Entienda las propuestas relacionadas a la Minería que serán votadas por la Convención Constitucional

Esta semana la Comisión de Medioambiente votará en particular (cada uno de sus artículos) todas las normas relacionadas a los bienes minerales, incluidos el cobre y el litio. En relación a la Gran Minería, identificamos 4 bloques de propuestas:

Derecha: Mantener las concesiones a la gran minería privada tal como existen hoy. Estas propuestas fueron rechazadas por la Comisión y no serán votadas en particular (aunque pueden volver a surgir a través de indicaciones);

PS/FA/INN: Cambiar el modelo de concesiones y poner más regulaciones a la gran minería. Propuesta aprobada por la Comisión;

PC y Confederación de Trabajadores del Cobre / Isabel Godoy y otros: Chilenización del cobre o Nacionalización. Aprobadas por la Comisión;

Iniciativa Popular (MIT/Sindicato Interempresa de la Minería – SIM/Comité Defensa del Cobre y otros) e independientes de izquierda: Nacionalizar las empresas de la Gran minería – Aprobadas por la Comisión.

Comentaremos de forma sucinta los 3 últimos bloques, que fueron aprobados por la Comisión. Todas las propuestas pueden ser revisadas aquí, a partir de la pagina 56.

1. La propuesta del FA/PS/INN (ICC 430-5)

Esta propuesta plantea que los bienes minerales y depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos sean de “dominio público” y que se mantengan las concesiones de ciertos minerales, como el cobre (las excepciones serían el litio e hidrocarburos):

“[…] serán objeto de concesiones, exceptuados el litio, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos y aquellas sustancias situadas en zonas que la Constitución y la ley establezcan como de importancia para el interés nacional o la preservación de la Naturaleza”

El mecanismo de las concesiones cambiaría. Hoy, estas son realizadas a través de concesiones judiciales. Según esta propuesta, pasarían a ser realizadas a través de concesiones administrativas:

“Las concesiones mineras se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento administrativo transparente e informado a la ciudadanía y en los términos y condiciones que establezca la ley, con el fin de satisfacer el interés público y local que justifica su otorgamiento.

Será de competencia exclusiva de un órgano estatal la evaluación, otorgamiento, revisión, caducidad y extinción de las concesiones mineras, así como el seguimiento del cumplimiento de las concesiones otorgadas, tomando para ello los resguardos que sean necesarios.”

En relación a las áreas donde no será permitida la actividad minera, se plantea:

“Quedarán excluidas de toda actividad minera aquellas zonas que la Constitución y la ley defina como áreas protegidas, los glaciares, las turberas y pomponales, las zonas en que se interfiera con las aguas que dan nacimiento a una cuenca hidrográfica y aquellas en que la actividad requiera un traslado forzoso de la población.”

Como medidas transitorias (ICC 721-6), o sea, que deben ser implementadas luego de la promulgación de la Constitución, se plantea extinguir las propiedades sobre las concesiones actuales e iniciar un proceso de adecuación de las empresas mineras a la nueva legislación, que podrá durar hasta 7 años como máximo. Todas las nuevas concesiones deberán ser revisadas por una Comisión, creada para ese fin, de acuerdo a los nuevos criterios ambientales, daños provocados a la naturaleza, etc. En el plazo de 3 años los poderes ejecutivo y legislativo deberán aprobar la nueva legislación minera.

¿Qué podemos decir entonces de esta propuesta?

1 – Mantiene la posibilidad de concesiones a la Gran Minería privada, en particular del cobre, la mayor riqueza producida en nuestro país. Esto significa seguir permitiendo que las transnacionales y algunas familias chilenas, como la familia Luksic, dueña de Antofagasta Minerals, se lleven más de 20 mil millones de dólares anuales a sus bolsillos, dinero que podría ser invertido en derechos sociales, recuperación de la naturaleza y cambio del modelo productivo;

2 – Se cambia el mecanismo de concesiones, lo que podría permitir la revisión de las concesiones actuales y restringir la actividad minera de acuerdo a las nuevas reglas ambientales. Este punto en particular ha generado “incertidumbre” en las grandes mineras. Ver este artículo.

2 – Chilenalización o nacionalización

• La propuesta de Isabel Godoy y otros escaños reservados (ICC 882-5)

Otra propuesta que mantiene la posibilidad de que siga existiendo la Gran Minería Privada, pero en cooperación con el Estado, es la de Isabel Godoy (ICC 882-5). Esta propuesta plantea extinguir las concesiones actuales, pero mantiene la puerta abierta al sector privado:

“La exploración y explotación de los mismos se podrá realizar por el Estado, por sus empresas estatales o regionales, o por el Estado en conjunto con particulares en la forma que determine la ley.”

La norma transitoria plantea:

“Déjese sin efecto todas las concesiones mineras otorgadas bajo la vigencia de los códigos de minería de 1932 y 1983. […]

Para el efecto de hacer cumplir las normas permanentes de la constitución relacionadas con la explotación minera y las mineras privadas existentes en el país, existirá un periodo de transición a fin de que el traspaso se efectúe al Estado o bien que el Estado participe de la Compañía en una posición no inferior al cincuenta y un porciento del control de la Compañía.

El proceso comenzará en la medida que cada una de las mineras de propiedad privada vayan renovando sus resoluciones de calificación ambiental. Al momento de renovar su permiso ambiental, deberán ajustarse a las nuevas normativas y estándares ambientales fijados. Junto con ello se iniciará un proceso de incorporación de pleno derecho en el cual el Estado participará a través de él mismo o de sus empresas estatales o regionales de la propiedad de la Compañía. Este proceso de incorporación de la participación mayoritaria del Estado en la propiedad de las distintas mineras privadas no podrá exceder de 10 años contados desde la entrada en vigencia de la Constitución.”

• La propuesta de la CTC/PC (ICC 527-5)

La propuesta del CTC/PC va en el mismo sentido de la propuesta de Godoy, planteando, como mínimo, la “chilenización” del cobre, litio y otros minerales, o sea, la explotación por el Estado o por empresas con participación del Estado como controlador.

“La exploración, la explotación o el beneficio de los recursos naturales o bienes estratégicos tales como la gran minería del cobre, los hidrocarburos, el litio y todos aquellos definidos por ley, sólo podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas en las que tenga una participación como controlador.

Con fines de socialización y según el interés general, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva. La ley que establezca la socialización de los bienes, deberá establecer el modo y el monto de la indemnización, para lo que tendrá en cuenta tanto los intereses de la comunidad como de los afectados.”

Esta norma no plantea directamente la nacionalización de las empresas de la gran minería. Con esta propuesta, el Estado podría comprar acciones de las empresas privadas y transformarse en accionista mayoritario o controlador, manteniendo el sector privado. Este proceso sería similar al realizado por Eduardo Frei Montalva, la llamada “chilenización” del cobre, donde el Estado chileno compró acciones de las mayores mineras (El Teniente 51%, Minera Andina 30%, Minera Exótica 25% y posteriormente Chuquicamata y El Salvador) a cambio de enormes beneficios tributarios a esas empresas, lo que aumentó vertiginosamente las utilidades del sector privado en los años siguientes. Este proceso es muy distinto al realizado por Salvador Allende, donde las empresas fueron completamente nacionalizadas y se descontaron, del monto de las indemnizaciones, las rentabilidades excesivas obtenidas por las empresas.¹

Por último, la norma no plantea un periodo de tiempo para la implementación de tales medidas y deja al criterio de la Ley (Parlamento) el régimen de propiedad de los “recursos naturales” y “medios de producción”.

Las propuestas de nacionalización de las empresas de la gran minería

Por último, 3 propuestas plantean la nacionalización de las empresas de la Gran Minería, la Iniciativa Popular de Norma, que juntó más de 24 mil firmas y otras 2 propuestas, patrocinadas por Ivanna Olivares (ICC 270-5) y por Camila Zárate y ecologistas (ICC 873-5).

Todas estas propuestas proponen la nacionalización de empresas de la gran minería. Cada una de ellas presenta distintos matices sobre control de las empresas, financiamiento de derechos sociales con los excedentes (o no), restricciones a la minería en áreas protegidas, etc.

Desde nuestro punto de vista, la Iniciativa Popular de Norma original, la cual impulsamos desde el MIT, el SIM, el Comité en Defensa del Cobre, la constituyente María Rivera y otras agrupaciones, era la más completa en el sentido de cambiar la dependencia del país de la exportación de cobre y materias primas y generar condiciones para una administración democrática de esas empresas, utilizando sus excedentes para financiar los derechos sociales por los cuáles millones salimos a las calles (salud, educación, pensiones, vivienda, etc.). Varios de los artículos de nuestra propuesta fueron derrumbados en la Comisión y lo que fue aprobado es centralmente la nacionalización de las grandes empresas. Otro de los elementos importantes de esta norma es la posibilidad de descontar las rentabilidades excesivas que hayan obtenido las empresas mineras del monto final de las indemnizaciones, lo que significaría el ahorro de miles de millones de dólares al Estado chileno.

Las demás propuestas también tienen elementos progresivos, como la participación vinculante de las comunidades en las decisiones sobre la instalación de mineras o no en sus territorios y muchas restricciones ambientales que son fundamentales para la recuperación de la naturaleza.

Entienda las votaciones que se vienen

Todas esas iniciativas serán votadas, articulo por articulo, entre el jueves y viernes de esta semana. Las propuestas aprobadas serán sistematizadas en un Informe, junto a los demás temas de este bloque (agua, sanitarias, energía, etc.). Ese Informe será llevado al pleno (154 convencionales), donde se someterá a nueva votación.

Por lo que todo indica, los convencionales de la Comisión aprobarán un Informe con base a los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas (excluyendo la derecha), lo que se acercará mucho a la propuesta del Frente Amplio/INN/PS (la propuesta más moderada de cambios). Las propuestas relacionadas a la posibilidad de nacionalizar las empresas probablemente llegarán al pleno a través de indicaciones, o sea, propuestas de cambios al articulado que será presentado en el Informe. Esto será así, según argumentos del sector de izquierda de la Comisión, para que el Informe no corra el riesgo de ser rechazado de plano por el pleno y no tenga que volver a la Comisión. Esto significa que las propuestas que abren la posibilidad de nacionalizar las empresas probablemente no llegarán como una posición mayoritaria de la Comisión y sí como una posición de un sector de los constituyentes, lo que le quita peso político. Aún así, el tema probablemente deberá ser votado en el pleno.

Otra aclaración importante. Las normas que proponen la nacionalización inmediata (en plazo de 6 meses o 1 año) de la gran minería privada serán votadas por el pleno solamente en junio (si es que son admitidas), ya que son normas transitorias y no parte de las normas permanentes de la Constitución. Así, las votaciones que se llevarán a cabo en la Comisión y en el pleno en los próximos días y semanas abrirán solamente la posibilidad del Estado de nacionalizar las empresas mineras.

Desde el MIT convocamos a todas las trabajadores, trabajadores, juventud y comunidades a sumarse a la campaña por la nacionalización de las grandes empresas de la minería del cobre, litio, oro y demás bienes estratégicos.

1Chile y la nacionalización del cobre | Wall Street International Magazine (wsimag.com)