Las y los trabajadores firmantes declaramos nuestra solidaridad con las luchas del sector público y rechazamos la política de recorte fiscal del gobierno de Boric.

Nos reunimos en asamblea trabajadoras y trabajadores de distintos servicios del sector público y declaramos lo siguiente:

  1. Solidaridad con las luchas en curso.

Expresamos nuestro total apoyo a las movilizaciones que han surgido frente a la grave crisis que atraviesan la educación, la salud y los servicios públicos en Chile. Apoyamos a las y los trabajadores del Hospital Van Buren de Valparaíso que defienden su hospital público. Apoyamos a las y los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, quienes llevan más de 30 días movilizados contra la precarización y la sobrecarga laboral. Denunciamos también las represalias que han sufrido trabajadoras de JUNJI por movilizarse en defensa del trabajo digno.

Estos conflictos tienen algo en común: el recorte fiscal del gobierno de Gabriel Boric y del ministro de Hacienda Mario Marcel, pactado con la derecha en el Congreso Nacional. Esta política golpea directamente a quienes trabajamos en el sector público. También se han movilizado los profesores SLEP en Coquimbo y Magallanes, así como el Comunal Santiago del Colegio de Profesores, que comenzó el año escolar en paro por despidos. Los gremios de la salud también se manifestaron en marzo por falta de presupuesto. Estas luchas nos muestran que el malestar es generalizado.

Exigimos el fin de la represión contra quienes se organizan y luchan, en especial contra las trabajadoras de JUNJI. Basta de persecuciones.

  1. Denunciamos el ajuste fiscal y su impacto

El gobierno habla de austeridad, pero no toca los intereses del gran empresariado. Solo en 2024, el Estado chileno destinó el 1,2% del PIB al pago de intereses de la deuda pública a capitalistas extranjeros y al FMI: más de US$3.700 millones. ¿De dónde salen esos fondos? Del recorte a la salud, la educación y los derechos sociales.

El “ajuste fiscal” se traduce en menos programas sociales, retiro de fondos públicos, despidos, precarización, y una vida más difícil para millones de personas. Mientras tanto, se mantienen las ganancias de los de arriba. El gobierno dice que esto no afectará a salud ni educación, pero eso es mentira: los hospitales colapsan, las escuelas están en crisis y los funcionarios públicos somos cada vez más explotados.

  1. Por una alternativa política desde la clase trabajadora.

Este 1º de mayo reafirmamos que solo el pueblo trabajador puede defender sus derechos, con organización, solidaridad y lucha desde abajo.

No podemos confiar en la dirección de la CUT subordinada al gobierno. La dirección de la Central Unitaria de Trabajadores, expresada en los partidos de gobierno (PS-PC), ha guardado silencio ante los efectos reales de la reforma de las AFP, que fortalece el mercado de capitales en beneficio de las grandes transnacionales, y ha mantenido una posición ambigua frente al ajuste fiscal.

Es necesario retomar las bases fundacionales de la CUT de 1953, cuando las asociaciones y gremios se organizaban desde las bases, de forma democrática e independiente de los gobiernos de turno. Hoy urge recuperar ese camino, para construir una herramienta de lucha real para la clase trabajadora.

Desde las asambleas de trabajadores, debemos levantar espacios reales de deliberación, donde podamos decidir nuestras demandas y acciones. Llamamos a construir una alternativa política propia de la clase trabajadora, con participación de hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores, que han sido históricamente postergados.

En Chile es posible tener educación, salud y servicios públicos gratuitos, dignos y estables, si recuperamos nuestras riquezas. Por eso levantamos la bandera de la renacionalización del cobre y el litio. Basta de entregar lo que es del pueblo a las familias millonarias que dominan el país.

Llamamos a sumar fuerzas en las próximas asambleas, para levantar un plan de lucha que haga realidad nuestras demandas más urgentes e históricas.

Firman: trabajadoras y trabajadores de la Salud de Santiago y Valparaíso, Profesores, Corporación de Asistencia Judicial y Corporación Municipal de Puente Alto

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