La Convención Constitucional viene funcionando a todo vapor. Estamos a meses del término del plazo para que los Constituyentes redacten una Nueva Constitución. El plazo establecido en la Ley 21.200 (Acuerdo por la Paz) es de máximo 12 meses y terminará el 4 de julio.
En la actual etapa de discusión, las Comisiones temáticas están debatiendo y votando las primeras normas constitucionales (por 50% + 1 de los votos), que después deben ser aprobadas en el Pleno por ⅔ (103 votos a favor). Las primeras normas constitucionales ya fueron aprobadas por el Pleno. Las normas rechazadas vuelven a las Comisiones para debate.
En los últimos meses varias votaciones en las Comisiones llamaron la atención y desencadenaron duros ataques del gran empresariado y sus representantes (políticos, periodistas, intelectuales) hacia los constituyentes. Aquí queremos mencionar cuatro Iniciativas que fueron aprobadas en la Comisión de Medioambiente, Bienes Naturales y Sistema Económico, las que se encuentran entre las que generaron más revuelo.
La primera iniciativa importante fue propuesta por la constituyente Natividad Llanquileo y otros, y plantea el derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio y sus recursos y bienes naturales. La iniciativa propone la devolución de las tierras que tradicionalmente hayan ocupado los pueblos originarios. Se formará una Comisión especial, plurinacional y paritaria encargada del catastro y devolución de las tierras, con autorización de la Conadi. La norma también plantea la nulidad de todas las concesiones mineras, forestales, megaproyectos de energía eléctrica y otras que hayan sido otorgados sin consentimiento de las Comunidades que habitan esos territorios.
Esa iniciativa fue duramente atacada por el gran empresariado. En palabras de uno de los constituyentes de derecha en la Comisión, Roberto Fontaine, la iniciativa es totalmente “descabellada”. Ya veremos otros creativos adjetivos usados por los representantes de los dueños del país para hablar contra las demandas populares.
La segunda iniciativa muy comentada fue la que Deroga el actual Código de Aguas, haciendo caducar los Derechos de Aprovechamiento de Aguas, incluso sin indemnizaciones, en el caso de la minería, empresas forestales, agroindustria, empresas sanitarias y cualquier industria que haya hecho uso intensivo. Esa norma fue presentada por Isabel Godoy y otros/as. La norma también plantea que los usos de agua serán redistribuidos en el plazo de 2 años de acuerdo con la Nueva Constitución, tomando como prioridad la mantención de los ciclos naturales, la preservación de los ecosistemas y la subsistencia y bienestar de las personas.
Tal norma también generó una fuerte reacción del empresariado, en particular del sector agrícola. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes Marín, se refirió a la aprobación de la norma como una “pésima noticia”, diciendo que tal propuesta podría afectar a más de 100 mil agricultores.
La tercera y más atacada fue la Iniciativa propuesta por Ivanna Olivares, con apoyo de nuestra compañera María Rivera y otros constituyentes. Esa iniciativa plantea la Nacionalización de las empresas de la Gran Minería del cobre, litio y otros bienes estratégicos. Tal iniciativa fue trabajada a partir de la Iniciativa Popular de Norma redactada por varias organizaciones, entre ellas el MIT.
La propuesta de nacionalización fue aprobada en la Comisión con 11 votos a favor (de los 19 convencionales) y posteriormente fue ampliamente atacada por el empresariado. Bernardo Fontaine, el creativo defensor de los dueños del país, dijo que la Convención entró en “Fantasilandia”. Ya Pablo Toloza, de la UDI, dijo que era la cosa más “loca” que había visto en la Convención. A su vez, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, dijo que esa norma era una “barbaridad”. Esos adjetivos no nos deben sorprender. Hace pocos años vimos como Cecilia Morel, esposa de Piñera, calificaba las manifestaciones populares como una “invasión alienígena”. Otras normas relacionadas a la Nacionalización del Cobre fueron aprobadas en las últimas semanas, incluida la Iniciativa Popular de Norma, que contó con más de 24 mil firmas populares.
Otra iniciativa polémica es la que propone que el Estado chileno revise y se retire de todos los Tratados de Libre Comercio que vayan contra la soberanía popular. También plantea una serie de mecanismos democráticos para que la población pueda informarse y decidir la aceptación o no de un TLC. De la misma forma, se prohíbe la utilización de Tribunales internacionales para resolver controversias y propone la salida de Chile del CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el principal “tribunal” internacional que protege las inversiones extranjeras en detrimento de los Estados nacionales.
Las artimañas del empresariado: el interés particular presentado como interés general
Además de las descalificaciones, el gran empresariado ha utilizado una táctica constante para atacar las demandas populares y las iniciativas de norma que proponen cambios profundos en el país. Su táctica es sencilla: presentar sus intereses particulares como si fuesen intereses de toda la población. Así, dicen que la nacionalización de la gran minería quebrará el país debido a las altas indemnizaciones que tendremos que pagar, o que desprivatizar el agua significaría perjudicar a más de 100 mil agricultores y generar hambre, ya que eso destruiría la producción de alimentos. Y así siguen con sus descalificaciones.
Esa táctica no es nueva. La burguesía siempre la ha utilizado para defender sus intereses. A través de sus medios de comunicación, difunden esas mentiras para generar desinformación y miedo en la población. Con ello buscan que todos pensemos que al atacar sus privilegios y sus intereses, estaremos atacando los intereses de toda la población.
Un paso adelante, “dos tercios” atrás
Todas las normas aprobadas por las Comisiones deberán ser aprobadas o rechazadas por el Pleno de la Convención. El mayor problema es que en el Pleno, esas normas requieren la aprobación de ⅔ de los constituyentes, o sea, una mayoría de 103 votos.
Ese quórum es una de las principales trabas impuestas por el Acuerdo por la Paz a la Convención. Con ese “pacto”, el gran empresariado sabía que, incluso teniendo la minoría de los representantes, podría mantener el grueso de sus intereses intactos. Eso es lo que va a pasar ahora. Así, con la necesidad de aprobación por ⅔ y un tiempo muy acotado para el debate y votaciones, toda la presión es para que los constituyentes lleguen a “grandes acuerdos”.
¿Cuál es el problema de los “amplios acuerdos” para llegar a los ⅔ y cumplir los plazos? El problema es que los términos de esos acuerdos serán puestos por la alianza Frente Amplio-PS-PC, o sea, por el gobierno Boric, que está haciendo pactos con el gran empresariado. Lo que estamos viendo es la gestación de una Nueva Concertación Social, ahora apoyada en una Convención Constitucional que fue generada a partir de la protesta popular, pero que tiene enormes trabas para cumplir un rol histórico de transformación profunda del capitalismo chileno.
Evidentemente nada de eso será simple ni fácil, porque existe un enorme descontento popular que sigue vivo. La gran mayoría de la población quiere cambios reales en salud, educación, derechos laborales, acceso al agua, etc. La gente está cansada de promesas y no se conformará con un nuevo texto Constitucional y un par de “lucas” más.
Es importante que la clase trabajadora tenga la comprensión de lo que está pasando y de lo que va a pasar en los próximos meses. En la Convención Constitucional, la tendencia es que las negociaciones entre los partidos políticos y constituyentes independientes primen por sobre las demandas populares. La democracia de la “Participación Popular” probablemente será aplastada por la cocina, como siempre ha pasado en el Parlamento, si no cambiamos ese rumbo. Por esto, valoramos enormemente el Manifiesto publicado por un grupo de Convencionales (que sigue) para convocar la movilización social, rechazar la cocina de los partidos y presionar a la Convención para apoyar las demandas populares.
