En una investigación del INDH entre los años 2016 y 2017, en torno a 40 centros penitenciarios no concesionados, se identificaron situaciones problemáticas que atentan contra los derechos humanos de los reclusos, siendo una realidad que no ha sido resuelta hasta la actualidad.
El estudio del organismo de derechos humanos arroja datos y hallazgos sobre cotidianidad de personas privadas de libertad, donde es casi nula la cobertura de cantidad camas, siendo una problemática común en la mayoría de centros penitenciarios, como también en las celdas presencia de mal olor, falta de luz natural y humedad permanente.
Los hallazgos develan deterioros en infraestructura, una sobrepoblación, que sobrepasa las máximas capacidades en las unidades penales, con la existencia de carencias, precarias y denigrantes de las condiciones de salud y atención médica (donde hay un funcionario de salud por cada casi 50 presos) y dental, presencia de plagas (vinchucas y chinches) que deambulaban en suelos y muros, falta de elementos para alimentarse adecuadamente y no teniendo un vestuario y abrigo acorde al clima y temperatura ambiente.
En algunos casos no hay acceso a baño ni a agua potable, y para qué decir accesibilidad a agua caliente para asegurar higiene personal, ni tampoco uso de calefacción.
El hacinamiento de la población penal, no solo es más que el doble presos por unidad carcelaria, sino que, en el contexto de pandemia, el contagio se viraliza rápidamente, favoreciendo la expansión del virus en un entorno de sobrepoblación.
La ONG 81 razones por luchar, refiere que la pandemia del COVID-19 ha evidenciado el trato paupérrimo y denigrante por parte del Estado a los presos, incluso la ley de indulto humanitario promulgada por Sebastián Piñera, muy pocas personas han salido de las cárceles, considerando que existe una aproximado de 42 mil personas presas en Chile.
Por parte de la ONG Leasur, manifiestan su preocupación por la situación crítica del hacinamiento que viven la mayoría de los recintos penitenciarios del país, y que las medidas implementadas por el Gobierno de Chile Vamos ha sido insuficiente para frenar o ralentizar la propagación del coronavirus.
Esta situación nos permite visualizar y analizar cuál es la situación de los derechos humanos, para quienes cumplen alguna condena, o quienes se encuentran cumpliendo medidas cautelares, en donde en contexto de coronavirus, cárcel es un castigo directo a la muerte.
¡Libertad inmediata a los presos políticos y mapuches, desprocesamiento y absolución de sus causas ahora!
Según medios digitales como interferencia.cl, existieron alrededor de 11.300 personas que fueron detenidas, en el marco del proceso revolucionario abierto desde el 18 de octubre en Chile, que sacudió realidad de los grandes empresarios y las privatizaciones de los derechos versus la precariedad que viven el pueblo trabajador y pobre, con pensiones de miseria, bajos salarios, el alto nivel de hacinamiento y de allegados, los costosos servicios de luz eléctrica, transporte, medicamentos, de la educación y la salud, entre otras condiciones paupérrimas económicas y sociales, que se cuestionaron de raíz, empujando al Gobierno de Sebastián Piñera y el Congreso Nacional a abrir un proceso constituyente, para aprobar o rechazar la actual constitución política.
La represión y el castigo por enfrentar en las calles la herencia de la dictadura de Pinochet, obtuvo en un momento alrededor de unos 2500 presos por luchar contra la sociedad neoliberal, que se cuestionó radicalmente a partir del 18 de octubre, respondiendo a través de sus poderes judiciales, a toda disidencia y protesta política, siendo una criminalización, al igual que históricamente y en la actualidad a los presos mapuches, haciendo del Estado un medio de opresión, un castigo carcelario y de persecución política.
Según interferencia.cl “Fiscales y jueces de garantía han solicitado e impuesto masivas medidas cautelares contra los detenidos de la revuelta social iniciada en octubre en Chile, las que suman más 25.000, entre ellas las prisiones preventivas”.
Algunos abogados aluden que ciertos casos fueron seguidos y detenidos por el departamento OS9 de Carabineros, unidad especial de investigación destinada a combatir organizaciones criminales, a muchos manifestantes que protestaban en la “rebautizada” plaza dignidad.
Según defensoría popular, refiere que la gravedad de la situación, no solo se ha manifestado con la condición carcelaria en contexto de COVID-19, (donde se solicita cambios de medidas cautelares, que puedan realizarlos con sus familias, y los presos mapuches en sus territorios), sino lo grave de la criminalización y el castigo de cárcel, se manifiesta en las altas condenas que están solicitando los fiscales, que, en algunos casos, piden hasta 24 años de presidio.
Se torna urgente, siguiendo el ejemplo de la Coordinadora 18 de Octubre, la OFAPP, organismos de derechos humanos, organizaciones y partidos políticos como el MIT u otros, se tome como una tarea de la clase trabajadora defender a nuestros presos políticos. Que las centrales sindicales, como la CUT, la coordinadora No más AFP, el Colegio de Profesores, organismos estudiantiles como el CONFECH, otros partidos que se reivindican democráticos, etc, tomen en sus manos esta campaña, que unifiquemos ese esfuerzo ya que en su mayoría los casi 2000 prisioneros/as políticos/as, están padeciendo una prisión (que en contexto de coronavirus, es sinónimo de muerte), por enfrentar en las calles las desigualdades de la sociedad capitalista, que mantiene en la precariedad a la mayoría de la población, mientras una minoría de familias empresariales goza de multimillonarias ganancias, en estos últimos 30 años, llegando a ser algunas de las familias más ricas del mundo.
