La mesa del sector público, que agrupa a 16 organizaciones sindicales de funcionarios públicos y la CUT, ha convocado a un paro nacional de 24 horas para este 28 de noviembre, en el marco de la negociación anual del reajuste salarial de los trabajadores del sector. Sin embargo, este año hay dos importantes novedades. La política de recortes de presupuesto público del Ministro de Hacienda del gobierno de Boric, Mario Marcel y la implementación de una política de despidos a trabajadores de contrata por la nueva Contralora Dorothy Pérez.
El ajuste y el dictamen de la nueva Contralora
El Ministro de Hacienda Mario Marcel, hombre de confianza del gran empresariado nacional e internacional, pactó un recorte al gasto fiscal superior a los US$ 612 millones para el 2025. La prensa del capital (La Tercera, 7 nov.) informó: “El protocolo pactado, presentado la noche de este jueves, considera también la asistencia técnica de un organismo internacional especializado para la revisión y actualización de los modelos de proyección de ingresos. Con este ajuste, el gasto público del próximo año pasa de crecer 2,7% a 2%. Los cambios propuestos fueron aprobados por la Comisión Mixta Especial de Presupuestos.” El déficit “0” es la continuidad de la subordinación del gobierno a los dictámenes de los organismos imperialistas internacionales, FMI y el Banco Mundial. El recorte presupuestario toca programas sociales y limita la estabilidad laboral en los servicios sociales públicos (aumento de personal de planta), mientras la salud y la educación públicas se encuentran en un estado crítico y son los servicios a los que recurren los sectores más pobres del país. Complementaria a esta política de ajuste, en la primera resolución de la nueva Contralora Dorothy Pérez (nombrada en un acuerdo entre el gobierno y la derecha en el Senado), se aplicó un nuevo ”dictamen” que prepara las bases de mayores despidos de trabajadores públicos a contrata (plazo anual de contrato público), decretando que pierden el derecho a recurrir en caso de despido por la vía administrativa, solo quedando recurrir al engorroso, lento e incierto camino judicial. La resolución despertó la indignación de las organizaciones sindicales, que ahora buscan que se deje sin efecto el dictamen.
Los grandes acuerdos en el Parlamento al servicio de los ricos
La política de “grandes acuerdos” entre el gobierno de Boric y la derecha en el Parlamento solo ha servido para hacer más rica a la banca, las AFPs e Isapres, que han tenido ganancias por los cielos. La banca en Chile, solo en los primeros nueve meses de 2024, acumula una subida de 14,6% en sus utilidades, que ascienden US$4.149 millones. Las ISAPRES anotaron ganancias por $7.226 millones de pesos, a partir del acuerdo entre el gobierno y el Parlamento de realizar un “perdonazo” a la deuda fraudulenta de esas instituciones a través del alza de planes de seguro a los usuarios. La minería es otro sector que tuvo ganancias multimillonarias, además de los dueños de los puertos y forestales, sectores dominados por las 10 familias más ricas del país y las transnacionales. Pero estas ganancias no serían posible sin el trabajo de millones de trabajadores.
Para mantener esas ganancias, el gobierno y el Parlamento deben garantizar una estructura estatal al servicio de las metas estratégicas de esas familias y el imperialismo. De ahí que el Estado no es un ente neutro. Toda su estructura, desde los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el Parlamento, el poder Judicial y el Ejecutivo están al servicio de este sistema de explotación y opresión. Por esta razón, el recorte presupuestario de Mario Marcel nada toca los estratosféricos recursos que administran los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, por ejemplo. El comunicado de la ministra de defensa Maya Fernandez, es claro (defensa.cl): “No hay una disminución del financiamiento, sino que hay un aumento”. Tampoco nada se toca en los multimillonarios sueldos de las altas cúpulas de la Corte Suprema (hasta $13.500.145), Senadores y Diputados (dieta superior a $7.642.942.), ministros de estado (Ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia remuneración mensual bruta $8.451.330, mientras que el resto de los ministros $7.642.942).
El gobierno Boric-Marcel se devela una vez más como un gobierno de continuidad del régimen de la Concertación pactando con la derecha.
¡Abajo el ajuste y el dictamen! ¡Todos al paro nacional del 28 de noviembre!
La dirección sindical de la Mesa del Sector público y la CUT, en su conducción oficial (PS-PC), tuvo que salir a posicionarse en contra el dictamen de la Contraloría, realizando las primeras críticas al gobierno, pero manteniendo su discurso oficial de que el problema es la “mayoría de derecha en el Congreso”. No dicen nada contra los acuerdos del gobierno con la derecha. La CUT, el pasado 11 de abril, convocó a un paro nacional con crítica a la línea económica del gobierno. Con una gran marcha por las calles de Santiago y con marchas por todo el país, las bases trabajadoras demostraron que están dispuestas al llamado de la movilización. Sin embargo, rápidamente la cúpula sindical PS-PC pasó a los salones de colaboración con el gobierno, dando apoyo a la política de acuerdos en el Parlamento.
Ahora, para que triunfe la movilización de los trabajadores públicos y los servicios sociales, para echar abajo el dictamen de la Contralora Pérez y el plan de recortes de Mario Marcel, se debe profundizar la lucha. La realidad demuestra que los trabajadores públicos en Chile son una gran fuerza sindical. Durante los últimos meses se han desarrollado importantes movilizaciones por sector: trabajadores del INE; la gran movilización de profesores en Antofagasta ante la desidia patronal que llevó al suicidio de la profesora Katherine Yoma. Por otro lado, las asociaciones de JUNJI y tesorería están en movilización, solo por mencionar algunas. Ahora, las cúpulas sindicales convocan un paro de 24 horas y luego irán a negociar entre cuatro paredes. Esto no garantiza nada. Hay que avanzar con fuerza y movilización. Las diversas reformas en los distintos estamentos públicos y municipales, como educación y salud, fueron fragmentando los trabajadores entre trabajadores de planta, contratas, honorarios, Código del trabajo, subcontratados y largo etc. La Mesa del Sector Público, para fortalecer la movilización, debe levantar una Asamblea Única Nacional del Sector Público y los servicios sociales, basada en delegados elegidos por asambleas de todos los estamentos, con el objetivo de confeccionar un plan de lucha que contemple el paro indefinido ya para conquistar todas las demandas del sector. No se puede dejar afuera de las decisiones, un año más, a sectores importantes de trabajadores que se encuentran precarizados. Esto solo debilita la movilización y la fuerza de las y los trabajadores. Para dar esta pelea es necesario crear una corriente clasista y de base al interior de las organizaciones sindicales del país.
