La imagen de nuestro Octubre, con carteles contra el gobierno empresarial, y banderas mapuche ondeando junto a banderas chilenas, recorrió el mundo. Hace unas semanas, frente a la radicalización de luchadores mapuche, un sector de la derecha movilizó a su favor a algunos grupos minoritarios de la población. Es el clientelismo del patrón de fundo, que usa el empobrecimiento que él mismo provoca, y lo encauza bajo la forma de racismo y nacionalismo, en supuesta defensa del orden público.
Por Paz Ibarra
La solidaridad con el pueblo mapuche no es por moda. Miles de estudiantes y trabajadores mapuche urbanos, de familias empobrecidas, ocuparon calles y plazas del país, y lucharon en la Primera Línea. La revolución que estalló el 18 de octubre contra el Estado chileno y el gobierno de turno, unió las reivindicaciones de ambos pueblos.
En medio de la crisis global, la represión del Estado sobre el pueblo mapuche es una nueva “pacificación” por la fuerza. Hubo manifestaciones en apoyo a los presos mapuche, desde París hasta Valdivia, pero el gobierno Piñera no cambia su política de criminalización. Los comuneros en huelga de hambre corren peligro. Durante junio, la población de Tirúa, pueblo costero en la región del Biobío, denunció el uso constante de drones de vigilancia y sobrevuelos de aviones militares a poca altura de las casas. El asedio policial y militar, se prolonga desde 2011, para amedrentar y acorralar a cientos de activistas y sus familias. Los mapuche que han sido apresados por usar su derecho a la autodefensa, son efectivamente presos políticos.
Los grupos de choque organizados que actuaron en pleno toque de queda, frente a la presencia o con la colaboración de FFEE, son la verdadera escalada de violencia. Por una parte, el gobierno, incrementando un estado de guerra contra los mapuche; por otra, el empresariado de la zona, llamando a la población a tomar en sus manos la defensa de la propiedad privada de unos pocos. Instigadores y posiblemente financistas fueron la Multigremial de La Araucanía (forestales, camioneros, salmoneros, agricultores, industriales, etc), así como APRA (Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía) que ha estimulado ataques racistas.
El gobierno apuesta al ministro Pérez, quien sale como mediador entre los huelguistas mapuche que según la derecha representan una amenaza para la paz social, y los empresarios, que se muestran como las víctimas del terrorismo, pero que son los sostenedores del gobierno. El ministro Pérez otorga a los camioneros en tiempo récord, una entrevista en La Moneda, sólo porque ese gremio tiene el monopolio del transporte en la cadena de abastecimiento; y el gobierno no puede darse el lujo de no garantizar en medio de la pandemia. La solución, no es un proyecto de ley para proteger la vida de los conductores de camiones ante los ataques incendiarios. Es un proyecto que endurece las penas, hasta llegar al colmo de cadena perpetua, por atentar contra la propiedad privada de los empresarios camioneros, forestales y agrarios.
La vieja táctica del enemigo interno
Piñera mantiene una estrategia genocida de la pandemia contra los trabajadores y el pueblo pobre, al tiempo que declara la guerra contra este “otro enemigo” interno: el pueblo nación mapuche. Para ello usa dos vías: el marco legal heredado de la dictadura; como la ley Antiterrorista y ley de Seguridad del Estado; así como las nuevas ley Anticapucha y Antibarricadas aprobadas por el actual Parlamento. La otra vía es la ocupación militar.
Las fuerzas represivas tienen su periodo de entrenamiento en la zona mapuche, luego replican esas tácticas con la población que se manifiesta contra el gobierno. La Operación Huracán, aprobada por Bachelet en 2017 bajo la Ley de Inteligencia, se implementó para detener los ataques de la Coordinadora Arauco – Malleco (CAM) hacia las empresas que devastan la región. Fue continuada y reforzada por Piñera en 2018, y se constituyó en el ensayo por parte de FFEE de Carabineros para neutralizar a los secundarios durante todo el primer semestre de 2019. Fue por tanto la antesala para la brutal represión que desplegó el gobierno contra la movilización callejera desde el 18 de octubre en adelante.
¿Cuál es el sentido del conflicto mapuche?
La lucha por el agua y las tierras, enfrenta a las comunidades pequeñas y el aparato estatal al servicio de grandes empresas y familias terratenientes. El pueblo mapuche por recuperar su territorio, enfrenta el poder de las hidroeléctricas. La primera vez que se aplicó la Ley Antiterrorista a activistas mapuche fue a raíz del conflicto por la construcción de la central Ralco en el Alto Bío Bío, durante el gobierno Frei. Ralco era la segunda fase del proyecto iniciado con la represa Pangue, en 1993 con Aylwin en el gobierno. La violencia de estos megaproyectos implicó represión, permuta de tierras ancestrales por parcelas y televisores, y la profanación de un cementerio pewenche con la inundación del embalse. ¿Cuál sería la reacción de la Iglesia si un cementerio católico fuera destruido con tumbas y todo, para extraer minerales?
El caso de Ralco es emblemático. En las movilizaciones contra su construcción figuró Nicolasa Quintremán de 74 años que murió ahogada en circunstancias que nunca se aclararon. Además, las comunidades enfrentaron al gobierno, por la descarada intervención de Frei, quien llegó a remover a los directores de la Conama (Corporación Nacional del Medio Ambiente) y Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) por oponerse al proyecto en el cual él y su gobierno estaban directamente vinculados, con empresas que participaban del mismo (Frei como principal accionista de Sigdo Coppers; Pérez Yoma, su ex ministro de Interior, como presidente del directorio de Chilectra del grupo Enersis). También Lagos se hizo parte de las presiones en favor de las hidroeléctricas cuando asumió el año 2000. Esa relación entre las empresas con distintos gobiernos democráticos devela el verdadero papel del Estado burgués, que asume la defensa de la gran propiedad privada. Otras hidroeléctricas construidas en el Wallmapu pertenecen al grupo Colbún de la familia Matte, a Enel Italia, RP Global transnacional estatal austríaca, Statkraft de Noruega, AES Gener de EE.UU. La tenaz lucha contra las centrales es abiertamente antiimperialista.
La propiedad colectiva de la tierra de las comunidades mapuche entra en conflicto con la concentración de inmensas extensiones en pocas familias empresariales y con el usufructo del agua como un bien transable en el mercado, consagrado en el Código de Aguas de la dictadura. Los devastadores efectos del monocultivo de pino y eucalipto y la explotación a gran escala de las forestales (Celulosa Arauco de los Angelini, Mininco de la familia Matte) extraen enormes capitales en ganancias para esas dos familias, de las 10 más poderosas del país. Sólo la CMPC de los Matte tuvo ganancias de 502 millones de dólares en 2018 y 84 millones de dólares en 2019; en tanto que Celulosa Arauco obtuvo ganancias por 727 millones de dólares en 2018. A cambio dejan una gran zona de sacrificio ambiental, índices de pobreza en La Araucanía que superan el 20% según la Encuesta de Caracterización Social (CASEN) y la tasa de desempleo más alta del país. Así el desarrollo no es tal, si se considera el costo que ha significado para el fisco los subsidios que por más de 40 años se han pagado a través del Decreto Ley N° 701, que financió el 75% de los gastos en plantaciones forestales. Según la CONAF, hasta el 2013 el Estado traspasó 600 millones de dólares para los Angelini y Matte. Así, el propio pueblo mapuche ha sido forzado a sostener con sus tierras el negocio de las forestales, así como el resto de los trabajadores han pagado con sus impuestos el subsidio estatal a los más ricos.
Es imposible aplicar la teoría del empate
Desde 1990, los gobiernos Concertacionistas disfrazaron su férreo compromiso de mantener intacto el modelo neoliberal con algunas pocas concesiones para el pueblo que luchó casi 17 años contra la dictadura. Frei y Lagos fueron aventajados defensores de la propiedad de las grandes transnacionales en el país, cuyo poder se desató de manera ejemplar sobre el pueblo mapuche. Asociado a esas empresas, el poder estatal fue vigilante despiadado facilitando la usurpación de las pocas tierras que aún tenían cientos de familias y que les garantizaban al menos la conservación en parte de su modo de vida, aunque en condiciones de marginalidad y pobreza.
Es incomparable la violencia sistemática del aparato del Estado; sus instituciones y leyes, con financiamiento para implementarla a través de las fuerzas armadas; a la resistencia ejercida por el grupo oprimido. El despojo del pueblo mapuche refleja la opresión ejercida por el Estado burgués contra una minoría, desde los inicios mismos de la República; y por tanto el legítimo alzamiento de esa minoría es consecuencia de la lucha de clases. La represión policial y militar es un ingrediente más en la política opresora que han sostenido todos los gobiernos.
Aylwin y Lagos modificaron la ley Antiterrorista de Pinochet para facilitar la persecución del Estado contra activistas mapuche, al incorporar el delito de incendio de bosques y maquinaria, una de las formas de sabotaje contra forestales y grandes agricultores. Desde el gobierno de Lagos, el Estado gasta recursos públicos en resguardo policial diario para varios fundos en respuesta a la presión de grandes propietarios, y en operativos que terminaron con muertos en falsos enfrentamientos como Matías Catrileo o Camilo Catrillanca, durante los gobiernos de Bachelet y Piñera.
Muchos activistas invocan el Convenio 169 de la OIT como mecanismo para resolver la grave situación que viven cientos de comunidades mapuche rurales y en particular, para resguardar la vida de los presos políticos mapuche en huelga de hambre. El problema es que el gobierno Piñera se ha negado a reconocer la pertinencia de aplicar ese acuerdo, ha aumentado la militarización en la macrozona sur y mantiene fidelidad absoluta con la clase empresarial de la que es parte. Alcaldes mapuche han insistido en el diálogo. Pero es el gobierno quien continúa creando nuevas leyes a la medida de los empresarios, las que sin duda serán aprobadas por la mayoría en el parlamento cómplice. Mientras, algunas comunidades organizan la resistencia más frontal.
Esta dispersión fortalece a los empresarios, que además propagan el racismo y el servilismo entre sectores empobrecidos, aprovechando el desempleo que ellos mismos han aumentado a raíz de la pandemia. Cuando el capitalismo global muestra que no tiene ningún nuevo futuro que ofrecer a las mayorías explotadas y oprimidas, sólo nos queda retomar el camino de la lucha, fortalecida por la unidad de los trabajadores chilenos y mapuche. Comenzando por la movilización de los trabajadores de las mismas empresas en La Araucanía que maquinan el actuar del gobierno; sumando a todos los y las que sostienen la producción en el país. El 18 de octubre ya mostró que la lucha de mapuche y chilenos contra el Estado es la misma. Hay que empujar para profundizar esa lucha, sabiendo que la solución para los problemas como el fin a la represión, la devolución de las tierras al pueblo mapuche y el mismo derecho a la autodeterminación, está en la conquista revolucionaria del poder por parte de la clase trabajadora y todos los pueblos oprimidos.
