Por David Espinosa
En el contexto del estallido social y en los meses siguientes decenas de miles de personas fueron detenidas. En muchos casos, fueron detenidas solamente por llevar una bandera o manifestarse pacíficamente. Centenas de casos fueron publicados en redes sociales y quedó en evidencia que Carabineros y las Fuerzas Armadas tomaban detenidas a personas de forma indiscriminada.
Algunas centenas de esos detenidos fueron condenados o siguen en prisión preventiva. Según el gobierno de Piñera, en Chile no hay presos políticos, porque nadie está preso por sus ideas. Otros, como la candidata a gobernadora por el Frente Amplio en Santiago, Karina Oliva, dicen que algunos son presos políticos y otros no, planteando que solo los procesados por la Ley de Seguridad Interior del Estado deben ser liberados.
Aquí queremos responder a eso. No porque creemos que haya que responder a Piñera, un asesino y criminal que lo único que sabe hacer es mentir al pueblo. O porque creemos que podemos cambiar la opinión de Karina Oliva. Queremos responder a esa pregunta porque miles de trabajadores todavía están confundidos, y no saben si existen o no presos políticos en Chile.
Muchos de los actuales presos políticos están en prisión preventiva o fueron condenados por supuestos saqueos, quema de metros o edificios, daño a la propiedad privada o pública (destruir un torniquete) u homicidio frustrado contra policías. Nosotros creemos que todos esos supuestos delitos (que gran parte son montajes) son acciones políticas.
En primer lugar, porque esas acciones fueron realizadas en contextos de movilizaciones de masas y las masas en las calles las legitimaron. Después de décadas de protestas pacíficas, el pueblo entendió que solo podría ser escuchado si se manifestaba violentamente. Y esa violencia no partió del pueblo. Hay que recordar que por varias semanas antes del estallido los estudiantes fueron brutalmente reprimidos por Carabineros en los metros. ¿Y cuántas veces nuestras marchas pacíficas no fueron reprimidas? ¿Cuántos trabajadores y mapuche no murieron en manos del Estado? Pasamos décadas marchando pacíficamente y los gobiernos, de derecha o de la ex Concertación – Nueva Mayoría, nunca promovieron los cambios que el pueblo pedía: educación gratuita, mejor salud, mejores pensiones.
El pueblo explotó con indignación. Legítima indignación. Y que muchos hayan saqueado supermercados fueron acciones legítimas. Esas enormes cadenas que nos saquean todos los días están totalmente coludidas. Sus accionistas, las familias más ricas del país o transnacionales como Wal-Mart se llenan sus bolsillos pagando sueldos miserables a sus trabajadores y aumentando los precios a los consumidores. Los saqueos a supermercados fueron tan políticos que muchas veces los productos electrónicos eran quemados en las barricadas. Pero, aunque muchas personas hayan llevado los productos a sus casas, esas acciones fueron totalmente legítimas, ya que el Estado y el sistema capitalista condenan el pueblo a la pobreza y falta de perspectivas.
La quema de los metros también fue fruto de la indignación del pueblo contra todo el sistema, contra los políticos, contra las instituciones que se dicen públicas, pero son parte del saqueo, como el propio transporte “público”, que chupa el dinero de los trabajadores para terminar en los bolsillos de los grandes empresarios – en el caso del metro, pagando deudas a los grandes bancos como Banco de Chile, BBVA, Santander, etc.
Además de esas acciones, la autodefensa del pueblo fue y sigue siendo totalmente legítima. ¿Cuántas veces Fuerzas Especiales de Carabineros no trataron de disolver protestas pacíficas con guanacos, zorrillos, bombas lacrimógenas? Fueron más de 40 asesinados desde el estallido social, centenas tuvieron daños oculares y hasta hoy no tienen reparaciones. Jóvenes mutilados y torturados. La violencia principal viene del Estado. Que la juventud se defienda con piedras y bombas molotov es su derecho. Nadie debe aceptar ser masacrado o no poder manifestarse. El derecho de manifestación nunca fue garantizado. El propio presidente declaró la guerra al pueblo en cadena nacional. ¿Y que el pueblo se defienda no es una acción política totalmente legítima?
¿Por qué los que saquearon los supermercados en el contexto del estallido están presos y Carlos Delano y Carlos Lavín (del caso Penta), que saquearon millones, fueron condenados a hacer “clases de ética”? ¿Por qué los grandes empresarios que se coluden y corrompen a funcionarios públicos están sueltos y un joven que destruye un torniquete arriesga pasar décadas en la cárcel? Porque la justicia es una justicia de clase. Está en manos de los grandes empresarios, de los capitalistas. Por eso sus saqueadores están sueltos y nuestros jóvenes están presos.
En Chile hay centenas de presos y perseguidos políticos. En Chile existe una guerra social contra el pueblo hace por lo menos 5 décadas. Y parte de esa guerra es una guerra política, una guerra de un Estado que defiende a los grandes empresarios y transnacionales contra el pueblo. Y nuestros presos no son solo los del estallido social, son también los presos mapuche, los anarquistas, el comandante Ramiro, que han luchado por el pueblo. Todos son presos políticos y deben ser liberados por el pueblo en las calles. La futura Convención Constitucional, para que sea mínimamente democrática, debe empezar por votar una amnistía general inmediata y sin condiciones a todos los presos y presas políticos.
