por Cristóbal Badilla
Entre septiembre y octubre de 2025, el gobierno del Partido Republicano de Donald Trump intensificó las operaciones militares contra Venezuela. El 1 de septiembre, buques de guerra estadounidenses bombardearon embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe, dejando al menos 27 muertos; expertos de la ONU calificaron las acciones como “ejecuciones extrajudiciales” y violaciones al derecho internacional (Reuters, 21/10/2025).
El 2 de octubre, Trump notificó al Congreso que EE. UU. se encontraba en un “conflicto armado no internacional” contra cárteles “protegidos por el régimen venezolano”, reeditando la vieja narrativa de la “guerra contra el narco” usada en México, Colombia y Afganistán durante las últimas dos décadas. Esa narrativa es utilizada por el imperialismo norteamericano y los Estados capitalistas para cumplir objetivos muy distintos a los anunciados: intervenir militarmente en naciones, encarcelar y asesinar masivamente a la población pobre con total impunidad y fortalecer los aparatos represivos.1
Las actuales justificaciones de Trump para acosar al territorio venezolano no se sostienen en la realidad. Según la UNODC, la producción mundial de cocaína alcanzó 3 708 toneladas en 2023, un aumento del 34 % respecto al año anterior, con Colombia concentrando más del 70 % de la producción —2 644 toneladas y 253 000 hectáreas cultivadas, un récord histórico (Reuters, 18/10/2024).
Pese a la presencia de más de nueve bases militares estadounidenses en territorio colombiano y miles de millones de dólares invertidos desde el Plan Colombia, el narcotráfico no ha disminuido; al contrario, la militarización ha intensificado la violencia, la corrupción y la represión en zonas campesinas y urbanas.
Entonces, ¿por qué Estados Unidos amenaza a Venezuela?
En el plano geopolítico, Latinoamérica se ha convertido en escenario de disputa entre potencias.
Por un lado, China ha incrementado su influencia económica en el Canal de Panamá, convirtiéndose en segundo mayor usuario y principal socio comercial del país: el comercio bilateral pasó de US$6,3 mil millones en 2016 a US$12,8 mil millones en 2024. Gracias a sus inversiones portuarias y logísticas, China disputa el control de un corredor interoceánico históricamente dominado por EE. UU.; y frente a ello, Washington ha respondido aumentando su presencia naval y diplomática en la zona.
Así, la llamada “guerra al narco” se inserta en una recomposición imperialista global, donde EE. UU. busca reafirmar su hegemonía frente al avance chino. En realidad, lo que está en juego no es una lucha contra las drogas, sino una disputa imperial por el control de los recursos y rutas del continente. En ese sentido, Venezuela es un país importante, tanto por sus reservas de petróleo, como por sus actuales alianzas con China, Irán y Rusia.
La “guerra antinarcótica”, iniciada a comienzos del siglo XXI, fracasó como política de seguridad, pero resultó eficaz como instrumento de dominación imperial: mientras las matanzas aumentan, los flujos del dinero del narcotráfico terminan en bancos de EE. UU.
Conclusión: la “lucha contra el narco” es una guerra contra los pobres, una excusa imperialista para militarizar América Latina y reafirmar la hegemonía estadounidense frente al ascenso de China. Por eso, es fundamental que todos los pueblos latinoamericanos rechacemos cualquier amenaza imperialista contra Venezuela u otros países de la región.
Maduro y la crisis del régimen dictatorial bolivariano
Rechazar la injerencia imperialista no implica apoyar al régimen de Nicolás Maduro. El chavismo, transformado en una burocracia capitalista, gobierna mediante una feroz dictadura.
En nombre del “antiimperialismo”, criminaliza la protesta sindical, privatiza sectores estratégicos y entrega recursos nacionales a empresas extranjeras —en especial chinas, rusas e iraníes.
El grupo de Diosdado Cabello y la dirección del PSUV concentran poder económico sobre PDVSA, mientras Rosneft (Rusia), CNPC (China) y Mahan Air (Irán) controlan operaciones petroleras, mineras y logísticas.
Las elecciones de 2024 fueron denunciadas como fraudulentas, con más de 280 presos políticos, entre ellos dirigentes obreros y militantes de izquierda. El régimen, apoyado en un aparato militar-policial y en pactos con potencias no occidentales, mantiene a la clase trabajadora en condiciones de miseria y control social.
En Chile, sectores de la izquierda reformista —como el Partido Comunista de Chile y el Partido Unión Patriótica (UPA), liderado por Eduardo Artés, candidato presidencial— defienden abiertamente al régimen de Maduro, amparándose en una retórica “antiimperialista” que ignora su carácter represivo y pro-capitalista.
Esa postura no solo confunde políticamente al movimiento obrero, sino que además despolitiza la noción de socialismo, reduciéndola a un populismo estatal sin perspectiva internacionalista ni contenido revolucionario.
Por una salida independiente y socialista de los trabajadores venezolanos
El futuro de Venezuela no debe decidirlo ni la Casa Blanca, ni la burguesía bolivariana, ni la derecha proimperialista. María Corina Machado representa a una burguesía neoliberal aliada a Washington, dispuesta a restaurar un modelo privatizador y subordinado. Tanto el chavismo como la oposición de derecha son expresiones de una misma clase dominante, ligadas a distintos bloques de capital internacional.
El régimen de Maduro, con sus reformas neoliberales, la liberalización cambiaria y la entrega de concesiones mineras, ha generado una crisis social y migratoria sin precedentes: más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015, escapando del hambre, la precariedad y la represión.
La desindustrialización y la dolarización parcial de la economía profundizan la dependencia externa, mientras el salario mínimo se mantiene por debajo de US $ 15 mensuales.
Por eso, la verdadera alternativa pasa por la autoorganización obrera y popular.
Solo la clase trabajadora puede recuperar los recursos naturales —petróleo, gas, minería— bajo control obrero, expropiar a la burguesía y reconstruir la economía sobre bases socialistas, democráticas e internacionalistas.
• ¡No a la injerencia imperialista norteamericana en Venezuela y Colombia!
• ¡No al régimen represivo y burgués de Maduro!
• ¡Ni con Trump ni con Maduro: ambos enemigos del pueblo trabajador!
• ¡Por el control obrero de los recursos naturales y un gobierno de trabajadores y del pueblo pobre venezolano!
• ¡Por la unidad internacionalista de los pueblos de América Latina contra toda forma de dominación imperialista!
1 Las masacres policiales en Río de Janeiro, el régimen carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, y las redadas en los barrios populares de Colombia y Estados Unidos demuestran que la “guerra al narco” cumple una función política: disciplinar a la clase trabajadora y a la juventud pobre, mientras las élites financieras y militares controlan el negocio. Solo en Río de Janeiro, una redada en octubre 2025 dejó 121 muertos; y la policía brasileña mata más de 6 000 personas al año, el triple que en 2013. En El Salvador, desde marzo 2022, el estado de excepción de Bukele ha encarcelado a más de 85 000 personas, llevando la tasa de presos a 1 086 por cada 100 000 habitantes, una de las más altas del planeta.
