por Comité Ejecutivo MIT
Después de más de 3 meses de negociaciones, la mayoría de los partidos del Congreso llegaron a un acuerdo para realizar un nuevo Proceso Constituyente. El nuevo “Acuerdo por la Paz”, llamado “Acuerdo por Chile”, fue firmado desde la UDI hasta el Partido Comunista, pasando por el RN, PS, DC, Frente Amplio y otros. Para que el Acuerdo entre en vigencia, deberá ser aprobado por el Congreso, donde se supone que esos partidos tendrían la mayoría para su aprobación.
Ese acuerdo dará inicio a un nuevo Proceso Constituyente, que será incluso más restringido que el primero, que ya tenía muchas trabas para realmente cambiar la situación del país. En el nuevo proceso, se conformará un Consejo Constitucional, compuesto por 50 constituyentes electos con los mismos criterios de los senadores y 24 expertos designados por el Congreso actual. Para empeorar aún más, tendrán como “árbitros” a 14 juristas que serán responsables de garantizar que la Nueva Constitución no salga de la cancha de los 12 puntos acordados entre los partidos. Si la anterior Convención Constitucional ya no tenía soberanía, ésta será prácticamente un brazo del Parlamento actual.
¿Quiénes serán los “expertos” y qué rol tendrán en el Consejo Constitucional?
Los 24 “expertos” que serán parte del Consejo serán designados por la Cámara y el Senado. Todavía no sabemos quiénes son, pero no hay dudas que serán representantes de centros de estudios o estudios de abogados del gran empresariado que manda en el país.
Esos “expertos” podrán vetar las normas constitucionales aprobadas por el Consejo si no están de acuerdo con ellas. Esta figura de personajes designados por el régimen nos recuerda la transición pactada de la dictadura, cuando Pinochet y los militares mantuvieron a 9 senadores designados como parte del “Acuerdo” de transición. Esos 9 senadores se mantuvieron hasta 2006 y fueron responsables de frenar hasta los más mínimos cambios durante toda la década de los 90 (aunque la propia Concertación no proponía en ese entonces cambios muy profundos, principalmente en relación al capitalismo neoliberal chileno).
Hoy, la existencia de esos 24 expertos demuestra que el régimen actual, que agonizaba después del 18 de octubre de 2019, se niega a morir y abrir espacio a nuevas instituciones y a cambios en la vida de la mayoría de la población.
¿Qué podemos esperar del nuevo Consejo Constitucional?
La respuesta es: nada. O peor, podemos esperar que la Nueva Constitución sea aún peor que la actual. El gran empresariado sin dudas hará una ofensiva para aumentar los niveles de explotación y destrucción ambiental que existen hoy. La aprobación del TPP11 por el Congreso ya muestra cuál es el camino que quieren seguir: aumentar los Tratados de Libre Comercio, la pérdida de derechos para los sindicatos y trabajadores, la liberalización de la economía, el saqueo de los bienes naturales como el cobre, el agua, etc. El litio es otro tema donde el gran empresariado quiere hacer cambios y para ello la Nueva Constitución es una gran oportunidad, ya que necesitan flexibilizar las leyes actuales para sacar el litio para alimentar el mercado mundial y enriquecerse.
Así, la clase trabajadora y el pueblo pobre, los millones que salimos a las calles desde el 18 de octubre, no podemos tener ninguna expectativa en el Nuevo Proceso Constituyente. Esto no significa que debemos estar de brazos cruzados. La clase trabajadora necesita organizarse y luchar. Sólo tomando nuestro futuro en nuestras propias manos será posible conquistar cambios.
Por una Asamblea Constituyente con plenos poderes, 100% electa, con independientes y pueblos originarios
Unas de las principales lecciones del Proceso Constituyente anterior e incluso de la Nueva Constitución que salió de él es que no existe ninguna posibilidad de cambiar Chile y solucionar los problemas sociales y ambientales si la clase trabajadora no toma el control de las riquezas que producimos y del poder político. Hoy nuestro país es controlado por 10 familias y algunas transnacionales, que se enriquecen con la sobreexplotación de la clase trabajadora y de la naturaleza. Sólo con lo que se llevan las grandes mineras privadas podríamos solucionar varios de los problemas sociales que tenemos hoy, como vivienda, salud y educación, como demostramos cuando propusimos la nacionalización del cobre en la Convención Constitucional, defendida en muchas intervenciones por nuestra compañera ex constituyente María Rivera.
Hoy queda más que evidente que el régimen político actual, totalmente al servicio del gran empresariado, no cambiará nada. Se aprovecharon de la victoria del Rechazo para mantener todo como está. Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista hoy no representan ninguna propuesta de cambio, por el contrario, están gobernando para el gran empresariado. Boric, con el apoyo del PC, hoy es quién militariza el territorio mapuche para que los dueños de las forestales, como Matte y Angelini, sigan ganando ríos de dinero con sus plantaciones de pinos y eucaliptus en territorio mapuche.
Ni los partidos de la derecha (incluidos los que no firmaron el acuerdo, como el Partido Republicano de Kast o el Partido de la Gente de Parisi), ni los de “centro”, como Amarillos por Chile o los de “izquierda” del régimen, son una alternativa de cambios para la mayoría de la población.
Por ello, es necesario que la clase trabajadora, los millones de activistas que salieron a las calles, nos reorganicemos. Debemos llegar a un acuerdo sobre 10 o 15 puntos esenciales para mejorar la vida de la población y movilizarnos, reconstruyendo las Asambleas Territoriales y Cabildos, recuperando el rol histórico de los sindicatos de organizar a la clase trabajadora con democracia y en lucha para acabar con la explotación.
La convocatoria de una Asamblea Constituyente con plenos poderes, 100% electa, con independientes y escaños reservados es necesaria para terminar con la Constitución de la dictadura, Lagos y Bachelet. Sin embargo, una AC verdaderamente libre y soberana sólo será posible bajo un gobierno de la clase trabajadora, o terminará siendo tutelada por el poder del gran empresariado.
Para fortalecer la organización de la clase trabajadora y los sectores populares necesitamos un plan de lucha unificado que ponga en el centro de las demandas inmediatas e históricas del pueblo trabajador.
¡Exijamos un aumento general de sueldos! Sueldo mínimo a 630 mil pesos ya!
¡Congelamiento de los precios de agua, luz, gas, transporte y alimentos!
¡Libertad inmediata a todos los presos políticos chilenos y mapuche!
¡Nacionalización del cobre con control de la clase trabajadora y las comunidades para solucionar las demandas sociales!
¡Desmilitarización del Wallmapu y devolución de todas las tierras al pueblo mapuche!
¡A organizar un plan de lucha de las organizaciones obreras, indígenas y populares por una Asamblea Constituyente con plenos poderes, 100% electa, con independientes y escaños reservados!
La realización completa de esas demandas solo será posible en un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo. ¡Abajo los partidos de los 30 años!
