Editorial La Voz del Minero N°4
Durante los meses de julio y agosto, suceden hechos históricos que son relevantes para los trabajadores de la minería.
11 de julio (1971): El denominado «día de la unidad nacional»
24 de julio (2015): El asesinato de Nelson Quichillao
05 de agosto (2010): Accidente de la mina San José
10 de agosto: Día del minero
Si bien el 10 de agosto los trabajadores de la minería se reúnen para celebrar ese día, el mismo no contiene hasta ahora un cariz que configure alguna relevancia política para los mineros, sino que más bien es un día que atañe más al ámbito jovial de divertimento. Se realizan fiestas diversas que implican abstraerse de la «realidad minera» propiamente tal, lo que no lo hace un día descartable políticamente a priori, dado la posibilidad que implica el esparcimiento colectivo del grupo de trabajo en un espacio social de recreación bien merecida.
Los otros tres días, si bien están separados en el tiempo político histórico, están intensamente unidos por constituir hechos políticos.
El 11 de julio de 1971, en el gobierno de la Unidad Popular, el Presidente Allende decreta el día la Nacionalización del Cobre, cuestión que se borra a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet, al instaurarse por los Chicago Boys, encabezados por José Piñera, la famosa Ley de Concesión plena, que otorga facultades especiales a las empresas que quieran invertir en los yacimientos otorgando concesiones tan llamativas para las transnacionales que comienzan a encontrar en la minería chilena un paraíso de posibilidades para enriquecerse aún más. Esto, a costa de un recurso, sino el principal de este país, a tal punto que, al paso de los años, el estado de Chile es cada vez más entreguista y, por ende, menos poseedor de los minerales, aun contraponiendo el propio Código de minería, que en su artículo 1, establece que el Estado tiene el dominio “absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas». Al final, tenemos que los trabajadores somos quienes creamos la riqueza, y no somos dueños de nada, y quienes nos explotan son los dueños de todo.
Sobre el asesinato de Nelson Quichillao, podemos decir que hay un estado que no garantiza el derecho a la huelga como derecho fundamental de los trabajadores, sino más bien lo criminaliza y le da inclusive carácter de terrorismo. Tal como ocurrió con los trabajadores contratistas del cobre en las históricas jornadas de lucha por el naciente Acuerdo Marco, cuando se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pues bien, el compañero Nelson Quichillao resultó muerto a causa del acribillamiento por parte de carabineros. Era un obrero que luchaba junto a miles, por defender y avanzar en un acuerdo que años atrás había costado 37 días de enconada lucha. El gobierno de Bachelet lo asesinó y terminó por acabar con una huelga. Huelga que la burocracia sindical de la CTC terminó entregando a espaldas de las bases, y sin ningún acuerdo satisfactorio para los miles de trabajadores contratistas de la estatal, que mantienen el Acuerdo Marco del 2013 como un último avance que se sostiene hasta hoy, sin ningún atisbo de movilización, dada la pasividad, distancia y burocratización de sus direcciones respecto a las bases, y dada también la política de colaboración de clases impulsada principalmente por la CTC, ligada al Partido Comunista.
En lo que concierne al Accidente de la mina San José, debemos decir que se trata de aquella situación histórica que sepultara a mineros en Atacama bajo toneladas de roca y que algunos, como Piñera, pasearon por el mundo como un gran logro, expresado en la banalidad de un papelito que describía el empuje y resistencia de 33 mineros en la conocida frase «estamos bien en el refugio los 33», y que el presidente se encargara de mostrar hasta el cansancio. Esto refleja, por un lado, la frivolidad de un personaje que hoy sucumbe ante la fuerza movilizadora del pueblo trabajador y, por otro lado, la incapacidad de los gobiernos burgueses y el propio estado de dar una salida real, concreta y favorable a las problemáticas históricas de la minería, como la inseguridad, accidentabilidad y muerte. Además, muestra las problemáticas más políticas, como las reivindicaciones económicas y sociales que se levantan cada cierto tiempo en las negociaciones colectivas o huelgas de hecho que surgen de vez en tanto.
Pues bien, al calor de lo sucedido en la mina San José, sobre lo que hasta una película se ha hecho, podemos concluir que sólo se remarca el rescate de los trabajadores, que es un hito, pero que las causas y consecuencias de aquel accidente aún no se han resuelto, ni en la minería ni en general para toda la clase trabajadora. Aún se siguen muriendo mineros a causa del trabajo, ya sea en accidentes como el ocurrido hace pocos días en una mina en Punitaqui, como a consecuencia de las enfermedades profesionales, en especial la Silicosis que mata a tantos mineros aún en la actualidad. Piñera, junto a la Ministra del Trabajo de aquel entonces Evelyn Matthei, prometieron una «transformación profunda» en la institucionalidad laboral y de la minería, involucrando a la Dirección del trabajo y el propio Sernageomin. Pero no sólo nada de eso ocurrió, sino que la cuestión de fondo, como lo son las condiciones históricas del trabajo en las minas, aún persiste y políticamente tampoco se ha resuelto nada a favor de los trabajadores.
Los trabajadores de la minería, representados en sus principales organismos, como la CTC, la FTC, la FMC, la CONFEMIN, la FENATRAPECH (petróleo), se dieron cita en Copiapó en agosto de 2010 y en el marco del accidente realizaron un encuentro nacional en conjunto para discutir y zanjar una salida desde los trabajadores a la crisis misma de los mineros encerrados en la mina, así como una salida política de fondo y de conjunto para los trabajadores del sector a partir de la seguridad minera, el rol del estado, la situación de la industria en Chile y el rol de los trabajadores en el actuar nacional. De la discusión nace lo que se conoce como el «manifiesto de los trabajadores y trabajadoras de la minería, Copiapó, agosto de 2010» o mejor conocido como el «Manifiesto de Copiapó». Este Manifiesto, si bien analiza las causas del accidente y de la inseguridad en el trabajo en Chile, no plantea una salida revolucionaria a la situación de los trabajadores de la minería ni hacia el resto de las áreas de trabajo en Chile. Más bien plantea presionar al parlamento para que se hagan leyes o se mejoren las existentes, para que no vuelva a ocurrir algo similar nunca más. Pero, de fondo, no hay un llamado a la huelga general ni a movilizarse, sino que convoca a «fortalecer el estado» a favor de los trabajadores.
Pues bien, ya sabemos, al calor de los porfiados hechos y al paso de los años, que nada ha cambiado. Peor aún, todo se ha profundizado, la inseguridad, la cesantía, la represión, la criminalización de la protesta social, la desigualdad. Si tomamos en cuenta lo planteado en esta nota, veremos que tanto el accidente de la mina San José, el asesinato de Quichillao y la nacionalización del cobre están intrínsecamente unidos.
La historia en estos tres casos nos ha mostrado que esta institucionalidad no da el ancho para resolver los problemas de los trabajadores. Porque este Estado solo da garantías a los patrones, a los ricos, empresarios, que tal y como se ha demostrado con esta crisis pandémica que está en curso, los únicos que se salvan son los poderosos, dejando a quienes producen la riqueza de brazos cruzados, al amparo de su propio fondo de cesantía o arriesgándose a contagiarse y morir en faena. Y la burocracia sindical enclaustrada en sus casas u oficinas, alejada absolutamente de sus bases y de la realidad, inmovilizada y sin capacidad de respuesta ante tanta brutalidad. ¿Y la crisis? La siguen pagando los trabajadores.
Es por ello que debemos plantearnos la tarea política de acabar con estas injusticias y plantearnos una salida real y profunda desde el interior del movimiento obrero, y esta pasa por luchar por la renacionalización del cobre y los recursos naturales estratégicos para beneficio de todos. Acabar con el Código de Minería y el Código Laboral de José Piñera y acabar con la criminalización de la protesta y la huelga pasando por encima de las leyes que sostienen estas limitaciones. ]Debemos hacerlo llevando adelante la negociación y la huelga supra empresa, es decir, negociación ramal, para luchar por tarifado nacional de la minería, condiciones comunes de trabajo, seguras, habitabilidad, traslado, etc. Luchar unidos en una Coordinación Nacional de los Trabajadores de la Minería, que se plantee recuperar los organismos sindicales de mano de las burocracias para llevar hasta el final las reivindicaciones históricas del sector, como también aquellas que son esenciales para el conjunto de los trabajadores del país. Una organización que se plantee acabar con el estado burgués y luche decididamente contra los gobiernos del régimen, hasta acabar con el sistema de explotación y miseria capitalista y por la instauración de nuestro propio estado, el de los trabajadores.
Desde la Voz del minero decimos:
¡Abajo el gobierno criminal de Piñera! ¡Libertad a los presos políticos de la Revolución Chilena y los presos políticos Mapuche! ¡Por una cuarentena nacional con sueldo íntegro!
¡Por la renacionalización del cobre, por negociación ramal, abajo el Código Laboral!!!
¡Vivan los trabajadores de la minería!!!
