por Tamara Norambuena
El 25 de abril del 2025, el Centro de Estudios Públicos realizó un Seminario Voces del CEP, que titularon bajo el nombre de Ajuste Fiscal: en la urgencia de lo posible. Este encuentro tuvo como expositoras a Javiera Martínez, Directora de Presupuesto y Ximena Rincón senadora (Partido Demócratas) entre otros y cuyo objetivo fue discutir las medidas de ajuste fiscal que se aprontan para este 2025.
El ajuste fiscal es una política de reducción del déficit fiscal, es decir, el recorte del gasto público para disminuir la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. En términos simples significa la reducción del gasto en áreas como educación, salud, vivienda, infraestructura, etc. ya que, en una economía capitalista, los déficits fiscales recurrentes conducen a un aumento de la deuda pública. Esto último significa que los gobiernos emiten distintos bonos o títulos de deuda que son comprados por distintas entidades nacionales y extranjeras, incluso inversores como los Fondos de Pensión.
Para nadie es un misterio que la deuda pública de Chile ha experimentado un crecimiento sostenido hasta hoy. Esto obligó a la utilización de fondos soberanos para pagarla. La deuda pública es uno de los mecanismos más eficaces en la acumulación capitalista para favorecer, como decía Marx, a la “moderna bancocracia”. Entonces, la disminución de la deuda pública a través del ajuste fiscal, se transforma en un instrumento de chantaje en época de elecciones porque implica que la clase trabajadora tendrá que apretar el cinturón; mientras la banca, los grupos económicos y los grandes consorcios, aseguran una tasa de ganancia.
Contrariamente a lo que los trabajadores pudiésemos pensar, la política de ajuste fiscal no es sólo parte del discurso de los candidatos en estas próximas elecciones, sino una realidad que ya ha comenzado a implementarse bajo el gobierno de Boric, de la ex Concertación, del Frente Amplio y el Partido Comunista. Javiera Martínez de la DIPRES fue enfática en recalcar
que varios servicios públicos como el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) o el SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor) ya recibieron ajustes específicos. También se implementará la medida de no reemplazo en el servicio público, que obligará a funcionarios públicos a jubilarse a los 75 años, quienes tendrán que cesar sus funciones sin remplazo; además de la Reforma al subsidio por incapacidad laboral (licencias médicas) a esto se sumaría la conformación de una comisión asesora de revisión y gasto público. Los trabajadores debemos tener claro, que la política de Ajuste fiscal es una continuidad de la política económica capitalista neoliberal en contra nuestra y de nuestras familias y que los grandes beneficiados seguirán siendo los grupos económicos, Holdings internacionales y la banca internacional, pues a ellos son traspasados grandes sumas, a través de la figura de subsidios, como sucedió bajo este gobierno con monto de $ 1,5 Billones traspasados a las Isapres, controladas por grupos como Unitedhealth Group (de propiedad norteamericana), BUPA Chile (British United Provident Association) y la Cámara Chilena de la Construcción. Y se preparan más subsidios, como el proyecto de ley a la tasa de interés a los créditos hipotecarios, es decir, ganancias aseguradas a la banca.
Pero ¿cómo se explica que el gasto fiscal aumentara, engrosando así la deuda pública, si continúan los mismos problemas estructurales en salud, educación, viviendas o pensiones? Si bien, el promedio de incremento en el gasto público durante el segundo mandato de Piñera fue del 4,96%, mientras que bajo el mandato de Boric ha sido de un 3,47%, en ambos casos, el foco del gasto público está en seguridad, porque lo que les interesa es proteger a toda costa la propiedad privada, no la nuestra, sino la del 1% más rico de Chile que concentra el 49,6% de la riqueza total del país. Esto genera una violencia social estructural y para ello el gobierno llegó a grandes acuerdos con la derecha como la Ley de infraestructura crítica, ley antiterrorista, ley anti-tomas, ley de cumplimiento tributario, que no tocó a las grandes fortunas y por lo tanto la recaudación no dio el financiamiento necesario para sostener el gasto público.
Chile es un país rico en recursos naturales. Si ponemos fin al saqueo y nacionalizamos la explotación, distribución y procesamiento del cobre, litio y tierras raras, bajo control de los trabajadores y con participación de las comunidades afectadas, podríamos industrializar el país; sólo entonces seguridad, educación, salud, vivienda y pensiones, serían garantizados sin necesidad de adquirir deuda pública.
En estas próximas elecciones, todos los candidatos apuntan al ajuste fiscal y los trabajadores necesitamos entrar en este debate con una salida independiente al gobierno y la derecha. Necesitamos una voz en el parlamento que denuncie estas políticas de ajuste para la clase trabajadora y de beneficio para las grandes fortunas. En estas próximas elecciones, necesitamos una voz de los trabajadores como un parlante que lleve adelante un programa con organización y lucha para que por fin Chile cambie. Por ello, desde el MIT estamos recolectando firmas para inscribir la candidatura independiente a diputada de nuestra compañera María Rivera por el Distrito 8 (Maipú, Quilicura, Cerrillos, Pudahuel, Colina, Til Til, Lampa, Estación Central).
