Gran parte de nuestra lucha en las últimas décadas ha sido por derechos sociales: mejores pensiones, vivienda digna, educación y salud públicas, gratuitas y de calidad, derechos laborales, etc.
Pues bien, una serie de esos derechos quedaron escritos en la Nueva Constitución. Aquí queremos discutir los aspectos positivos y negativos de las normas aprobadas. Sin embargo, antes de entrar al contenido de cada uno de esos derechos, debemos llamar la atención a dos cosas:
1 – La Constitución es solamente una Ley, un texto. La materialización de esos derechos en la realidad es mucho más compleja y estará en manos del Estado y los poderes políticos, como el Congreso, el Presidente y la Justicia. Muchos países vecinos tienen Constituciones con muchos derechos que nunca salieron del papel.
2 – Todos esos derechos escritos no se materializarán automáticamente. Todos ellos deberán pasar por el Congreso en los próximos años. No hay ninguna garantía de que los plazos establecidos en la Nueva Constitución sean cumplidos. El Congreso también podrá reformar la Nueva Constitución con quórums de 4/7 o ⅔ dependiendo de los temas en discusión.
En estos dos puntos, por lo tanto, está la clave para entender lo que pasará si la Nueva Constitución es aprobada.
Derecho a la vivienda
La Nueva Constitución consagra el derecho a la vivienda “digna y adecuada” y dice que el Estado debe garantizar ese derecho, disponiendo de un Banco de Suelo Público para la construcción de esas viviendas y combatiendo la especulación inmobiliaria.
| Plazos: 2 años para que el presidente ingrese un proyecto de ley integral sobre vivienda digna y ciudad / El Congreso tendrá 2 años para votar el proyecto. En total = 4 años para que la ley entre en vigor. |
La pregunta más importante es: ¿el Estado tendrá dinero para financiar la construcción de viviendas? La respuesta es: NO.
Esa realidad podría haber sido distinta si la Convención Constitucional hubiese aprobado la nacionalización de las empresas de la gran minería del Cobre con control de los trabajadores. Según Orlando Caputo, economista y ex gerente general de Codelco durante el periodo de Salvador Allende, la gran minería privada se llevó en utilidades (declaradas y no declaradas) más de 35 mil millones de dólares en 2021. Con ese dinero se podrían construir 580.000 viviendas de 50 millones de pesos.
| En Santiago, 5 Bancos y Aseguradoras (entre ellos el grupo Penta) poseen más de 7 millones de m² de suelo, que podrían ser expropiados para construcción de viviendas. Esas propiedades fueron compradas con nuestro dinero y por ello no debería haber pago de indemnizaciones por esas expropiaciones. Sin embargo, según la actual Constitución y la Nueva, si el Estado quiere expropiar esos terrenos deberá pagar miles de millones de dólares a los Bancos y Aseguradoras, que ya ganan fortunas con nuestros ahorros. |
¿Qué propuso nuestra compañera María Rivera?
1 – Que la vivienda única nunca pueda ser embargada por deudas y que el pago de dividendos nunca pueda superar el 20% de la renta familiar;
2 – Que los suelos privados que pertenezcan a familias o empresas que poseen más de 300m² fueran expropiados sin pago de indemnizaciones;
3 – La creación de una Empresa Nacional de Construcción para ejecutar los planes de construcción de viviendas. Esa empresa debería ser controlada mayoritariamente por sus trabajadores con participación de los comités de vivienda.
4 – Nacionalización de la gran minería y destinación de 20% de los excedentes a salud, educación y vivienda.
Estas fueron RECHAZADAS.
Derecho a la educación (Artículos 35 a 43)
El derecho a la educación también está garantizado en la Nueva Constitución como un deber del Estado. Según el texto, el Estado deberá garantizar ese derecho a través de un Sistema Nacional de Educación, compuesto por instituciones reconocidas por el Estado y cuyo eje será el Sistema Público.
El financiamiento del sector público será basal, o sea, a través de aportes directos. Se supone que deberían dejar de existir todo tipo de financiamiento indirectos. La educación pública será gratuita en todos los niveles. La ley también reconoce las particularidades educacionales de los pueblos indígenas, la educación en temas ambientales y sexuales. La libertad de los padres de elegir el colegio de sus hijos también está garantizada, aunque haya muchas fake news sobre eso de parte de la derecha.
| Plazos: 2 años para ingreso del proyecto por el Presidente + 2 años más para legislar = total 4 años hasta que se despache la ley. |
¿Cuáles son los problemas en el tema educacional?
1 – No se prohíbe el financiamiento público a los colegios y universidades privados, por lo tanto los empresarios podrán seguir lucrando con dineros públicos.
2 – No habrá recursos para invertir lo necesario para garantizar una educación universal, de calidad y gratuita;
3 – Seguirán existiendo colegios y universidades para ricos y colegios y universidades para pobres;
¿Qué propuso nuestra compañera María Rivera?
1 – Que el Estado no pudiera financiar colegios privados. En el caso de los particulares subvencionados que no pudiesen seguir funcionando, estos deberían ser estatizados y pasar a ser parte del Sistema Público;
2 – Obligación a todas las personas en edad escolar a estudiar en colegios públicos. La educación privada solo tendría un carácter complementario. Así, desaparecía la educación de primera, segunda y tercera categorías
3 – Nacionalización de las grandes empresas de la minería para financiar la educación pública
Estas fueron RECHAZADAS.
Derecho a la salud (Artículo 44)
El artículo prevé la creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado. Este sistema estará integrado por el sector público y también por prestadores privados. La forma de financiamiento será principalmente a través de rentas generales (impuestos) y como forma complementaria se podrá realizar un descuento individual de trabajadores y patrones. Los 7% que se descuentan hoy de los sueldos deberían desaparecer y todos deberían contribuir con el nuevo Sistema Nacional de Salud a través de otros impuestos. Los seguros privados seguirán existiendo.
| La norma propuesta por los Movimientos de Salud (CONFUSAM, FENPRUSS y Cabildo Salud, un derecho) que proponía que las prestaciones del sistema público fuesen GRATUITAS fue rechazada en la Convención. |
En la norma aprobada vemos centralmente dos problemas. El primero, es que seguirá existiendo el lucro en la salud. Seguirá existiendo la salud de primera, segunda y tercera categorías. El segundo es que no existirán recursos para aumentar de forma suficiente el gasto en salud. No es posible cobrar más impuestos de la clase trabajadora y ya sabemos que los ricos no aceptan pagar ni 1% de sus grandes fortunas. Así, como se rechazó la nacionalización del cobre, no habrá recursos para cambiar la deplorable situación de la salud pública en nuestro país.
| Con los U$ 35.000 millones regalados a la gran minería privada en 2021, se podrían construir 140 nuevos Hospitales como el Gran Salvador de Santiago |
Plazos: Presidente tiene 1 año y medio para presentar proyecto de creación del nuevo Sistema de Salud. Congreso tiene 2 años para despacharlo.
Seguridad Social
Una de las luchas más importantes de los últimos años fue la lucha contra las AFPs y por un sistema de seguridad social público que garantice pensiones dignas a los que hemos trabajado toda la vida.
La Nueva Constitución prevé la creación de un Sistema de Seguridad Social Público que otorgará protección en los casos de “enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo.” Las “dueñas de casa” también tendrían derecho a recibir pensiones por el nuevo sistema. Este sistema será financiado por descuentos a los trabajadores, empleadores e impuestos generales. Las organizaciones sindicales y patronales podrán participar de su administración.
| NOTICIA FALSA: Muchos personajes de derecha están difundiendo noticias de que con la Nueva Constitución los trabajadores perderán su dinero ahorrado en sus cuentas de AFP o Aseguradoras privadas. Esto es mentira. La Nueva Constitución no habla nada sobre los ahorros que están en manos de las AFPs o Aseguradoras. El Movimiento NO + AFP propuso que la administración de esos Fondos fuesen traspasadas de las AFPs al nuevo Sistema Público, pero esa propuesta fue rechazada. |
¿Cuáles son los problemas en la propuesta aprobada?
1 – No termina con las AFPs y Aseguradoras Privadas. Nuestros fondos seguirán secuestrados por esas empresas.
2 – El nuevo Sistema Público será creado a partir de cero, sin utilizar los Fondos ya acumulados en las AFPs, lo que dificultará enormemente el pago de pensiones dignas a los futuros jubilados por el nuevo sistema.
¿Qué propusimos nosotros?
→ Que todos los trabajadores tuviesen el derecho de retirar la totalidad de sus fondos de AFPs y Aseguradoras;
→ Apoyamos la propuesta de NO +A FP de sacar todos los Fondos de las AFPs y Asegurados y traspasarlos al Nuevo Sistema Público, siempre protegiendo los ahorros ya acumulados de los trabajadores;
→ Que el nuevo sistema público de Seguridad Social fuese administrado 100% por los trabajadores y pensionados, sin participación de empleadores.
Estas fueron RECHAZADAS.
Plazos: Presidente tiene 12 meses para ingresar proyecto. Parlamento tiene 2 años para despacharlo.
Derechos laborales (Artículos 46, 47 y 48)
En relación al tema laboral, hay algunas conquistas importantes (aunque todas están en el papel y deberán ser legisladas).
[Huega] El derecho de huelga será garantizado para trabajadores públicos y privados. Los sindicatos deberán decidir el ámbito de intereses a ser defendidos en las huelgas. Según esta norma, las huelgas ya no estarían limitadas solamente a las negociaciones colectivas y los trabajadores podrían declararse en huelga también por mejores condiciones laborales u otras motivaciones. Esta norma ha recibido un intenso ataque de los patrones, ya que ellos dicen que ahora los trabajadores podrán realizar huelgas cuando se les dé la gana. Sin embargo, todos sabemos que los trabajadores no vamos a huelga porque nos guste y sí porque somos obligados a hacerlo por la situación de explotación y opresión. Tampoco ese derecho a huelga “más amplio” protege con fuero a los trabajadores que hagan huelga – eso quedará abierto para que el Congreso legisle, y ya sabemos al servicio de quién está el Congreso.
Otro problema importante es que la propia norma que garantiza el derecho a huelga dice que ese derecho podrá ser limitado “excepcionalmente con el fin de atender servicios esenciales cuya paralización pueda afectar la vida, salud o seguridad de la población”. Y ¿quién definirá esos “servicios mínimos”? El Congreso y la Justicia patronales.
[Negociación ramal] Otra conquista importante, impulsada por la Confederación Bancaria Conaban, el MIT, nuestra compañera María Rivera y otras organizaciones sindicales fue la negociación ramal o sectorial. Esto permitirá a los sindicatos negociar en conjunto con las empresas, como hicieron los mineros del subcontrato en la lucha del Acuerdo Marco, que obligó a las empresas subcontratistas y Codelco a sentarse en la mesa para negociar de conjunto. La negociación ramal o sectorial da más poder a los trabajadores, ya que les permite negociar de conjunto con las patronales. Esto también va a depender de las directivas sindicales. Sabemos que muchas de esas directivas están en manos de dirigentes burócratas vendidos a las empresas, por ello será fundamental luchar por la democracia en los sindicatos.
[Subcontrato] Una de las normas más importantes propuestas en el tema laboral fue defendida por nuestra compañera María Rivera. La norma planteaba acabar con el subcontrato, una de las prácticas más nefastas del gran empresariado para precarizar el trabajo de las y los trabajadores, generando formas de trabajo prácticamente sin derechos y sin estabilidad laboral. Nuestra propuesta de poner fin al subcontrato fue rechazada por el pleno de la Convención Constitucional con votos en contra de la derecha, Partido Socialista, Frente Amplio y los constituyentes de Independientes No Neutrales.
[Sueldos y jornada laboral] Por otro lado, la Nueva Constitución no propone nada de nuevo o importante en relación a temas tan importantes como los sueldos o la jornada laboral. En relación al sueldo, la NC dice que “los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente, que asegure su sustento y el de sus familias”. Sabemos que eso en el Chile actual no pasará de buenas intenciones, ya que los empleos son precarios y no hay medidas reales que acaben con la explotación de los patrones. En relación a la jornada laboral, ninguna palabra. Seguiremos pasando la mayor parte de nuestras vidas en el trabajo sin tener tiempo para desarrollarnos en otros ámbitos de la vida.
Plazos: Presidente tiene entre 1 año y medio y 2 años para presentar proyectos de adecuación de la legislación laboral. El Parlamento tendrá 2 años más para legislarlos.
Algunas conclusiones
Algunos de los derechos sociales reconocidos en la Nueva Constitución son conquistas arrancadas por la lucha social de las últimas décadas: la lucha de los estudiantes, de las y los trabajadores de la salud, de los sindicatos combativos, de los movimientos de vivienda, etc. Ninguno de esos derechos fue regalado. Por otro lado, debemos reconocer que varias de las propuestas de los movimientos sociales no fueron aprobadas por la Convención Constitucional, como ya citamos el ejemplo de la salud, del movimiento no + AFP y otras.
Uno de los principales problemas que vemos en la Nueva Constitución es que no termina con los negocios de la salud, educación y pensiones. Así, no es posible decir que la Nueva Constitución termina con el capitalismo neoliberal chileno.
El segundo gran problema es que varios de esos derechos sociales quedarán en el papel, ya que no habrá recursos para financiarlos y garantizarlos en la realidad, porque la Convención rechazó la Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, principal fuente de recursos del país.
El tercer problema es que la implementación de todos esos derechos quedará en manos del Congreso y el Sistema de Justicia, que ya sabemos a quiénes sirven, a los dueños del país.
Por ello, si la Nueva Constitución es aprobada, los trabajadores y la juventud deberemos organizarnos para exigir el cumplimiento de esos derechos y también para superar la Nueva Constitución. Esto significa que el movimiento social debe sistematizar un programa de reivindicaciones que combine puntos que no fueron aprobados en la Convención Constitucional, como el fin de las AFPs, la nacionalización de la gran minería del cobre, etc., con demandas inmediatas como el aumento general de sueldos, el congelamiento de los precios de productos básicos, etc. Todo ello debe tener un sentido: avanzar en la organización de la clase trabajadora para que tengamos las condiciones de tomar el poder y construir otra forma de organización social, basada en la democracia de la clase trabajadora y el pueblo, que permita superar la sociedad capitalista.
