por Tamara Pouliquen
La lucha por los derechos de la mujer con grandes movilizaciones previas al 18 de octubre marcaron la antesala de la Revolución. El derecho al aborto y los derechos como vivienda, salud, seguridad social, educación sexual y reproductiva fueron las principales demandas del movimiento de mujeres. Estas demandas luego fueron canalizadas en el proceso de la Convención Constitucional, con las limitaciones que ya hemos discutido en otros textos.
La Nueva constitución no derrumba todo, no expropiará los bienes personales, no destruirá al país u obligará a todas las mujeres a abortar. El nuevo texto contiene ciertos derechos como los referidos al aborto, derechos sexuales y reproductivos (“Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”), o aquellos que se relacionan con la erradicación de la violencia de género o la “cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidados”. Todas estas demandas, justas para las mujeres de la clase trabajadora, de ninguna manera representan un “terremoto” para la sociedad. Más aún, el texto contiene un ordenamiento jurídico acorde a los principios estratégicos establecidos por ONU mujeres: Paridad, reconocimiento y corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados, erradicación de la violencia de género, reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
SI bien estos derechos y reconocimientos no estaban dispuestos en la Constitución del 80, la mayor parte de ellos pudiesen quedar en la incertidumbre o representar cambios formales no garantizados.
El propio desarrollo de la Convención demostró los límites que impiden un avance a fondo de las necesidades reales de la mujer trabajadora, porque puso en evidencia el hecho de que no todas las mujeres comparten ni representan los mismos intereses, incluso la mayor parte de las votaciones mostró que las mujeres tenemos intereses de clase opuestos.
Por ejemplo, la norma que ponía fin al subcontrato, que precariza enormemente el trabajo de las mujeres, fue rechazada a pesar de que se votó por 64 a favor y 59 en contra. Lo insólito es que el voto rechazo provino tanto de mujeres de derecha como M. Cubillos o T. Marinovich, pero también de las convencionales del Frente Amplio como Constanza Shonhaut , Beatriz Sánchez u otras independientes; sin contar con aquellas que se abstuvieron favoreciendo el rechazo, como Patricia Politzer (poner votación)
Aquí es donde la paridad como guía es una formalidad, pues la representación masiva de mujeres no significó que fuesen a legislar a favor de la gran mayoría de mujeres de la clase trabajadora, ya que directamente favorecieron a los empresarios.
Como ya hemos mencionado anteriormente, para el MIT la entrada masiva de las mujeres en cargos de representación es de primer orden y estimularemos a que sea cada vez mayor en asambleas, sindicatos, organizaciones políticas; sin embargo, bajo un sistema capitalista, esa representación paritaria en todos los estamentos sólo se ha transformado en mayor representación en la institucionalidad de un sistema que nos oprime y nos explota.
Respecto del trabajo doméstico y de cuidados, el Estado reconoce que estos son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, pero las medidas aprobadas son totalmente insuficientes para liberar la mujer de la esfera del hogar. El nuevo Sistema Integral de Cuidados propuesto sin dudas sería un avance si avanzara en crear instituciones que pudiesen dedicar atención suficiente a los ancianos, enfermos y niños. Sin embargo, sabemos que el Estado chileno, si no recupera la riqueza producida por millones de trabajadores, no podrá mantener ese nuevo Sistema, que será, cuando mucho, precario, como los hospitales y escuelas públicas. Las normas aprobadas ya apuntan hacia donde va: la corresponsabilidad social y el “apoyo” a las que ejercen trabajos de cuidado. Si vemos como las cosas han funcionado hasta hoy, no sería raro pensar que toda esa propuesta se reduzca a un par de “bonos” a mujeres que cumplen esas funciones. Esto no va en el sentido de la liberación de la mujer. Lo que queremos es liberar a la mujer de las tareas domésticas y socializarlas para que no sea responsabilidad individual de cada mujer en torno a la crianza y cuidados. Queremos que sea una responsabilidad social y colectiva, garantizada por el Estado, para que este trabajo privado de cuidados, se transforme en una “industria” social para borrar de una vez por todas, la esclavitud femenina.
Por esta razón, presentamos la norma Igualdad ante la compañera María Rivera y que no pasó de la Comisión de Derechos Fundamentales. La norma fue rechazada incluso con el voto de feministas como Janis Meneses, constituyente de Movimientos Sociales.
Saludamos el Derecho al aborto en la Nueva Constitución, que no es más que el derecho a decidir que tiene cada mujer. El Derecho a una Educación sexual integral y las garantías de vivir en un espacio libre de violencia. Pero este, como los otros derechos y reconocimientos están sólo en papel y dejan en la incertidumbre su concreción, porque no sabemos cómo se financiarán, pues la Convención rechazó la norma más importante que hubiese financiado todos los derechos como la norma de nacionalización del cobre, litio y oro. Pero también porque al establecer que los mecanismos serán los que “la ley determine”, deja en manos de este Congreso de aquí al 2026 la facultad de legislar, reformar con gradualidad y proporcionalidad las leyes para implementar estos derechos, es decir el Congreso de los 30 años.
Por otro lado, el derecho a la gran propiedad privada nos pone de frente a la realidad, pues la igualdad jurídica no se traduce en igualdad ante la vida. Seguirán existiendo privilegios y la explotación, manteniendo el saqueo del país por los grupos económicos y las transnacionales, lo que no permitirá el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Nueva Constitución. Esto, gracias a que 132 convencionales tanto de derecha como socialistas, frenteamplistas, incluso el PC (Bárbara Sepúlveda) y las feministas (Alondra Carrillo, Janis Meneses y otras) votaron a favor por mantener la propiedad privada “en todas sus especies” y sobre toda clase de bienes”. Entonces no es una contradicción con la consigna levantada por la Coordinadora 8M del “deseo de una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad”.
En síntesis toda la política defendida por estos sectores no son más que el marco regulatorio establecido por la ONU. El plan estratégico de una organización que ha sido el instrumento de las potencias imperialistas para someter a los pueblos, cómplice del Apartheid en Palestina, responsable del envío de “Fuerzas de Paz” entre las cuales se encontraban tropas chilenas (enviadas por Bachelet); acusadas hoy de abusar sexualmente y embarazar niñas de apenas 11 años en Haití -The Washington Post y The New York Times-.
Por esta razón, nosotros creemos que debemos levantar una alternativa independiente de la clase trabajadora, porque sólo nuestra clase llevará a fondo un programa que reúna nuestras aspiraciones y asegure el desarrollo pleno de cada una de nosotras.
Nosotras vamos por todo: queremos la incorporación masiva de mujeres en todos los procesos productivos. A igual función, igual salario. Reconocimiento del trabajo intelectual y especializado para impulsar el desarrollo industrial y científico del país. Derecho al descanso, lactancia materna, asistencia económica en caso de incapacidad de trabajo. Que el desarrollo pleno de la mujer estén garantizados por el acceso a educación en todos sus niveles, sin ninguna restricción de género, procedencia nacional o social, bajo un currículo único y nacional. Remuneración durante el embarazo para que este no sea un impedimento en la prosecución de estudios. Fin a la esclavitud del trabajo doméstico y establecimiento de una Red Nacional de Labores Sociales Domésticas, garantizada por el Estado, que contemple construcción de salas cunas, guarderías infantiles, lavanderías colectivas, huertos y comedores populares en todas las poblaciones, comunas y barrios o en su defecto, ampliación de funcionamiento y raciones de los casinos de las escuelas de cada comuna, asequible a todos los miembros de la sociedad y bajo la planificación de un menú mínimo centralizado para el desarrollo saludable de la población. Raciones y casas de acogida transitorias para la mujer y sus hijos, que se desempeña en el trabajo agrícola temporal. Red de comités de autodefensa para combatir la violencia machista e Igualdad de derechos de la mujer dentro de cualquier rama de las fuerzas armadas.
Pero esto sólo será posible si construimos una organización que ponga la lucha de las mujeres y la lucha por el socialismo como un programa para disputar el poder para la clase trabajadora y poner fin a toda clase de privilegios.
