Ante las decenas de pedidos internacionales por la Libertad de los más de 2500 presos políticos de la Revolución chilena llegadas desde distintas organizaciones sociales, de Derechos Humanos, políticas y sindicales a las autoridades chilenas, el Fiscal Nacional don Jorge Abbott, principal autoridad de la persecución penal en Chile respondió, por carta falseando la realidad: “En relación a vuestra información sobre 2500 personas que se encontrarían privadas de libertad por manifestarse políticamente, cumplo con informar que todas las personas que se encuentran actualmente con la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria, en el contexto de la crisis social o cualquier otro contexto, lo están por habérseles imputado y estar siendo investigadas por delitos graves.”
En la misma carta, cínicamente, el Fiscal pide que si se conocen casos de “alguna persona que se encuentre privada de libertad en Chile… nos puedan hacer llegar a la brevedad los antecedentes particularizados…. Para adoptar las medidas que sean pertinentes”.
Una vez más, por si no ha sido suficiente, vamos a darle al Fiscal las “particularidades” sobre los miles de compañeros que tienen “privada su libertad” por motivos políticos. Por medio de esta respuesta queremos recordar al Fiscal Nacional que “Prisionero Político es un luchador social, una persona quien a través de distintas conductas o expresiones tiene la voluntad de propiciar un cambio de régimen, económico, político, social, que no logra satisfacer las necesidades básicas”. Por tanto todas las personas detenidas en el marco de las movilizaciones desatadas el 18 de octubre de 2019 en Chile bajo la consigna “no son treinta pesos son treinta años” son prisioneros políticos y es ese el tratamiento que se les debe dar.
La respuesta entregada por el señor fiscal nacional negando esta realidad no es más que defender y aplicar el “derecho Penal del enemigo” es decir perseguir, criminalizar e intentar desmovilizar al pueblo chileno que con millones en las calles dijo que este sistemas no va más.
Constatando que el estado chileno tiene dos varas para medir la aplicación del derecho: una para quienes luchan y otra para quienes dispararon y quitaron la vida a casi 40 personas, quitaron la vista parcial o totalmente a casi 400 torturaron a decenas y a otras tantas violaron o abusaron sexualmente. ¿Quiénes cometieron esos hechos están siendo investigados o imputados? ¿o esos no son delitos graves señor Fiscal?
Miles de personas pasaron por los juzgados de garantías de los cuales al menos 2500 han sido sujetos a la Medida Cautelar de Prisión Preventiva o Internación Provisoria en el caso de los niños niñas o adolescentes, todo ello promovido por el Ministerio Público por medio de los fiscales.
Hoy el mismo Ministerio Público que pretende condenas ejemplificadoras a los jóvenes que fueron parte de esas movilizaciones.
Señor Fiscal don Jorge Abott, en sus manos está la facultad de no repetir la historia, para que en Chile no haya presos políticos debe liberar a cada uno de los que a partir del 18 de octubre fue detenido luchando por los derechos que este sistema arrebató al pueblo chileno. Es usted quien debe responder por el intento de condenar a los presos políticos a 10, 15, 20 años o más por atreverse a luchar. Hoy es más, esos 2500 luchadores tienen su vida puesta en las manos de las autoridades chilenas, más expuestos al contagio de covid-19 por el hacinamiento, falta de agua e implementos, etc. Sus vidas están en riesgos cuando las cárceles son una bomba de tiempo. Lo hacemos -como a todas las autoridades chilenas- responsable de la salud y vida de esos luchadores con sueños, futuro y que sólo en virtud a su solidaridad salieron a protestar desde el 18 de Octubre del año pasado.
Por nuestra parte tenemos la decisión de seguir luchando y solidarizando con todos quienes están en las cárceles por decisión política de los organismos del estado chileno. Llamamos a redoblar la campaña de solidaridad internacional por la libertad a los presos políticos, a sindicatos, organismos de derechos humanos, asambleas territoriales, etc. Debemos denunciar y acabar con esas condenas absurdas de 10, 15 y hasta 24 años de cárcel, y como mínimo exigimos el cambio de cautelar a arresto domiciliario, porque la pandemia mata.
Una campaña internacional por la vida: Libertad a los presos políticos YA. Medidas sanitarias en todas las cárceles.
