por Roberto Monares, abogado de la Defensoría Popular y militante del MIT
El Plan Laboral fue el nombre que se le atribuyó a dos Decretos Ley encargados en 1978 por el dictador Augusto Pinochet a José Pinera, quien entre 1979 y 1981 ocupó el cargo de ministro del Trabajo y Previsión Social. El Plan Laboral sentó las bases del Chile neoliberal de los últimos 40 años: sindicatos atomizados sin derecho a huelga efectiva con un sistema de libre despido disfrazado en «necesidades de la empresa», más las AFP. En el 2020 Sebastián Piñera en el contexto de la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 promulga un paquete de medidas laborales conducentes a descargar la crisis sanitaria y económica sobre las y los trabajadores. Ley de Protección del empleo», suspensiones y despidos. Se tramita un proyecto para suspender las negociaciones colectivas y las huelgas de los sindicatos. La Dirección del Trabajo promueve el despido con inédito sistema de finiquitos para el trabajador por vía electrónica. En marzo la ley de Teletrabajo con jornadas diarias de 12 horas sin control. Es un paquete a la usanza de un Plan Laboral de 1979 de su hermano José Piñera. No obstante, el Chile de 1979 no es el mismo al del año 2020.
Para mantener a las utilidades de las empresas, la reciente ley de «protección de empleo» de Sebastián Piñera establece la suspensión de la remuneración de las y los trabajadores para acudir a los fondos del precario seguro de cesantía. La suspensión es automática en las empresas por decreto de cuarentena sanitaria por la emergencia de la propagación del coronavirus. Si las empresas están facultadas para seguir operando se crea el eufemismo del «pacto» con el trabajador. El propio Ministerio del Trabajo informa que entre el 8 y el 15 de abril, casi 57 mil empresas declararon sus intenciones de acorger a la nueva ley de suspensión del contrato de trabajo, lo que corresponde a casi 800 mil trabajadores (El Mercurio 18 de abril)! Y las principales empresas conocidas que utilizan este recurso son multinacionales como Burger King, H&M, Starbucks y más recientemente en el retail como Cencosud y Ripley. En el 2017 los grandes del retail Fallabella, Cencosud y Ripley tuvieron ganancias atribuibles por $1.101.037 millones (Diario Estrategia, 3 de abril 2018). Ripley por $834.586 millones, elevándose un 3,4% con relación al mismo lapso de 2018 (LaTercera, 30 agosto 2019). Dejar sin remuneraciones o reducirlas drásticamente al seguro de cesantía en periodo de crisis por pandemia incrementará las carencias de las familias empujando al trabajo informal y alejando toda posibilidad de un confinamiento adecuado para resguardo de la vida de los trabajadores y sus familias.
Lo cierto es que las diez familias más ricas de Chile reúnen el equivalente a la mitad del presupuesto nacional. Pero ante la necesidad de salvar vidas paralizando la económica no esencial por la propagación del COV-19 los capitalistas le declaran la guerra a los trabajadores para traspasar todo ese costo a los bolsillos y la vida de los trabajadores. Este y todo los gobiernos capitalistas no tomarán ninguna medida por fuera de la mirada de sus ganancias. En 1867 Carlos Marx en el primer volumen de su obra «El Capital» afirmaba: » El capital, no tienen en cuenta la salud y la duración de la vida del obrero, salvo cuando la sociedad lo obliga a tomarla en consideración. Al reclamo contra la atrofia física y espiritual, contra la muerte prematura y el tormento del trabajo excesivo, responde el capital: ¿Habría de atormentarnos ese tormento, cuando acrecienta nuestro placer (la ganancia)?» La enseñanza importante de Marx es que no se puede mejorar significativamente las condiciones de vida de los trabajadores bajo el régimen capitalista. Entonces, no se trata de un nuevo gobierno de derecha o otro de «izquierda». Ante la grave amenaza de la pandemia la disyuntiva es de morir en los lugares se encuentra o expropiar a los capitalistas para sobrevivir. El 18 de octubre del 2020 Chile despertó con millones en las calles en el inicio de la revolución chilena. Esto lo sabe Piñera y los empresarios que concuerdan que aun en estado de excepción la situación es frágil. No podríamos precisar con exactitud cuándo y en la forma que se volverán los cientos de miles en las calles en Chile. Sin embargo, tenemos certeza que los capitalistas impusieron una guerra social que está en curso contra la vida de las y los trabajadores. Y para enfrentar esta situación requeriremos estrategia y dirección política.
Desde el MIT rechazamos totalmente la Ley de Suspensión Laboral. La crisis la tienen que pagar los ricos, los que han saqueado, por siglos, nuestra riqueza y nuestro trabajo. Las grandes empresas deben garantizar el sueldo íntegro a todos los trabajadores. Todas las empresas que dicen no tener dinero deben ser obligadas a abrir sus libros de contabilidad. Las que no tengan caja deben ser estatizadas bajo control de sus propios trabajadores.
Además, defendemos la implementación de un impuesto inmediato a las 10 mayores fortunas del país para que podamos utilizar esa plata para garantizar una cuarentena digna a la mayoría de la clase trabajadora e invertir en la salud pública.
Sabemos que el gobierno de Piñera no va a hacer eso, porque es un representante de la burguesía chilena e internacional. Los trabajadores tenemos que reorganizar nuestras fuerzas, exigir de las direcciones sindicales, de la CUT y demás centrales sindicales que organicen la lucha por ese plan obrero y popular de emergencia.
