Por Manuel Núñez, MIT
El gobierno de José Antonio Kast ha convertido la deuda educativa en una política de disciplinamiento social. Los embargos contra deudores del CAE no son un hecho aislado ni una simple medida administrativa: expresan la continuidad de un modelo que transformó el derecho a la educación en negocio bancario y que hoy pretende hacer pagar a miles de trabajadores y familias el costo de una política diseñada para beneficiar al capital financiero.
I. Los embargos de Kast: el Estado contra los deudores
Este 2026, el gobierno de José Antonio Kast ha iniciado una ofensiva judicial y administrativa contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). La Tesorería General de la República (TGR) ejecuta embargos de bienes y retiro de fondos desde cuentas bancarias, incluso sin orden judicial, bajo el argumento de que, una vez que el Estado paga al banco, la deuda se transforma en crédito fiscal.
Según datos citados por la prensa, el monto adeudado alcanza los cuatro billones de pesos, unos 4.400 millones de dólares, y afecta a cerca de 500.000 personas, una cifra que se ha multiplicado por ocho desde 2018. El gobierno ya ha concretado alrededor de 1.500 embargos y más de 30.000 deudores han renegociado sus pagos bajo amenaza.
Kast defendió la medida con una frase que revela una profunda desconexión con la realidad de millones de familias trabajadoras: “Aquella persona que solicitó un préstamo y no lo devolvió, pudiendo haberlo hecho, que piense en estos niños”, señaló, apuntando a la infancia de Tocopilla.
La ofensiva cuenta con respaldos judiciales importantes. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó por unanimidad cuatro recursos de protección de deudores, ratificando la legalidad del procedimiento al sostener que el crédito puede ser cobrado por la vía tributaria. La Corte Suprema, además, ha declarado inadmisibles más de 450 recursos de protección en esta materia.
Pero la justicia no ha sido uniforme. La Corte de Apelaciones de Arica, en fallo unánime del 15 de mayo de 2026, dejó sin efecto una cobranza por más de $10 millones al concluir que la Tesorería no puede usar los mecanismos del Código Tributario para cobrar una deuda de naturaleza civil.
La pregunta de fondo es la que Kast y el Estado no responden: ¿quién no pudo pagar, y por qué? La respuesta no está en una supuesta falta de voluntad individual. Está en la arquitectura de un sistema diseñado desde el principio para beneficiar a la banca, no a los estudiantes. El endeudamiento fue impuesto como salida obligada ante la negación práctica del derecho a la educación.
II. El doble estándar del Estado: dureza contra trabajadores, perdón práctico a empresarios
Mientras la TGR embarga sueldos, cuentas y bienes de deudores del CAE, el mismo organismo dejó prescribir una deuda tributaria de $30.200 millones de la empresa Comercializadora Cugat SpA, porque no la cobró durante 16 años. El Segundo Juzgado Civil de Rancagua falló a favor de la empresa y declaró prescrita la deuda, que la compañía arrastraba desde 2010.
La aritmética es brutal. Esa deuda empresarial prescrita equivale a una vez y media el total recaudado por todos los embargos del CAE en 2026: la propia TGR reconoce que ha recaudado más de $20 mil millones por cobros asociados al CAE durante este año. Es decir, la deuda que el Estado dejó perder con una sola empresa es mayor que todo lo que está sacando a trabajadores endeudados.
El Estado es feroz con quien estudió con CAE y no pudo pagar porque vive en precariedad laboral. Pero con la gran empresa que le debe $30 mil millones al Fisco, mira hacia otro lado durante década y media, hasta que la deuda prescribe.
No se trata de repetir que “las deudas se pagan”. Se trata de preguntar a quién se le cobra con violencia institucional y a quién se le permite no pagar.
III. ¿Qué es el CAE y cómo funciona?
El Crédito con Aval del Estado fue creado en junio de 2005 mediante la Ley 20.027, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Nació bajo la promesa de ampliar el acceso a la educación superior, pero en la práctica se convirtió en un dispositivo de endeudamiento masivo que transfiere recursos públicos a la banca privada.
Su lógica es simple: el Estado actúa como aval de los créditos que otorgan los bancos privados a los estudiantes. Si el estudiante no paga, el Estado, con recursos públicos, le paga al banco. Los bancos reducen su riesgo, obtienen ganancias aseguradas y el Estado asume la deuda impaga para luego perseguir a los deudores.
No es un sistema de apoyo a los estudiantes. Es un sistema de apoyo a la banca, con los estudiantes como intermediarios forzados.
IV. El negocio de la banca: cuánto ganaron, cuánto pagamos
Los números son elocuentes. Según el estudio actualizado de Fundación SOL, Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE (2024), los bancos entregaron $9,8 billones a través del CAE entre 2006 y 2023. Solo tres entidades concentraron casi el 90% de esos créditos: Scotiabank, BancoEstado e Itaú-Corpbanca.
El compromiso inicial del Estado era pagar un sobreprecio del 6% a los bancos, algo ya cuestionable. Pero en la práctica pagó 4,2 veces más. El investigador Marco Kremerman señaló que resulta paradójica la negativa a explorar alternativas de condonación cuando el Fisco ya ha gastado un monto casi equivalente a la deuda total vigente del CAE mediante recompra de créditos con recargo a la banca.
Concretamente, para disminuir el riesgo de las instituciones bancarias, el Estado ha gastado más de $7,25 billones entre 2006 y 2023. Solo en 2023, el Fisco gastó más de $449 mil millones por la compra de créditos a la banca, con un recargo superior a $110 mil millones.
En síntesis: el Estado transfirió recursos públicos a la banca mientras trasladaba el costo social a los estudiantes y sus familias. El negocio estaba servido desde el primer día.
V. Una deuda impagable
A diciembre de 2025, el CAE contaba con 1.280.904 deudores. Dos cifras resumen la tragedia: la deuda promedio llega a $9,6 millones y más del 71% estaba moroso, es decir, debía tres o más cuotas.
La morosidad masiva no puede explicarse como irresponsabilidad individual. Se explica por un mercado laboral precarizado, por salarios insuficientes y por trayectorias profesionales que no cumplen la promesa de movilidad social ofrecida por el modelo. Fundación SOL señala que 3 de cada 10 ocupados con educación superior finalizada no se desempeñan como profesionales. A ello se suma que nueve de cada diez trabajadores no logran ahorrar, según Laborum.
Con sueldos bajos, arriendos imposibles, deudas de consumo y alta inestabilidad laboral, ¿cómo pagar una deuda que crece con intereses? El CAE prometió movilidad social, pero entregó endeudamiento crónico.
VI. La mercantilización de los derechos
El CAE no es un accidente ni una mala política puntual. Es una pieza central del engranaje del capitalismo chileno. Con su creación y profundización se mercantilizó aún más la educación superior, se consolidó un negocio para la banca asistido por el Estado y se instaló un mecanismo de control social por medio de la deuda.
Chile ha sido un laboratorio global del neoliberalismo. Aquí las AFP convirtieron las pensiones en negocio financiero; aquí se privatizaron la salud, el agua y las carreteras; aquí se transformaron derechos sociales en mercados subsidiados por el Estado. El mismo capitalismo que se enriquece con nuestras cotizaciones previsionales, que especula con la vivienda y que lucra con la salud, también se enriquece con la educación a través del CAE.
El Estado garantiza el negocio, los privados capturan las ganancias y los trabajadores asumen las pérdidas. No puede haber educación como derecho mientras el acceso dependa de la deuda. No puede haber futuro para la juventud mientras la banca siga lucrando con su necesidad de estudiar.
VII. La lucha debe continuar
La discusión sobre el CAE no puede separarse de la historia reciente del movimiento estudiantil y popular en Chile. La Revolución Pingüina de 2006, a 20 años de aquel hito, abrió un nuevo ciclo de movilización social al cuestionar las bases del modelo educativo heredado de la dictadura y administrado durante la transición.
Las movilizaciones de 2011 profundizaron esas críticas y colocaron en el centro del debate el lucro, el endeudamiento y la mercantilización de la educación. En octubre de 2019, el pueblo trabajador y la juventud pusieron en cuestión el conjunto del capitalismo neoliberal chileno. Hoy, nuevas generaciones de estudiantes vuelven a incorporarse a la lucha por la educación como derecho social.
El CAE es uno de los grandes consensos heredados de quienes han administrado el sistema. La Concertación lo creó, la derecha lo defendió, y el Frente Amplio y el Partido Comunista no lo terminaron cuando tuvieron la oportunidad. El gobierno de Boric (2022-2026) prometió condonación universal del CAE, pero no presentó un proyecto de ley en ese sentido. En cambio, impulsó el FES, un nuevo mecanismo que mantiene la lógica de mercado y no resuelve la deuda histórica.
La pregunta sigue siendo quién debe asumir los costos de la educación: si debe ser financiada socialmente como derecho o descargada sobre las familias mediante deuda, subsidios estatales y ganancias privadas.
VIII. Condonación universal, impuestos al gran capital y educación publica
La salida no pasa por administrar mejor el CAE ni por reemplazarlo con otro mecanismo de endeudamiento o financiamiento de mercado. La salida pasa por terminar definitivamente con la educación de mercado y garantizar el acceso universal a una educación pública, gratuita y financiada por el Estado.
La condonación del CAE, del Fondo Solidario y del conjunto de las deudas educativas debe ser universal y sin indemnización a la banca, que durante años obtuvo enormes beneficios gracias a un sistema diseñado para asegurar sus ganancias. El Estado ya pagó. Los bancos ya ganaron. No hay ninguna razón moral, política ni económica para seguir persiguiendo a los deudores.
Los recursos para financiar una educación pública y gratuita existen. Pueden obtenerse mediante impuestos a las grandes fortunas y a los grupos económicos que se enriquecieron con la privatización de los derechos sociales, junto con la nacionalización del cobre y de nuestros principales recursos. Esta es una lucha estratégica para el pueblo trabajador.
La experiencia demuestra que ninguna de estas conquistas vendrá de acuerdos parlamentarios ni de declaraciones de buena voluntad. Fueron las movilizaciones estudiantiles las que instalaron la educación gratuita como demanda nacional. Y será la unidad entre estudiantes y trabajadores la que podrá imponer una verdadera salida.
El gobierno de Kast quiere disciplinar por medio del miedo: embargos, juicios, cuentas intervenidas y deudas eternas. Pero la historia reciente demuestra que cuando el pueblo se organiza, puede enfrentar y derrotar los ataques del poder político y económico.
La condonación universal del CAE no es un regalo: es una medida mínima de justicia frente a un sistema que endeudó a generaciones para garantizar las ganancias de la banca.
La deuda no es del pueblo trabajador. La responsabilidad es de quienes convirtieron la educación en mercado.
¡Fin al CAE! ¡Condonación universal de las deudas educativas! ¡Educación pública, gratuita y al servicio del pueblo trabajador!
Fuentes
Acción Educar. (2026, 13 de junio). El Mercurio: Perfil de los deudores del CAE: análisis plantea que la mayoría tiene cuotas que puede costear. https://www.accioneducar.cl/el-mercurio-perfil-de-los-deudores-del-cae-analisis-plantea-que-la-mayoria-tiene-cuotas-que-puede-costear/
El País. (2026, 12 de junio). Embargos por el CAE: un 55% respalda el retiro de dinero de las cuentas bancarias sin orden judicial. https://elpais.com/chile/2026-06-12/embargos-por-el-cae-un-55-respalda-el-retiro-de-dinero-de-las-cuentas-bancarias-sin-orden-judicial.html
Fundación SOL. (2024). Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE (actualización 2024). Marco Kremerman. https://fundacionsol.cl/blog/actualidad-13/post/cae-fisco-ha-pagado-a-la-banca-7-25-billones-lo-que-equivale-a-la-deuda-total-vigente-7517
Laborum. (2026). Estudio sobre capacidad de ahorro de trabajadores y trabajadoras en Chile.
Ley 20.027. (2005). Crédito con Aval del Estado. Ministerio de Educación, República de Chile.
TGR (Tesorería General de la República). (2026, 11 de junio). Nuevo revés para deudores CAE: Corte de Valparaíso ratifica legalidad de embargos de TGR. https://tgr.cl/2026/06/11/nuevo-reves-para-deudores-cae-corte-de-valparaiso-ratifica-legalidad-de-embargos-de-tgr/noticias/
