Posición del MIT frente al Plebiscito de salida

El 4 de septiembre se realizará el Plebiscito de salida. Las últimas semanas las redes sociales, radios y canales de TV han sido inundados con información sobre los artículos  de la Nueva Constitución.

            Quienes defienden el Rechazo han difundido muchas noticias falsas y mentirosas, una verdadera “campaña del terror” para que la clase trabajadora y el pueblo rechacen la Nueva Constitución sin siquiera conocer su verdadero contenido. Así, han difundido que ya nadie tendrá derecho a su casa propia; que los fondos ahorrados en las AFPs serán expropiados; que los pueblos indígenas tendrán privilegios y un largo etc. Campañas de mentiras como esta son típicas de los dueños del poder. La clase trabajadora no puede caer en ese engaño. Es fundamental que las y los trabajadores desconfíen de los medios de comunicación masivos y personajes faranduleros de la derecha. Debemos buscar entender el verdadero contenido de la Nueva Constitución y analizar el proceso social que estamos viviendo.

            Por otro lado, también se ha iniciado la campaña por el “Apruebo”. Además de miles de activistas honestos que están por el Apruebo y quieren realmente cambiar el país, en este bando también se encuentran algunos de los partidos responsables de todos los problemas sociales que tenemos hoy, como el Partido Socialista, la Democracia Cristiana e incluso el Frente Amplio y PC, que hoy son gobiernos. Estos partidos y muchos ex-constituyentes independientes también empiezan a hacer una campaña de mentiras, porque dicen que con la Nueva Constitución los problemas del pueblo serán solucionados. No hablan de “la letra chica”, ni de los aspectos centrales de la Nueva Constitución, que mantienen el dominio de los multimillonarios sobre el conjunto del país. Así, también debemos desconfiar de la campaña del “Apruebo” y cuestionar todas las informaciones que recibimos de ese lado.

La Nueva Constitución está al servicio del imperialismo y de las 10 familias más ricas de Chile

            Después de 1 año de Convención Constitucional, ya podemos hacer el balance de ese proceso. Desde el inicio fuimos críticos del Acuerdo por la Paz que originó el Proceso Constituyente, ya que ese acuerdo imponía enormes límites a la Constituyente, que nació totalmente subordinada a las instituciones estatales actuales, sin soberanía, con presos políticos en las cárceles y con un quórum antidemocrático que daba enorme poder a la minoría de los constituyentes, representantes directos del gran empresariado.

            Así, el resultado de la Convención no es sorprendente. La Nueva Constitución mantiene la esencia del capitalismo neoliberal chileno. Se mantiene la propiedad privada de los grandes grupos económicos sobre el conjunto de la economía del país. No se tocan los grandes monopolios de la minería, de la pesca, del litio, la concentración de tierras en manos de las empresas forestales.  La gran propriedad privada sigue siendo protegida y queda casi inviolable en la Nueva Constitución, ya que el Estado, si quiere nacionalizar minas de cobre o expropiar tierras para el pueblo mapuche, por ejemplo, tendrá que pagar multimillonarias indemnizaciones (y por adelantado) a los dueños del país. En ese gran acuerdo en defensa de la propiedad privada capitalista estuvieron la enorme mayoría de los constituyentes, desde la derecha, pasando por el Frente Amplio, el Partido Comunista (que no tiene nada de Comunista más allá del nombre) y hasta independientes de “izquierda” como las feministas o de pueblos originarios.

            En el caso de los derechos sociales, tan anhelados por la población y que dieron origen a las movilizaciones de las últimas tres décadas, el sector privado seguirá existiendo y haciendo negocios con nuestra salud, nuestras pensiones y con la educación. La Nueva Constitución no cuestiona el poder de los dueños de las clínicas y laboratorios privados, ni de los dueños de colegios y universidades privadas, ni de las AFPs y Aseguradoras, que tienen secuestradas nuestras jubilaciones. Todas las propuestas que iban en ese sentido fueron rechazadas por la mayoría de los constituyentes. Varias Iniciativas Populares de Norma que proponían limitar el poder empresarial sobre esos derechos sociales fueron rechazadas, como parte de las propuestas de las organizaciones de salud, del Movimiento NO + AFP, del movimiento de vivienda, etc. Nuestra compañera María Rivera defendió las propuestas de los movimientos sociales y también hizo propuestas de acabar con el dominio empresarial sobre los derechos sociales, como prohibir el financiamiento público al sector privado de educación o permitir que todos los trabajadores pudiesen retirar el total de sus fondos de las AFPs y Aseguradoras, pero estas también fueron rechazadas.

            Si bien ahora se reconocen derechos sociales como vivienda, salud, educación y pensiones como obligaciones del Estado, la Convención Constitucional rechazó la propuesta más importante que permitiría financiar esos derechos sociales: la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre y litio con control de los trabajadores y comunidades. La nacionalización del cobre permitiría que el pueblo pudiera tener el derecho de decidir qué hacer con la principal riqueza que produce el país, que hoy es regalada a las transnacionales y a algunas familias chilenas, como la familia Luksic. Así, la Convención cerró la puerta a que el pueblo trabajador tenga acceso a la principal fuente de recursos que podría financiar la construcción de miles de viviendas, garantizar un Sistema de Salud gratuito a toda la población, una educación de calidad, y también invertir en nuevas tecnologías para disminuir los impactos de la gran minería y otras industrias sobre la naturaleza y la vida humana. Todo el cobre chileno seguirá siendo regalado al imperialismo.

            Para mantener la defensa de la propiedad privada y el control de los grandes monopolios sobre el conjunto del país, la Convención mantuvo casi intacto el Estado chileno y su aparato represor. Se mantiene el odiado Senado, pero ahora con un nuevo nombre (Cámara de Regiones) y con menos atribuciones. Se mantiene toda la estructura de las Fuerzas Armadas y su cúpula corrupta y represora. Se mantiene la odiada institución de Carabineros, que supuestamente ahora será una policía civil, pero que no tiene ninguna atribución de policía civil, ya que no se reconoce el derecho de organización de la tropa, de huelga, la libertad de expresión o mecanismos de control de la población sobre esa policía. Tampoco se castigó a los altos mandos de esas instituciones, responsables por la represión y corrupción. También se mantienen los Estados de excepción, que supuestamente deberían ser utilizados “en caso de guerra” pero sabemos que solo son utilizados contra el propio pueblo chileno y mapuche cuando se moviliza.

            Además de eso, toda la Nueva Constitución, si es aprobada, tendrá que pasar por el Congreso actual, que podrá reformarla y tendrá que legislar en los próximos años para que los derechos se hagan realidad, un Congreso prácticamente controlado por la derecha y por la coalición que hoy gobierna el país y está gobernando junto a los dueños de país.

            Por lo tanto, la clase trabajadora, los adultos mayores, la juventud popular, los activistas y militantes de movimientos sociales deben tener claro que la Nueva Constitución no es la Constitución que el pueblo necesita y va a ser utilizada como una herramienta contra el pueblo Mapuche, contra la clase trabajadora y la juventud que se moviliza, al servicio de mantener el saqueo del país.

Votar Apruebo contra la Constitución de Pinochet, Lagos y Bachelet. Defender lo conquistado y avanzar con lucha y organización.

            Aunque el conjunto de la Nueva Constitución mantiene la dominación del país, la lucha de los trabajadores, de los pobladores/as, del movimiento de mujeres y de la juventud arrancaron algunas conquistas. Todas estas conquistas son parciales y hasta ahora están solo en el papel. Entre ellas están la creación de un Sistema Público de Seguridad Social, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, la educación pública y gratuita en todos los niveles, la ampliación del derecho de huelga, el derecho a la negociación ramal, el derecho al aborto, el fin de los Derechos de Aprovechamiento de Agua que permiten la especulación capitalista sobre el agua, el reconocimiento de los pueblos originarios y su derecho a la restitución de tierras, la protección de los glaciares y humedales, etc. Todos estos derechos se conquistaron a pesar de los partidos políticos tradicionales, que se vieron obligados a entregar algo para mantener la esencia del capitalismo neoliberal chileno.  Todasestas conquistas están amenazadas en el Plebiscito del 4 de septiembre

            El 4 de septiembre no votaremos si nos gusta o no la Nueva Constitución. El 4 de septiembre votaremos si mantener la Constitución actual o cambiarla por una Constitución que reconoce algunas conquistas del movimiento social, obrero y popular.

            Desde el Movimiento Internacional de Trabajadores, reunido en Conferencia con delegados de distintas regiones del país y después de un debate de más de 2 meses, decidimos llamar a votar Apruebo el 4 de septiembre. Creemos que en este momento debemos ir a votar Apruebo para terminar con la Constitución actual, defender las conquistas que hemos logrado y cerrar la puerta a los ataques más reaccionarios que sin dudas vendrán del Congreso y las instituciones actuales si gana el Rechazo. Nuestro voto no es un voto de confianza en la Nueva Constitución, es un voto crítico, para seguir dialogando con los millones de trabajadores que tienen expectativas en que la Nueva Constitución solucionará sus problemas o transformará a Chile en un país más digno. En este momento no podemos dejar las banderas de lucha de millones de personas en manos de partidos y organizaciones que solo quieren engañar y desmovilizar la lucha de los trabajadores y la juventud, como el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista e inclusos muchos ex-constituyentes independientes.

            Respetamos la posición de los compañeros y compañeras luchadores sociales que están por votar rechazo o nulo, criticando la Nueva Constitución por su carácter burgués, como muchos compañeros que estuvieron involucrados en la lucha por la nacionalización de la gran minería del cobre. Sin embargo, creemos que en este momento votar nulo es restar votos al Apruebo garantizando la posible victoria del Rechazo que significaría un retroceso importante para la lucha de la clase trabajadora y la juventud. Por eso, invitamos a esos compañeros a que reflexionen y cambien su posición.

            Por otro lado, queremos ser enfáticos en algo. Si bien debemos ir a votar Apruebo el 4 de septiembre, no basta con ir a votar. Ninguno de los derechos conquistados saldrá del papel sin lucha y organización, ya que todo quedó en manos del Congreso. Tampoco podemos confiar en el gobierno de Gabriel Boric, ya que su prioridad no es solucionar los problemas de las y los trabajadores y sí mantener el capitalismo neoliberal chileno dando algunas migajas para el pueblo trabajador. Gabriel Boric ya demostró que está dispuesto a negociar con la derecha otro Proceso Constituyente si gana el Rechazo. Esa postura es típica de la pequeña-burguesía, que no puede llevar hasta el final ni las más mínimas luchas por los derechos democráticos del pueblo sin capitular a la gran burguesía y sus representantes.

            Cuando hablamos de luchar y organizarse queremos ser muy concretos. Los sindicatos deben tomar en sus manos el derecho a la negociación ramal, exigiendo que el Congreso lo reconozca y haciéndolo efectivo, buscando la unidad del movimiento sindical en su lucha por los derechos de la clase trabajadora contra los patrones. Los pobladores y pobladoras deben seguir ocupando terrenos y fortalecer la lucha para que el derecho a vivienda digna se cumpla en la realidad. Las comunidades que sufren con falta de abastecimiento de agua deben tomar en sus manos la lucha por el fin del monopolio del agua por los grandes empresarios agrícolas, forestales y mineros. El pueblo mapuche debe seguir recuperando el territorio robado por las forestales. No podemos esperar sentados que este Congreso o las futuras instituciones solucionen nuestros problemas.

Es necesario reconstruir el camino de la lucha por el socialismo y la liberación de la clase trabajadora

            La clase trabajadora, la juventud y los movimientos sociales solo pueden confiar en sus propias fuerzas, su propia organización y movilización, independiente de los empresarios y de los gobiernos de turno. Debemos buscar la unificación de los distintos movimientos bajo un programa de lucha, que combine las demandas inmediatas del pueblo trabajador, la lucha por la implementación de los derechos conquistados en la Nueva Constitución y la lucha por nuestras demandas estratégicas. Muchas de nuestras demandas no fueron reconocidas en la Nueva Constitución, como la revisión de los Tratados de Libre Comercio que mantienen el país rehén de las transnacionales, la nacionalización de la gran minería, el fin de los sueldos millonarios de los políticos, el fin del subcontrato y del empleo precario y un largo etc.

            Desde el MIT y con nuestra compañera ex constituyente María Rivera, estamos convencidos de que el movimiento social ya posee muchos elementos de un programa de transformación radical de la sociedad, que pueda liberar a nuestro país de las garras del imperialismo y de la gran burguesía chilena. Sin embargo, no creemos que esto sea posible sin que la clase trabajadora y el pueblo caminen hacia un gobierno de los trabajadores, sustentado en las organizaciones territoriales, de trabajadores, jóvenes y pueblos originarios.

            Las propuestas más importantes que defendimos en la Convención Constitucional apuntaban en ese sentido. La nacionalización de la gran minería del cobre y de las principales empresas estratégicas del país, bajo control de los trabajadores y comunidades, permitiría utilizar las riquezas del país para solucionar los problemas sociales y frenar la destrucción ambiental, apuntando otro camino de desarrollo para el país. Para administrar ese nuevo modelo económico, basado en la propiedad colectiva de los medios de producción, propusimos la creación de una Asamblea Plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos, que permitiría constituir una nueva forma de gobierno, basada en la democracia de base, con cargos revocables y sin sueldos millonarios.

            Si bien esas propuestas fueron rechazadas por la Convención Constitucional, creemos que deben ser parte del programa estratégico de la clase trabajadora chilena en busca de la liberación total de la enorme mayoría de la población del yugo del capitalismo. Estamos convencidos de que ninguna Asamblea Constituyente, por más o menos democrática que sea, solucionará los problemas de la clase trabajadora, porque son organismos controlados por la gran burguesía y sus representantes, así como el Parlamento y las demás instituciones de este Estado. Varios países vecinos como Ecuador, Venezuela o Brasil poseen Constituciones llenas de derechos sociales, pero que nunca salieron del papel. Por ello, es tarea de la clase trabajadora construir su camino independiente hacia la construcción de un verdadero poder obrero y popular que camine hacia de una sociedad socialista.