La crisis sanitaria del Nuevo Coronavirus trajo a los lugares de trabajo minero un tema recurrente en el área. Se trata de la seguridad en el trabajo y las medidas de protección que toma el empresario frente a los riesgos de sus trabajadores. La nula preocupación del gobierno y las empresas, éstas últimas reunidas principalmente en el «Concejo Minero», nos demuestra que, para ellos, las y los trabajadores son un «número», que cuenta como mano de obra para generar sus multimillonarias ganancias. Sin embargo, detrás de esos números y mano de obra, está la vida de los trabajadores y la fuente del sustento de sus familias. Es cierto que el tema de la seguridad en el trabajo es recurrente en las aéreas mas riesgosas de la economía de país, como es la minería. La existencia de graves enfermedades, producto de la actividad minera, como la silicosis y la hipoacusia (sordera), hacen que los trabajadores mineros sepan la importancia de una verdadera seguridad en el trabajo.
Los trabajadores mineros conocen que las enfermedades con ocasión en el trabajo son unos de los principales problemas que en la actualidad aquejan a la clase trabajadora del sector. La seguridad y las enfermedades profesionales afectan la vida de las y los trabajadores, de manera permanente, tanto en los lugares de trabajo como en los casos de las secuelas por las falencias en seguridad. Esto último, en los casos del accidente del trabajo o la enfermedad profesional.
La silicosis y la hipoacusia son las enfermedades más frecuentes
La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación de moléculas de sílice. Entendiendo por neumoconiosis la enfermedad ocasionada por un depósito de polvo en los pulmones, con una reacción patológica frente al mismo. Por el otro lado lado, la hipoacusia, o sordera, es eficiencia registrada en la capacidad para percibir los sonidos en su intensidad habitual.
También tenemos los accidentes del trabajo y sus consecuencias para el trabajador, por parte de lo que se llama «seguridad social». Ya sabemos que la seguridad en el trabajo, de boca del gobierno y los empresarios, es sólo un discurso para garantizar sus ganancias. Ganancias generadas a cambio de la vida de los trabajadores en muchas ocasiones. Como ejemplo podemos decir que en la actualidad, en Chile, esta “seguridad” se le entrega a las llamadas mutualidades (ACHS, IST, Mutual de Seguridad). Ellos están a cargo de la calificación, gestión y tratamientos de las enfermedades profesionales. No obstante, la experiencia de cualquier trabajador ante la mutualidad es de una negativa sistemática para una detección temprana de enfermedades. Lo cierto es que estas instituciones, sin bien teóricamente son corporaciones sin fines de fines, en la práctica son controladas por ejecutivos designados por las grandes empresas.
Han creado un sistema de negocios en la externalización y sociedades asociadas
Así lo señala un reportaje del año 2011, realizado por el medio periodístico CIPER, a propósito de la ACHS: «ACHS es una corporación sin fines de lucro, no puede repartir sus excedentes y está obligada reinvertirlos en sí misma. Para evitar esto, la mutual creó una complicada estructura de negocios que se extiende por todo el país. CIPER le hizo una radiografía a ese modelo y logró rastrear al menos 103 sociedades anónimas y una fundación donde la ACHS tiene alguna participación, ya sea directa o a través de otras empresas relacionadas. (…) La estructura de inversiones es controlada por los propios ejecutivos de la mutual, los que ocupan cargos gerenciales y directivos en las empresas relacionadas. A través de ellas externalizó servicios propios que las mutuales entregan por ley y entró a competir en el mercado de la salud privada. También les transfiere equipos y capital. La relación es simple: mientras menos accidentes laborales hay en el país, más invierte la ACHS en infraestructura médica y empresas clínicas que venden servicios a particulares. Un millonario negocio que ha sido subsidiado con lo que los empresarios pagan para proteger a sus trabajadores.»
El negocio de las mutualidades impide que en Chile exista una verdadera seguridad minera. De la misma forma como que sucede en el negocio de las AFP. Y lo mismos sucede con las estadísticas de la accidentabilidad minera, pues es el Sernageomin que está a cargo, y es controlado por el gobierno de turno y posee escasos fiscalizadores.
Ante esta situación, desde «La Voz del Minero», creemos que un primer paso es crear comités de seguridad en cada una de las faenas mineras. Comités con representantes de trabajadores de todos los aéreas de la mina, sin distinción de sindicatos. Sabemos que los comités paritarios no sirven, porque los representantes de la empresa siempre boicotean medidas a favor de los trabajadores. Necesitamos comités conformados en un 100% por trabajadores. En cada faena minera, sin representantes de la empresa, y sin distinción de sindicatos en los lugares que exista más de un sindicato.
La unidad de los trabajadores es fundamental para velar por los derechos de los mismos trabajadores. Los dirigentes sindicales que estén del lado de la empresa deben ser desplazados. Un comité así permitirá tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los trabajadores, e incluso paralizar procesos en caso de riesgo efectivo para la salud de los obreros. Únicamente los trabajadores son afectados por las enfermedades, muchas veces de por vida en sus condiciones de salud, su capacidad mental, sus posibilidades de desarrollar una vida familiar, etc. Todo esto se ve truncada por un accidente o una enfermedad irrecuperable como la silicosis o la sordera.
Junto a lo anterior, creemos que una solución definitiva es que estas empresas llamada «mutualidades» pongan fin a su carácter actual de negocio, y pasen a ser controladas por las organizaciones de los trabajadores. Es decir, que se mantengan las cotizaciones de los empleadores, incluso que aumenten, pero que los directores de estas instituciones sean nombrados democráticamente por las organizaciones de los trabajadores. Por tanto, debemos poner fin al negocio de las mutuales, expropiándolas y poniendo un sistema público de salud laboral controlado por las organizaciones de los trabajadores.
