El lunes 23, el ministro Briones, de Hacienda, propuso al resto de los ministros rebajarse voluntariamente los sueldos en 30% para enviar una señal a la ciudadanía en medio de la pandemia del coronavirus. Invita a “empatizar” con la dura realidad que enfrentaremos miles de trabajadores independientes e informales, por la pérdida de fuentes de ingreso que ya está trayendo la crisis sanitaria.
Sería como una forma de experimentar el recorte en los salarios que sufren los trabajadores con derecho a seguro de cesantía, que durante el primer mes implica la reducción del 30%. Según Briones, su propuesta sería un símbolo, y en tiempos de crisis como la actual, los símbolos unen a los chilenos.
Esta actuación de circo barato es un verdadero insulto a los trabajadores. Los ministros perciben una renta bruta de hasta 9 millones 300 mil pesos. Una rebaja del 30% para un ministro, no puede compararse al brutal impacto que tiene para un trabajador recibir como seguro de cesantía un tercio menos de su ya miserable remuneración. Los ministros, y la mayoría de los altos funcionarios públicos tienen la vida asegurada, han sido miembros de directorios de empresas, tienen oficinas consultoras que venden asesorías por millones de pesos, o tienen sus propios negocios, como el ministro Walker, de Agricultura, que tiene derechos de aprovechamiento de agua por más de mil litros por segundo (El Mostrador, 11/10/2019) a través de varias sociedades y empresas.
Política del terror y negligencia
Mientras Mañalich lleva semanas diciendo que la situación en Chile no amerita una cuarentena porque estamos mejor preparados que Italia, el intendente Guevara repite una y otra vez que la aplicación de una cuarentena total en Stgo (que concentra el 70% de los contagios en las comunas de Las Condes o Vitacura) sería irresponsable pues cortaría la línea de abastecimiento. Sin embargo las palabras que más pronuncia en sus declaraciones son supermercados y farmacias, farmacias y supermercados. Allí están puestas todas sus preocupaciones.
Por otra parte, una grave situación se dio el lunes en la mañana, cuando al levantarse el toque de queda, MILES de trabajadores se encontraron sin locomoción colectiva y tuvieron que esperar, aglomerados y sin resguardo alguno en paraderos y estaciones del Metro, durante UNA HORA Y MEDIA, hasta que comenzaran los servicios; en un problema de “comunicación” que la ministra Hutt, de Transportes dijo que había que mejorar. Queda demostrado el grado de improvisación y negligencia del gobierno, cuya primera medida es sacar los milicos a las calles, sin una restricción sanitaria mayor que hacer cumplir.
Queda demostrado el principal interés que mueve al gobierno empresarial y corrupto del 6%: asegurar la gran propiedad privada y las ganancias de los patrones, a riesgo de la salud y la vida de los trabajadores. Es falso que el gobierno se esfuerza en proteger a los trabajadores.
Esta pandemia demuestra algo que no es nuevo, pero que la gravedad de la emergencia se encarga de desnudar: las profundas desigualdades tienen su origen en el sistema global que sostiene este orden de cosas, el capitalismo, en su fase superior neoliberal-imperialista. El trasfondo del actuar del gobierno, en Chile y en todos los países, donde las medidas sanitarias se retrasan para proteger la producción, donde los fondos públicos se destinan al salvataje de las grandes empresas en primer lugar, es el mismo, es la lucha de clases. Una minoría poderosa asegura su propia sobrevivencia y la mantención de sus privilegios a costa de una mayoría explotada y dividida.
Un verdadero plan sanitario de emergencia
Un plan de cuarentena total sanitaria pondría todos los recursos, públicos y privados centralizados bajo administración del Estado para asegurar la atención en salud de toda la población. Significa congelar precios de productos esenciales, castigar la especulación y el acaparamiento, condonar deudas de las personas, confiscar los recursos que se necesiten. Significa detener la producción innecesaria para enfrentar la crisis y mantener en máximas condiciones de protección y seguridad a todos los trabajadores de la salud, servicios de agua y energía, sistemas de soporte, transporte y almacenamiento de alimentos y medicinas, del campo, recolección y tratamiento de basura. Significa planificar y coordinar, por organismos estatales, turnos de emergencia para esos trabajadores que sostendrán el sistema esencial para la vida y resguardo del resto de la población. Significa sacar de las calles a cientos de miles de trabajadores de la construcción, del comercio y servicios secundarios, trabajadoras de casas particulares, de turismo y entretenimiento, etc; y así disminuir drásticamente las posibilidades de contagio y de colapso del sistema de salud.
Lo que necesitamos en este país, y en el mundo, es poner en primer lugar la necesidad de preservar la vida de la mayor cantidad posible de la población. La tecnología está, los recursos sobran; pero están en las manos más irresponsables y codiciosas: las de la burguesía, los dueños de los principales recursos y las empresas que rigen los destinos del planeta. Esperar que de allí puede surgir un plan que ayude no sólo a protegernos sino a corregir el rumbo de barbarie a que nos acercamos peligrosamente, es, condenarnos en vida a que nada cambie.
Esta crisis global demuestra la crisis final del capitalismo. Pone a la orden del día, la urgencia por construir una sociedad socialista, de la mano de la única clase que puede garantizarla, la clase trabajadora mundial.
