Por Roberto Monares
El último 5 de julio se realizó, en el juzgado de garantía de Coronel, la audiencia de formalización de 11 trabajadores perseguidos por la querella de la patronal del grupo Von Appen y Angelini, de la mano con el Ministerio Público. Los trabajadores son imputados por amenazas, daños y desórdenes públicos. Desde el Movimiento Internacional de Trabajadores saludamos la heroica lucha de los portuarios de Coronel y rechazamos la criminalización del derecho a huelga y piquetes de los trabajadores.
El origen del conflicto
A fines marzo y durante el mes abril el Puerto de Coronel estuvo paralizado por 56 días. Se trató de una de las luchas obreras más importantes en el último tiempo en el país. La movilización de los trabajadores portuarios nació como una medida defensiva frente a la intención de la gerencia de limitar el control sindical sobre la “nombrada” -sistema de distribución de turnos de los trabajadores y trabajadoras eventuales-. Fue un ataque al corazón de la fortaleza sindical y este se da en el marco de otras luchas portuarias. Pocos días antes, se habían movilizado los trabajadores de Puerto Barquito de Chañaral, el sindicato del Puerto ITI en Iquique y la huelga de Sindicato Medlog, en el Puerto de San Antonio.
La octava región genera cerca del 6,3% del PIB del país. Las industrias forestal, pesquera y frutícola, entre otras, son uno de los pilares del capitalismo chileno (con la minería, primordialmente en el norte y centro del país). Para este modelo de saqueo, es estratégica la infraestructura portuaria, que incluye siete puertos comerciales. Cuatro de esos -Coronel, Lirquén, San Vicente y Talcahuano- son de carga general y tres, especializados. Además, existen cuatro puertos industriales privados, Terminal Marítimo ENAP, Muelle CAP, Terminal Oxiquim y Terminal Abastible. El puerto de Coronel pertenece a uno de los grupos económicos de las 10 familias más ricas que saquean el país. Comparten propiedad de dicho puerto el grupo Arauco, controlado por la familia Angelini, del rubro forestal y marítimo, junto a Neltume Ports, perteneciente al grupo Von Appen, a través de Ultramar y la empresa constructora Belfi, de propiedad de la familia Elgueta. El puerto de Coronel tiene el mayor movimiento regional de exportaciones -en el año 2023 superó US$ 3 mil millones-, que fueron embarcadas allí con destino a los más diversos países del mundo, mientras que, en igual periodo, el Puerto de San Vicente y Lirquén bordearon los US$ 1,8 y US$ 1,4 miles de millones respectivamente.
La huelga y el piquete son el camino para obtener nuestras demandas.
Junto a los trabajadores de la minería, los trabajadores portuarios son uno de los batallones estratégicos de la fuerza de la clase trabajadora en Chile. Los trabajadores nada podemos esperar de las estériles mesas de diálogo del gobierno, la Dirección del Trabajo o los eternos procesos del Poder Judicial, pues estas instituciones están al servicio de los intereses de los ricos. La mesa de diálogo impulsada por el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, no garantizó ninguna de las peticiones centrales de la movilización. Posterior al “acuerdo”, un grupo de trabajadoras portuarias tuvieron que lanzarse a una huelga de hambre en denuncia por incumplimientos de la empresa. Luego, los sindicatos anunciaron acciones legales puesto que no se garantizó ni las remuneraciones, ni el acceso al trabajo. Lo cierto es que la fortaleza de los trabajadores portuarios reside en su posición estratégica (distribución de mercancías). Por eso, la Unión Portuaria debe retomar su tradición de ejercer la huelga general portuaria en solidaridad con aquellos trabajadores. Es el camino para inclinar la balanza a favor de los trabajadores. Para organizar una lucha definitiva y contra la precarización hay que levantar la consigna urgente por la Nacionalización de todos los Puertos con control democrático de los trabajadores.
