Entre bombos y platillos, por cadena nacional, el gobierno presentó su propuesta de Reforma Previsional, la que según el discurso de Piñera significa un enorme esfuerzo para mejorar las pensiones de miseria que reciben casi un millón y medio de jubilados en el país. Si es aprobada por el parlamento, en dos años más, la reforma estaría plenamente en marcha en el año 2030. Por lo tanto, en el 2020 comenzarían los cambios graduales que supuestamente van a mejorar las pensiones de quienes hoy reciben entre 90 mil y 150 mil pesos de jubilación. La primera pregunta que surge es, ¿cuántos de los chilenos actualmente pensionados en ese tramo de jubilaciones (principalmente mujeres dueñas de casa, pensionados por invalidez y trabajadores informales) seguirán vivos en diez años para beneficiarse de esta reforma?
Esta “mega” reforma no corrige la miseria; es más bien una burla a todos los trabajadores que producen la riqueza del país y que es concentrada en unas pocas familias poderosas.
El presidente de la Asociación de las AFPs (Andrés Santa Cruz, acérrimo defensor de Pinochet) declaró contento que el anuncio va en la dirección correcta, y con razón, porque la propuesta mantiene el negocio de las AFP y lo fortalece con el nuevo aporte del 4% a cargo de los empleadores que irá a una cuenta distinta de capitalización, por la que cada trabajador deberá pagar una comisión, y dará así otro empujoncito al negocio de las compañías de seguros, cajas de compensación, bancos y financieras.
Desde la vereda del frente, la Coordinadora NO+AFP protestó porque el gobierno no consideró la propuesta técnica del movimiento, apoyada por el plebiscito ciudadano del año pasado, por más de un millón de personas. En las últimas semanas, la Coordinadora impulsó movilizaciones y junto con la CUT intentaron convocar un Paro Nacional, que no tuvo grande adhesión de los trabajadores. La oposición indicó que es un cambio insuficiente, y retrocede en lo que había planteado el gobierno Bachelet.
Nosotros los trabajadores, ¿a quién le creemos?
Una breve explicación
En buenas cuentas lo que propone el gobierno es un nuevo asalto al bolsillo de los trabajadores y un generoso incentivo a los empresarios. El aporte por parte del empleador, en vez del 5% que proponía Bachelet, quedará en 4%, que aumentará gradualmente durante 10 años, dicen que para no afectar la creación de nuevos empleos. Desaparece la idea de la AFP estatal, presente en la propuesta de Bachelet, y en su reemplazo, Piñera incentivará la competencia entre los administradores de los fondos, que además de las AFP actuales podrán ser otros organismos privados, con o sin fines de lucro, como compañías de seguros, cajas de compensación, etc. Además, lo empresarios podrán incluir ese miserable aporte en sus costos, por lo que podrán pagar menos impuestos al Estado. Y como ellos nunca pierden, ya anunciaron que la reforma va a reducir entre 50 mil y 60 mil puestos de trabajo en los proximos años y que el sueldo mínimo también se verá afectado, ya que los empresarios deben resistir el impacto “negativo” de la reforma. Por otro lado, los analistas de gobierno también han anunciado el tremendo costo que tendrá para el Estado por el aumento del Pilar Solidario, que es el que cubre las pensiones de las dueñas de casa, por ejemplo. Lo que está detrás de todo ese discurso es bien claro: si los trabajadores queremos mejorar nuestras condiciones de vida, el costo lo pagaremos siempre nosotros, con despidos, cesantía, bajos sueldos y alzas de precios, porque a los empresarios y sus ganancias, no se los toca. Y no se los toca porque ellos crean empleos, aunque los trabajadores creamos la riqueza que ellos usurpan de nuestro trabajo.
Las AFP han demostrado ser un estupendo negocio que permite financiar, con el descuento mensual obligatorio del 10% de su sueldo de cada trabajador contratado, nuevas construcciones (como autopistas y puentes, centrales eléctricas, plantas de tratamiento de agua, estacionamientos, centros comerciales, plantas de celulosa, etc.) que cada uno de nosotros vuelve a pagar cuando usamos un servicio o producto. El jugoso saco de dinero al que todos aportamos para financiar los negocios de las empresas detrás de las AFPs es de 200 mil millones de dólares, dinero que podría ser aplicado para solucionar los graves problemas sociales del país – como la salud pública, la falta de viviendas, el transporte, la educación, etc.
Lo que Piñera no dijo en su discurso
El aporte del 4% de los empleadores que se implementará de forma gradual (en un plazo de 10 años) significaría un aumento del 40% en las pensiones de los trabajadores que posterguen su edad de jubilación en al menos 5 años. Piñera, al “ofrecer” esta oportunidad de mejorar las pensiones y mantenerse activo por más tiempo, no menciona las terribles condiciones laborales que viven más de la mitad de los trabajadores en el país: con un sueldo líquido menor a 400 lucas, con un transporte público malo y que está entre los más caros del mundo, con subcontrato que elimina derechos laborales y crea trabajadores de segunda y tercera categoría; en ambientes cargados de contaminantes como las minas de cobre, las empresas de Quintero y Puchuncaví o como la planta de Agrosuper en Doñihue en donde hace unas semanas murió un trabajador a causa de una fuga de amoníaco. Piñera no menciona que para ofrecer aumento en las pensiones, la patronal exige flexibilizar todavía más las condiciones laborales a tal punto de hacer retroceder las conquistas laborales a cien años atrás, a comienzos del siglo XX cuando no existían sindicatos ni código del trabajo. Su próxima Reforma, la Laboral, tratará de atacar los pocos derechos que quedan.
Los trabajadores ya viven explotados y en condiciones de riesgo, sus familias ya están sometidas al hacinamiento en “viviendas sociales” de 40 metros cuadrados, sus hijos ya están endeudados con una educación superior de dudosa calidad. La flexibilización los deja sin fuerza sindical para enfrentar a las empresas multirut que pueden protegerse a través de gigantescas asociaciones de empresarios como la SOFOFA, la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio), la SNA (Sociedad Nacional Agraria), la Cámara Chilena de la Construcción, etc. En esas macabras condiciones laborales, Piñera le ofrece a los trabajadores del país continuar trabajando por cinco años más de sus vidas, empeorando su salud, sacrificando su vida familiar por el embrutecimiento y cansancio de jornadas laborales de 10 o 12 horas, para “mejorar” la jubilación en 60 o 70 lucas.
Otro “olvido” en la reforma de Piñera es el escandaloso gasto fiscal en las pensiones de las fuerzas armadas, ese sector privilegiado de los funcionarios pagados por el Estado. Desde que se desatapó el secreto a voces de las millonarias jubilaciones de los altos cargos en Gendarmería, los trabajadores hemos conocido los jubilazos del Ejército, que favorecen no sólo a las viudas de exmilitares, sino también a condenados por casos de violación a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet y que actualmente cumplen su condena en la cárcel de lujo que es Punta Peuco. Según un estudio de Ciper Chile de enero de 2017, en total, son 38 procesados o condenados por delitos de derechos humanos o fraudes cuyas pensiones le cuestan al Estado $2.700 millones anuales. Entre ellos hay condenados por el Campo de Prisioneros de Pisagua, por el homicidio de cinco dirigentes del MIR, por la desaparición de 14 campesinos en Paine, por el asesinato de Víctor Jara, por el crimen contra Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana (caso Quemados), entre otros. También figuran entre los pensionados millonarios un médico coronel acusado de vigilar torturas y drogar a prisioneros todavía desaparecidos; secretarios privados de Pinochet condenados por malversación en el “Caso Riggs”; una decena de uniformados involucrados en corrupción como el “Caso Fragatas”, el “Caso Mirage” o el “Milicogate”; y hasta un capitán que se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile.
En contraste con la pensión por vejez promedio pagada por las AFP que es de $192 mil; Capredena y Dipreca (las cajas de las fuerzas armadas, Carabineros y Gendarmería) pagan en promedio $2 millones 300 mil a los oficiales en retiro y $975 mil a los rangos inferiores. Entre 2011-2015 este sistema privilegiado le significó al Estado un gasto de $3.800 millones de millones. Tanto privilegio por décadas, ha significado además que ese sistema entró en colapso, y para no rebajar esas pensiones millonarias el Estado aportó casi 1.800 millones de dólares por año. Sólo entre 2011-2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. La cifra equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación. Un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos) en contraste con el sistema de las AFP que atiende a un millón y medio de jubilados civiles. Las pensiones de las fuerzas armadas sólo son financiadas en un 5% con el ahorro individual del cotizante (“trabajador uniformado”), mientras que el 95% restante es costeado por el Estado. Gracias a este aporte, los funcionarios que cumplen 30 años de servicio se retiran con una jubilación equivalente al 100% de su último sueldo imponible y la mayoría de los veces son recontratados por sus mismas instituciones como asesores, docentes, etc; recibiendo mensualmente un sueldo que se suma a la jubilación, todo pagado por el Estado.
Los defensores de este sistema, argumentan el derecho a la pensión por “Inutilidad” que cubre a la mayoría de los pensionados uniformados que supuestamente sufren de una enfermedad que les impide seguir ejerciendo sus funciones. Un trato así de especial se debería dar a quienes verdaderamente trabajan en condiciones de alto riesgo durante toda su vida como los mineros, obreros y temporeros agrícolas en contacto con pesticidas, trabajadores de la construcción, pescadores y buzos artesanales, trabajadores de industrias petroquímicas, trabajadores de la educación sometidos a alta exigencia laboral, conductores de transporte público expuestos a situaciones de violencia, voluntarios de bomberos, etc.
El Paro de la CUT y nuestras tareas
Contra esa situación, la CUT y el movimiento NO + AFP convocaron un Paro Nacional para el 8 de noviembre. Según la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa, la convocatoria fue un éxito, movilizando a más de 500 mil personas en todo el país y más de 100 mil en Santiago. Creemos que esos datos son muy exagerados. En Santiago, a la marcha principal no asistieron más de 15 mil personas, concentrando principalmente a trabajadores del sector público, dirigentes sindicales del sector privado y jóvenes de los partidos de la ex Nueva Mayoría. Es evidente que la CUT (dirigida por el PC) hoy llama a alianzas con la Coordinadora NO + AFP y a Paros nacionales porque quiere canalizar la oposición al gobierno de Piñera. Mientras el Partido Comunista fue parte del gobierno de Bachelet, sus convocatorias a movilización, cuando existían, eran para apoyar a los proyectos de Bachelet como la reforma laboral. La CUT no tiene la intención de organizar un verdadero Paro General en el país. Si así fuera, empezaría a prepararlo con meses de anticipación y pondría todos sus esfuerzos y principales dirigentes en esa tarea para organizarlo desde abajo, hablando con los miles de dirigentes sindicales mineros, forestales, portuarios, del sector de servicios y haciendo una fuerte agitación entre los trabajadores.
Los trabajadores, por lo tanto, no pueden esperar que la dirección de la CUT se ponga a la cabeza de nuestra lucha. Desde los sindicatos y organizaciones territoriales tenemos que llevar el máximo de información a los trabajadores y trabajadoras, demostrando que ese sistema de AFP no nos sirve y que el gobierno de Piñera (igual que los que lo antecedieron) solo gobierna para los empresarios y poderosos. Que es necesario organizarnos, presionar a las direcciones sindicales, las direcciones de las Federaciones, Confederaciones y de la CUT, que convoquen y garanticen una Huelga General de verdad, que logre parar el país para decir basta a las AFPs y recuperar nuestros derechos. No hay otra forma de conquistar lo que queremos. El Frente Amplio y la Coordinadora NO + AFP hoy quieren llevar las demandas de los trabajadores contra las AFPs al Parlamento. Nosotros tenemos claro que el Parlamento representa los intereses de los grandes empresarios y dueños de las AFPs, no de la clase trabajadora. No podemos depositar ninguna confianza en este Parlamento y en las direcciones que nos intentan llevar a un callejón sin salida. Nuestra única confianza debe estar en la clase trabajadora organizada.
