Por Roberto Monares
Habitualmente las corrientes políticas de partidos reformistas afirman que es fundamental ganar las cargos de elección popular, puesto que es la única forma de garantizar, en “democracia”, cambios estructurales para que se limiten los efectos “salvajes” del capitalismo. Si las organizaciones obreras o populares llegaran a la cabeza de las instituciones del Estado mediante elecciones, esto permitiría los cambios. En Chile, la mayoría de las corrientes políticas de la izquierda defienden esa política englobándola en el “anti-neoliberalismo”.
El Estado, la democracia y su carácter de clase.
Como escribimos en notas anteriores, las 10 familias más ricas de Chile y las transnacionales dominan el Estado chileno. Para ello utilizan el “sistema legal” y también la fuerza. Ese Estado, que en Chile sería un “Estado de derecho” tiene un carácter de clase, como ya escribimos en la nota anterior y en la última edición de La Voz de los Trabajadores. Para mantener la dominación de esos grandes capitalistas, el Estado se apoya en Constituciones,leyes, decretos, Tratados Internacionales y un largo etc. Ejemplos, en Chile, son la ley de concesiones mineras, el Decreto 3500 de las AFPs, el Código Laboral de José Piñera, etc. y para hacer respetar esa legalidad, utiliza las Fuerzas Armadas y de Orden.
El sistema legal necesita de su justificación y apoyo social en la “ideología”. Un discurso que permita que millones trabajen en duras condiciones y que sólo muy pocos lleven una vida de lujos y privilegios. Una realidad de desigualdad y violencia que se disfraza de “igualdad” y “ bien común”. La Constitución Política vigente proclama “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.” Otro ejemplo de esta necesidad de “justificar” el Estado son los contenidos curriculares de las Universidades y colegios, los grandes medios de comunicación, o apelar a la “independencia del Poder Judicial” para resolver los conflictos y la violencia.
Sin embargo, la realidad es distinta a lo que está escrito en las leyes. En el mundo real, la apropiación de los recursos naturales y la explotación cotidiana de los trabajadores genera permanente inestabilidad y contradicciones de diversas intensidades, que resultan en marchas, comités de vivienda, huelgas y hasta la crisis revolucionaria como la del 18 de octubre del 2019. Cuando las ideologías fallan para contener el descontento, el sistema legal se sostiene en el ejercicio de la violencia. En los orígenes del Estado de Chile en el siglo XIX se ejerció la violencia contra los pueblos originarios en la llamada “pacificación de la Araucanía” 1. También, a comienzos del siglo XX, en las matanzas obreras perpetradas por el Ejército de Chile, como la matanza de la Escuela Santa Maria de Iquique en 1907 o la masacre de campesinos en Ranquil en 1934, perpetrada por el naciente cuerpo de Carabineros, por mencionar dos ejemplos.2 Las fuerzas policiales y el Ejército existen para garantizar la “eficacia” del Estado. Pero esto no solo es historia, es la actualidad. Las prolongaciones de los estados de emergencia en el Wallmapu, con la militarización de la Araucanía por parte del gobierno de Gabriel Boric , o los recientes desalojos de las tomas de terrenos, o la represión de los trabajadores ante las huelgas que se escapen a los esquemas tradicionales del código del trabajo, manifiestan la continuidad y realidad del carácter de clase del estado en el 2024.
El PC de Chile en los “grandes acuerdos de la democracia.”
La actualidad y continuación del carácter burgués del Estado no puede realizarse sin un “personal político”. El gobierno y los parlamentarios pasan por elecciones. El poder judicial, fiscales, oficialidad de las Fuerzas Armadas y Carabineros, no. Esas instituciones “democráticas”, como escribimos en la nota anterior, están conectadas y sometidas, a través de distintas redes y mecanismos al poder económico. Por su parte, los partidos de los 30 años, desde la Derecha al PS, crean sus redes de militancia clientelar en los diversos servicios de la administración estatal, haciendo negocios con empresarios “amigos” o “familiares” con los recursos de servicios públicos. Las municipalidades son generalmente el primer paso de las coaliciones pequeñas, para avanzar en la escuela de este “personal” confiable para los intereses de la burguesía. Por eso la corrupción en la relación Estado-negocios, lejos de ser un problema específico de determinada coalición, es expresión del conjunto de los partidos que administran el Estado. Este proceso es dinámico, con nuevas generaciones, y naturalmente hay partidos centenarios o con décadas en la administración de los negocios de la burguesía, como la UDI, RN. Otros, como el PS, que se integraron en la década de los 80-90 o los más recientes, donde se integraron ex lideres de las luchas estudiantiles, como el Frente Amplio y el Partido Comunista. 3
Las definiciones centrales del PC de Chile en su convocatoria al XXVII Congreso Nacional ratifican su estrategia “anti-neoliberal” en el gobierno de Gabriel Boric : “Es necesario mirar la historia, para construir futuro. Considerando que está plenamente vigente la contradicción Democracia-Neoliberalismo, y la revolución democrática con perspectiva socialista”4 . Para el PC de Chile, existiría una contradicción principal entre neoliberalismo y democracia. En defensa del gobierno de Boric y para justificar su presencia en el gobierno, dice: “El resultado del plebiscito derrumbó la hegemonía de izquierda para pasar a una etapa de asedio del gobierno por parte de la oposición y un apoyo condicionado a nuestros proyectos de ley, de parte de los partidos péndulo. El boicot en el Parlamento se acentúa. La permanencia de las y los comunistas en el gobierno tiene ribetes dramáticos y a su vez, trágicos tanto durante el gobierno de Gabriel González Videla como Salvador Allende, y con su propia complejidad ahora en el gobierno de Gabriel Boric. Los enemigos y adversarios nuestros han intentado siempre asociar la presencia de los comunistas en el ejercicio del poder con el desorden, inseguridad y caos.”5
Pero vamos a la relación de las palabras con los hechos.6 ¿Qué perspectiva de socialismo tiene la política del PC de Chile? ¿Qué tanto el PC molesta a los grandes empresarios? ¿Cuál fue su rol en el proceso revolucionario en Chile abierto el 18 de octubre y hasta la actualidad?
Las jornadas de octubre de 2019, que sacudieron el país con millones en las calles, ejerciendo la autodefensa y la violencia revolucionaria, fueron canalizadas al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de 15 de noviembre de 2019. Con la pandemia de por medio, el acuerdo logró desviar el proceso revolucionario en un Chile que se encontraba en llamas. El Partido Comunista, fiel a su necesidad de cuidar la democracia, si bien no firmó el acuerdo para mantener “el contacto con las calles”, rápidamente salió en su defensa, posteriormente dando sus votos en el Parlamento, en enero de 2020, para “mejorar el acuerdo”. También fue responsable de bajar las convocatorias de movilización realizadas por la CUT y sus sindicatos exigiendo el Fuera Piñera. Luego, durante la pandemia, el PC dio gobernabilidad al gobierno Piñera con la aprobación de leyes de suspensiones y cesantía (“ley de protección al empleo”), y ayudó a promover el segundo proceso constituyente, con una “comisión de expertos”, que ya había llegado a los acuerdos de la nueva constitución antes mismo del proceso constituyente, acuerdos que mantenían el país en manos del gran empresariado.
Ahora, el PC es parte central del gobierno de Boric, que en sus dos primeros años aprobó el TPP11, el protocolo CODELCO-SQM que le entrega el litio a Somiquich de Ponce Lerou hasta el 2060, mantiene militarizado al Wallampu y ya dijo que aprobará leyes para reducir la “permisiología” para los proyectos “extractivistas”. Aunque el PC a veces vote en contra de proyectos polémicos, su único objetivo es mantener su influencia entre los activistas más críticos (“un pie en el gobierno, un pie en la calle”). Como partido, son parte fundamental de un gobierno burgués y neoliberal, o sea, es el personal de “recambio” del Estado burgués.
El Partido Comunista, al contrario de lo que plantea históricamente el marxismo, defiende que el Estado burgués es un “Estado de derecho”, que podría cambiar de acuerdo con la política “anti-neoliberal” de quién lo administra. La realidad muestra todo lo contrario. Al llegar al gobierno, los viejos y nuevos partidos “anti-neoliberales” terminan administrando el capitalismo neoliberal, porque el Estado y sus instituciones son controlados por los grandes capitalistas. El PC hoy es una herramienta de la gran burguesía, aunque tenga que aparecer como un partido crítico y de izquierda para no perder a su electorado.
1Bengoa, José (2000 [1985]). Historia del pueblo mapuche: siglos XIX y XX. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
2 Vitale, Luis (2000). Intervenciones militares y poder fáctico en la política chilena (de 1830 al 2000)
3Relevante es identificar este proceso de “escuela de gobierno” del Frente Amplio en municipalidades como Providencia en el 2012 o el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Michelle Bachellet. En el caso del Partido Comunista luego de obtener en regiones sus primeras alcaldias y diputaciones por pacto por “omisión” con la Concertación, avanzo a Senadoras y municipalidades centrales de la región metropolitana, como Santiago y Recoleta.
4https://pcchile.cl/2024/04/13/documento-convocatoria-al-xxvii-congreso-nacional-del-partido-comunista-de-chile/?pdf=4051
5idem
6 Siguiendo el método del revolucionario Vladimir Lenin, “El problema consiste en comprobar su sinceridad, en confrontar las palabras con los hechos, en no contentarse con frases idealistas o vanilocuentes, sino en ver la realidad de clase”.
