Acaba de aprobarse en el congreso el polémico proyecto de “aula segura”. El motivo de esta nota es expresar la posición del Movimiento Internacional de los Trabajadores “MIT” en relación a esta nueva ley, que desde ya podemos asegurar que tal como están las cosas, está lejos de terminar con los problemas de las escuelas o liceos de Santiago.-
Sebastián Piñera dice que es una ley “necesaria para que la violencia salga y la calidad vuelva a nuestras aulas, salas de clases y escuelas en beneficio de la calidad de la educación”, Pero lo que no dice es que este proyecto no busca acabar con la violencia ni aumentar la calidad en la educación secundaria, sino que tiene el objetivo de criminalizar la organización estudiantil y el derecho a la protesta.
El grueso del proyecto de aula segura – o más bien jaula segura- es el de regularizar los procesos de expulsión en las escuelas. Se faculta a los directores de los establecimientos a que puedan realizar expulsiones contra los miembros de la comunidad escolar que afecten “la convivencia escolar” con conductas graves o gravísimas según el reglamento interno de cada establecimiento, pueden ir desde agresiones o abusos hasta hechos de violencia extrema.
¿Qué hay de nuevo en eso?
Podemos decir que lo nuevo es que se viene a formalizar la política que se ha llevado a cabo desde hace más de una década por todos y cada uno de los gobiernos de turno, o acaso Sebastián Piñera no sabe que ya en el 2015 hubo 1,3 estudiantes expulsados por día? Y desde el 2011 han sido expulsados, suspendidos, denunciados, querellados y por cierto detenidos debiendo pasar por golpes, torturas, abusos sexuales y un largo etc. por haberse manifestado en favor de sus derechos? Y que a pesar de ello no han logrado derrotar la movilización.
Estamos por terminar el año y las acciones de protestas no paran, así como no paran los intentos del gobierno de Piñera que apoyada por todos los medios de comunicación intentan convencer a todo Chile que el problema de la educación son los estudiantes y con mayor razón los encapuchados, los del overol, los de la molotov, aunque sean un sector minoritario que muchas veces no representa al Movimiento estudiantil.
¿SON LOS ENCAPUCHADOS EL PROBLEMA?
Con la misma energía decimos que si bien no concordamos con las acciones de los llamados encapuchados porque consideramos que los aísla del movimiento estudiantil y le entregan en bandeja un espacio al gobierno para reprimir con más fuerza, decimos que ante la criminalización los defendemos y denunciaremos la persecución y estigmatización que realiza el gobierno y los medios de comunicación en su contra y creemos que el gran problema de la educación por supuesto que no son ellos, y el verdadero problema de la educación es que ésta se ha convertido en un bien de consumo, donde los hijos de los trabajadores son los más perjudicados por que estudian hacinados, en edificios antiguos sin mantención necesaria, con docentes que reciben salarios tan bajos que aunque quieran no logran responder a las necesidades porque no tienen condiciones ante tanta explotación, represión y persecución de parte de las autoridades también a ellos.
Los liceos se han convertido en una pesadilla para los gobiernos pasados y presente, los estudiantes ya hicieron la experiencia, ya no creen en las promesas y esperamos que no se detengan, y sigan exigiendo sus derechos.
Tanto los estudiantes, los profesores y los apoderados que se movilizan están sufriendo desde hace mucho tiempo una gran persecución de parte del gobierno y alcaldes apoyados en el trabajo de la prensa y la televisión que juegan el rol de convencer a todo Chile de que los estudiantes son terroristas.
Por desgracia los políticos especialmente la derecha se cuelgan de los encapuchados, y aunque es un sector minoritario se generaliza a todo el movimiento, criminalizando así a cualquier estudiante que proteste.
Aula Segura: una ley que criminaliza la lucha
Como ya dijimos innumerables estudiantes han sido criminalizados dentro de sus liceos y ante la justicia desde el año 2011. El gobierno de Bachelet no logró frenar la movilización ni el descontento en los colegios. Hoy con el apoyo de la mayoría del Parlamento, Piñera ha entregado carta blanca a los directores de los colegios para que redacten “los reglamentos internos” de cada establecimiento, tal código penal, con el objeto de convertir en delito cada acto de rebeldía o protesta que algún estudiante realice, cualquier proceso de movilización, asambleas, marchas, paralizaciones y tomas, o cualquier forma de expresar molestias, exigir derechos o denunciar vulneraciones pasarán a ser sin lugar a dudas delitos que serán condenados con la expulsión.
A pesar de ello, creemos que las movilizaciones seguirán estando vivas por la sencilla razón que ni este ni ningún gobierno podrá resolver el problema de la educación, ni de la salud, ni de la vivienda, ni terminará con el robo de las AFPs porque no tiene como objetivo terminarlo.
Los gobiernos, los empresarios y sus gerentes, acompañados de los parlamentarios quieren mantener las cosas como están y para eso dictan leyes como “Aula Segura” porque para seguir engordando sus cuentas bancarias y manteniendo su poder necesitan a los estudiantes y los trabajadores obedientes y serviles. Es por estos motivos que todos los estudiantes y sus familias, los sindicatos y organizaciones políticas y sociales debemos rechazar esta ley con mucha energía, no debemos aceptar más ataques a nuestra clase.
¿CÚAL ES LA SALIDA?
La única posibilidad que tenemos de mejorar la educación es que ésta sea estatal y que esté en manos de los mismos trabajadores de la Educación, solo junto a los centros de estudiantes y sus organizaciones son quienes conocen las necesidades de los estudiantes.
Para conseguirlo todos juntos debemos dar una lucha que logre inyectar los recursos necesarios para la educación de los hijos de los trabajadores. Plata hay sin duda, el cobre aporta millones de pesos a un ejército que se ha especializado en “Milico Gates”, ¡no necesitamos al ejército! ¡Ni un peso a los milicos! la plata del cobre “debe ser para la educación”, solo así se podrá garantizar una educación de calidad, en la que haya menos alumnos por sala y más profesores para atender el desarrollo de los estudiantes, mejor infraestructura y más profesionales de apoyo pedagógico. Así se elimina la violencia en las escuelas, combatiendo el problema de raíz, y no criminalizando a los estudiantes como hace el gobierno de Piñera.