composición, con mayoría de mujeres, es distinta a la de todos los gobiernos anteriores, principalmente a los primeros gobiernos de la ex Concertación, conformados mayoritariamente por hombres. Esto demuestra que más mujeres están ocupando cargos de poder dentro de la institucionalidad y hasta ahora, nada más. Si bien muchas de las futuras Ministras se dicen feministas y luchan por derechos como la legalización del aborto, debemos ver cuáles serán las medidas concretas que tomará el gobierno para solucionar los innumerables problemas de las mujeres en nuestro país, en particular de las mujeres más pobres y trabajadoras. En nuestra opinión, ese gobierno tendrá grandes dificultades en solucionar esos problemas, por los motivos que discutiremos más abajo.
Además de la amplia presencia de mujeres, otro elemento que llama la atención en el nuevo gabinete es la entrada de varios personajes de los partidos que condujeron el país en los últimos 30 años, los partidos de la ex Concertación. La única que queda afuera es la Democracia Cristiana.
Algunos de los Ministerios más importantes están en manos de esos partidos, como el Ministerio de Defensa (Maya Fernández, PS), Ministerio de Minería (Marcela Hernando, PR), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Carlos Montes, PS) y Ministerio de Relaciones Exteriores (Antonia Urrejola, cercana al PS). También llama la atención el nombre de Lucía Dammert, que será jefa de los asesores del gobierno. Dammert fue asesora del ex Ministro del Interior de Bachelet, Jorge Burgos, responsable por el asesinato de Nelson Quichillao (minero asesinado en una huelga), por la represión a los estudiantes y al pueblo mapuche y también del ex subsecretario de Bachelet, Mahmud Aleuy, gran defensor de la Operación Huracán.
En uno de los cargos más importantes del futuro gobierno, el Ministerio de Hacienda, estará el economista Mario Marcel. Mario Marcel ha asesorado a todos los gobiernos de la ex Concertación en los últimos 30 años y también ha pasado por varios Bancos internacionales, como el BID y el Banco Mundial. Su rol no ha sido secundario, ya que ha tenido cargos importantes relacionados al área económica de los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet.
Luego del nombramiento de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, quien primero salió a celebrar públicamente el hecho fue nadie menos que Andrónico Luksic, el más rico empresario chileno, dueño de empresas tan importantes como Antofagasta Minerals, Hapag Lloyd (naviera), CCU, Banco de Chile, entre otras.
Mario Marcel es el hombre del gran capital, del sistema financiero internacional y de la burguesía chilena. Es el hombre que tendrá la tarea de garantizar que ningún interés de los grandes Bancos extranjeros, Fondos de Inversión y de la burguesía chilena serán perjudicados en el próximo gobierno. También tendrá la tarea de mantener las cuentas públicas al día: no permitir que se gaste mucho dinero en derechos sociales, lo que podría afectar los privilegios del gran empresariado y de los acreedores de la deuda pública chilena. Así, uno de los cargos más importantes del nuevo gobierno estará en manos de un economista de confianza de la alta burguesía chilena e internacional.
El nombre de Mario Marcel ya apunta lo que será el gobierno Boric. La alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista con los partidos de la ex Concertación no es solamente un “cuoteo político”. Es una alianza de dos clases sociales.
El Frente Amplio y el Partido Comunista son representantes de los sectores medios de la sociedad chilena. La composición social del Frente Amplio es pequeñoburguesa por excelencia: abogados/as, periodistas, sociólogos/as, médicos, etc. Gran parte de la generación universitaria que luchó en 2011 ahora ingresa al gobierno: el propio Boric, Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Izkia Siches, Javiera Toro, Antonia Orellana y muchos otros en cargos secundarios. La juventud universitaria de 2011 llegó al poder. Esa juventud no es la representante directa de la gran burguesía del país, no son hijos o hijas de grandes burgueses y muchos de ellos/as no vienen de las universidades tradicionales que forman los representantes de la gran burguesía. Tampoco son representantes de la clase trabajadora y el pueblo pobre.
El Partido Comunista, si bien ha sido históricamente un partido de la clase obrera, con importante peso en sectores populares, hace mucho viene cambiando su composición social. El PC hoy tiene como su principal base social la burocracia sindical acomodada, la intelectualidad universitaria y pequeñoburguesa y los trabajadores del sector público. Cada año que pasa el partido pierde más peso territorial y pasa a tener más peso en la institucionalidad burguesa -concejales, alcaldes, diputados, constituyentes y hasta un senador-. Ese proceso de aburguesamiento del PC tenderá a acelerarse rápidamente a partir del futuro gobierno. Es la primera vez que el Partido Comunista tiene un rol tan protagónico en un gobierno desde la UP, aunque el PC de hoy no tenga nada que ver con el PC de los años 70.
Si bien el Frente Amplio y el PC han tenido sus negocios (Universidad Arcis, inmobiliarias, etc.) y algunos de sus militantes tengan relaciones más estrechas con la burguesía (Irací Hassler y otros), no podemos decir que ellos son los partidos tradicionales de la burguesía. Los partidos tradicionales de la burguesía son la UDI, RN, Evópoli (más reciente), el Partido Socialista, la DC, el PR y el PPD. Esos partidos han recibidos ríos de dineros de la gran burguesía, sus militantes han sido parte de directorios de grandes empresas, AFPs, Bancos, etc.
Para entender lo que será el futuro gobierno de Boric, es fundamental entender esa alianza que se está construyendo. La alianza entre el FA/PC y el PS/PPD/PR es una alianza de la pequeña burguesía acomodada y la burocracia sindical con la gran burguesía para salvar el régimen democrático burgués y la dominación de la gran burguesía sobre el conjunto del país. Los grandes burgueses tendrán que aceptar, por los próximos 4 años, que los hijos de la pequeña burguesía y los burócratas sindicales administren una parte del aparato estatal. Saben que esos hijos de la pequeña burguesía no son revolucionarios, pero temen que ellos no sean suficientemente firmes para contener el terremoto que los llevó al poder y que puede volver a estallar en cualquier momento: el movimiento de masas.
Los negocios de los Ministros y Ministras
A pesar de una composición social principalmente pequeño burguesa, algunos personajes del futuro gabinete llaman la atención por sus negocios.
El futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, ingeniero civil de la Universidad Católica, puede ser considerado un burgués, aunque no sea de los más ricos de Chile. Muñoz tiene acciones en distintas empresas de distintos rubros en un total de más de 700 millones de pesos. Sus negocios van desde el sector de Transportes (Sociedad de Transportes Gama y Sociedad de Arrendamiento de Vehículos Chacabuco -aunque públicamente critique el uso de automóviles y promueva el uso de la bicicleta-) hasta la agricultura y el sector inmobiliario.
La futura Ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega Morales, tiene inversiones en 5 empresas, principalmente del ramo inmobiliario.
Otro caso muy interesante es el de la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, que posee una sociedad de Inversiones y Asesorías con su marido, Cristian Franz, que fue Superintendente de Medioambiente entre 2014-2018 (gobierno de Bachelet). Franz prestó asesorías a empresas tan “idóneas” y “sustentables” como Agrosuper, minera Collahuasi, Antofagasta Minerals y Barrick, sí, la misma de Pascua Lama. La misma sociedad también emitió boletas de asesoría a nadie menos que Agustín Walker del Río, uno de los magnates de los derechos de aprovechamiento de agua.
El Partido Comunista tampoco queda afuera. El futuro Ministro de Ciencia y Tecnología también tiene sus negocios en el sector de la Salud, donde ha ganado dinero en contratos con el Estado y es socio de una clínica privada. La lista sigue, con negocios de Mario Marcel y otros ministros.
Esa relación entre empresarios (grandes y pequeños) y el Estado ha sido una de las marcas de los últimos gobiernos, tanto de “izquierda” como de derecha. Todos, de Aylwin hasta Piñera, han utilizado el aparato público para beneficiar a sus empresas y llenar los bolsillos a partir de su ubicación en el poder. No debemos sorprendernos si en algún tiempo más empiezan a surgir casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, etc.
¿Qué podemos esperar de una Ministra de Desarrollo Social que es socia de varias inmobiliarias? ¿Qué podemos esperar de un Ministro de Ciencia «comunista» que tiene empresas en el sector de Biología celular y es socio de clínicas privadas? O de un Ministro de Transportes que tiene empresas de Transportes? Parece que esa historia ya la vimos antes.
¿Y qué cambios podemos esperar?
En primer lugar, debemos destacar que Boric no prometió cambiar las estructuras del país. No prometió recuperar la riqueza que se llevan las transnacionales del cobre, no prometió revertir las privatizaciones de los últimos 30 años, no prometió devolver las tierras al pueblo mapuche, no prometió acabar con los grandes monopolios de las farmacias, ni nada de eso. Tampoco prometió liberar a todos los presos políticos. Así que los que creen que este será un gobierno de grandes cambios, ya pueden ir disminuyendo sus expectativas.
Pero sí Boric prometió una serie de cambios. Salud y educación públicas, agua para las comunidades, perdonar el CAE, acabar con las AFPs, reformar la policía, etc.
Para empezar a realizar esos cambios, Boric y su Ministro de Hacienda tienen una prioridad: hacer una Reforma Tributaria. La Reforma Tributaria le permitiría recaudar más impuestos para financiar los gastos sociales de su gobierno. Según Boric y Mario Marcel, la idea es atacar la evasión fiscal, retirar algunos subsidios a sectores empresariales, aprobar un royalty a la minería y cobrar un pequeño impuesto a los súper ricos. Con eso, se podría recaudar más o menos 5% del PIB, lo que permitiría poner en práctica por lo menos una parte importante de su plan de gobierno.
Sin embargo, ese plan tiene varios problemas.
El primer problema es que no cuestiona el verdadero saqueo que hacen los grandes empresarios de las riquezas producidas por la clase trabajadora. Solo en el caso del cobre, se calcula que entre 12 y 20 mil millones de dólares van a parar todos los años en el bolsillo de los accionistas de grandes empresas mineras, la mayoría de ellos, extranjeros. El royalty minero que viene caminando en el Congreso y es apoyado por el futuro gobierno variará (si es que se aprueba) entre 1 y 3% de impuesto a las ventas de la gran minería, dependiendo del precio del cobre. Ese royalty no cambia en prácticamente nada el saqueo que realizan las grandes transnacionales. Si a eso le sumamos las ganancias de los grandes Bancos, empresas forestales, retail, etc., llegamos a cifras impresionantes de recursos, dinero que podría ser usado para solucionar todos los problemas del país.
El segundo problema: la lógica del gobierno de financiar derechos sociales con impuestos a los más ricos tiene otro “inconveniente”. Para que haya más dinero en las arcas fiscales, los ricos tienen que hacerse más ricos y pagar más impuestos, sus empresas y sus fortunas deben crecer. Sin embargo, para que crezcan, esas empresas tienen que ampliar su producción, exportar más, tener más ganancias. Esto tiene dos consecuencias contradictorias con el plan de gobierno: 1 – para que el gobierno tenga más dinero las empresas llamadas extractivistas -la base de la economía chilena- (minería, forestales, pesca industrial, etc.) deben producir y exportar más, lo que destruye el medioambiente y las comunidades; 2 – para crecer, las empresas deben aumentar la explotación de los trabajadores: invertir en mayores tecnologías para aumentar la productividad (y con eso hacer que menos trabajadores puedan producir más) y aumentar los niveles de explotación que existen hoy. Así, su plan económico va en el sentido opuesto a lo que prometió: cuidar el medioambiente, disminuir la jornada laboral, aumentar los sueldos, etc.
El tercer problema que tiene ese plan es que al permitir que los grandes capitalistas sigan dominando el conjunto de la economía del país, permiten también que esos capitalistas controlen y corrompan a toda la institucionalidad estatal. La primera consecuencia de eso será la dificultad que tendrá Boric para aprobar sus reformas en el Parlamento, institución controlada por el gran empresariado a través de los partidos de derecha y la ex Concertación. Las reformas propuestas por el gobierno tendrán que ser negociadas con la gran burguesía y ésta será la que tendrá el sartén por el mango. Además de eso, la gran burguesía sigue controlando los medios de comunicación de masas y está “infiltrada” en todas las instituciones estatales, lo que Boric no propone cambiar al repartir cargos a la ex Concertación.
En resumen, podemos decir que Boric intentará hacer reformas “en la medida de lo posible” y en los términos del gran empresariado, lo que apuntará al fracaso o moderación de varias de esas reformas. Sin dudas habrá choques entre el futuro gobierno y el empresariado, ya que Boric sabe que está sentado sobre un barril de pólvora. Si el movimiento de masas no vuelve a salir a las calles, todo indica que el gobierno terminará adaptándose a los términos de los dueños del país. Si el movimiento de masas se pone nuevamente en acción, la inestabilidad del futuro gobierno será grande.
La cuestión mapuche: una bomba de tiempo
Otro problema central y que no tendrá solución será la cuestión mapuche. Si bien Boric ha señalado que retirará las tropas militares del Wallmapu, el problema permanecerá. La “cuestión mapuche” no tendrá solución si no se les devuelven las tierras y si no respeta su derecho a la autodeterminación. Junto con esas medidas, deben ser liberados todos los presos mapuche, lo que el gobierno tampoco hará.
Aunque Boric intente negociar con empresarios y sectores mapuche para ganar tiempo, el futuro gobierno no tiene un plan para solucionar el problema, pues no quiere enfrentarse a los dueños de las grandes empresas forestales que ocupan el territorio mapuche.
¿Y la Convención Constitucional?
Otro elemento importante a considerar será el resultado de la Convención Constitucional y el Plebiscito de salida, que podrá aprobar o rechazar la Nueva Constitución. Aquí también debemos estar muy alertas a lo que está pasando.
Si bien las Comisiones de la Convención Constitucional están aprobando iniciativas importantes (como la devolución de las tierras al pueblo mapuche, la revisión de los Tratados de Libre Comercio, la nacionalización del cobre y litio) esas iniciativas serán derrumbadas en el Pleno si no hay una enorme presión popular. Eso porque la Convención Constitucional funciona con el quórum de ⅔, lo que da el poder a una minoría de constituyentes (53) de decidir lo que entrará o no en la Nueva Constitución. Así, el poder decisivo estará en manos de los partidos que hoy son gobierno y que conducen la Convención Constitucional: Frente Amplio, Partido Socialista y en menor grado el PC. La misma estrategia de Boric de pactar con el gran empresariado se expresará dentro de la Convención Constitucional.
Si no hay movilización popular ahora, la tendencia es que la futura Constitución garantice algunos derechos en el papel, pero que eso no sea cumplido después, ya que no se tocará la estructura del modelo económico.
Entonces ¿qué hacemos?
Todo lo que hemos conquistado hasta ahora ha sido fruto de la movilización y organización popular. La propia Convención Constitucional no existiría sin las enormes movilizaciones populares de los últimos años. Creemos que ese es el camino para conquistar los verdaderos cambios que hoy se están discutiendo.
Por eso, es fundamental que nos organicemos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros territorios, en los sindicatos. Es fundamental que la clase trabajadora acompañe los debates de la Convención Constitucional y presione para que las demandas populares sean respetadas y votadas por esa Convención. Debemos recuperar el camino del 12 de noviembre de 2019, dónde una huelga general combinada a las movilizaciones populares obligaron al gobierno de Piñera y a los partidos del régimen a abrir el actual Proceso Constituyente.
Con nuestra compañera María Rivera hemos presentado una serie de iniciativas que serán discutidas y votadas en las próximas semanas, como la nacionalización de la gran minería del cobre, litio y oro; la amnistía a todos los presos políticos chilenos y mapuche; la necesidad de cambiar toda la estructura del Estado hacia un poder de la clase trabajadora y los pueblos; la necesidad de nacionalizar todas las empresas estratégicas del país y planificar la economía, e iniciativas sobre los derechos de las mujeres. También apoyamos a varias otras iniciativas que proponen revisar los Tratados de Libre Comercio, devolver las tierras al pueblo mapuche, devolver el agua a las comunidades, recuperar la naturaleza, etc.
Es fundamental que reorganicemos los espacios del movimiento popular, la juventud y la clase obrera. Debemos hacer mucha presión ahora para que las demandas populares sean votadas en la Nueva Constitución y para que el futuro gobierno sea obligado a respetarlas. Si eso no pasa, la Convención Constitucional será un gran fracaso y el gobierno de Boric también.
Es necesario construir una nueva alternativa política de la clase trabajadora y los pueblos
La clase trabajadora, la juventud, las pobladoras y pobladores necesitamos ya empezar a construir una alternativa política que lleve hasta el final la lucha por las demandas populares y para cambiar nuestro país. Si bien podemos tener conquistas con la presión popular, no podemos esperar que los dueños de este país y sus gobiernos las vayan a respetar.
Necesitamos construir un partido político de la clase trabajadora que tenga como objetivo recuperar todo lo que los grandes empresarios nos han saqueado -las tierras, el cobre, los mares, etc.- y poner toda la economía al servicio de la población trabajadora y la recuperación de la naturaleza. Si el gobierno de Boric no soluciona los problemas del país, deberá abrir el paso a los que tenemos un proyecto para solucionarlos: el pueblo trabajador y la juventud.
El Movimiento Internacional de Trabajadores hoy es una herramienta en el sentido de la construcción de ese partido. Invitamos a todos y a todas a conocer y a organizarse en el MIT.
