Son las 15h del miércoles 04 de mayo. En el patio del ex Congreso, donde sesiona la Convención Constitucional, se da una acalorada discusión. Decenas de personas la ven y la escuchan. En pocos minutos se iniciará la votación de normas muy importantes para la Nueva Constitución. El debate gira alrededor de dos normas: la que regula las eventuales expropiaciones que podrá hacer el Estado y la que establece la restitución de tierras y territorios indígenas.
Los convencionales Patricio Fernández Chadwick (Lista del Apruebo/Concertación), Ignacio Achurra (Frente Amplio) y Javier Fuchslocher (Independientes no Neutrales) chantajean a algunas convencionales de pueblos originarios e independientes.
El trío de la “Nueva Concertación” plantea que la única posibilidad de que ellos aprueben la norma de restitución de tierras, territorios y recursos a los pueblos indígenas es si estos, por su vez, apoyen su norma sobre expropiaciones.
La norma sobre expropiaciones en discusión plantea que en el caso de que el Estado expropie alguna propiedad, tierra o bien, este deberá pagar la indemnización por adelantado al propietario de dicho bien.
El clima es tenso. La mirada de las convencionales de pueblos originarios es de desesperanza y perplejidad. Las negociaciones y conversaciones seguirán en las horas siguientes.
Un gol para los pueblos originarios, 3 goles para los dueños del país
“Estamos entre la espada y la pared”, se escucha entre el sector de izquierda de los convencionales de pueblos originarios.
En pocas horas, el resultado de las negociaciones queda evidente. El artículo 20 sobre expropiaciones es aprobado, con votos de todos los colectivos de izquierda y de la mayoría de constituyentes de pueblos originarios (las excepciones son: Isabel Godoy, María Rivera, Elsa Labraña, Ivanna Olivares, Lisette Vergara y Camila Zárate). En seguida, se vota el artículo 21, sobre restitución de tierras, que también es aprobado, con votos del Frente Amplio, INN y Socialistas.
¿Cuáles son las consecuencias de los artículos aprobados?
El artículo sobre expropiaciones tendrá enormes consecuencias para el país. En primer lugar, el artículo es muy parecido al de la Constitución actual y a la de Pinochet, en relación a las expropiaciones. El hecho que el Estado tenga que pagar indemnizaciones por adelantado en caso de expropiaciones limita totalmente la posibilidad de expropiar empresas, tierras e incluso suelos urbanos. La consecuencia de ello es que prácticamente se cierran las puertas para la nacionalización de la gran minería del cobre, la expropiación de suelos para construcción de viviendas, la recuperación del agua poniendo fin a los derechos de aprovechamiento de agua y también a la propia restitución de tierras al pueblo mapuche.
Además de eso, esa norma legitima toda la usurpación realizada por las familias más ricas de Chile y las transnacionales desde la dictadura militar. Los grandes monopolios privados que existen hoy en Chile fueron construidos a partir de la usurpación de los territorios mapuche, la privatización de empresas estatales y el saqueo deliberado de bienes naturales como el agua y el cobre. Todo ello solo fue posible porque Chile estuvo 15 años bajo una violenta dictadura, que eliminó completamente la democracia para la clase trabajadora y los pueblos originarios. La dictadura estableció las bases jurídicas para el saqueo, inició la privatización de las empresas estatales y una profunda contrarreforma agraria. Todo esto fue profundizado posteriormente por los gobiernos democráticos de la ex Concertación y derecha.
Aprobar una norma que plantea el pago previo de indemnizaciones significa legitimar todo ese saqueo, ya que se reconoce que esas familias multimillonarias son dueñas legítimas de las tierras, del suelo, del agua y de las empresas, y que si queremos expropiarlas, debemos pagarles miles de millones de dólares de indemnizaciones, dinero que el Estado evidentemente no tiene.
Así, tal norma aprobada será una de las mayores trabas legales que existirán para solucionar los problemas del pueblo trabajador y también de los pueblos originarios. Esta norma va en el sentido contrario a la norma aprobada sobre restitución de territorios a los pueblos indígenas.
¿Triunfo? ¿Para quién?
La norma de pueblos originariosplantea que el Estado deberá establecer, en relación a las tierras, “instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general.”
Si bien esta norma es un avance en el papel, nadie garantiza que el Estado no demorará 10, 20 o 30 años en restituir algunas tierras. No se sabe cuáles serán esas tierras ni el mecanismo que adoptará el Estado para restituirlas. Hoy las empresas forestales son dueñas de más de 3 millones de hectáreas de tierras en el tradicional territorio mapuche. La norma aprobada deja totalmente abierta la posibilidad de que el Estado compre algunas de las tierras de las forestales, pagando el precio de mercado, para restituirlas a determinadas comunidades indígenas. No hay ninguna garantía de la restitución total de las tierras. Todo va a depender de los futuros gobiernos. Y lo hemos visto en los últimos 50 años es que esos gobiernos, sean de “izquierda” o de derecha, están al servicio de las familias dueñas del país, como las familias Matte y Angelini, las principales dueñas de empresas forestales.
Lamentable rol de los convencionales independientes y de pueblos originarios
Lamentamos el rol que han cumplido muchos de los convencionales independientes de izquierda, de los colectivos Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales y Coordinadora Plurinacional y también de pueblos originarios. Muchos de esos convencionales representan a sus territorios y pueblos y son depositarios de enorme confianza popular.
Por otro lado, el Partido Socialista, el Frente Amplio y los Independientes no Neutrales han cumplido un rol totalmente nefasto en la actual Convención Constitucional. A través de sus chantajes, están limitando las conquistas de esta Convención y dirigiendo los independientes hacia los espurios acuerdos que el pueblo siempre ha criticado en las calles. Están preparando un nuevo estallido social en algún tiempo más, ya que los profundos problemas de Chile no serán solucionados con los “parches” de la Nueva Constitución.
La Constitución que está siendo escrita, si bien contiene avances en algunos aspectos, como los derechos laborales, el aborto, etc., está manteniendo la estructura económica y política del país, que tendrá como consecuencia mantener el saqueo de Chile por las 10 familias chilenas más ricas y algunas transnacionales y bancos imperialistas.
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