El 8 de marzo se conmemora un día histórico conquistado por las mujeres trabajadoras, sin embargo, a pesar de las grandes movilizaciones encabezadas por mujeres a nivel internacional y los llamados a Huelgas feministas, no se ha logrado detener la violencia imperialista hacia los pueblos, la expoliación de la naturaleza y los territorios, ni menos la desigualdad social. La violencia que viven día a día las mujeres ucranianas o palestinas no son muy diferentes de las que enfrentan nuestras mujeres mapuche en el Wallmapu, con la militarización del Estado chileno como política sistemática del gobierno de Boric o con la sospechosa desaparición de activistas defensoras de la tierra y del bosque nativo como Julia Chuñil, quien se encuentra desaparecida desde el 8 de noviembre del 2024.
A pesar de las promesas y de la confianza que grupos feministas depositaron en este gobierno, las expectativas de acabar con la desigualdad y la violencia hacia las mujeres son echadas por tierra. Tras tres años de gobierno, los ejes de su programa como: feminismo, transición ecológica justa, descentralización y garantía del trabajo decente, parecen letra muerta. Peor aún, la violencia sexual vino desde las propias filas del gobierno y su ministro Monsalve.
El empobrecimiento paulatino de la vida ha empujado a las mujeres al mundo del trabajo, empeorando sus condiciones de subsistencia. El número de sostenedoras de hogar ha aumentado post pandemia a un 46% -es decir casi la mitad de los hogares en Chile son sostenidos por mujeres- y si bien, se ha incrementado participación laboral femenina, los trabajos suelen ser más precarios, las brechas salariales no disminuyen por el contrario, estas son abismantes si consideramos la relación de clase; porque el 1% de mayores ingresos captura casi el 30% de los ingresos, mientras la mitad de clase trabajadora debe sobrevivir con menos de 583 mil pesos (FTe. Fundación SOL). Otra consecuencia de la forma como las mujeres han tenido que insertarse al mercado laboral, sumada a la precariedad de la educación pública, es el abandono de los niños y niñas en territorios donde reina la violencia, el narcotráfico, la drogadicción y la degradación social. Los índices de desempleo tampoco retrocedieron significativamente y sumado al alza del costo de la vida, con el incremento en los servicios básicos como agua-luz y vivienda, nuestra clase vive en peores condiciones materiales.
La violencia machista es una de las expresiones más brutales de las distintas formas de violencia del capitalismo, porque esta sociedad está construida sobre la madre de todas las violencias: la desigualdad generada por la opresión de clase que ejerce una minoría sobre la mayoría de los trabajadores y sus familias.
La verdadera ofensiva viene de un gobierno que favorece a los grandes grupos económicos.
La desigualdad social se profundiza, y el Estado sigue subsidiando a privados con fondos públicos, dejando a la mayoría de la población en una situación de pobreza. El gobierno de Boric, junto al Partido Comunista, la ex concertación y el Frente Amplio, ha llegado a grandes acuerdos con la derecha para gobernar, aprobando leyes que van en contra de la clase trabajadora, muchas veces perjudicando principalmente a las mujeres trabajadoras: la nueva reforma de pensiones, la Ley Anti-tomas, salvataje a las Isapres, a través de la Ley Corta, la Ley de Infraestructura Crítica, la Ley Nain-Retamal que criminaliza la lucha del pueblo Mapuche, entre otras…
Todos estos acuerdos representan verdaderos ataques a la clase trabajadora, con el fin de preservar el patrón de acumulación capitalista en el país. En el centro de estas transformaciones estructurales, se encuentra la ley de las 40 horas y la Reforma de pensiones (que debiese ser promulgada en marzo) encabezada por la ministra Jara.
Por una parte, la Ley de las 40 horas trae consigo el aumento de la intensidad del trabajo (producir más en menor tiempo), la negociación individual de la jornada laboral o a través de sindicatos (haciendo que las horas trabajadas semanalmente pueden llegar a 52), muchos de ellos levantados por las propias patronales, debilitando el poder de negociación de los trabajadores.
Por otra, la Reforma Previsional, al mismo tiempo que fortalece el patrón de acumulación de las AFP, realiza un incremento mínimo para las mujeres, pues quien cotizó menos de 20 años recibirá un aumento real de diez mil pesos. Esta reforma, por la vía de los hechos, nos impondrá la prolongación de la vida laboral a más de 25 años para conseguir un significativo aumento de pensión; mientras los grupos de aseguradoras nacionales y transnacionales (3 de ellas estadounidenses) seguirán lucrando con nuestros fondos. Finalmente porque robustece un sistema que deja en la incertidumbre a los vaivenes del mercado las pensiones de las generaciones futuras.
Nosotros, a diferencia de las corrientes feministas, no tenemos una “visión crítica” del gobierno. Nos ubicamos en contra del gobierno y de sus pactos con la derecha porque sabemos que los problemas sociales planteados el 18 de octubre del 2019 en vivienda, pensiones, salud, educación y medioambiente, no sólo se mantienen sino que se han profundizado. Nuestras diferencias por lo tanto son de clase y estamos dispuestas a pelear por plenos derechos para la mujer, junto a nuestros compañeros, porque nuestra lucha es inseparable de la lucha general de la clase trabajadora y nuestras demandas no podrán ser resueltas en el marco de una sociedad capitalista que origina tal opresión y explotación.
También sabemos que en tiempos de elecciones se instalará el discurso chantaje desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, la ex Nueva Mayoría, cuyo eje central es un llamado a detener el avance de la derecha. Esta política es un callejón sin salida, pues desde los sectores más conservadores a los más liberales, todos han gobernado y pactado con esa derecha para preservar los intereses de las diez familias dueñas de Chile y las transnacionales. Este es un gobierno de grandes acuerdos, con implementación de reformas que aseguren la ganancia de los grupos nacionales o extranjeros, impulsando leyes que garanticen la propiedad privada de ellos.
Es hora de que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras como la CUT, Colegio de Profesores, Federaciones, Asociaciones de empleados públicos, rompan con toda ilusión en este gobierno y aquellos partidos, para organizar un pliego de demandas que unifique a la clase trabajadora y retome el significado histórico que dio a las mujeres el 8 de marzo como conquista.
Debemos exigir un programa que parte de nuestras necesidades inmediatas, llevando adelante un pliego único de demandas que parte por poner fin a la carestía de la vida y los salarios miserables, que el sueldo mínimo suba a 700.000 pesos con reajuste automático según Inflación para todos los trabajadores del país. Congelamiento inmediato de precios sobre los bienes y servicios más básicos, como alimentos, arriendos, de la UF, del transporte y cuentas de luz, gas y agua. Aprobación del 7° retiro de emergencia popular y fin inmediato a las AFPs, con derecho a retiro de 100%. Detener la Reforma de pensiones pactada del gobierno y la derecha. Exigir un plan de emergencia de construcción de viviendas de calidad para acabar con el déficit habitacional ahora. El Estado debe crear una empresa pública de construcción, bajo control de los trabajadores, para generar miles de empleos y acabar con el déficit habitacional. Garantizar igual trabajo, igual salario y construcción de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia machista. Para financiar todas esas medidas, nacionalizar el cobre, el litio con el control de los trabajadores y sus comunidades.
Invitamos a todas las mujeres, hombres, disidencias, jóvenes, negros, mapuches, migrantes a construir una alternativa revolucionaria para la clase trabajadora; porque sin ella todos los avances y conquistas serán parciales y retrocederán dependiendo del gobierno de turno si no cambiamos estructuralmente esta sociedad. Necesitamos un partido revolucionario, ven a construir el Movimiento Internacional de los y las trabajadores.
