Hace dos años se desató la “crisis de la salud privada”. En rigor, la situación es resultado de cuatro décadas de funcionamiento del sistema tal y como fue concebido por los ideólogos neoliberales de la dictadura de Pinochet. Y sí, para comprender mejor esta situación, necesariamente tenemos que hablar de política.
Por Paz Ibarra
El negocio
En 2001, un estudio de la entonces Superintendencia de ISAPRES, “Análisis de la concentración en la industria de las ISAPRES” señalaba que las trece empresas de la salud existentes estaban casi en las mismas manos: el grupo Penta, la CChC (Cámara Chilena de la Construcción), la Sociedad de Beneficencia Hospital Alemán (Clínica Alemana); las familias Fernández León, Trucco y Piñera, y los empresarios René Merino, Patricio Mosso, José Subercaseaux y Cecil Chellew.
Desde 1981, el sistema de empresas privadas de salud aseguró el negocio para las grandes fortunas. De las 6 ISAPRES formadas al inicio se llegó a 23 en 1989, y a la ridícula cantidad de 36 empresas en 1993 (22 ISAPRES abiertas, para cualquier afiliado; y 14 cerradas, formadas por algunas empresas para sus propios trabajadores). Lo central es el principio de libertad para el negocio. La propiedad de las ISAPRES está en acciones que se transan en la Bolsa de Valores y las acciones cambian de dueño. Y como el mercado manda, si una empresa no es rentable es comprada por otra o simplemente quiebra. Por eso hoy existen 12 ISAPRES (6 abiertas y 6 cerradas). El propósito de las ISAPRES no es la salud de sus afiliados, si no la venta de prestaciones médicas.
Las ISAPRES usan la Integración Vertical (empresas relacionadas jerárquicamente que controlan diferentes partes del mismo negocio). En la práctica, eso significa que ISAPRES, clínicas, centros médicos y laboratorios pertenecen a los mismos dueños. Así, las ISAPRES controlan los precios de casi todas las prestaciones: consulta médica, exámenes, cirugías, procedimientos clínicos, hospitalizaciones. De esta manera lograron ofrecer hasta 12 mil diferentes planes de salud, valorizados en pesos o en UF, imposibles de comparar de una Isapre a otra. La oferta se complementa con un servicio de hotelería hospitalaria cada vez más caro y segmentado. Tal como las AFP, las ISAPRES se financian con un flujo obligatorio y constante de dinero proveniente de sus afiliados, siempre retiran utilidades y han admitido la entrada de consorcios extranjeros que pueden comprar una empresa con su cartera de clientes y redes de clínicas y laboratorios. Esos gigantes actúan al amparo de los acuerdos de libre comercio firmados por el Estado chileno con otros países. En 1983 la legislación subió a 6% la cotización obligatoria y después se fijó en el 7% mensual hasta hoy. Claro que ese 7% cubre un plan muy básico, por lo que la mayoría de los afiliados debe pagar un monto adicional que responda mejor a sus necesidades de salud. Tales adicionales se establecen con la famosa Tabla de Factores de Riesgo, que las ISAPRES usaron a su antojo para cobrar en forma diferenciada si el afiliado es joven o viejo, hombre o mujer en edad fértil, si es diabético, hipertenso, tiene depresión o es sano, etc. Los valores son reajustados todos los años, se usen los servicios o no. Un elemento poco conocido es que este sistema descarga sus costos principalmente sobre los afiliados de ingresos medios, ya que la cotización obligatoria tiene un tope imponible que en la actualidad es de 74,3% UF (al día de hoy equivalen a casi $2.786.000). De esta manera un ingeniero o periodista dependiente cotiza lo mismo que un alcalde, diputado, ministro o senador (cuyos sueldos varían entre 5 y 8 millones brutos) o lo mismo que un notario (que gana 14 millones) o un conductor de matinal en la tele (que van de 18 a 25 millones mensuales)
Por cuarenta años, las ISAPRES obtuvieron tan grandes utilidades que parecían intocables. La cifra histórica fue de 45 mil millones de pesos en 2011. Incluso durante el primer año de pandemia, las utilidades llegaron a 18 mil millones, según la propia Asociación de ISAPRES, por la postergación de atenciones que miles de afiliados hicieron en el contexto de las cuarentenas, y a pesar de que ese año las licencias médicas aumentaron casi 20% por efecto del Covid. Recién en 2021 anotaron pérdidas provocadas por la pandemia y el pago de licencias causadas por ella, aunque principalmente por los elevados costos judiciales asociados a las demandas de los afiliados y la deuda millonaria que arrastran con prestadores externos como centros médicos y laboratorios.
Actualmente los dueños de las Isapre son el grupo Bethia (familia Heller – Solari), la CChC, Clínica Alemana, los grupos United Health Group y Nexus de EE. UU y el grupo británico BUPA. Contra tal poder económico es que la Corte Suprema tomó la defensa de miles de personas comunes y corrientes. Pretendía restituir, ni más ni menos, la escandalosa cifra de 1.400 millones de dólares extraídos directamente de los bolsillos de los afiliados por alzas indebidas en los planes de salud que aplicaron las ISAPRES al menos por 20 años. Parecía que por fin la justicia burguesa se ponía del lado de las personas afectadas.
El gobierno lanza un flotador a las empresas
El caso de las ISAPRES nos permite ver de manera concreta cómo funcionan las instituciones del Estado burgués. Cuando la Corte Suprema (Poder Judicial) dicta su fallo contra las ISAPRES, el gobierno de Boric (Poder Ejecutivo) declara en un primer momento que la orden debe acatarse. La Asociación de ISAPRES (la gran burguesía) amenaza con el colapso de todo el sistema de salud. Algo así como “si me hundo yo, nos hundimos todos”. Su argumento es que el FONASA, con todo lo “precario e ineficiente” que es, no puede asumir la atención de casi 3 millones de afiliados afectados en caso de quiebra de las ISAPRES, condenándolos a la mala atención y a las listas de espera. La presión lleva al gobierno a intervenir y este decide reducir el monto de la deuda a mil millones de dólares. O sea, modifica el fallo de la Suprema y de paso se mete en el bolsillo de 700 mil afiliados defraudados.
Luego de un tira y afloja que duró hasta mayo pasado, el Parlamento (Poder Legislativo) da por fin luz verde a un proyecto de Ley Corta que hará “viable el cumplimiento del fallo de la Suprema, pero permitiendo la sobrevivencia de las ISAPRES” Dicho en castellano común y corriente, es una salida que hará justicia en la medida de lo posible para no desbaratar el negociado. Esta crisis demuestra que la industria de la salud privada, que atiende apenas al 17% de la población, no ha sido capaz de sostener en el tiempo la cobertura a sus propios afiliados y que su fortuna ha sido amasada con alzas excesivas de sus planes. Las ISAPRES mantienen una deuda increíble con prestadores pequeños (centros médicos o laboratorios que no son parte de su propiedad), y al mismo tiempo reciben subsidios del Estado para cubrir las atenciones del plan AUGE que FONASA no consigue otorgar.
El supuesto desenlace
La Ley Corta de ISAPRES, aprobada con mayoría, es un triunfo de la burguesía y su defensor de turno, que es el gobierno de Boric (PPD, PS, PC, FA, radicales, liberales, humanistas y verdes). Le otorga un generoso respiro a la empresa privada, a costa de los afiliados, y de paso introduce una semiprivatización a FONASA bajo la figura engañosa de seguro complementario. El problema inicial, el millonario monto defraudado a los afiliados en dos décadas, sirvió de excusa para introducir “mejoras” y postergar la prometida reforma a la Salud. La oposición acusó al gobierno de querer estatizar las ISAPRES de forma encubierta y el oficialismo dijo que no daría un perdonazo a las ISAPRES. Es decir, no, pero sí.
Hace un par de semanas, el Superintendente de ISAPRES Víctor Torres, en una entrevista de Radio Biobío explicó a grandes rasgos el panorama. La deuda de 1.400 millones de dólares quedó actualizada hasta noviembre de 2023, con 700 mil contratos afectados por el cobro excesivo y la no aplicación de la Tabla Única de Factores que la misma Superintendencia decretó usar a partir de 2020 para que las ISAPRES valorizaran sus planes. La Ley Corta condiciona el retiro de utilidades para las ISAPRES al pago de la deuda y da un plazo máximo de 13 años en el caso de los afiliados menores de 65, 5 años de plazo en el caso de personas entre 66 y 80, y 2 años para los mayores de 80. Es altamente probable que la deuda expire si el afiliado fallece.
Los más de medio millón de afiliados migraron a FONASA. Al hacerlo, quedan fuera del “beneficio” de la ley corta. Según las cuentas del Superintendente, serían 97 mil afiliados los que recibirían algún tipo de reembolso, ya sea en excedentes (es decir prestaciones valorizadas por el monto que se debe), bonos de deuda que cada afiliado podría transar en la Bolsa, o en la modalidad de pronto pago que sería un pago en efectivo, pero con un recorte del total adeudado. Finalmente, si el afiliado quiere la devolución de su dinero o al menos parte de él, deberá permanecer aún atrapado en el mismo sistema que lo defraudó.
En 2023 se creó el ICSA (Índice de Costos de Salud), un valor para establecer el máximo del reajuste anual que las ISAPRES pueden poner a sus precios; es un criterio menos arbitrario que las mismas usaron por tanto tiempo. El primer valor del ICSA fue de 2,6% Durante el mismo año las empresas declararon utilidades por 7.226 millones. Mientras se debatía la Ley Corta en el Congreso, y para dar “certezas” a la burguesía, el gobierno adelantó el alza del ICSA y ya en abril 2024 el nuevo valor quedó en 7,4% ¿A qué afiliado preguntaron? A ninguno. Ellos ya sufren ese aumento en sus planes, mientras las ISAPRES tienen todavía hasta septiembre para presentar a la Superintendencia sus propuestas de reembolso. Con esta alza en el ICSA el gobierno obliga a los afiliados a entregar más dinero a las ISAPRES, formando un colchón que irá creciendo hasta que por fin en octubre se comience a reembolsar.
Otro beneficio que otorga la Ley Corta a las ISAPRES es que en los próximos 3 años podrán aumentar de manera extraordinaria el valor de sus planes hasta en un 10%, sin restricción por el ICSA. Resumiendo, el gobierno rebaja el monto de la deuda (que ya está 7 meses desactualizada), el Senado fija las condiciones más favorables para que los intereses de los afiliados no perjudiquen los intereses de las empresas y la Corte Suprema mira cómo los otros poderes del Estado alteran su fallo. ¿Queda claro para quién trabajan las instituciones del Estado burgués y sus gobiernos?
Lo que no dice la Ley Corta es que, si las Isapre consideran perjudicial la aplicación de la misma, tienen a su favor el poderoso derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa, así como los tratados de libre comercio que resguardan las inversiones extranjeras en Chile. Si el Estado chileno se mete con las utilidades de BUPA, por ejemplo, arriesga una demanda internacional. Y todos sabemos que los empresarios mandan.
¿Es posible mejorar el sistema de salud en Chile?
Considerando que la razón de ser del sistema privado es la venta de prestaciones para curar problemas de salud (no para prevenirlos) y que el sistema público no da abasto porque fue desmantelado sistemáticamente por la dictadura y apenas sostenido en los 33 años de gobiernos democráticos para garantizar el éxito del negocio privado, la respuesta en simple es no.
En el largo plazo la respuesta sigue siendo no, porque lejos de gastar menos en salud, a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, en la sociedad actual lo que más aumenta son las enfermedades crónicas de todo tipo: diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades mentales, por vivir en ambientes contaminados, etc. La sociedad capitalista en su expresión actual (imperialista) produce condiciones miserables de vida para la mayoría de los habitantes del planeta, por las relaciones de explotación cada vez más crueles e inhumanas.
En sus propuestas de programa de gobierno, llenos de falsas promesas, ni Boric ni Jadue hablaron de terminar de raíz el problema de la desigualdad en la salud, ni en la educación, vivienda o pensiones. Una vez instalado el llamado “modelo neoliberal” que transformó todos los derechos sociales en fuente de negocios inmensos, y luego de ser profundizado en democracia, ningún empresario va a renunciar a sus ganancias. Las ISAPRES demuestran que nada pone límites a los negocios. La pandemia lo evidenció de manera dramática. En el momento de mayor necesidad de cobertura, las clínicas privadas continuaron cobrando aranceles altos por hospitalizaciones y las ISAPRES rechazaron el pago de todas las licencias médicas por Covid que pudieron. Tampoco el Estado obligó a las ISAPRES a reconvertir su capacidad instalada para la atención de los contagiados por el virus desde el inicio de la pandemia. Las utilidades en 2020 fueron macabras.
Nosotros decimos que si las ISAPRES actuaron de manera delictual como lo hicieron, el Estado debe expropiar para ponerlas al servicio de la mayoría y bajo el control directo de sus trabajadores y afiliados, pasando toda su infraestructura y trabajadores al servicio público de salud. Y expropiar sin indemnizar ni un solo peso, porque esas empresas lucraron por décadas con la enfermedad de miles de personas, manteniéndolas además como clientes cautivos. Pero eso es imposible en el imperialismo global.
Si queremos cambiar el Sistema de Salud en Chile, por uno que ponga al centro la promoción y mantención de la salud de toda la población sin exclusión, llegaremos a la conclusión de que Chile necesita un sistema único de salud, público, universal y gratuito. Único, para que no exista posibilidad de negocio privado y así eliminar diferencias, abusos y privilegios. Eso sólo se consigue si el sistema es público y bajo el control y fiscalización de sus trabajadores y usuarios.
Sólo el Estado tiene la capacidad para proporcionar recursos, organizar y administrar todos los servicios sanitarios y programas de salud a escala del país, sin discriminación y sin restricciones, para toda la población.
¿Cómo se financia algo así? Si miramos las enormes utilidades de la gran minería privada y la increíble cantidad de dinero que las grandes empresas le roban al Estado con la elusión y evasión de impuestos, llegaríamos a la conclusión de que en Chile hay recursos suficientes para tener un sistema de salud de lujo. La expropiación de toda esa riqueza es una necesidad.
Pero el Estado que conocemos es un Estado burgués, hecho a la medida de los grandes capitalistas, que son la minoría. Necesitamos destruir este Estado, y construir uno nuevo, un Estado al servicio de la mayoría de la sociedad y que esté en manos de las y los trabajadores. Ese Estado solo podrá ser construido sobre las ruinas del Estado actual, a partir de una revolución.
Ese Estado debe ser el objetivo y la tarea de sindicatos, comités salud, de inmigrantes, organizaciones territoriales, populares, estudiantiles, culturales. Mientras tanto, todas las organizaciones de trabajadores y de usuarios de la salud, deben intervenir decididamente en esta crisis, porque es la lucha de la salud pública contra los negocios privados.
Debemos rechazar la Ley Corta, exigir el completo reembolso de la deuda a los 700 mil afectados, discutir el financiamiento de un plan de refuerzo urgente para FONASA y la red de salud pública, y movilizarnos por el fin de las ISAPRES y por un Sistema de Salud Único, Gratuito y Público, controlado por sus trabajadores y usuarios.
