La situación en Chile del punto de vista de ataques en contra de los derechos humanos sobrepasó todos los límites racionales, es una situación de verdadero crimen en contra de la humanidad. La brutalidad y la violencia con que las tropas gubernamentales y los agentes del Estado chileno atacan a los manifestantes sorprenden incluso igual o más que las violentas dictaduras de todo el mundo.
El gobierno de Sebastián Piñera, un empresario que pertenece a una de las 7 familias más ricas del país y uno de los mayores responsables por las privatizaciones y aplicaciones de los planes neoliberales que llevaron al conjunto de la población a un endeudamiento brutal, pretende apagar las movilizaciones populares con unas pocas concesiones políticas y salariales (migajas), por ejemplo con un abono miserable al sueldo y con un plebiscito popular para abril de 2020 que busca ser el inicio de una Convención Constituyente que tendría elecciones en octubre y que quizás haga algún cambio en la Constitución de 1980 de la dictadura de Pinochet.
Pero el Pueblo chileno no lo acepta y continúan las protestas en las calles. Exigiendo que cualquier proceso constituyente que ocurra, sea sin Piñera, sin su gobierno corrupto y fraudulento, sin este parlamento, un proceso en el que como punto de partida se libere a los presos por luchar y que ellas/os puedan participar de la creación de una nueva constitución, porque en gran parte gracias a ellos y a su entrega en la defensa de la protesta, la revolución llegó a este punto. Si no se cumplen estas medidas básicas no habrá cambio en la constitución que valga la pena.
La violencia represiva y criminalización de la protesta
Piñera desencadena una de las más violentas represiones contra el pueblo, superior a la de muchas dictaduras. Los números sorprenden, pero no transmiten todo: El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): apunta 192 actos de acoso y violencia sexual contra manifestantes practicados por los agentes del Estado; 405 actos de torturas y otros tratos crueles y 787 actos de uso excesivo de fuerza.
Son 3.461 personas heridas por motivo de las manifestaciones, 357 con daños oculares por disparos de “balines”, balas de plomos con productos químicos tóxicos, 16 con estallidos oculares. En dos meses las fuerzas represivas de Piñera causaron más daños oculares que el ejército de Israel en los últimos cinco años en la Palestina. Y si consideramos desde 1990 hasta 2017, Chile tiene el 70% de los casos con daño ocular si lo comparamos a escala internacional.
Son más de 25 mil procesados en los enfrentamiento, entre ellos más de 2.000 en prisión preventiva, sin pruebas, con penas agravadas porque participaron de la protesta social por una sociedad más justa. Jóvenes de 15 a 18 años siendo condenados a penas de 10 años de cárcel por acusaciones de “picar o lanzar piedras o por incendiar casetas de peajes.” Hay más presos políticos en Chile que tiene las dictaduras de Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua o JOH en Honduras.
Para aumentar la represión Piñera continúa comprando más armas (bombas acústicas, tintura para identificar manifestantes; gas pimienta; vehículos tácticos; cartuchos antidisturbios), y está trayendo especialistas en represión de España (con experiencia en Cataluña) e Israel. Además de aumentar las penas para lo que llama “alteración de la orden público”.
Para completar el paquete crece la intimidación sobre los miembros de organizaciones de derechos humanos y abogados defensores de estos luchadores sociales que están recibiendo constantes amenazas de agresiones físicas y de muertes por parte de organizaciones paramilitares.
Fueron tan graves los hechos que no pudieron evitar aprobar una acusación constitucional en contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, así quedó imposibilitado de ejercer un cargo público por 5 años, debido a ser uno de los principales responsables por las violaciones de los derechos humanos del Estado durante las manifestaciones.
Organizaciones internacionales reconocen que en Chile se violan los DDHH
“Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos”. Así comienza el informe de Human Rights Watch (HRW) . Luego de dos semanas de visita para revisar las denuncias surgidas en las manifestaciones, la comitiva encabezada por José Miguel Vivanco dio a conocer su informe, en el que constata que la policía uniformada «utilizó la fuerza de manera excesiva» y sugiere que es necesario impulsar un cambio profundo en los protocolos de acción de la institución.El informe asegura que “existe evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes” y que “hay pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no”. En otro capítulo también se dio cuenta de las denuncias por maltratos, abuso sexual que afecta principalmente a mujeres y tortura por parte de uniformados a manifestantes.
Amnistía Internacional y luego la misma ONU tuvieron que reconocer en sus informes la situación grave que vive el pueblo chileno.
Por una campaña internacional en defensa del pueblo trabajador chileno y por la libertad a los presos por luchar
En este cuadro de represión brutal, el MIT presenta esta denuncia internacional y exige que las organizaciones ligadas a los trabajadores e entidades vinculadas a los derechos humanos se unan a una campaña internacional por:
- FUERA PIÑERA Y EL MINISTRO DE INTERIOR BLUMEL
- RECONOCIMIENTO Y LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
- CÁRCEL Y CASTIGO EJEMPLARES PARA TODOS LOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES A LOS DDHH, COMENZANDO POR PIÑERA, SIGUIENDO POR CHADWICK Y BLUMEL Y EL GENERAL DE CARABINEROS MARIO ROZAS
- POR UNA VERDADERA ASAMBLEA CONSTITUYENTE LIBRE DEMOCRÁTICA Y SOBERANA SIN PIÑERA Y SIN PRESOS POLÍTICOS
