por Otávio Calegari
Hace algunas semanas, la jueza Paulina Moya decretó la prisión preventiva a Daniel Jadue, alcalde de Recoleta por el Partido Comunista, y a Matías Muñoz, ex secretario ejecutivo de Achifarp, imputados en el caso “Achifarp” (Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares). Las medidas cautelares son previas a una posible condena y según la jueza se justificarían porque ambos son “un peligro para la sociedad” y para la investigación en curso. Otros imputados en el caso también recibieron medidas cautelares menores.
El caso “Achifarp” ha generado mucha polémica, principalmente debido a la importancia de Jadue, ex precandidato presidencial del Partido Comunista. Jadue, junto a un sector del Partido Comunista y a varias organizaciones políticas y activistas de izquierda sostienen que él es un perseguido político y que se le estaría persiguiendo debido a sus iniciativas políticas de crear las “farmacias populares”, “ópticas populares” e “inmobiliarias populares”, iniciativas que estarían incomodando a los grandes empresarios.
Desde el MIT no opinamos que Jadue sea un perseguido político y que la persecución judicial en su contra tenga que ver con sus iniciativas “populares”. Y no solo eso. Creemos que el análisis del caso “Achifarp” ilumina de manera muy clara en qué se ha convertido el Partido Comunista, que ha pasado a administrar el Estado burgués, haciendo negocios con empresas tránsfugas, con militantes ganando millones en esas negociaciones y sin ningún control popular sobre sus proyectos dichos “populares”. Además de eso, opinamos que el caso Achifarp demuestra de manera profunda los límites de una política reformista para humanizar el capitalismo sin romper con las amarras jurídicas y políticas de este sistema.
Aclaraciones previas: sobre el carácter del Poder Judicial.
En primer lugar, es fundamental aclarar que el Poder Judicial, en la sociedad capitalista, tiene un carácter de clase y no es imparcial. En Chile hemos visto innumerables casos de grandes empresarios involucrados en comprobados casos de corrupción, compras de políticos, colusiones, etc., que no terminan en la cárcel. Algunos de los casos más escandalosos fueron el caso Penta, donde Carlos Lavín y Carlos Délano fueron condenados a tomar clases de ética o el caso SQM, donde se comprobó el financiamiento ilegal a candidatos y partidos políticos durante varios años, pero donde el dueño de la empresa, Ponce Lerou (ex yerno de Pinochet), terminó sin ninguna condena (y hoy es beneficiado por Boric con un contrato para explotar el litio por las próximas 3 décadas).
La influencia del poder económico en el Poder Judicial es enorme y cotidiana. Los grandes empresarios y sus representantes (como el abogado Luis Hermosilla1) influyen en decisiones sobre el nombramiento de ministros, corrompen a fiscales, jueces, funcionarios públicos de distintos grados, etc. Por eso, estamos totalmente de acuerdo con los que dicen que la justicia es proempresarial y parcial.
Por otro lado, en relación al caso de Jadue, lo importante a determinar aquí no es si la justicia es parcial y burguesa en general. La cuestión a determinar es si en este caso en particular, Jadue está siendo perseguido jurídicamente por sus acciones políticas o no.
Lamentablemente, la mayoría de las personas que defiende a Jadue y cree en su inocencia no se ha dado el trabajo de entender el caso ni de escuchar a los propios involucrados en las distintas audiencias que fueron realizadas. Las últimas audiencias (de formalización de los imputados, donde se tomaron las medidas cautelares) suman más de 20h de grabaciones y están disponibles en YouTube. Cualquier persona u organización que quiera tener una posición seria sobre el tema debería, mínimamente, entender las acusaciones y también las defensas en cuestión antes de emitir opiniones tan tajantes en defensa de Jadue.
El hecho de que reconozcamos que el Poder Judicial es parcial no nos puede automáticamente llevar a concluir que Jadue y los militantes comunistas, acusados de una serie de delitos, sean inocentes, principalmente porque estamos hablando de un partido que hoy dirige el Estado burgués, que en sí mismo es corrupto y funciona con base en la corrupción. Por otro lado, tampoco podemos creer en la versión de la Fiscalía, peritajes de Carabineros y la PDI y en las decisiones de los jueces, que son parte de ese Estado y en muchos casos tienen íntimas relaciones con políticos y empresarios de distintos colores.
Por eso, es fundamental hacer un análisis serio y riguroso del caso para sacar conclusiones correctas, principalmente para los que queremos transformar la sociedad y no repetir los errores de las organizaciones de izquierda que hoy se encuentran en el poder y no han podido solucionar ninguno de los problemas esenciales de la población trabajadora.
Qué era Achifarp
Para entender lo que era la Achifarp hay que entender cómo funcionan las Farmacias Populares creadas a partir de 2015 por Daniel Jadue en la comuna de Recoleta. Las Farmacias Populares fueron creadas para vender medicamentos a bajo costo a los vecinos de esa comuna y después se expandieron a varias otras ciudades del país. Para poder vender a bajo costo, las farmacias compran los medicamentos a la Cenabast, Central Nacional de Abastecimiento, un servicio público estatal que, a su vez, realiza compras por mayor a laboratorios y empresas importadoras de medicamentos y otros productos. Así, las Farmacias Populares compran a Cenabast y revenden a los vecinos con bajo margen de ganancias, lo que les resulta en precios más competitivos frente a las farmacias privadas. El principal problema de ese modelo es que a través de Cenabast las Farmacias Populares solo pueden acceder a determinados tipos de medicamentos y no a otros. Entonces, para escapar a esa limitación, Jadue creó la Achifarp (2016), una Asociación con decenas de municipios que tenían Farmacias Populares para comprar, por mayor, directamente a los laboratorios y empresas privadas importadoras. De esa manera, al comprar en grandes cantidades, Achifarp podría posteriormente revender los productos a las Farmacias Populares por menor precio y estos podrían llegar a los vecinos también a bajo costo. Al contrario de lo que dicen algunos defensores de Jadue, los grandes laboratorios o empresas importadoras no salían perjudicados con la Achifarp, ya que todo ese mecanismo es un mecanismo de mercado (comprar por mayor para competir con el sector privado). Las únicas empresas que perdieron clientes en los últimos años fueron las farmacias privadas, que aparentemente lograron compensar sus menores márgenes de ganancia con el aumento de precios de sus productos.2
Al implementarse, la Achifarp empezó a toparse con algunos problemas. El primer obstáculo fue el legal. Como la Achifarp no era una farmacia pública ligada a algún municipio y tampoco se había constituido como una empresa pública (lo que debería ser autorizado por el Congreso con quórum calificado debido a la actual Constitución), Achifarp empezó a enfrentar problemas para comprar y vender medicamentos y otros productos a los municipios. Además de eso, los municipios, para comprar medicamentos, deberían adquirirlos a través de Cenabast o a través de compras públicas (y no de manera directa a Achifarp o a cualquier otro proveedor. Las compras directas solo pueden ser realizadas como excepciones bien justificadas).
El segundo problema, derivado del primero, es que Achifarp empezó a comprar miles de productos que después no tenía cómo traspasar a las municipalidades. El problema fue aumentando cada vez más debido a innumerables compras realizadas por Achifarp, principalmente a una empresa llamada Best Quality (más de 1,3 mil millones de pesos). Así, las deudas de Achifarp fueron en aumento y la Asociación empezó a tener problemas para pagar a los proveedores. Los municipios, al no verse beneficiados con los productos, dejaron de pagar las cuotas que se habían comprometido a pagar para el funcionamiento de Achifarp, lo que llevó la Asociación a la quiebra (liquidación forzosa).
Hasta aquí, tanto la Fiscalía (Ministerio Público, que persigue judicialmente a los imputados) como la defensa de Jadue y de los demás imputados tienen acuerdo en la narrativa. Pero aquí empiezan las diferencias.
El caso “Achifarp”
El caso “Achifarp” surge a partir de una demanda de la empresa Best Quality contra Achifarp por deudas no pagadas y estafa (marzo de 2021).3 La Contraloría, al empezar a investigar la situación financiera de Achifarp, se da cuenta de que la Asociación no tenía solvencia. A partir de esa investigación empiezan a descubrir innumerables irregularidades y supuestos delitos en el funcionamiento de la Asociación, que darán origen a la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Jadue y varios funcionarios de Achifarp y también de la Municipalidad de Recoleta. A partir de ello, en junio de 2022, por una solicitud de Best Quality, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago determina la liquidación de Achifarp.4
La tesis de la Fiscalía sobre los supuestos delitos cometidos es la siguiente: Achifarp, debido a una mala administración y a una serie de delitos cometidos por Jadue y los secretarios ejecutivos de Achifarp (Daniel Moraga y después Matías Muñoz), quedó insolvente y se fue a la quiebra. Jadue, al percatarse de la situación de la Asociación, escondió los hechos al Directorio de Achifarp (compuesto por 5 alcaldes y del cual Jadue era el presidente) debido a que se encontraba en campaña política presidencial (2020-2021) y las Farmacias Populares y Achifarp servían de publicidad para el candidato. Así, Jadue no podía darse el lujo de que saliera a la luz la insostenible situación financiera de Achifarp, lo que le jugaría en contra en su campaña. Por lo tanto, Jadue, concertado con Matías Muñoz y otros funcionarios de la Municipalidad de Recoleta, cometieron una serie de delitos para mantener la liquidez de Achifarp y para evitar que la Asociación quebrara.5 Además de eso, Matías Muñoz habría desviado dinero de la Asociación para su beneficio personal.
Por otro lado, la defensa de Jadue plantea que el origen de los problemas de Achifarp tienen que ver con la deuda generada con la empresa Best Quality, que sería una empresa inescrupulosa, que les habría vendido productos con sobreprecio, lo que terminó por quebrar a Achifarp.6 El histórico de Best Quality vendría a confirmar esa hipótesis, ya que la empresa se había autodenunciado por cohecho y su gerente, César Ramírez, ya había sido condenado anteriormente por estafa. Otro problema fue el no pago de las cuotas de los municipios a Achifarp, lo que no le permitió a la Asociación pagar sus deudas con Best Quality y otros acreedores.7 La defensa de Jadue reconoce que se cometieron muchos errores de administración en Achifarp, pero que estos no serían de tipo penal y sí administrativo. Según su defensa, los supuestos delitos de cohecho, malversación de fondos y lavado de activos serían de Muñoz y no de Jadue, que no sabía de nada de lo que Muñoz hacía.
Best Quality, Daniel Moraga y Matías Muñoz
El famoso convenio entre Achifarp y Best Quality se realizó entre junio y julio de 2020 (por 1,3 mil millones de pesos, para venta de mascarillas y otros insumos para la pandemia). No existe un contrato formal del convenio y tampoco todos los actores están de acuerdo sobre la misma versión de los hechos. En ese momento, el secretario ejecutivo de Achifarp (quién llevaba a cabo las negociaciones) era Daniel Moraga, ex candidato a alcalde del PC por Peñalolén. La Fiscalía dice que en esas negociaciones ya estaba involucrado Matías Muñoz, como encargado de compras de Achifarp. Muñoz también es militante PC, ex candidato a concejal por Buin y ex funcionario de la municipalidad de Recoleta en distintos cargos relacionados al deporte.8 Según los testigos de Best Quality (el gerente César Ramírez y el chofer Óscar Doussang), se habían realizado varias reuniones entre Best Quality y Jadue, con presencia de Moraga y de Matías Muñoz. En esas reuniones, se habría realizado el acuerdo por más de 1,3 mil millones de pesos con Achifarp. Según los funcionarios de Best Quality, Jadue les pide una “donación” de productos para que Best Quality mantenga una relación privilegiada con Achifarp en futuras compras (lo que sería constitutivo de cohecho). La donación, según los testigos de la empresa, habría sido entregada en el local del Partido Comunista en Recoleta.9 Algunas transferencias de Best Quality a la cuenta de la pareja de Matías Muñoz (María Constanza Matus Pérez, también imputada) hacen suponer que parte del cohecho fue pago en dinero a Muñoz (la defensa de Muñoz lo justificará de otra forma).
Según la defensa de Jadue, nunca hubo reuniones entre Jadue y los funcionarios de la empresa (existen algunas fotos que muestran a Jadue con Doussang y Ramírez en la Municipalidad de Recoleta pero la defensa de Jadue cuestiona su veracidad, reconociendo solo una foto que supuestamente había sido pedida por los funcionarios de Best Quality porque Jadue era precandidato presidencial). La defensa de Jadue tampoco reconoce el pedido de “donación” y que ese pedido haya sido despachado a la sede del Partido Comunista. Según la defensa de Jadue, el posible cohecho podría ser responsabilidad de Muñoz y no de Jadue, que no sabía de nada (la Fiscalía presenta fotos de la mercadería en el supuesto local del PC, entregadas por los testigos de Best Quality, llamadas georreferenciadas y whatsapps de Muñoz con Ramírez, lo que es cuestionado por la defensa de Jadue).
Ya la defensa de Muñoz es muy interesante. Plantea que Muñoz todavía no era funcionario de Achifarp cuando se realiza el acuerdo con Best Quality y que Muñoz tenía su propia empresa, Induscorp, que compraba mercaderías de Best Quality y las revendía a Achifarp. Según su propia defensa, Muñoz era un “comisionista” de Best Quality y ganaba el 5% de las ventas (este dato será importante para justificar el dinero recibido por la pareja de Muñoz), funcionando como intermediario con Achifarp. Según su defensa, Muñoz entrará recién en agosto a Achifarp, después que el acuerdo con Best Quality ya había sido realizado. Por lo tanto, Muñoz no tendría ninguna responsabilidad por ese acuerdo. La defensa de Muñoz pone la culpa en Daniel Moraga, ex secretario ejecutivo de Achifarp, como responsable del acuerdo con Best Quality.
En agosto (según la defensa de Muñoz), Muñoz entrará como encargado de ventas de Achifarp. Posteriormente, asumirá como secretario ejecutivo. Aún según la defensa de Muñoz, el dinero de Best Quality depositado en la cuenta de su pareja cuando Muñoz ya estaba en Achifarp se refiere a antiguas deudas que tenía Best Quality con su antigua empresa, Induscorp. El dinero se había depositado en la cuenta de su pareja porque sus cuentas tenían problemas en los bancos. Así, Muñoz justifica las varias transferencias de Best Quality a su pareja, que suman más de 17 millones de pesos (según la Fiscalía, son parte del cohecho. La defensa de Jadue también habla de posible cohecho, pero que Jadue no sabía de nada y todo era problema de Muñoz).
En resumen, la defensa de Jadue culpa a Muñoz de posibles delitos y dice que Jadue nunca se reunió con Best Quality, ni tenía conocimiento de todo lo que hacía Muñoz. La defensa de Muñoz dice que Moraga fue el responsable por el acuerdo con Best Quality y que Muñoz entró posteriormente a Achifarp. Además de eso, plantea que el encargado de finanzas de Achifarp era Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso y que Muñoz no tenía la responsabilidad de administrar las finanzas de la Asociación.10 Tres militantes comunistas, frente a la justicia burguesa, ponen la culpa uno en el otro y en terceros para salvarse el cuello.
Pero aquí el problema se pone aún peor. De acuerdo a los estatutos de Achifarp, ni Jadue ni el secretario ejecutivo de Achifarp tenían la facultad de firmar convenios o contratos por montos mayores a 50 UTMs. Así, el acuerdo con Best Quality y varios otros convenios pasaban por encima del Directorio (supuesto delito de administración desleal). La Fiscalía acusa que Jadue y Muñoz eran los responsables por dirigir la Achifarp sin la participación de los demás directores (lo que es corroborado por todos los alcaldes que estaban en el Directorio, ya que no hubo asambleas de rendición de cuentas entre 2021 y 2022). Jadue también era el que tenía acceso a los cheques de Achifarp y quien los firmaba para pagar a los proveedores.
Después del acuerdo de compra con Best Quality, los productos comprados empiezan a llegar y se quedan en bodegas de Achifarp, sin registros contables y sin poder ser repartidos entre las municipalidades (anteriormente, la Achifarp ya había perdido una gran cantidad de materiales -insumos para tratamiento de diabetes-, comprados a la empresa Bio Cuba Farma, debido a la imposibilidad de venderlos a las municipalidades). Achifarp empieza a atrasarse en los pagos a Best Quality y con otros proveedores. Posteriormente, gran parte de esos productos comprados a Best Quality serán rematados por precios muy inferiores a los que se habían pagado, hecho reconocido por todas las partes (la defensa de Jadue dice que el remate existió pero que él no estaba informado). De los productos rematados, -con un precio muy inferior al que fueron comprados-, de 40 millones, alrededor de 20 millones serán transferidos a la empresa MZ Asociados, del amigo de Muñoz, Patricio Estaban Zavala, que después girará ese dinero a la pareja de Muñoz. Según la defensa de Muñoz, este había tenido la “pésima idea” de pagar las deudas de Achifarp con su antigua empresa (Induscorp) a través de MZ Asociados. Para hacer esas transferencias, se generó una boleta ideológicamente falsa de Achifarp, como si esta estuviera comprando nuevos productos a MZ Asociados.
Pero la situación empeora aún más. En algún momento, Muñoz decide, con autorización de Jadue (según la defensa de Jadue este no leyó lo que firmaba), vender una camioneta de Achifarp al padre de la hermana de Muñoz por un valor menor al del mercado (11 millones). El comprador quedará debiendo más de 5 millones y no los pagará y tampoco habrá ninguna querella por parte de Achifarp contra el deudor. Junto con eso, se identificaron varios retiros en efectivo por parte de Muñoz, además de pagos de sobresueldos y autopréstamos desde Achifarp a Muñoz (autorizados por él mismo) que no fueron pagados. También se identificaron giros de Achifarp a su pareja y a su madre.
Los demás supuestos delitos
Además de esos supuestos delitos (cohecho, administración desleal y estafa), Jadue y Muñoz serán acusados por fraude al fisco debido a 2 operaciones donde la Municipalidad de Recoleta traspasó dinero a Achifarp. La primera se trata del convenio con la Universidad de Concepción para la producción del medicamento Interferon en el contexto de la pandemia de Covid-19. Jadue es acusado de haber engañado al Concejo Municipal (concertado con Matías Muñoz y la jefa de salud del municipio, María Eugenia Chadwick) planteando que los permisos para la producción del medicamento ya estaban autorizados por el Instituto de Salud Pública (lo que no era verdad) y pidiendo la liberación de más de 200 millones de pesos para pagar a la Universidad para su producción. El Concejo Municipal aprobó la liberación del dinero, que posteriormente fue utilizado para pagar deudas de Achifarp con Best Quality y otras empresas (según la defensa de Jadue, esto fue responsabilidad de Muñoz).11 El segundo caso fue relacionado a la compra de materiales de Achifarp por la Municipalidad de Recoleta (glucómetros, insumos para tratamiento de diabetes y prótesis auriculares). En este caso, para justificar las compras, Jadue, concertado con Muñoz y con el médico Eduardo Sendra, habrían engañado al Concejo Municipal planteando que la compra de los aparatos para diabéticos era urgente y que los audífonos tenían dependencia tecnológica de una determinada marca que solo poseía Achifarp. Así, se justificaría la adquisición de esos productos de manera directa a Achifarp (sin pasar por el mecanismo de compras públicas). La Fiscalía plantea la tesis de que los informes que indujeron el Concejo a votar a favor de traspasar el dinero eran falsos (no había urgencia para la compra de glucómetros y no había dependencia tecnológica de los audífonos) y que todo fue articulado para generar liquidez a Achifarp para pagar sus deudas. Además de eso, los audífonos fueron comprados con un enorme sobrepecio, muy por encima de los valores del mercado. Los glucómetros no fueron completamente utilizados y muchos de los insumos para diabéticos, nuevamente, se perdieron en bodegas.
En relación al delito “concursal”, este tiene que ver con la liquidación de Achifarp. Cuando se liquidan los bienes de la Asociación, se ocultan algunas máquinas que fabricaban prótesis auditivas que habían sido compradas en Cuba y pertenecían a Achifarp. Esas máquinas después son encontradas en la Fusal, una nueva fundación creada por Jadue.12
Persecución política… ¿de quiénes?
Durante las audiencias de formalización, la defensa de Jadue no sostuvo la tesis de que este estaba sufriendo persecución política. Según su abogado, la Fiscalía mostraba “un gran sesgo investigativo, no político”13, al defender la prisión preventiva con base en la versión de los testigos de Best Quality (que no son fiables), sin dar relevancia a las contradicciones de sus relatos y sin tener pruebas concretas y verificables a partir de los respectivos peritajes de la PDI/Carabineros. En otro momento, dice que el objetivo de los funcionarios de Best Quality y de su dueño era “perjudicar a Daniel Jadue. ¿Por qué? Porque no le había pagado la millonaria cantidad de plata”14que le debía.
Posteriormente, en el tercer día de formalización, plantea: “cuando digo que es sesgada la investigación, no digo que la Fiscalía sea sesgada, ni que la fiscal Herrera tenga sesgo en esta investigación, a quien conozco, respeto y creo que efectivamente no tiene un sesgo político. Pero lo que sí creo es que cuando un fiscal investiga, presumiendo cosas y creyendo declaraciones sin sustento material y sin diligencia como ocurre con las declaraciones de Ramírez, efectivamente hay un sesgo, no un sesgo político en contra del alcalde de Recoleta, un sesgo donde ella cree, desde el inicio hasta hoy una versión sin investigar el otro lado, sin investigar objetivamente. Y eso no es una crítica al Ministerio Público…”15
O sea, en tribunales, no hay un intento de defender la tesis de persecución política. La defensa de Jadue se basa en el cuestionamiento de las pruebas y los procedimientos de la Fiscalía. El argumento de su defensor en contra de las supuestas pruebas presentadas por Fiscalía se apoya en que algunas de esas “pruebas” no pasaron por los peritajes de las instituciones policiales. O sea, para la defensa de Jadue, el peritaje policial sí sería un comprobante de idoneidad en la investigación.16 Toda su argumentación va en el sentido contrario a cuestionar las instituciones del Estado burgués y se apoya en una de las más reaccionarias de ellas, la policía.
Pero más allá de eso, la misma defensa asume que la principal motivación de Best Quality para querellarse e “inventar mentiras” en contra de Jadue era recibir el dinero que Achifarp le debía.
Podríamos suponer que la estrategia jurídica de Jadue es distinta a su estrategia política y que la tesis de “persecución política” se comprobaría fuera de los tribunales. Aquí nos cabría una pregunta: ¿quién lo está persiguiendo y por qué?
Según Jadue, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, que se querelló en contra de él, es una figura del Frente Amplio, que, a su vez, estaría preocupado por el fortalecimiento de los “comunistas”.17 Otros defensores de Jadue, como Dauno Tótoro, del PTR, plantean que el histórico de los persecutores evidenciaría la persecución política18: Mario Vargas, el abogado de Best Quality, es un abogado muy cercano a Luis Hermosilla, que por su parte es muy cercano a la derecha. El testigo “estrella” de la Fiscalía (César Ramírez) ha sido condenado por estafa. Y la derecha, por su lado, celebra la prisión de Daniel Jadue, una persona “sin condena previa” y que “no ha tenido el derecho a legítima defensa”. Otros también cuestionan a la fiscal Giovanna Herrera, esposa del hijo del actual ministro de vivienda, Carlos Montes (PS). En el mismo sentido, en redes sociales, perfiles relacionados al Partido Comunista plantean que Jadue está en prisión preventiva por buscar comprar medicamentos a bajo costo.19
Lo que hay en común en todas esas versiones es la teoría de que Jadue estaría siendo perseguido, a partir de un gran complot de fiscales, abogados, CDE y políticos de izquierda y derecha, por su actuación en contra del gran capital y por sus proyectos “populares”. Sin embargo, nadie logra establecer un vínculo entre el gran empresariado que supuestamente habría sido perjudicado por las farmacias populares y los demandantes en contra de Jadue. Tampoco queda claro si la “operación” en contra de Jadue viene de la derecha o de la propia coalición de gobierno. La confusión es generalizada, pero es muy útil al Partido Comunista, que termina lavándose la cara en un caso que involucra a varios de sus militantes en acciones totalmente cuestionables, política y moralmente.
Lo que todos “ignoran” es que la querella de Best Quality en contra de Jadue surge porque Achifarp no pagó sus deudas con esa empresa, que seguramente es una empresa, como todas las demás, que tiene como prioridad número uno ganar dinero, cueste lo que cueste.
Pero, además de eso, lo que tampoco nadie habla es sobre el rol de Matías Muñoz, otro militante comunista que lleva más de una década trabajando entre la Municipalidad de Recoleta y el sector privado. Matías Muñoz venía de hacer negocios con Achifarp y de lucrar como intermediario entre Best Quality y Achifarp. Con ese histórico, Jadue lo pone como encargado de ventas de Achifarp y posteriormente como secretario ejecutivo de la Asociación, dándole el control casi total sobre las cuentas de Achifarp, permitiéndole contratar y despedir a funcionarios, aprobar y desaprobar préstamos, pagar proveedores, firmar contratos millonarios sin pasar por el Directorio, hacer remates de productos adquiridos por la Asociación, vender bienes de Achifarp a sus conocidos y un largo etc. La defensa de Jadue atribuye la quiebra de Achifarp a Best Quality, pero lo que no dice es que Matías Muñoz, hasta pocos meses antes de entrar a Achifarp, era un funcionario comisionado de esa empresa totalmente corrupta. Los que ignoran estos hechos y defienden a Jadue a ojos cerrados pagarán caro en el futuro. Es posible que Jadue no supiera de nada de eso, que no tuviera ningún control sobre las cuentas de Achifarp y que haya elegido mal a Daniel Moraga y después a Matías Muñoz. Sin embargo, también es posible que Jadue estuviera al tanto de cada uno de esos movimientos, ya que firmaba los cheques, renegociaba deudas con proveedores y, según varios testigos y los propios estatutos de Achifarp, era el principal responsable por la Asociación.
Hasta ahora, nadie ha podido comprobar quiénes son los que persiguen políticamente a Daniel Jadue y por qué sus acciones políticas como las farmacias populares hayan sido las que generaron las actuales querellas. Lo que podemos identificar es todo lo contrario. La persecución judicial en contra de Jadue, por más parcial que sea del punto de vista jurídico, está en el ámbito de una disputa comercial entre una empresa sin escrúpulos, de un lado, y una Asociación administrada por funcionarios corruptos, sin ningún mecanismo de control público (o incluso de su Directorio) y administrada de manera totalmente irresponsable, para decir lo mínimo.
Es evidente que los partidos y políticos de derecha utilizarán esa situación para sacar réditos políticos. Además de atacar a Jadue, intentarán demostrar que toda la izquierda es corrupta e incapaz de administrar el aparato del Estado y el dinero público. Los que hoy defienden a Jadue sin exigir que se haga una investigación independiente están cometiendo un grave error y poniéndose en una posición de cómplices de Matías Muñoz, Moraga, Jadue y de su nefasta y burocrática administración de Achifarp. Además de eso, hacen un gran favor a la derecha, que podrá acusar a casi toda la izquierda de defensora de corruptos. Esa defensa llega hasta niveles absurdos, con personajes supuestamente de oposición al PC, como Dauno Tótoro del PTR, exigiendo el “sobreseimiento” de la causa, o sea, la suspensión de la investigación.20
Si no confiamos en la justicia burguesa, ¿qué hacemos?
Como escribimos anteriormente, la mayoría del Partido Comunista y la defensa de Jadue en tribunales han sido muy cautelosos en defender la tesis de “persecución política”, ya que respetan la institucionalidad burguesa. Si el Partido Comunista desconfiara del Poder Judicial, ¿qué debería hacer? En nuestra opinión, la única forma de comprobar que Jadue es totalmente inocente y que el problema eran Muñoz y los demás (o que ellos también son inocentes), sería realizar una investigación independiente de la justicia burguesa, con una Comisión especial compuesta por intelectuales, dirigentes sindicales, poblacionales y figuras públicas moralmente intachables, de fuera del Partido Comunista. Un ejemplo histórico de una Comisión con esas características fue la Comisión Dewey21, formada en Estados Unidos para investigar los supuestos crímenes de los cuales Stalin acusaba a Trotsky en contra de la Unión Soviética. Esa Comisión fue dirigida por un intelectual burgués (Dewey) y compuesta por muchas otras personas que no eran simpatizantes del trotskismo. La Comisión pudo comprobar la falsedad de las acusaciones de Stalin en los llamados “procesos de Moscú”, que llevaran a la condena de cientos de revolucionarios a partir de acusaciones falsas.
El Partido Comunista hoy no tiene la intención de promover una investigación independiente. Para el PC, es muy útil que un sector de su partido y también de las organizaciones y activistas de izquierda se movilicen en defensa de Jadue. Al mismo tiempo en que están en el gobierno de Gabriel Boric aprobando medidas que criminalizan a dirigentes sociales y mapuche, como es el caso de Héctor Llaitul, limpian su cara presentando a Daniel Jadue como un preso político. Así, como siempre lo hicieron, juegan un doble juego, con un pie en el Estado burgués y otro en la calle, intentando engañar a los trabajadores y activistas sobre las nefastas prácticas cotidianas del Partido Comunista. Por ello, decimos que no es una tarea de los activistas, sindicatos y trabajadores defender a Daniel Jadue y a los imputados en el caso Achifarp. Si el PC quiere probar la inocencia de Jadue debe convocar una Comisión completamente independiente a la justicia burguesa.
El Partido Comunista y su lógica para gobernar
Los que se sorprenden con las denuncias en contra de militantes del PC o las caracterizan necesariamente como persecución política no entienden en qué se ha transformado el Partido Comunista y cómo administra sus alcaldías y cargos en el Estado.
La alcaldía de Daniel Jadue, al contrario de lo que muchos piensan, no era ni comunista ni revolucionaria. Daniel Jadue intenta(ba) utilizar los mecanismos legales y del mercado para “humanizar” el mercado capitalista. Los proyectos “populares” de Daniel Jadue son muy parecidos a lo que fue el chavismo en Venezuela durante su auge, con las llamadas “misiones”. Mientras los precios del petróleo estaban en las nubes, el chavismo utilizaba una parte de ese dinero para crear proyectos “populares” de alfabetización, odontología, medicina preventiva, etc. Esos proyectos, sin embargo, no pasaban por ningún control popular (decisiones y fiscalización) y no fueron pocos los casos de corrupción que surgieron en su implementación. Cuando el dinero del petróleo terminó, acabaron también los proyectos.
El caso de Jadue es bastante más limitado, evidentemente, ya que Jadue no dirige un Estado y tampoco tiene el dinero del petróleo que tenía el chavismo. Sin embargo, la lógica es la misma. Jadue intenta crear, utilizando algunas brechas del mercado y de la legislación, empresas o programas públicos que compitan con las grandes empresas privadas. Su intento sería “romper el monopolio” capitalista.
El primer problema de esas medidas es que no cuestionan a fondo el mercado capitalista, sino que intentan entrar en él para competir, lo que casi siempre termina con malos resultados.
En el caso de Achifarp, esa Asociación dependía en primer lugar de las cuotas de las Municipalidades, que estaban sujetas a las decisiones políticas de los distintos alcaldes y sus partidos, lo que dejaba la Asociación totalmente vulnerable a los “enemigos” de Jadue. El otro problema, y más grave, es que Achifarp seguía rehén de los precios establecidos por grandes laboratorios y empresas importadoras, como quedó evidente con el caso de Best Quality, que vendió miles de productos con sobreprecio a Achifarp (seguramente con una “manito” de Muñoz, su exfuncionario y posterior secretario ejecutivo de Achifarp). En el capitalismo es imposible “regular” el mercado a través de las empresas estatales. El mercado, tarde o temprano, termina imponiendo sus términos a partir de los precios o de la presión de los grandes monopolios.
En segundo lugar, la lógica burguesa de Achifarp y de la alcaldía de Jadue (y de todas las demás alcaldías de la “izquierda”) se manifiesta en la total falta de control popular sobre las instituciones públicas. En el caso de Achifarp, no solo no había ninguna forma de transparencia y control popular, sino que ni el Directorio sabía lo que Jadue y Muñoz hacían.22 Ese funcionamiento institucional, propio de las instituciones capitalistas, públicas y privadas, abre la puerta para todo tipo de corrupción y malas decisiones administrativas, exactamente lo que pasó con Achifarp. Además de eso, es lo contrario de cómo debería funcionar una alcaldía o una asociación verdaderamente populares, con fiscalización permanente de la población, democratización de la toma de decisiones, etc.
La alcaldía de Jadue, si bien ha beneficiado a un sector de los vecinos de Recoleta con sus programas “populares”, está destinada a fracasar como proyecto de transformación social, ya que no tiene como horizonte acabar con el mercado capitalista y con los grandes monopolios. Su proyecto de humanizar el mercado capitalista a través de una “competencia más justa” es imposible, debido al alto grado de concentración de la propiedad en manos del gran empresariado y al enorme poder político que estos tienen sobre el Estado. Además de eso, como se comprueba en el caso de Achifarp, al no cuestionar la lógica del mercado, mantiene el lucro en distintas partes de la cadena de producción y abastecimiento de sus “proyectos populares”, desde los laboratorios, pasando por los importadores y hasta por militantes “comunistas” como Matías Muñoz, que se aprovechan del dinero público de las municipalidades y de su ubicación privilegiada en el aparato del Estado para enriquecerse.
El Partido Comunista se ha transformado en un partido del régimen burgués, que hoy defiende al sistema capitalista neoliberal, depende de puestos en el Estado (ministros, alcaldes, diputados, senadores, concejales) y cada vez más maneja contratos, licitaciones y empresas públicas y privadas. El proceso de “aburguesamiento” del PC es muy similar al que ocurrió con el PS y también con otros partidos, como el PT de Lula en Brasil, donde muchos dirigentes sindicales y populares terminaron transformándose en accionistas de empresas e importantes empresarios. Los casos de corrupción en el Partido Comunista (y en el Frente Amplio) irán aumentando en la misma proporción de su acceso y permanencia en el poder burgués. Los que no entienden en lo que se ha transformado el PC se sorprenderán en cada caso de corrupción involucrando a los militantes de ese partido.
Reforma o revolución
Por último, no creemos que el proyecto de Jadue sea el único referente posible de una alcaldía transformadora o “popular”.
A cada tanto, el Partido Comunista celebra la figura de Lenin, haciendo homenajes por redes sociales al gran dirigente de la revolución obrera rusa. Creemos que al PC les haría mejor leer a Lenin en vez de transformarlo en un ícono inofensivo.
Uno de los documentos escritos por Lenin y aprobados por la III Internacional durante su vida, que sigue totalmente actual, son las tesis sobre el Partido Comunista y el Parlamentarismo, de 1920. En esas tesis están contenidas, en su esencia, todas las orientaciones que los revolucionarios deberían tener en cuenta al intervenir en el aparato del Estado (parlamentos, municipalidades, etc.)
En relación a las municipalidades, dicen las tesis:
“Los comunistas, si obtienen mayoría en los municipios, deben: a) formar una oposición revolucionaria en relación al poder central de la burguesía; b) esforzarse por todos los medios en prestar servicios al sector más pobre de la población –medidas económicas, creación o tentativa de creación de una milicia obrera armada, etc.–; c) denunciar en toda ocasión los obstáculos puestos por el estado burgués contra toda reforma radical; d) desarrollar sobre esta base una propaganda revolucionaria enérgica, sin temer el conflicto con el poder burgués; e) reemplazar, bajo determinadas circunstancias, a los municipios por soviets [consejos] de diputados obreros. Toda acción de los comunistas en los municipios debe, por lo tanto, integrarse en la obra general por la destrucción del sistema capitalista”
Es evidente que el Partido Comunista no tiene como objetivo la destrucción del sistema capitalista, como dicen las tesis. Su práctica, sea en el Parlamento, en el gobierno central o en una alcaldía es humanizar el capitalismo. Una verdadera “alcaldía popular” o revolucionaria debería empezar por cuestionar de manera directa al gobierno central capitalista, lo que Jadue no hace. No sólo no lo hace, si no que él es parte del Partido Comunista, que hoy dirige el Estado burgués y administra el capitalismo neoliberal. Si Jadue fuera una oposición efectiva al gobierno de Boric/PS/PC, debería empezar por romper con el Partido Comunista y organizar un gran movimiento en contra del gobierno, exigiendo la implementación de medidas que realmente cambien la vida de la población trabajadora, lo que no va a hacer. Su interés en ser una “oposición” a Boric es puramente electoral.
En el ámbito económico, mientras implementa sus “proyectos populares”, Jadue debería explicar a la población de Recoleta que no es posible garantizar, a mediano y largo plazo, bajo el sistema capitalista, farmacias, inmobiliarias u ópticas populares. Debería explicar que mientras Chile no tenga laboratorios, hospitales y farmacias estatales, que produzcan medicamentos y prioricen la salud de la mayoría de la población, las farmacias populares no solucionarán los problemas de la salud. También debería explicar que mientras Chile no nacionalice el cobre y las riquezas naturales, no habrá dinero para construir “viviendas populares” para todos los habitantes del país.
Si Jadue fuera realmente transformador y comunista, debería movilizar de manera permanente a la población de Recoleta para fiscalizar y controlar el aparato de la municipalidad, con asambleas resolutivas de delegados electos en los barrios y lugares de trabajo. Debería cuestionar toda la institucionalidad burguesa, incluso a las policías, creando organizaciones armadas de trabajadores y pobladores que pudieran cumplir el rol de seguridad en la comuna, lo que no hacen los Carabineros o la PDI, instituciones que tienen sus cúpulas corrompidas y al servicio del Estado burgués.
Es verdad que es imposible cambiar el capitalismo o el Estado burgués en una sola alcaldía. Sin embargo, un trabajo verdaderamente revolucionario en una alcaldía podría servir como herramienta de organización y educación para los trabajadores contra el sistema capitalista. Lo que Jadue hace es generar ilusiones en los trabajadores de que es posible humanizar el capitalismo sin cuestionar a fondo sus raíces y sus lógicas nefastas.
Desde el MIT creemos que es necesario construir un nuevo partido para la clase trabajadora, un partido que sea de verdad comunista y revolucionario, que cuestione hasta el fondo el Estado burgués y la economía capitalista. Ese partido no es el Partido Comunista de Chile, que de comunista hoy solo tiene el nombre.
1 Ver https://www.bbc.com/mundo/articles/cd15pl2z76ko
2 Según un estudio, el impacto de las farmacias populares en la caída de ventas de las farmacias privadas en las comunas donde compiten fue de alrededor de 4%, sin embargo, las farmacias privadas, para contrarrestar el menor margen de ganancia, subieron los precios de sus medicamentos. Ver: https://economia.uc.cl/2021/04/26/pauta-destaca-investigacion-de-felipe-gonzalez-sobre-el-impacto-economico-y-politico-de-las-farmacias-populares/
3 La empresa acusa a Achifarp de cohecho y estafa. El cohecho se explicará más adelante; el delito de estafa tiene que ver con el supuesto engaño que se produjo por parte de Achifarp cuando aceptó el acuerdo de comprar mercaderías de Best Quality sin tener solvencia para pagarles.
4 Ver https://www.latercera.com/nacional/noticia/juzgado-ordena-liquidacion-forzosa-de-achifarp-daniel-jadue-afirma-que-farmacias-populares-seguiran-funcionando/4VNC62OL3FDIFBHASJPDRONJFA/
5 Los delitos imputados a Jadue son: administración desleal, delito concursal, cohecho, fraude al fisco y estafa. En el caso de Muñoz, a estos 5 delitos se suman malversación de fondos y lavado de activos. Los demás imputados también son acusados de distintos delitos. Es importante aclarar que en el caso de Jadue no se le imputa derechamente corrupción en el sentido de haber sustraído dinero de Achifarp para su interés personal, como sucede en el caso de Muñoz.
6 El palabras del abogado defensor de Jadue: “Esa empresa, Best Quality, es la génesis de esta causa. ¿Y por qué es la génesis? Porque su actuar inescrupuloso en pandemia generó la quiebra de la Achifarp. […] Ellos reventaron a esta Asociación que tenía fines para mejorar la vida de los chilenos”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=PGQ5_UCEIqQ&t=25223s&ab_channel=CNNChile, 5h:23min:30s.
7 Esto llevó a que Achifarp se querellara en contra los municipios deudores. Ver https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/esquirlas-judiciales-de-una-caida-42-municipalidades-estan-demandadas-por-la-asociacion-de-farmacias-populares-que-lidero-jadue/BKSVYR5X7NCS7DPS
8 Según la defensa de Muñoz, el que hace el convenio es Moraga y no Muñoz, ya que Muñoz asumió el cargo a partir de agosto, de acuerdo a su cartola de AFP. La fiscalía sostiene que Muñoz entra en julio y su primer pago de cotización es en agosto.
9 Ver https://www.ciperchile.cl/2022/08/19/whatsapp-del-exsecretario-de-las-farmacias-populares-menciona-una-donacion-de-uno-de-sus-proveedores-destinada-a-jadue/
10 Algunos elementos materiales prueban que Muñoz sí estuvo negociando con Best Quality, como el intercambio de whatsapp entre Muñoz y Ramírez.
11 Ver https://www.t13.cl/noticia/nacional/daniel-jadue-millones-perdidos-por-medicamento-interferon-no-leo-lo-firmo-6-3-2024
12 Ver https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/nuevo-cerco-sobre-jadue-fiscalia-investiga-traspasos-de-insumos-desde-achifarp-a-fundacion-presidida-por-el-alcalde-de-recoleta/VY7DIQSNANGLJINYQXGBQPYFY4/
13 Ver https://www.youtube.com/watch?v=PGQ5_UCEIqQ&t=25224s&ab_channel=CNNChile, 5:28:40.
14 Idem, 5:30:00.
15 Ver https://www.youtube.com/watch?v=_6-EhS29LJs&t=25554s&ab_channel=CNNChile, 5:54:18.
16 Curiosamente Dauno Tótoro, dirigente del PTR, que dice desconfiar de las instituciones del Estado burgués, defiende el mismo argumento que la defensa de Jadue en el programa Sin filtros, planteando que la prisión preventiva se basaba en fotos “sin peritaje”.
17 Ver https://www.chilevision.cl/noticias/nacional/quien-es-raul-letelier-presidente-del-cde-apuntado-por-daniel-jadue
18 Ver https://www.youtube.com/watch?v=FY7w-nITlDM&ab_channel=SINFILTROSTV
19 Ver https://www.instagram.com/jaduelibre/
20 Ver https://www.laizquierdadiario.cl/Justicia-decreta-prision-preventiva-para-Daniel-Jadue-organicemos-movilizaciones-por-su-liberacion
21 Ver https://www.pts.org.ar/La-Comision-Dewey
22 Esto incluso es reconocido por la defensa de Jadue, que dice que no había iniciativa de los demás alcaldes en controlar lo que pasaba en Achifarp.
