Por Comité Central del MIT
El desempleo, la informalidad y la precarización laboral son problemas reales, pero no son nuevos ni coyunturales. La desocupación llegó al 9,4% en el trimestre marzo-mayo, uno de sus niveles más altos de los últimos cinco años; entre las mujeres alcanzó el 10,5%, mientras la ocupación informal llegó al 27%. Estas cifras muestran la profundidad de la crisis laboral: no faltan recursos, sino que están concentrados en los bancos, las mineras, las AFP, las Isapres y los grandes grupos económicos, mientras millones de trabajadores sostienen sus ganancias con salarios insuficientes, empleos inestables y derechos laborales debilitados.
El Gobierno y los empresarios utilizan esta crisis real para sacar una conclusión reaccionaria: frente al desempleo y la informalidad, no proponen crear empleos dignos ni garantizar derechos laborales efectivos, sino entregar mayor flexibilidad a los empresarios, imponer horarios más inciertos y profundizar la precarización.
El 30 de junio, el Gobierno de José Antonio Kast recibió el informe final de la llamada Mesa de Reactivación Laboral. Aunque se presenta como una instancia “técnica”, sus propuestas no son neutrales: expresan una orientación favorable a los intereses empresariales, que responsabiliza a los derechos laborales y a los supuestos “costos” del trabajo por la crisis del empleo.
La propuesta más grave busca extender el período utilizado para calcular el promedio de la jornada ordinaria. Actualmente, este cálculo puede realizarse sobre un ciclo de hasta cuatro semanas; la Mesa propone ampliarlo a 15 o incluso 52 semanas. Aunque formalmente mantiene el límite máximo de 52 horas semanales al sumar jornada ordinaria y extraordinaria, esta modificación permitiría que las empresas concentren jornadas extensas durante sus períodos de mayor actividad y las compensen posteriormente según sus propias necesidades.
Pero esta flexibilidad no nació con Kast. Fue introducida por la Ley de 40 Horas aprobada durante el gobierno de Gabriel Boric, producto de una negociación con el gran empresariado. La reducción ni siquiera fue inmediata: se estableció de manera gradual, pasando de 45 a 44 horas en 2024, a 42 horas en 2026 y llegando a las 40 horas recién en 2028.
Al mismo tiempo, la reforma permitió distribuir la jornada mediante promedios en ciclos de hasta cuatro semanas, autorizando semanas de mayor extensión y un máximo de 52 horas al sumar las horas extraordinarias. Aunque estas horas sean pagadas con recargo o compensadas, esta modalidad igualmente flexibilizó y precarizó la organización del tiempo de trabajo, subordinando la vida de los trabajadores a las necesidades de las empresas.
Kast toma esa puerta abierta por el progresismo y busca ampliarla radicalmente. La Mesa propone extender el período utilizado para calcular el promedio desde las actuales cuatro semanas hasta 15 o incluso 52 semanas. Así, una flexibilidad presentada por el gobierno de Boric como parte de una reducción gradual podría transformarse ahora en el mecanismo utilizado por Kast para concentrar jornadas extensas durante períodos mucho mayores.
A esto se suman otras propuestas del informe: facilitar las jornadas excepcionales, fortalecer la polifuncionalidad y evaluar la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio para los nuevos contratos. Paralelamente, el Gobierno anunció que busca avanzar en contratos por hora. En conjunto, estas medidas conforman una ofensiva destinada a reducir los costos laborales, aumentar la disponibilidad de los trabajadores y entregar mayor poder a los empresarios.
No estamos frente a una simple discusión técnica. Se trata de una reforma laboral encubierta. El Gobierno pretende utilizar el desempleo, la informalidad y la crisis económica como excusas para profundizar la precarización. Quieren que los trabajadores paguen la crisis con mayor flexibilidad, inestabilidad, incertidumbre horaria y peores condiciones de vida.
Kast, por tanto, no parte de cero. Esta ofensiva se apoya tanto en el régimen laboral heredado de la dictadura como en las reformas negociadas posteriormente por la ex Concertación y el gobierno del FA-PC. La actual oposición parlamentaria administró ese régimen y, mediante la Ley de 40 Horas, aceptó mecanismos de flexibilidad que hoy Kast pretende profundizar.
La actual oposición denuncia parcialmente los ataques de Kast, pero fue el propio gobierno del FA-PC el que negoció una reducción lenta y gradual, acompañada de concesiones destinadas a preservar la flexibilidad y la rentabilidad empresarial. Defendemos la reducción efectiva de la jornada laboral, pero rechazamos que el progresismo la haya aplicado tardíamente y mediante acuerdos que conservaron importantes mecanismos de flexibilidad patronal.
Esta ofensiva también se apoya en un régimen laboral donde la huelga efectiva está fuertemente limitada, la negociación colectiva continúa fragmentada y restringida principalmente a cada empresa, y la precarización ya se expresa mediante el subcontrato, la polifuncionalidad, los bajos salarios, la informalidad y la inestabilidad laboral.
La propuesta del Gobierno no busca “modernizar” el trabajo, sino reforzar el poder patronal. La extensión del período de cálculo de la jornada, los contratos por hora y el fortalecimiento de la polifuncionalidad permitirían que las empresas organicen el tiempo y las funciones de los trabajadores según sus necesidades, dejándolos con horarios más inciertos y menos control sobre sus propias vidas.
Este ataque afectaría especialmente a quienes trabajan en sectores sometidos a turnos, temporadas altas y precariedad extendida, como el comercio, la gastronomía, el turismo, la agricultura, la minería, los puertos, la educación, la salud y los servicios. Pero puede ser derrotado si organizamos una respuesta nacional.
Frente a esta ofensiva, no bastan las declaraciones parlamentarias ni podemos esperar las indicaciones negociadas entre cuatro paredes. Exigimos a la CUT, la Unión Portuaria, las federaciones mineras, el Colegio de Profesores, los sindicatos del sector público, las federaciones estudiantiles, las organizaciones de trabajadores precarizados y el movimiento de deudores del CAE que convoquen inmediatamente a asambleas en los sindicatos y lugares de trabajo, puertos, faenas mineras, escuelas, hospitales, universidades y territorios.
Necesitamos organizar una coordinación nacional de emergencia y un verdadero plan de lucha contra la reforma laboral encubierta y el conjunto del ajuste del Gobierno.
Nuestra respuesta debe levantar un programa claro al servicio de la clase trabajadora: rechazo a la extensión del período de cálculo de la jornada, a las semanas de hasta 52 horas, a los contratos por hora, al fortalecimiento de la polifuncionalidad y a la eliminación de la indemnización por años de servicio. Exigimos una reducción inmediata y efectiva de la jornada laboral, sin rebaja salarial ni flexibilidad patronal; el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados; el fin de la subcontratación y la polifuncionalidad; negociación colectiva por rama; derecho efectivo a huelga; estabilidad laboral, salarios dignos y paso a planta.
Si el Gobierno dice que no hay recursos, respondemos que los recursos existen. El problema es que se encuentran concentrados en manos de los bancos, las grandes mineras nacionales y extranjeras, las AFP, las Isapres, las forestales, las eléctricas, las concesionarias y los principales grupos económicos. Mientras millones de trabajadores enfrentan desempleo, salarios insuficientes y precarización, una minoría empresarial continúa apropiándose de la riqueza producida por el conjunto de la sociedad.
Por eso, exigimos el no pago de la deuda pública a los bancos, fondos de inversión y grandes capitalistas. Esos recursos deben destinarse a un plan nacional de creación de empleos, construcción de viviendas, fortalecimiento de la salud y la educación públicas, aumento de las pensiones y mejoramiento de los salarios. No aceptamos que se recorten derechos y servicios sociales para garantizar los negocios del capital financiero.
Planteamos la renacionalización del cobre y la nacionalización del litio, el agua, la energía y todos los recursos naturales estratégicos, sin indemnización a los grandes grupos económicos y bajo control de los trabajadores y las comunidades. La riqueza del país debe dejar de financiar las ganancias de las transnacionales y utilizarse para responder a las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares.
Estas medidas no pueden quedar bajo la administración de los mismos directorios empresariales y burocracias estatales que han permitido el saqueo. La gestión de los recursos estratégicos debe estar sometida al control democrático de sus trabajadores, las comunidades y los territorios afectados, como parte de una planificación económica orientada a satisfacer las necesidades sociales y proteger el medioambiente.
La tarea del momento es transformar la indignación en organización y la organización en lucha nacional. La clase trabajadora no puede esperar pasivamente a que el Congreso tramite nuevos ataques. Hay que derrotar esta reforma laboral encubierta en las calles, los sindicatos, las faenas, los puertos, las escuelas, las universidades y cada lugar de trabajo.
¡No a la reforma laboral encubierta de Kast!
¡Abajo las semanas de 52 horas, los contratos por hora y la flexibilidad patronal!
¡Por una reducción inmediata de la jornada laboral, sin rebaja salarial!
¡No al pago de la deuda pública a los grandes capitalistas!
¡Por la renacionalización del cobre y la nacionalización de nuestros recursos naturales bajo control de los trabajadores y las comunidades!
¡Por una coordinación nacional de trabajadores, estudiantes y sectores populares!
